Pacifico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A — Res. 507-2021

Mediante Orden de Inspección N° 2961-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 103-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 169-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI del 12 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 53 del Reglamento

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 174-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 329-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE de fecha 03 de mayo de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 225,879.00 por haber incurrido en:

Con fecha 26 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 329-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente: Los trabajadores afectados por la supuesta omisión de la empresa de no presentar el Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo serían los que laboran en el centro de trabajo Inspeccionado, ubicado en la ciudad de Chiclayo (63 trabajadores) y no sobre la totalidad de trabajadores de la empresa a nivel nacional (2,907 trabajadores).

Mediante Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE de fecha 13 de agosto de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 329-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 09 de septiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000786- 2021-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 10 de septiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral. 2.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RLGIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 138-2021-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 225,879.00, por la comisión de la infracción tipificada como MUY GRAVE, prevista en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la notificación de la citada resolución8.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EL PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

Frente a la vulneración, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, derivado del apartamiento de la conducta descrita en el numeral precedente9, el TUO de la LPAG faculta a los administrados a interponer los recursos administrativos previstos en el artículo 218 del TUO de la LPAG10 pudiendo incluso “solicitar la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley”11 .

Así, respecto de la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Al respecto esta Sala considera que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Sobre el particular, el TUO de LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”12.

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT, establece “que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Sobre el particular, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”13 . En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad14 .

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que:

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que:

Por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.11.3 del ítem 7.11 “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” de la directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, de fecha 03 de febrero de 2020, se dispone que “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG”.

Asimismo de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2 de la versión 02 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 12 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

De los numerales 7.5.8 y 7.5.9 de la Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, que aprueba el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, Protocolo Sobre el Ejercicio de la Inspección del Trabajo, Dentro del Marco de la Declaratoria De Emergencia Sanitaria y Nacional por las Graves Circunstancias que Afectan las Actividades Laborales y Económicas a Consecuencia del Coronavirus (Covid-19) en el Territorio Nacional, se señala lo siguiente “7.5.8. En aplicación del principio de razonabilidad, así como de los criterios de necesidad, congruencia y verdad material, la documentación que se requiera al sujeto inspeccionado debe estar vinculada con la verificación de las materias objeto de la orden de inspección; salvo que en la ejecución de las actuaciones inspectivas, de oficio, advierta vulneraciones al ordenamiento sociolaboral o de Seguridad y Salud en el Trabajo no previstas en la orden de inspección original, supuesto en el cual, el inspector puede solicitar información referida a estos nuevos hechos y, de ser así, gestiona la ampliación de las materias contenidas en la orden de inspección o, caso contrario, la generación de una nueva orden. 7.5.9. Sin tratarse de una lista taxativa (cerrada) y estando a la emergencia nacional, el Inspector comisionado puede requerir la siguiente información: a) Copia de seguridad del PDT 601 o PLAME / Planilla Electrónica y constancias de presentación, b) Cargos de entrega de la constancia del alta, baja y/o modificación del T Registro, c) Registro de control de asistencia, d) Registro de contratos de locación de servicios (intermediación), e) Contratos de trabajo sujetos a modalidad y constancia de entrega al trabajador, f) Calidad migratoria habilitante de los trabajadores extranjeros, g) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo – RISST, h) Registro de entrega de equipos de seguridad o emergencia, i) Otra documentación o información que estime pertinente a efectos de cumplir con la finalidad de la investigación”.

En consulta a la Orden de Inspección N° 2961-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se señala como materia objeto de inspección: Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (submateria: Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo).

Así, de la revisión de autos se desprende que la impugnante, en atención al requerimiento de información de fecha 21 de diciembre 2020, notificada con fecha 23 de diciembre de 2021, no presentó la documentación requerida de acuerdo a la modalidad solicitada, en el plazo otorgado, que consistía en: Planilla Electrónica PLAME Formato R01, R02 mes: Noviembre 2020 (pdf), Listado de trabajadores Región Lambayeque indicando: Apellidos y nombres, D.N.I. fecha de ingreso, cargo actual que desempeña, y acreditar Registro de Estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo que contenga información mínima obligatoria según R.M. 050-2013-TR15.

Ahora bien, es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT16 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser

En consideración a los dispositivos legales citados, de la revisión del Acta de Infracción, en el punto 4.4 de los hechos constatados se dejó constancia que con fecha 23 de diciembre de 2020 siendo las 10:30 en el centro de trabajo indicado en la Orden de Inspección como Av. Libertad N° 357 Urb. Santa Victoria distrito de Chiclayo se dejó un Requerimiento de Información, el mismo que fue recibida por la señora Kelly Sánchez Quispe, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa impugnante, procediendo a entregarle de manera presencial el citado documento, otorgándole un plazo de tres (03) días para la presentación de los mismos, de lo que se aprecia que fue emitido con cada uno de los requisitos exigidos en la Ley, asimismo, y en resguardo a un debido procedimiento, luego de la notificación del Acta de Infracción, Imputación de Cargos e Informe Final de Instrucción, el sujeto responsable contaba con un plazo 05 días hábiles (de haber sido notificado) en cada uno de ellos para hacer su respectivo descargo, los mismos que no cumplió con presentar. Luego el inferior en grado emitió la Resolución de Sub Intendencia correspondiente, la misma que fue materia de recurso de apelación. En similar sentido, se emitió la Resolución de Intendencia que confirma la apelada, habiendo la impugnante interpuesto recurso de revisión.

Por tanto, la imputación de responsabilidad basada en la norma sancionadora citada es pertinente, en la medida que la impugnante a lo largo de la etapa inspectiva así como la etapa sancionadora mostró falta de colaboración, al no haber cumplido con entregar la documentación solicitada en el requerimiento de información que fuera notificada con fecha 23 de diciembre del 2020, hechos que dieron mérito a la Resolución de Sub Intendencia correspondiente, que resolvió sancionar por dicho incumplimiento, decisión que al ser apelada por la impugnante, fue confirmada por la autoridad de segunda instancia.

De lo alegado por el impugnante, quien reconoce haber incurrido en infracción, sin embargo, señala que no se encuentra conforme con la sanción en cuanto al monto, pues se ha considerado como afectados a la totalidad de trabajadores que tiene la empresa a nivel nacional (2097), cuando el alcance la inspección sólo comprendía al Centro de Labores ubicado en la ciudad de Chiclayo, no habiéndose valorado los documentos

Al respecto, mediante escrito de fecha 26 de mayo 2021, la impugnante remitió –entre otros documentos– copia escaneada de los formatos de presentación al Ministerio de Trabajo y Promoción al Empleo de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, presentado por la Empresa impugnante de la ciudad de Chiclayo correspondiente a los meses de diciembre del 2020 y enero del 202117, advirtiéndose de la misma, que en el mes de diciembre de 2020 la impugnante contaba con 66 trabajadores y en el mes de enero de 2021 contaba con 63 trabajadores.

Debemos recordar que uno de los principios del procedimiento administrativo es la Presunción de Veracidad, preceptuado en el artículo IV del TUO de la LPAG; por el cual la autoridad administrativa de trabajo debe presumir que, los documentos y declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Cabe señalar, que en caso la documentación presentada no satisfaga la presunción de licitud y veracidad, se podrán adoptar las acciones correspondientes, al amparo de la LGIT, debiendo para dicho efecto motivar con hechos y pruebas la decisión.

Ahora bien de la revisión, del expediente inspectivo, se encuentra la solicitud de Requerimiento de Información vía medio electrónico (Correo electrónico), notificada a la representante de la Empresa inspeccionada con fecha 23 de diciembre de 2020, que se emite en mérito de la Orden de Inspección N° 2961-2020-SUNAFIL/IRE-LAM; del análisis de la misma se aprecia que de la información solicitada en el punto 4 se emitió: “Listado de trabajadores Región Lambayeque indicando: Apellidos y nombres, D.N.I., fecha de ingreso, cargo actual que desempeña”. De otro lado, en el mismo documento se precisa que la información requerida se encuentra referida a los trabajadores de la Región Lambayeque, de lo que se colige que el presente requerimiento se encontraba circunscrito a un determinado grupo de trabajadores.

Es importante tener en consideración, que el TUO de la LPAG establece el carácter vinculante con respecto a todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales, no pudiéndose imponer

En esa misma línea argumentativa, es importante tener en cuenta también, que según el numeral 247.2 del artículo 247 del TUO de la LPAG19, las disposiciones allí contenidas20 son aplicables con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales y, por ende, al procedimiento administrativo sancionador laboral. 6.28 Es de señalar que, el Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a la razonabilidad como un principio del procedimiento administrativo:

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 de la LGIT, las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y se gradúan atendiendo

En esa medida, uno de los criterios de razonabilidad a tener en cuenta al momento de evaluar la sanción, es tener en cuenta las circunstancias de la comisión de la infracción, estableciéndose ello en el lugar, tiempo, modo o condición en el momento determinado, en esa medida del documento Requerimiento de Información vía medio electrónico (Correo electrónico), notificada a la representante de la Empresa inspeccionada con fecha 23 de diciembre de 2020, ha quedado determinado que la información requerida se refiere a los trabajadores de la Región Lambayeque, por lo que las autoridades de primera y segunda instancia debieron agotar los medios de información para establecer el número de trabajadores, al momento de imponer la sanción, y no considerar a la totalidad de trabajadores a nivel nacional, cuando claramente el requerimiento de información lo limitaba a una región.

En ese sentido esta Sala considera, que al momento de graduar la sanción, estas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, de esta forma, el artículo 47.3 de la norma reglamentaria22 alude a la necesidad de que la sanción se encuentre acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad recogidos en el TUO de la LPAG23, razones que conllevan a nuevamente graduar la sanción impuesta atendiendo al número de trabajadores, en esa medida habiendo la impugnante presentado Formatos de presentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo denominado Encuesta Nacional de Variación de Empleo, con el que se acredita que en el mes de diciembre 2020 , fecha de inicio de la orden de inspección, contaba con 66 trabajadores, los mismos que en aplicación al principio de veracidad, se tendrán en consideración, para graduar la sanción de la siguiente manera:

En consecuencia, en vía de revisión, se graduó la sanción en atención al número de trabajadores de la región, y la multa confirmada por la instancia inferior se reformularía, siendo el monto total de S/ 49,708.00 (Cuarenta y nueve mil setecientos ocho con 00/100 soles). Por lo que esta Sala acoge este extremo de su alegación.