Oxidos de Pasco S.A.C — Res. 1015-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de Protección Personal (Submateria: Incluye todas); Formación e información sobre Seguridad y Salud en el trabajo (Submateria: incluye todas); Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Registro de equipos de seguridad o emergencia, Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo); Condiciones de Seguridad en Lugares de Trabajo (Submateria: Condiciones de Seguridad, avisos y señales de seguridad); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Submateria: Prevención de Riesgos); Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Submateria: Cobertura en Salud, Cobertura en Invalidez – Sepelio); Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Trabajo); Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro de trabajadores y otros en planilla).

- Una (01) infracción LEVE en Seguridad y Salud en el Trabajo por no acreditar el registro de equipos de seguridad y emergencias; tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,260.00. - Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 05 de mayo de 2022; tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,018.00. - Una (01) infracción GRAVE en Seguridad y Salud en el Trabajo por no acreditar las condiciones de seguridad en relación a los extintores; tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 36,018.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no permitir el ingreso al centro de trabajo el 06 de mayo de 2022; tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/65,228.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de junio de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/65,228.00. 1.4. Con fecha 21 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 014-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, argumentando lo siguiente:

i. Que, se han quebrantado los principios de razonabilidad y de legalidad, por cuanto OXIDOS cumplió con presentar la documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 05 de mayo de 2022 y permitió el

ingreso oportuno de los inspectores para la realización de las actuaciones inspectivas el día 06 de mayo de 2022; imponiéndosele sanciones por ellas sin señalar específicamente la infracción, omitiendo una valoración expresa de la infracción y excediendo los límites de la facultad administrativa atribuida, demostrándose que no existió trasgresión al numeral 45.2 del artículo 45°, al numeral 46.1 del artículo 46° y al numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. ii. Que, considerando que el Decreto Legislativo N° 1272, al modificar el TUO de la Ley 27444, determinó como eximente de responsabilidad el supuesto de subsanación voluntaria del acto constitutivo de infracción por parte del administrado antes de la notificación de la imputación de cargos, se debe revocar la multa impuesta dado que OXIDOS cumplió con subsanar el cumplimiento del 100% de las observaciones efectuadas antes de la notificación de la imputación de cargos.

i. Precia que, el recurso de apelación presentado por la inspeccionada fue recibido por mesa de partes de la Intendencia Regional de Pasco, el 21 de febrero de 2023, no obstante, la autoridad de subintendencia mediante Auto N° 019-2023- SUNAFIL-IRE-SISA-PAS del 21 de febrero de 2023, señala de forma errada que el recurso fue interpuesto el 20 de febrero de 2023 y resuelve declarar procedente el mismo, elevando los actuados a la Intendencia Regional de Pasco. ii. De acuerdo con el literal a), numeral 2 del artículo 6.3.1 de la Versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL-INII, la SISA no es competente para la calificación del recurso ni para su pronunciamiento, por tanto, correspondería la declaración de nulidad de oficio del Auto N° 019-2023-SUNAFIL-IRE-SISA-PAS, no obstante, estando el expediente en esta instancia carecería de sentido su regresión para generar su posterior elevación, habilitándose el avocamiento de la intendencia. iii. El artículo 222° del TUO de la LPAG establece que, vencido los plazos impugnatorios, la resolución administrativa adquiere firmeza. Así, dado que de los actuados se advierte que la Resolución de Subintendencia N° 014-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-PAS fue notificada el 30 de enero de 2023, y que el recurso de apelación de la inspeccionada no se realizó el 20 de febrero de 2023, sino el día 21 de febrero de 2023, esto es, fuera del plazo previsto por ley, corresponde declarar la improcedencia del recurso por extemporáneo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE OXIDOS DE PASCO S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 094-2023-SUNAFIL/IRE-JUN, señalando los siguientes alegatos:

i. Alega que cumplió con la medida inspectiva de requerimiento, así como solicitó se le brinde un plazo adicional para completar la información, lo cual no fue considerado ni tomado en cuenta en la resolución. No existiendo falta de colaboración a la labor inspectiva ni infracción al artículo 9 de la LGIT. ii. Que, el recurso de apelación interpuesto fue presentado dentro del plazo de ley, pues conforme al Cargo de Recepción y a la Hoja de Ruta N° 34584-2023, se demuestra que el escrito fue registrado en la Mesa de Partes Virtual el 20 de febrero de 2023, debiendo considerarse que, de acuerdo al pronunciamiento de la misma SUNAFIL, los documentos que ingresan virtualmente entre las 00:00 horas y las 23:50 horas se tendrán como recibidos en la fecha y hora de ingreso, resultando así infundada la declaración de extemporaneidad del recurso y, por ende, nulo el pronunciamiento de intendencia.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo

8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

19. Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. En te último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando estas se hayan agotado y sado estado en la decisión final de la administración. […] 24. El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, o cuando, como ocurre en el presente caso, se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos de defensa.

Evidentemente, no cualquier imposibilidad de ejercer tale medios legales para la defensa produce un estado de indefensión reprochable constitucionalmente. Esta sólo adquiere tal relevancia cuando la indefensión se genera en una indebida actuación del órgano que investiga o juzga al individuo o cuando, como ocurre en autos, se establecen condicionamientos al ejercicio mismo del derecho de defensa. […] 26. En el presente caso, el Tribunal estima que también se pone en riesgo este derecho constitucional cuando la municipalidad emplazada solicita el pago de una tasa para ejercer el derecho de impugnar una sanción administrativa, como lo es la determinación de multa en contra del recurrente. (énfasis añadido)

“4. Así también, el derecho a impugnar, esto es, a recurrir las decisiones de la administración “comporta la posibilidad real de poderlas enervar”. Dicho derecho se encuentra indisolublemente vinculado a otro derecho que comprende el debido proceso, el derecho a la defensa, pues, mediante este último en relación con el primero, se otorga la oportunidad de “contradecir y argumentar” en defensa de sus derechos e intereses. “Se conculca, por tanto, cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer medios legales suficientes para su defensa o, cuando, como en el presente caso, se establezcan condiciones para la presentación de los argumentos” (énfasis añadido)

“(...) Al respecto, el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. El debido procedimiento administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente protegidos en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, (...) Sentada esa premisa, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento (…)” (Fundamentos 4 y 5 de la STC N° EXP. N° 5085-2006-PA/TC) (énfasis añadido)

8 “Constitución Política del Perú Artículo 139°.- Principios de la Administración de Justicia Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

procedimiento”9, naturalmente bajo la observancia estricta del respeto al derecho de defensa.

Sobre la extemporaneidad del recurso de apelación presentado por la inspeccionada 6.11. En el presente caso, se observa que la parte inspeccionada alega en su recurso de revisión que el recurso de apelación deducido contra la Resolución de Subintendencia N° 014-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-PAS, ha sido injustamente denegado por parte de la Intendencia Regional de Junín, en segunda instancia, calificando que su interposición fue extemporánea a pesar de que la presentación a través de la mesa de partes virtual se realizó el día 20 de febrero de 2023, dentro del plazo establecido por ley.

Figura N° 01

9 Cfr. Numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Figura N° 02

Figura N° 03

Intendencia N° 094-2023-SUNAFIL/IRE-JUN, sustentada en la supuesta extemporaneidad de su interposición, carece de sustento jurídico. Siendo que con dicha decisión colocó a la inspeccionada en una situación de grave indefensión, vulnerando de manera directa su derecho de impugnación y el principio de pluralidad de instancias, con afectación evidente de las garantías que conforman el debido procedimiento administrativo.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.18. El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

10 TUO de la LPAG Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por OXIDOS DE PASCO S.A.C., y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 094-2023- SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 21 de junio de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 123-2022-SUNAFIL/IRE-PAS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Intendencia N° 094-2023- SUNAFIL/IRE-JUN, de fecha 21 de junio de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución. TERCERO. - Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.22 de la presente resolución. CUARTO. - Notificar la presente resolución a OXIDOS DE PASCO S.A.C., y a la Intendencia Regional de Junín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250813EMB- HR 30570-2023