ORÉ Gamboa Carlos Pelayo — Res. 113-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Trabajo remoto (Sub materia: Incluye todas); y, Licencia con goce de haber (Sub materia: Incluye todas). 2 Véase folio 155 del expediente inspectivo. 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

trabajadores activos y cesados, en tanto que la solicitud de suspensión perfecta de labores presentada por la inspeccionada se declaró improcedente.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de remuneraciones más el interés legal laboral, de sus ocho (08) trabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,496.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a la inspectora actuante la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, el cual fue requerido vía casilla electrónica el 11 de marzo de 2021, siendo afectados trece (13) trabajadores, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento debidamente notificada el 16 de abril de 2021 vía casilla electrónica, siendo afectados ocho (08) trabajadores, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,376.00.

i. Refieren que en ningún momento se negaron a facilitar la información y documentación; al respecto señalan que, por falta de conocimiento de las notificaciones vía casilla electrónica, no presentaron oportunamente la documentación solicitada. Sin embargo, posteriormente adjuntaron la documentación tal como se señala en el numeral 4.7 del Acta de Infracción, por lo que, se le debió sancionar con la conducta tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; por lo tanto, al no haberse tipificado adecuadamente la infracción solicita la revocatoria, declaratoria de nulidad y archivamiento del expediente sancionador.

ii. Señalan que adjuntan toda la documentación respecto al pago de la remuneración de sus trabajadores, sin perjuicio de ello, adjuntan el pago de las remuneraciones del señor Tapia Robles Edson.

iii. Por último, manifiestan que, al acreditar el pago de remuneraciones de sus 8 trabajadores requeridos en la medida inspectiva, no cabría sancionar con la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se aprobó el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, a partir del año 2021, conforme al artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL que aprueba el Cronograma de Implementación a Nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL.

ii. Que, a la fecha de realización de las actuaciones materia de autos, iniciada con la Orden de Inspección del 24 de febrero de 2021, la normativa antes citada, se encontraba en plena vigencia.

iii. Por ello, si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad (casilla electrónica) y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

iv. Que, de la revisión del expediente inspectivo, se tiene que con fecha 11 de marzo de 2021, la inspectora comisionada requiere información; sin embargo, el inspeccionado, vencido el plazo, no presentó la documentación requerida.

v. En el caso concreto, se advierte que el inspeccionado ha frustrado la fiscalización al no haber acreditado el pago de remuneraciones de sus 8 trabajadores; por lo tanto, no es aplicable el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT alegado por el

3 Notificada a la impugnante el 26 de setiembre de 2022. Véase folio 64 del expediente sancionador.

inspeccionado; asimismo, el desconocimiento no es un argumento válido con el cual se le pueda eximir de responsabilidad atribuida.

vi. Seguidamente, el inspeccionado alega que, adjuntó toda la documentación respecto al pago de la remuneración de sus trabajadores, sin perjuicio de ello adjunta el pago de las remuneraciones del señor Tapia Robles Edson. Al respecto, de la revisión de los documentos presentados, el sujeto inspeccionado hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia, no acreditó haber efectuado el pago de la remuneración al trabajador afectado; sin embargo, recién en esta instancia, con la presentación del recurso de apelación, el inspeccionado presentó las boletas de pago del trabajador, con los cuales acredita el pago de la remuneración.

vii. Dentro de ese contexto corresponde aplicar lo previsto en el artículo 40 de la LGIT, en consecuencia, corresponde adecuar la infracción atribuida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

16 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Oré Gamboa Carlos Pelayo

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 65-2022-SUNAFIL/IRE-AYAC, solicitando la nulidad de la misma, bajo los siguientes alegatos:

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

i. Refieren que se ha vulnerado el principio de tipicidad, en tanto que se advierte que se sanciona por una conducta que se encuentra descrita en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; sin embargo, el tipo administrativo en mención, como ya lo ha precisado el Tribunal de Fiscalización Laboral en sendos pronunciamientos, habla de una negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y documentación necesaria, no una mera omisión o la falta de respuesta, sino de una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada. Es decir, la conducta se configura únicamente cuando el administrado se niega a entregar la información solicitada, más no un retraso en la respuesta.

ii. Alegan que, en el presente expediente sancionador, en ningún momento se han negado a facilitar la información y documentación requerida, menos que tuvieran la intención de obstruir la labor inspectiva, toda vez que, si bien no adjuntaron la documentación solicitada en el primer requerimiento, si lo hicieron posteriormente, adjuntando toda la documentación solicitada por la inspectora, tal como hace constar en el punto 4.7 de los hechos constatados del acta de infracción.

iii. Manifiestan que, no respondieron al primer requerimiento, por haber tomado conocimiento de la notificación tardíamente, toda vez que habilitaron la casilla electrónica posterior a la notificación del primer requerimiento, entonces, al no recibir la alerta de notificación, se desprende que no se corrió traslado del primer requerimiento; hecho que no se verificó en ningún estadio del presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que, solicitan se pueda verificar es los sistemas de notificación que no fueron válidamente notificados con el primer requerimiento de información.

iv. Cuestionan que, al no haber tipificado adecuadamente la infracción que se les imputa, se afectó su derecho de defensa, por lo que, se debe declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia y archivar el presente expediente sancionador.

v. Señalan que, en la resolución recurrida, no se han valorado adecuadamente las pruebas presentadas, toda vez que refiere que, hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia, no se acreditó haber efectuado el pago de la remuneración al trabajador Tapia Robles Edson, cuando el pago se realizó con fecha 05 de abril de 2021, esto, antes de la emisión del Acta de Infracción, conforme de la boleta que se presentó oportunamente al expediente sancionador. En consecuencia, la sanción impuesta no resulta proporcional con lo acontecido en mérito del principio de verdad material.

vi. Al respecto, adjuntan la declaración jurada del trabajador Edson Nilo Tapia Robles, legalizada con fecha 06 de abril de 2021, que es anterior a la fecha del Acta de Infracción, documento que no se presentó por no creerlo conveniente.

vii. Por último, aducen que, en el presente expediente sancionador no se advierte infracción en materia sociolaboral (pago de remuneraciones), toda vez que se acreditó el pago de los 8 trabajadores requeridos en la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, no cabe sancionar con la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, esto bajo el principio de razonabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la conducta tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT 6.1 Entre los argumentos del recurso de revisión, se cuestiona que se ha vulnerado el principio de tipicidad, en tanto que se sanciona por una conducta que se encuentra descrita en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; sin embargo, el tipo administrativo en mención, habla de una negativa del sujeto inspeccionado a facilitar la información y documentación necesaria, no una mera omisión o la falta de respuesta, lo que no ha ocurrido en el presente caso. En ese sentido, reiteran que, al no haberse tipificado adecuadamente la infracción que se les imputa, se afectó su derecho de defensa, por lo que, solicitan se declare la nulidad de la Resolución de Intendencia. Para examinar al tipo sancionador controvertido en el recurso impugnatorio presentado ante esta Sala, es preciso partir de la comprensión del principio de tipicidad, del bloque de legalidad que la Constitución integra.

10 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 11 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada al “arbitrio” de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada”.

12 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 13 Nieto García, Alejandro (2017). Derecho Administrativo Sancionador. Primera reimpresión. Madrid: Tecnos, p. 269. 14 Vid. Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 5.

“4.2 Que, siendo las 09:50 horas del día 18 de marzo del presente año y estando al requerimiento de información de fecha 11 de marzo de 2021, notificada válidamente conforme consta de la constancia de notificación vía casilla electrónica del sujeto inspeccionado, se verificó que el sujeto inspeccionado no cumplió con remitir la información solicitada por el Sistema Inspectivo dentro del plazo establecido, constituyendo este acto, una infracción a la labor inspectiva. En perjuicio de los trabajadores detallados en el CUADRO N° 02 de la presente acta de infracción”.

15 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración.

16 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del derecho”.

17 J. Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo II, Lima: Grijley, 2019, 405.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ORÉ GAMBOA CARLOS PELAYO, y; en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 212-2021- SUNAFIL/IRE-AYA/SIRE, de fecha 30 de julio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ayacucho, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 148-2021-SUNAFIL/IRE-AYAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 212-2021-

SUNAFIL/IRE-AYA/SIRE, de fecha 30 de julio de 2021, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a ORÉ GAMBOA CARLOS PELAYO y a la Intendencia Regional de Ayacucho, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Huánuco y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.29 de la presente resolución

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20240131MCR