Open 24 E.I.R.L — Res. 784-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro trabajadores y otros en la planilla); Seguridad social (Submateria: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y pensiones) 20555195444 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel

(01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no registrar en planilla electrónica, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de dicha resolución , tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,830.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no inscribir en el régimen de seguridad social en pensiones, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de dicha resolución, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,830.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social , por no inscribir en el régimen de seguridad social en salud, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de dicha resolución, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 4,830.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida de requerimiento de fecha 01 de octubre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 966.00.

i. Se ha cumplido con facilitar la labor inspectiva, siendo arbitrario e incongruente que se imponga sanción por dicha infracción. La sanción es ilegal al contravenir los principios del debido procedimiento y ejercicio legítimo del poder. ii. La impugnada se basa en un criterio doctrinario sesgado, que se aparta de los principios del debido procedimiento y de verdad material, al sostener que la autoridad perdería seriedad si modifica su decisión. Ello es contrario al debido proceso, al principio de doble instancia y a la facultad de interponer recurso de reconsideración con nueva prueba. iii. Las nuevas pruebas aportadas constituyen medios probatorios idóneos nunca antes ofrecidos ni merituados y relacionados directamente al punto controvertido; ellas acreditan que las personas que circunstancialmente se encontraban en la oficina en la visita inspectiva del 5 de setiembre de 2019, no tenían relación laboral con la empresa. Las declaraciones juradas de los trabajadores, así como la carta de propuesta económica, de fecha 4 de marzo de 2022, son documentos en los que se manifiesta que no han tenido vínculo laboral con la empresa. Es arbitrario y transgresor a los principios de presunción de veracidad, verdad material y debido procedimiento, que se desconozcan las nuevas pruebas aportadas. iv. Una pequeña empresa no tiene una contadora in house; no es parte de su organigrama porque no lo requiere y no sucede en la práctica. Además, el cargo de contadora no se aprecia en el organigrama de la empresa pues siempre ha sido un servicio de asesoría contratado de manera externa. Nadie de la empresa podía dar indicaciones a la contadora; ya que ella es quien conoce su trabajo y sabe cómo desempeñarlo. No existe un departamento contable. La contadora solo iba dos veces por semana y media mañana o tarde a fin de recabar la información y/o realizar las coordinaciones necesarias. La declaración jurada evidencia lo antes expuesto; pero no ha sido tomada en cuenta arbitrariamente, así como tampoco las pruebas y argumentos ofrecidos. v. Valiendo de un listado firmado por las personas entrevistadas en la inspección se pretende desvirtuar todas las pruebas ofrecidas. Sin embargo, el listado fue llenado por el propio inspector. Todos los datos tienen el mismo tipo de letra; por lo que es falso que las personas entrevistadas hayan llenado el listado. Asimismo, la firma de dicho listado no determina que sean trabajadores, pues lo hicieron por una simple actitud de colaboración a la labor inspectiva y ante el pedido del inspector, más no dijeron que hayan tenido una relación de trabajo. Más bien, el inspector ha calificado arbitrariamente la realidad de los hechos, pues en el propio listado se advierte que la gran mayoría no tiene ningún horario ni jornada de trabajo al señalar que es variable. Como es claro, un locador, asesor y proveedor externo puede mantener

entrevistas de coordinación con determinadas personas de una empresa y ello no conlleva a que tengan relación laboral. vi. Asimismo, se han presentado medios probatorios nuevos que evidencian que dos de dichos trabajadores trabajaban de manera free lance desde su domicilio, de manera ocasional y con sus equipos de cómputo. Sin embargo, ello arbitrariamente no ha sido tomado en cuenta. Del organigrama y el listado del 5 de setiembre de 2019, se verifica que la asistencia legal no forma parte del organigrama, así como tampoco el comunity manager que es un servicio intermitente free lance que se presta, de manera externa e independiente. Incluso, se presentó medios probatorios que acreditan que estas personas prestan servicios de manera paralela a otras empresas o clientes suyos. Por ello, se acredita la omisión en la valoración de las pruebas, contraviniendo el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora, verdad material, presunción de veracidad, debido procedimiento y ejercicio legítimo del poder.

i. En el considerando 11 de la Resolución de Sub Intendencia N° 418-2022- SUNAFIL/ILM/SIREA4, se determinó la existencia de relación laboral entre la inspeccionada y la persona que se encontraba efectuando las funciones de contador. Durante el recorrido por el centro de trabajo, el inspector actuante verificó que la referida persona desarrollaba labores vinculadas con el objeto social (asesoría financiera) y que esta tuvo relación con el organigrama COREBACK, donde se establece que la gerencia de administración y finanzas está bajo subordinación de la gerencia general. ii. Si bien la impugnante contrató los servicios de la citada trabajadora en forma de externa, por las comprobaciones efectuadas por el personal inspectivo, dicha forma de contratación no era válida, toda vez que sus funciones se encontraban vinculadas directamente con el objeto social de la inspeccionada; además, en la visita realizada el 5 de setiembre de 2019 al centro de trabajo inspeccionada, se le encontró realizando labores en los ambientes de la empresa, utilizando sus equipos como computadoras y mobiliario, conforme se dejó constancia en el numeral 4.13 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. iii. Asimismo, el hecho de que la referida persona tenga una profesión con conocimientos especializados para efectuar su labor, no impide que pueda estar sujeta a subordinación toda vez que de la Relación de Personal se puede advertir que ella declaró que su jornada es de 4 horas por 2 días a la semana, lo cual es reconocido por la inspeccionada. Este elemento no podría ser predeterminado por la inspeccionada en un contrato de locación de servicios, al ser el propio locador quien debe definir el tiempo que le involucrará el desarrollo de sus labores. De igual modo, no está acreditado en estos actuados que dicho personal haya estado solo realizando coordinaciones en dicha visita inspectiva realizada pues, como ya se indicó, el inspector comisionado en la visita del 5 de setiembre de 2019 observó que ella realizaba sus servicios con el mobiliario de la inspeccionada, lo cual no ha sido desvirtuado. iv. Así, la declaración jurada suscrita por dicha persona no tiene la fuerza probatoria suficiente para desvirtuar los hechos comprobados por el personal inspectivo. Estos últimos evidencian que entre la inspeccionada y dicha trabajadora sí hubo una

2 Notificada a la impugnante el 10 de octubre de 2022, véase folio 91 del expediente sancionador.

relación de naturaleza laboral y que fue, más bien, encubierta bajo la forma de un contrato de locación de servicios, por medio de los medios de investigación que se han hecho mención. v. Adicionalmente, no se desvirtuó su condición de trabajadora de la inspeccionada al prestar servicios de asesoría financiera a micro y pequeñas empresas y por laborar como docente universitaria; toda vez que es posible trabajar para más de un empleador, como se señaló en el considerando 12 de la resolución apelada vi. La inspeccionada pretende desvirtuar la validez probatoria de la Relación de Personal que ha sido utilizada como parte de la motivación fáctica de la resolución apelada. Sin embargo, no resta mérito probatorio que el inspector de trabajo comisionado haya llenado directamente los datos referidos a los nombres y apellidos, documento de identidad, género, ocupación, fecha de ingreso, pago/retribución, y jornada y horario de trabajo; pues luego la información consignada por éste, fue objeto de conformidad con las firmas de los propios trabajadores entrevistados y de la administradora de la inspeccionada. vii. No se puede sostener que las personas que firmaron la Relación de Personal hayan tenido solo una actitud de colaboración con el inspector actuante, pero que no se puede desprender de ella rasgos de laboralidad; por el contrario, la información que ellas brindaron a la autoridad inspectiva se debe tener por cierta por haber sido reconocida por medio de las firmas. Ahora bien, esta Relación de Personal no ha sido el único medio de investigación que ha sido utilizado para comprobar la existencia de relación laboral con las personas comprendidas en la inspección; pues también se ha considerado los contratos de locación de servicios, los recibos por honorarios, el organigrama de la inspeccionada y lo constatado en la visita inspectiva realizada el 5 de setiembre de 2019. viii. Es cierto que en dicha Relación de Personal las personas entrevistadas declararon que su jornada y horario de trabajo era variable. Sin embargo, respecto a los trabajadores a los que se refiere en su recurso de reconsideración, no solo se ha determinado vínculo laboral en base a este rasgo de laboralidad, sino conjuntamente con otros que se indican en la sentencia recaída en el Expediente N° 03917-2012- PA/TC: Dos de las personas están integradas en la estructura organizacional de la inspeccionada, su prestación de servicios fue de cierta duración y continuidad, se les suministró herramientas y materiales para la prestación de sus servicios y se les pagó una contraprestación por los mismos. En tal sentido, la concurrencia de estos rasgos de laboralidad da lugar a concluir que sí hubo contrato de trabajo entre dichos trabajadores y la inspeccionada. ix. En el caso de las declaraciones juradas de dos trabajadores, donde estos afirman que han realizado sus servicios desde sus domicilios y con sus equipos de cómputo. Sin embargo, no se puede considerar veraces sus afirmaciones si no están respaldadas con medios probatorios adicionales que lo corroboren; máxime si en la Relación de Personal estas personas declararon que prestaban servicios desde julio y mayo de

2019 respectivamente para la inspeccionada, ambos en jornada de trabajo y horario variable; además, el personal inspectivo los vio a ambos en la visita inspectiva realizada el 5 de setiembre de 2019 al centro de trabajo, desarrollando labores relacionadas con el objeto social de la inspeccionada, y usando mobiliario y computadoras de la misma. x. Así se tiene que en el presente caso se ha determinado que uno de sus trabajadores brindó servicios de asesoría comercial para la inspeccionada por el periodo del 15 de julio de 2014 hasta el 14 de octubre de 2019; y, en el caso de una segunda trabajadora, brindó los servicios de asesoría de producción de eventos por el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2019, en ambos casos para la campaña Digital Maver, según sus contratos de locación de servicios. Además, otro de los trabajadores realizó servicios de asistencia legal para la inspeccionada; mientras que los servicios de comunnity manager (asesoría en redes sociales) fue hecho por un cuarto trabajador. Respecto de estas últimas personas, no se presentaron nuevas pruebas con el recurso de reconsideración; no obstante, conforme a lo mencionado en el considerando 20 de la Resolución de Sub Intendencia N° 418-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE4, se desprende que el inferior en grado no ha indicado que sus puestos estén en el organigrama COREBACK de la inspeccionada, sino que sus labores se vinculan con su objeto social y las gerencias de arte, diseño y construcción, seguridad y salud ocupacional y/o de gestión de riesgos, que si están señalado en dicho documento. xi. En el punto 4.27 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, se ha hecho mención a que “la labor realizada por el personal de locación de servicios corresponde a un servicio principal y complementario para la inspeccionada, siendo este de carácter permanente, como lo es el servicio de producción de eventos, asesoría financiera, asesoría comercial community manager, y asesoría legal”. xii. De igual modo, el personal inspectivo también han evaluado los servicios prestados para otras empresas por parte de los locadores, al señalar en el punto 4.31 de los Hechos Verificados del Acta de Infracción lo siguiente: “(...) los documentos presentados por la inspeccionada, no evidencian que los prestadores de servicios no sean trabajadores, por cuanto existe el pluriempleo (trabajar para más o dos empresas) (...) asimismo existe la libertad de formar empresa, es decir los trabajadores no se encuentran impedidos de formar alguna empresa”. xiii. Sobre la infracción a la labor inspectiva que se le ha sancionado, debe indicarse que la misma consiste en no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 1 de octubre de 2019, que le ordenó subsanar las infracciones en materia de relaciones laborales y de seguridad social detalladas en el punto 1.3 de los antecedentes de esta resolución, lo cual no fue cumplido en el plazo de tres días hábiles de otorgado al desconocer la relación laboral tenida con los trabajadores afectados.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE OPEN 24 E.I.R.L.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 28 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1648-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Se hace una interpretación errónea del artículo 15.1 del RLGIT, por cuanto el administrado ha cumplido con colaborar con la inspección. En el considerando 3.23 de la impugnada, se advierte que, erróneamente, se ha considerado como infracción a la labor inspectiva el no haber cumplido con la medida de requerimiento. ii. Sin embargo, si se cumplió con absolver la medida inspectiva de requerimiento y, por ende, constituye un pronunciamiento contrario al principio de razonabilidad del procedimiento sancionador, al principio del non bis in idem, siendo arbitrario y vulneratorio del derecho a la defensa. iii. Resulta arbitrario que el numeral 3.23 de la impugnada considere como obstrucción a la labor inspectiva el ejercicio de la propia defensa del administrado. Así, la sanción impuesta por el importe de S/. 966.00 no es procedente pues resulta contraria a los principios fundamentales recogido en el artículo 248 numerales 1, 3 y 11 del TUO de la LPAG y los artículos del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, constituyendo una inaplicación de los principios citados y una inadecuada interpretación del Artículo 15. 1 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. iv. Existe una inaplicación del Decreto Supremo 015-2017-TR que modifica entre otros el artículo 48 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, teniendo en

cuenta el principio de razonabilidad y el que el administrado constituye una microempresa. Así, se ha impuesto indebidamente sanciones por la suma de S/ 15,456.00, que es superior al 1% del total de ingresos netos percibidos dentro del ejercicio fiscal anterior al de la orden de inspección, aun habiéndose acreditado su condición de microempresa y aplicándose una multa que excede por demás la cuantía establecida en la tabla de sanciones según el Decreto Supremo 015-2017 - TR. v. Existe una inadecuada aplicación al caso en materia, de la sentencia recaída en el Expediente 03917-2012-PA/TC. En el presente expediente, ninguno de los locadores ha manifestado tener relación laboral con la empresa. Muy por el contrario, las personas aducidas erradamente como trabajadores, han declarado no tener relación laboral ni tener rasgos de laboralidad con la empresa, por lo que la interpretación efectuada en la resolución resulta errónea. vi. Se transgrede e inaplica el principio del debido proceso pues, a pesar de las diversas pruebas ofrecidas por cada una de las cinco personas, el pronunciamiento emitido no distingue cada una de las pruebas ni diferencia cada caso. vii. Además, existe una vulneración a las funciones y actuaciones del sistema inspección de trabajo, que se rigen por principios fundamentales que están detallados en el Artículo 2 de la LGIT, numerales 1 y 16, y el deber contenido en el artículo 16 del RLGIT.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el análisis de la determinación del vínculo laboral

9 BOZA PRO, Guillermo. Lecciones de Derecho del Trabajo. 1ra. Edición. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011. Pág. 45.

“Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. (É nfasis añadido).

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta

10 Publicado en el Diario El Peruano el 25 de enero de 2023.

directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento” (énfasis añadido).

11 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten. Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción: Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

laboralidad, determinaron la existencia de la relación laboral de los trabajadores afectados con la inspeccionada.

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada” (énfasis añadido).

“6.24 Conforme se aprecia de esta comunicación, la administrada ejerció el poder directriz plasmado en su facultad organizativa, promoviendo a la prestadora de servicios a una estructura retributiva más elevada. Esta variación no obedece a un convenio u adenda que sustenten la novación. Por el contrario, da noticia de la existencia de una organización que estructuró a la prestación de servicios de la trabajadora, la sometió a supervisión sobre la calidad de los servicios ejecutados y, valorándola positivamente, desplazó a la trabajadora hacia condiciones salariales más beneficiosas, que eran consecuentes con los instrumentos y fines del empleador. En

rigor, nos encontramos ante la evidencia de la facultad premial del empleador, elemento que denota al ejercicio del poder normativo por parte de la recurrente, con relación a la ex trabajadora. 6.25 Con relación a este fenómeno, encontramos que su conceptuación como ejercicio de la facultad premial del empleador es descrito como un comportamiento que “se encuentra restringida al ejercicio regular del poder de dirección que incluye la facultad premial del empleador y al cumplimiento de su deber genérico de protección. En este sentido, el empleador podrá otorgar unilateralmente incrementos remunerativos o gratificaciones que se encuentren vinculadas causalmente con el contrato de trabajo, es decir, que sean contraprestativas y no liberales, o que tengan una finalidad asistencial”.12 Igualmente, podemos indicar que el poder de dirección comprende a la facultad premial.13 De lo anotado, debe concluirse que cuando el inspector actuante ha calificado a la prestación de servicios como subordinada a partir de la evidencia de la facultad premial (que, en este caso, proviene de un sustento escrito en el que se denota su causalidad en razón de los resultados positivos de la fiscalización de la actividad desempeñada por la profesional) se evidencia un razonamiento inferencial correcto. A través de una manifestación del poder de dirección se ha comprobado su existencia en la relación contractual. Por ello, este Tribunal considera que este razonamiento no solo es acogible para los propósitos del expediente analizado, sino que resulta conveniente explicitar ante los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo con rango de precedente vinculante que la calificación de una relación contractual como laboral puede tomar como evidencia válida a la facultad premial, con las adecuaciones que resulten convenientes en cada caso. (…) 6.31 En torno a estas últimas manifestaciones de subordinación anotadas, resulta pertinente destacar la particular relevancia de dos de las mismas, en el presente caso. En efecto, tenemos en primer lugar, que el administrado ha dispuesto la posibilidad de proceder con la imposición de las multas aludidas en caso de no registrarse las horas “trabajadas”; al respecto, nótese que hay una disposición empresarial que presenta una evidente concreción de su potestad disciplinaria, que, aunque irregular en este caso por no adoptar algunas de las manifestaciones que puede adoptar esta (amonestación, suspensión o despido), creemos, no enerva de ninguna manera cómo esta disposición “revela a todas luces” las consecuencias sancionatorias, de una obligación contractual (laboral). Y es que, sin perjuicio de la modalidad correcta que debe tener una sanción laboral, queda claro que el empleador podría adoptar una modalidad distinta para pretender disciplinar una inconducta de su trabajador, subyaciendo a aquella (sea correcta o no) el objetivo que finalmente viene persiguiendo: sancionar al trabajador. (…)”.

12 PIZARRO, Mónica (2006). La remuneración en el Perú. Análisis jurídico laboral. Estudio Gonzáles y Asociados, Lima, p. 82. 13 Sobre este concepto, puede consultarse en: TOYAMA, Jorge (2013). “Tributos y aportes del contrato de trabajo: la tributación laboral”, Thémis 64, p. 207. En sentido concurrente se manifiesta CERMEÑO, Claudia (2006). La homogeneización de condiciones salariales en los procesos de fusión y adquisición de empresas. Tesis para optar por el título de abogada, PUCP, Lima, p. 207.

dicho análisis, efectuado por el inspector en los numerales 4.16 al 4.36 del acápite IV. Hechos Constatados del Acta de Infracción, la Autoridad de Primera Instancia, en el fundamento 11 de la resolución sancionadora, describe para cada trabajador afectado los elementos advertidos, ello conforme se aprecia a continuación:

FIGURA N° 01

FIGURA N° 02

FIGURA N° 03

FIGURA N° 04

FIGURA N° 05

14 Op. cit., pp. 46-47.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden

siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 6 Medida Inspectiva de Requerimiento

15 Ver folios 131 a 140 del expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”. (Énfasis añadido)

Sobre el alegato referido a la vulneración del principio del Non Bis In Idem

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre la invocación al numeral 48.1-A del artículo 48 del RLGIT y los límites a la multa impuesta

“Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los ingresos netos anuales del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección ante el inspector del trabajo y/o en el marco del procedimiento sancionador, hasta antes de la resolución de segunda instancia, y ante el Intendente que resulte competente, o el que haga sus veces”.

Sobre el principio del debido procedimiento y la motivación alegada.

16 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730. 17 Vigente a la fecha de la emisión de la resolución de sanción.

Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente. Además, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto, por lo que corresponde no acoger este extremo del recurso de revisión.

18 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (...)” (énfasis añadido). 19 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de la potestad sancionadora administrativa20, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

20 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No registrar en planilla electrónica, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de la resolución sancionadora. Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No inscribir en el régimen de seguridad social en pensiones, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de la resolución sancionadora. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No inscribir en el régimen de seguridad social en salud, desde sus respectivas fechas de ingreso, a favor de cinco (05) trabajadores detallados en el Cuadro N° 1 de la resolución sancionadora. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir la medida de requerimiento de fecha 01 de octubre de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por OPEN 24 E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1648-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 06 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 201-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 1648-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a OPEN 24 E.I.R.L., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil ).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250702RZR HR: 122238-2023