Opecovi SAC — Res. 229-2021

I. ANTECEDENTES 1.1. Mediante Orden de Inspección N° 1711-2019-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 076-2020-SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (1) infracción a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia que se programó para el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Intendencia Regional de Piura.

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft Bianca FAU 20555195444 soft 07:55:12-0500

autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 098-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE- PIURA de fecha 25 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 173-2021-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 19 de abril de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 945.00 (Novecientos cuarenta y cinco con 00/100 Soles), por haber incurrido en:

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia que se programó para el día 12 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Intendencia Regional de Piura, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole la multa de 2.25 UIT (2019), rebajada al 90% en virtud del numeral 17.3 del artículo 17° del RLGIT, ascendente a la suma de S/ 945.00 soles.

i. Señala que, no se ha tenido en cuenta la disposición derogatoria de la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INII que dispuso dejar sin efecto todas aquellas disposiciones normativas que se opusieran o contradigan, incluida la Directiva N° 001-2016- SUNAFIL/INII aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 039-2016- SUNAFIL; por lo que, tal directiva no resulta aplicable al presente caso; pues indica que, según el principio de irretroactividad no es posible aplicar normativa de manera retroactiva, salvo que sea favorable al administrado.

ii. Asimismo, manifiesta que la resolución impugnada es contraria al debido procedimiento; porque el numeral 7.13.2.4 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, establece que la acreditación del representante o apoderado del sujeto inspeccionado se efectúa al inicio de la primera comparecencia que genera la orden de inspección; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley N° 28806; de modo que afirma que, no podría configurarse la infracción a la labor inspectiva; dado que, al no permitirse participar del apoderado a la comparecencia de fecha 12.12.2019, a pesar que ya se había autorizado en la primera comparecencia, se procedió a convalidar el poder que había sido otorgado al señor Carlos Victoria Blas.

i. Las normas se aplican de acuerdo a la fecha en que se comete la infracción, de la revisión de autos se evidencia que la conducta infractora que sustenta la multa impuesta por el recurrente, se configuró el día 12 de diciembre del 2019, fecha en que, se constató la inasistencia a la comparecencia de un representante o apoderado del recurrente, conforme se aprecia de la Constancia que obra a folios 54 del expediente inspectivo.

2 Notificada a la inspeccionada el 14 de junio de 2021, ver fojas 72 del expediente sancionador.

ii. En ese sentido, la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL de fecha 31.03.2016 y la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII aprobada por la Resolución de Superintendencia N° 031- 2020-SUNAFIL de fecha 03.02.2020; sin embargo, en función de la regla general de aplicación inmediata de las normas, claramente se aprecia que la Directiva aplicable para regular la inasistencia a la comparecencia del 12.12.2019, es la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII, vigente al momento en que ocurrió el hecho infractor.

iii. Asimismo de la Constancia de Inasistencia a la comparecencia, se aprecia que el inspector comisionado verificó que en ese acto, que el señor CARLOS VICTORIA BLAS no se encontraba debidamente acreditado como apoderado, debido a que ese día (12.12.2019) no presentó ningún documento que acreditara su representación a favor del sujeto responsable y además le explicó que la carta poder que presentó en la primera comparecencia, solamente le otorgó facultades de representación para esa diligencia realizada el día 04.12.2019, tal como se lee de la carta de fojas 23 del expediente inspectivo.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR OPECOVI S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Vulneración del debido procedimiento en el cumplimiento de deber de colaboración de procedimiento inspectivo:

i. Señalan que en la primera comparecencia de 04 de diciembre de 2019 acudió el Sr. Carlos Blas Victorio entregando la documentación solicitada y fue citado a comparecencia del día 12 de diciembre de 2019, en la cual el inspector comisionado le informó sobre la insuficiencia de poder, pese a estar debidamente acreditado en la comparecencia anterior (04.12.2019). Asimismo, con fecha 23 de diciembre de 2019 convalidan el poder otorgado a su representante Carlos Victorio Blas, solicitando la reprogramación de la diligencia, por cuanto su apoderado contaba con toda la documentación solicitada.

ii) Por ello, consideran que no han obstruido la labor inspectiva, pues han cumplido con presentar todos los documentos solicitados. Asimismo, respecto a las actuaciones inspectivas, señalan que es deber del inspector comisionado actuar en atención a la LGIT, el RLGIT, por lo que en aplicación del principio de presunción de veracidad no debió restringir la participación del apoderado de la empresa en la comparecencia del día 12 de diciembre de 2019, ni mucho menos imponer una sanción pecuniaria, si durante el procedimiento se ha verificado la buena fe de la impugnante.

De la inaplicación del principio de retroactividad benigna:

iii) Señalan que de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, respecto de la retroactividad en la aplicación de las normas más benignas al infractor, solicitan que se aplique el numeral 3.4.8.9 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INNI, que señala: “Entre otras pautas, cabe resaltar que la acreditación del representante o apoderado del empleador se dará al inicio de la primera comparecencia, conservando sus efectos hasta el final de las actuaciones inspectivas, salvo revocación expresa y escrita ante la mesa de partes de la entidad o el inspector actuante en la diligencia de comparecencia”, es decir al no existir revocación expresa a su apoderado Carlos Victorio Blas, el poder seguía vigente; más aún si en el numeral 7.13.2.4. de la directiva citada, señala que: la acreditación del representante o apoderado del sujeto inspeccionado se efectúa al inicio de la primera comparecencia. Concordante con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18806. En consecuencia, la resolución venida en grado, vulnera el debido procedimiento, por lo tanto, concurre en el supuesto de nulidad establecida en los literales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

8 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 217. Facultad de contradicción 217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. (…)” 9 “Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 218. Recursos administrativos 218.1 Los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 10 Numeral 1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Vulneración del debido procedimiento en el cumplimiento de deber de colaboración de procedimiento inspectivo

11 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos

y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). – “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración”(Fundamento 10). – “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). – “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). – “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). 12 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

13 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. Artículo 9.- Colaboración con los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares: Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, (…)” 14 Artículo 15.- Deberes de colaboración con los inspectores del trabajo 15.1 Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley. (…) 15 Artículo 12.- Actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias 12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (….) b) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realizará por escrito o en cualquier otra forma de notificación válida, que regule la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo

16 Ver fojas 156 del expediente inspectivo 17 Ver fojas 69 a 155 del expediente inspectivo 18 Numeral 1.8 del IV numeral del Título Preliminar del TUO de la LPAG que regula el Principio de buena fe procedimental, señalando: “La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.” 19 “Artículo 1 de la LGIT: La Inspección del Trabajo, es el servicio público que se encarga permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo” 20 TUO de la LPAG, artículo IV. Numeral 1.8: “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”.

comparecencia”, en aplicación del principio de la irretroactividad establecida en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por OPECOVI S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 52-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 11 de junio de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 158-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 52-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, en todos sus extremos, dejando sin efecto la multa impuesta en la Resolución de Sub Intendencia N° 173-2021- SUNAFIL/IRE/PIURA/SIRE.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al OPECOVI S.A.C. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Piura.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga