Odisec Soporte en Administración de Negocios y Servicios Sociedad… — Res. 1186-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro trabajadores y otros en la planilla); Seguridad Social (Submateria: Inscripción en la seguridad social en salud; Inscripción en la seguridad social en pensiones). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

no registrar en la planilla electrónica; dos (02) infracciones muy graves a la seguridad social por no inscribir en la seguridad social en salud y pensiones; así como también, una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro en la planilla electrónica, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/860, 244.00. - Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción a la seguridad social en salud, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/860, 244.00. - Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción a la seguridad social en pensiones, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/860, 244.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de información de fecha 26 de noviembre de 2020, en perjuicio de una (01) trabajadora, infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 32,130.00. 1.4 Con fecha 20 de octubre de 2022, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1071-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE1, argumentando lo siguiente:

i. El 100% del personal que obra en la relación del cuadro ya no prestaba servicios en la empresa, conforme se puede acreditar con la declaración jurada de SUNAT en el

2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la LGIT, las infracciones muy graves detectadas no pueden superar las doscientas unidades impositivas tributarias, además señala que, el total de las infracciones detectadas no puede superar las trescientas unidades impositivas tributarias. En ese sentido, en el presente caso, las infracciones constatadas fueron desarrolladas durante el año 2019, por lo si bien el monto de la multa es S/ 2, 612, 862.00, solo debe considerarse para la multa impuesta el equivalente a doscientas unidades impositivas tributarias.

mes de julio de 2019, del cual se puede verificar que no existió ningún recibo por honorarios emitidos por dichas personas, razón por la cual, no se podía incluir en la planilla al no mantener vínculo laboral de naturaleza civil ni de ninguna otra naturaleza con la empresa, resultando materialmente imposible cumplir con la medida inspectiva de requerimiento. ii. El Inspector no ha realizado un análisis más exhaustivo de la causa, limitándose solo a establecer que los 266 supuestos trabajadores deben ser considerados personal de planilla, además, debemos observar que la actividad de la empresa tiene por objeto principal brindar servicios de operaciones para la promoción de productos del sector financiero, así pues, la estructura y modelo de negocios de la empresa, contempla necesariamente los servicios de personal registrado en planilla y la contratación de prestadores de servicios que por su naturaleza sui generis brinda servicios de promoción para la colocación de productos financieros, entonces, como se podrá apreciar los prestadores de servicios que la empresa contrata por lo específico de cada servicio tiene un plazo de ejecución de no más de dos (02) meses de duración, demostrándose así su carácter temporal, en ese sentido, los prestadores de servicios de la empresa son netamente locadores y no existe ningún vínculo laboral con ellos. iii. Los locadores de servicios no están sujetos a horarios, no siguen directrices, no realizan labores exclusivas ni son pasibles de sanciones disciplinarias, por estos motivos es que la resolución apelada carece de una debida motivación, al no haber realizado una correcta valoración de los medios de prueba adjuntados por la empresa, ni tampoco los argumentos vertidos en el escrito de descargo de fecha 01 de agosto de 2019, según Orden de Inspección N° 2586- 2019-MTPE/1/20.4, pues de haberse realizado una debida y suficiente para acreditar la comisión de infracciones en materia de relaciones laborales. iv. En observancia del artículo 1 de la LGIT no se debe intentar convertir al Sistema de Inspección del Trabajo en un elemento represor y de persecución a los empleadores, bajo el serio peligro de desnaturalizar por completo su esencia, así pues, se puede concluir que no ha existido una proporcionalidad entre los medios empleados y los fines públicos que se debe tutelar lo que ha implicado que las facultades de la Administración han excedido sus límites vulnerando el principio de razonabilidad y de buena fe, ya que la empresa es una empresa fiel cumplidora de sus obligaciones laborales, por tanto, debido a la situación actual económica financiera por la cual atraviesa la empresa generado por la pandemia, se debe dejar sin efecto la Imputación de Cargos y la posible multa.

i. En cuanto a la prestación personal, producto de las actuaciones inspectivas y de la revisión del documento denominado “Relación de locadores de diciembre 2018 a mayo 2019”, que obra de folios 40 al 45 del expediente inspectivo y del documento denominado “Relación personal”, que obra a folios 7 del expediente inspectivo se aprecia que, los trabajadores involucrados en la presente investigación prestaban servicios personales realizando las actividades de: Promotor, Analista Sistemas, Supervisor, Jefe Zonal y Asistente Contable. ii. Respecto a la subordinación, se constató durante las actuaciones inspectivas que, de la revisión de la Partida: 12062924, del Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, que obra a folios 57 del expediente sancionador, se observa como objeto de la sociedad “(…) Prestar servicios de promoción y ventas directas, servicios de telemarketing incluyendo televenta, telecobranza, líneas de atención y otros servicios de marketing y mercadotécnica en especial aquellos que puedan ser articulados en centros de tele atención o plataformas tecnológicas asistidas ya sea para clientes propios o terceros a través de agentes de atención o cualquier otro medio técnico actual o que pudiera desarrollarse en el futuro sea propio o de tercero. Además, en el documento denominado “Informe respecto al requerimiento” que obra de folios 25 al 28 del expediente sancionador, la inspeccionada dejó constancia que sus locadores efectuaban el servicio de captación de las personas naturales para proceder posteriormente a la colocación de créditos de libre disponibilidad, actividad referida a las labores de promoción y colocación de productos financieros, los cuales forman parte de la actividad permanente de la inspeccionada que es Prestar servicios de promoción y ventas directas, servicios de telemarketing incluyendo televenta, por lo cual, resulta acreditado el elemento de la subordinación, de los trabajadores comprendidos en la investigación. iii. De la remuneración, conforme ha señalado la autoridad de primera instancia en el considerando 4.7 de la resolución apelada, de las actuaciones inspectivas y de la revisión del documento “Relaciones de Locadores de diciembre 2018 a mayo 2019” que obra a folios del 40 al 45 del expediente inspectivo y del documento denominado “Relación de personal” que obra a folios 7 del expediente inspectivo se aprecia que, los trabajadores comprendidos en la presente investigación recibían una remuneración tal como se detalla en el Cuadro N° 01 de la resolución apelada y Cuadro N° 1 del Tercer Hecho Verificado del Acta de Infracción, sin perjuicio de la forma de pago identificada en el Acta de Infracción, precisan que la existencia de una prestación personal de servicios subordinados genera la obligación de una remuneración.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 4 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 5 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 6 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema. 8 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Odisec Soporte En Administracion De Negocios Y Servicios Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de febrero de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0013-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que existe una interpretación errónea ya que el 100% del personal que obra en la relación del cuadro ya no prestaba servicios en la empresa, conforme han acreditado en la declaración jurada de SUNAT del mes de julio 2019, en la cual se puede verificar que no existió ningún recibo por honorarios emitido por las personas de la relación señalada por el inspector. En ese sentido, resulta materialmente imposible que cumplan con el requerimiento. ii. Sostienen que el inspector no realiza un análisis exhaustivo de la causa, limitándose solo a establecer que los 266 supuestos trabajadores deben ser considerados en planilla.

iii. Refieren que la estructura y modelo de negocios de la empresa, contempla necesariamente los servicios de personal registrado en planilla y la contratación de prestadores de servicios que por su naturaleza sui generis brinda servicios de promoción para la colocación de productos financieros, así los prestadores de servicios son contratados para cada servicio que tienen un plazo de ejecución de no más de dos meses de duración. iv. Manifiestan que la administración no ha realizado una correcta valoración de los medios de prueba adjuntados por parte de la empresa, ni tampoco los argumentos vertidos en su escrito de descargos de fecha 01 de agosto de 2019. v. Señalan que la Resolución de Intendencia no ha motivado debidamente su decisión con respecto a esta supuesta infracción, debiendo considerar los artículos 3 y 6 de la LPAG que establecen que además de una garantía, la debida motivación se constituye en un requisito de validez de los actos administrativos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.8. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las

personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios en el procedimiento administrativo sancionador

FIGURA N°01

FIGURA N°02

FIGURA N°04 Subordinación

FIGURA N° 05 Remuneración

cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba,

actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido)

Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis añadido)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ODISEC SOPORTE EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ; en consecuencia, NULA de la Resolución de Sub Intendencia N° 1071-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 28 de septiembre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 7268-2020- SUNAFIL/ILM , por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1071-2022- SUNAFIL/ILM/SIRE1 , a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.30 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la ODISEC SOPORTE EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA , y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250903LGN – HR: 292947-2020