Obras y Servicios Rasy E.I.R.L — Res. 1967-2025

La empresa OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., con fecha 12 de diciembre de 2023 presenta recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 274-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, que la sancionó por la comisión de una infracción en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR, actuados recaídos en el expediente sancionador N°234-2022-SUNAFIL/IRE-CAL.

Mediante la Resolución N° 603-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala se declaró improcedente el recurso de revisión precitado, por extemporáneo. La mencionada resolución fue notificada conforme a Ley, procediéndose con la devolución de los actuados a la instancia de origen (Intendencia Regional del Callao) a través de la Hoja de Ruta N°240782-2023.

A través de la Resolución N° 1828-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, esta Sala resolvió, nuevamente, declarar improcedente el recurso de revisión OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L., contra la Resolución de Intendencia N° 274-2023-SUNAFIL/IRE-CAL, emitida por la Intendencia Regional del Callao, por extemporáneo.

Con fecha 18 de diciembre de 2025 se restablecieron los accesos al Sistema de Tramite Documentario y Sistema Informático de Inspección del Trabajo.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Al ser una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad de oficio de los actos administrativos emitidos por ésta pueden ser declarados por el propio Tribunal,

El TUO de la LPAG, define al acto administrativo como “(…) las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”6, siendo válido el acto administrativo emitido conforme al ordenamiento jurídico7 y presumiéndose su validez, siempre que la pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda8.

Para tal fin, a través del artículo 3 del TUO de la LPAG, se definen los requisitos de validez a los cuales se encuentra sujetos los actos administrativos, comprendiéndose dentro de éstos a la i) competencia, ii) el objeto o contenido, iii) la finalidad pública, iv) la motivación y; finalmente, la emisión del mismo dentro de un v) procedimiento regular.

A su vez, los numerales 213.1 y 213.3 del artículo 213 del TUO de la LPAG, establecen que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 109, puede declararse la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que éstos hayan quedado consentidos.

El inciso 1 del artículo 3 del TUO de la LPAG, establece que la competencia constituye un requisito de validez del acto administrativo, debiendo este ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, grado y tiempo, a través de la autoridad regularmente investida al momento de su emisión.

Así, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Reglamento del Tribunal10, esta Sala, como última instancia administrativa en las materias de su competencia, emitió la Resolución N.° 603-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala respecto del expediente sancionador N.° 234-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, declarando improcedente el recurso interpuesto con fecha 12 de diciembre de 2023, por extemporáneo. En consecuencia, con la emisión de la mencionada Resolución, se emitió el pronunciamiento correspondiente de esta tercera instancia administrativa, devolviéndose todos los actuados a la instancia de origen respectiva, a través de la Hoja de Ruta N° 240782-2023.

Sin embargo, se advierte que, posteriormente se emitió la Resolución N° 1828‐2025‐ SUNAFIL/TFL‐Primera Sala, volviendo a declarar improcedente por extemporáneo el recurso de revisión presentado con fecha 12 de diciembre de 2023, cuando este órgano carecía de competencia para emitir un nuevo pronunciamiento en esta instancia sobre el expediente sancionador N° 234-2022-SUNAFIL/IRE-CAL.

Cabe señalar que, la emisión de la Resolución N.° 1828‐2025‐SUNAFIL/TFL‐Primera Sala, se produjo sin advertir oportunamente la existencia del pronunciamiento anterior, debido a la indisponibilidad temporal de acceder al Sistema de Trámite Documentario y al Sistema Informático de la Inspección del Trabajo, como consecuencia del incidente de ciberseguridad comunicado oficialmente por la entidad el 12 de noviembre de 2025, sistemas que permiten verificar la emisión de resoluciones anteriores y la devolución de los expedientes sancionadores. Restablecido los sistemas, con fecha 18 de diciembre de 2025, se ha podido advertir el error en la emisión de la mencionada resolución.

Así las cosas, y considerando los fundamentos expuestos precedentemente, se verifica que la Resolución N.° 1828-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala fue emitida sin que esta Sala contara con competencia para volver a pronunciarse respecto del expediente sancionador N.° 234-2022-SUNAFIL/IRE-CAL, al existir un pronunciamiento previo recaído sobre el mismo objeto, configurándose la omisión de un requisito esencial de validez del acto administrativo, referido a la competencia del órgano emisor.

En tal sentido, corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución N.° 1828-2025- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, conforme a la causal prevista en el inciso 211 del artículo 10 del TUO de la LPAG, al haberse emitido el acto administrativo sin cumplir con uno de sus requisitos de validez, no resultando aplicable la conservación del acto a que se refiere el artículo 14 del citado cuerpo normativo, en tanto este órgano carecía de competencia para emitir un nuevo pronunciamiento respecto del mismo expediente12, al existir una resolución administrativa previamente emitida y notificada conforme a ley.

Cabe señalar que la nulidad de oficio declarada se sustenta en lo dispuesto en el artículo 21313 del TUO de la LPAG, al no haberse superado el plazo legal previsto para tal efecto y por cuanto este Tribunal tiene la condición de órgano colegiado de última instancia no sujeto a subordinación jerárquica, al verificarse la configuración de la causal descrita en el inciso 2 del artículo 10 del mismo cuerpo normativo.

Además, dadas las circunstancias concretas del presente caso, no corresponde el traslado previo al administrado previsto en el tercer párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG, por cuanto dicho traslado es exigible únicamente cuando la nulidad de oficio recae sobre un acto administrativo favorable. Sin embargo, dado que, la Resolución N.° 1828-2025-SUNAFIL/TFL-Primera Sala declaró improcedente el recurso interpuesto, se evidencia que no contiene un pronunciamiento estimatorio o favorable al administrado.

En ese contexto, la declaración de nulidad de oficio de la Resolución N.° 1828-2025- SUNAFIL/TFL-Primera Sala se sustenta en que fue emitida pese a existir pronunciamiento previo de este Tribunal sobre el mismo expediente y en el mismo sentido, lo que afecta el interés público en la regularidad del ejercicio de la competencia resolutiva, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG. En consecuencia, corresponde disponer el archivo del expediente en sede de este Tribunal, al existir pronunciamiento previo.

De otro lado, corresponde precisar que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.4 de la presente resolución, la referida imposibilidad material de acceso a los sistemas de verificación de emisiones de pronunciamientos anteriores y devolución de expedientes sancionadores, ocasionada por el incidente de ciberseguridad que afectó los sistemas informáticos de la SUNAFIL, impidió verificar oportunamente que el expediente ya contaba con un pronunciamiento emitido por esta Sala.

En ese contexto, y en relación con lo dispuesto en el artículo 11.3 del TUO de la LPAG, el supuesto regulado por dicho dispositivo normativo no resulta aplicable al presente caso, toda vez que la emisión del acto inválido se explica por el incidente de ciberseguridad que impidió materialmente acceder a la verificación oportuna de la atención del expediente sancionador N° 234-2022-SUNAFIL/IRE-CAL y, no por la inobservancia de las normas que regulan la competencia del Tribunal. POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;