Objetives AND Goals S.A.C — Res. 1330-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades; registro trabajadores y otros en la planilla), Seguridad social (Sub materias: inscripción en la seguridad)

asistencia y una (01) infracción muy grave por incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración a favor de las trabajadoras J.Z.H., M.A.S.V., A.M.G.H., tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 704.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el registro en las planillas a los trabajadores identificados en el cuadro N° 05 del Acta de Infracción desde la fecha de su ingreso, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 10,120.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con el registro en el régimen de seguridad social en salud de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 5 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 10,120.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no cumplir con el registro en el régimen de seguridad social en pensiones de los trabajadores detallados en el Cuadro N° 5 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 10,120.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago de las remuneraciones de los periodos laborados en el Cuadro N° 5 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,012.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar contar con un registro de asistencia que guarde las formalidades de ley, referido a los trabajadores listados en el cuadro N° 3 y 4, así como, no contar con un registro de asistencia referido a los trabajadores identificados en el cuadro N° 5 del Acta de Infracción, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 10 de diciembre de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,992.00.

i. Se desvirtúa la resolución apelada al considerar que no están obligados a suspender el procedimiento sancionador, debido a que las personas identificadas durante las actuaciones inspectivas y el sujeto procesal del expediente 04905-2021- 0-0401-JR- LA-04 no son los mismos; sin embargo, la demandante del proceso judicial figura dentro de la nómina de supuestos trabajadores afectados y lo que reclama judicialmente es justamente lo que Sunafil señala en la investigación; además, la sentencia de vista emitida es pasible de ser impugnada. Por otro lado, en el supuesto negado que la demandante sea una y falten 9, se pudo suspender el cobro respecto a ella, conforme la Directiva 001-2020-SUNAFIL/INII. ii. Que, tienen la condición de microempresa y se encuentra debidamente registrada en el REMYPE; por lo que, en el supuesto que se determine imponer una multa, solicita se le otorgue el beneficio de reducción en 50% conforme al artículo 39° de la LGIT. iii. Que, los incumplimientos sancionados se basan en la tesis que existirían rasgos de laboralidad; sin embargo, no existe subordinación sobre ellos, no cumpliendo un horario de trabajo y en el rango de 08:00 horas y 17:00 horas se acercan a los centros de vacunación para realizar la prestación de sus servicios, cumplen una prestación en función a una meta y no un horario; asimismo, al momento de la inspección no hubo supervisor, jefe inmediato o representante ejerciendo subordinación y ellos son los que eligen el centro de vacunación en función a la cercanía. No hay prestación personal, puesto que puede enviar a un reemplazo. No existe remuneración, pero sí una contraprestación del servicio. Además, los locadores llevan sus propios implementos.

i. De la investigación se determinó que la inspeccionada no acreditó haber pagado las remuneraciones a favor de los señores J.Z.H., M.A.S.V., A.M.G.H.; así como, no

2 Notificada a la impugnante el 25 de agosto de 2023, véase en el expediente sancionador.

registró en planillas, no inscribió en el régimen de seguridad social en salud y pensiones, ni entregó boletas de pago a los 10 trabajadores detallados en el Cuadro N° 05 del Acta de Infracción, y no acreditó contar con el registro de control de asistencia a favor de los 18 trabajadores detallados en los Cuadros N° 03, 04 y 05 del Acta de Infracción, emitiéndose una medida inspectiva de requerimiento para la subsanación de las omisiones enmendables; sin embargo, ante la inobservancia de la inspeccionada, se postuló las sanciones correspondientes, las mismas que fueron acogidas por el órgano de primera instancia hábiles de otorgado al desconocer la relación laboral tenida con los trabajadores afectados. ii. De esta manera, en relación a los argumentos de defensa expuestos en el recurso, corresponde analizarlos y determinar si el órgano de primera instancia impuso debidamente la sanción o se trasgredieron alguno de los principios acotados. Al respecto, la autoridad de primera instancia pudo establecer: 1° Prestación personal de servicios, 2° Remuneración, 3° Subordinación, como indicios verificados durante la investigación. Por tanto, se concluye que existía una relación subordinada entre la inspeccionada y los señores comprendidos en la investigación, desvirtuándose lo alegado en el recurso interpuesto, destacándose que la actividad económica principal de la inspeccionada es la de limpieza de edificios e instalaciones industriales; por lo tanto, las labores del personal contratado se encuentran relacionadas directamente con objeto principal de la apelante. iii. Así, se determinó que la impugnante no cumplió con el pago de remuneraciones respecto de 3 trabajadoras, no cumplió con el registro en planillas de los siguientes trabajadores respecto de 10 trabajadores, no cumplió con inscribir inscribir en el régimen de seguridad social en salud a los 10 trabajadores detallados en el Cuadro N° 05 del Acta de Infracción, no cumplió con inscribir en el régimen de seguridad social en pensiones a los 10 trabajadores detallados en el Cuadro N° 05 del Acta de Infracción, además de no cumplir con la entrega de boletas de pago de remuneraciones a favor de los 10 trabajadores detallados en el Cuadro N° 05 del Acta de Infracción, no acreditar haber implementado el registro de control de asistencia de los 18 trabajadores detallados en los Cuadros N° 03, 04 y 05 del Acta de Infracción, además de no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 10 de diciembre de 2021, perjudicando a los 18 trabajadores detallados en los Cuadros N° 03, 04 y 05 del Acta de Infracción, no habiendo realizado la totalidad de las siguientes acciones. iv. Respecto a la suspensión del procedimiento por avocamiento indebido, respecto al cual la apelante alega que erradamente el órgano de primera instancia no suspende el procedimiento sancionador, cuando la demandante del proceso judicial 04905- 2021- 0-0401-JR-LA-04 figura dentro de la nómina de supuestos trabajadores afectados y lo que reclama judicialmente es justamente lo que Sunafil señala en la investigación; además, la sentencia de vista emitida es pasible de ser impugnada. Al respecto, de la revisión de los actuados se advierte en primer lugar, que la investigación se originó en mérito a un operativo, iniciándose las actuaciones inspectivas el 19 de octubre de 2021, mientras que el proceso judicial acotado fue admitido a trámite el 24 de enero de 2022, conforme la revisión del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales, no pudiendo configurarse una intromisión por parte de la Sunafil en una causa que fue iniciada con posterioridad. En segundo lugar, en cuanto al objeto del proceso judicial, tal como lo precisará el órgano de primera instancia, la materia de la demanda es Desnaturalización de contrato y Reposición, siendo pretensiones distintas a las materias investigadas en el procedimiento inspectivo. Y en tercer lugar, en relación a los sujetos intervinientes, si bien una de las trabajadoras afectadas fue quien interpuso la demanda judicial contra la inspeccionada, lo cierto es que en el presente procedimiento sancionador se ha

determinado la responsabilidad de la apelante, perjudicando a 18 trabajadores; por lo tanto, deviene en inconsistente que se pretenda la suspensión respecto a una de las colaboradoras afectadas, cuando por principio de unidad, resulta imposible individualizar su caso, siendo la sanción impuesta por el conjunto de trabajadores afectados. En cuanto al argumento que la Sentencia de Vista puede ser aun recurrida se observa que, a la fecha, la resolución judicial ha quedado consentida, encontrándose en etapa de ejecución con la reposición del trabajador; en consecuencia, resultan infundadas las alegaciones formuladas por la inspeccionada en este extremo. v. Sobre la solicitud de reducción de multa, se debe precisar que efectivamente el artículo 39° de la LGIT dispone que “… La sanción que se imponga por las infracciones que se detecten a las empresas calificadas como micro o pequeñas empresas conforme a ley se reducen en 50%”. Sin embargo, de conformidad con el artículo 48.1-A del RLGIT se regula que “Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, la tabla de multas para las micro y pequeñas empresas incluye la reducción del 50%”, es decir, que la tabla aplicada para el cálculo de los montos de las multas impuestas, ya contienen la graduación invocada, no siendo un beneficio adicional a solicitar; por lo que, no resulta procedente el pedido efectuado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE OBJETIVES AND GOALS S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 28 de agosto de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de septiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 197-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 2.2 de la LGIT y del artículo 3 del RLGIT, en relación al principio de primacía de la realidad. En dicho sentido, los supuestos trabajadores eran en realidad locadores de servicios. Así, no existieron los elementos esenciales de la relación laboral (subordinación, prestación personal y remuneración). De este modo, la inspección basó sus conclusiones en indicios y declaraciones testimoniales sin sustento probatorio suficiente, lo cual vulnera el principio de primacía de la realidad y el debido procedimiento. En base a este principio, la primacía de la realidad necesita de evidencias para poder justificarse; no son suficientes los indicios como indica el inspector actuante, ya que nuestro sistema jurídico es sobre pruebas, y no sobre “indicios”, de lo contrario se estaría vulnerando también el derecho al debido procedimiento; ya que los indicios no constituyen pruebas y para que opere el principio de primacía de la realidad se requieren cuando menos medios probatorios y no solo indicios. ii. En dicho sentido, el contexto de la contratación se dio para brindar servicios que se prestaron a ESSALUD, debido al contexto de pandemia producido por el COVID19. Así, dicha entidad requirió la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES A CARGO DE LOS PUNTOS DE VACUNACION TEMPORAL, DE LA RED ASISTENCIAL AREQUIPA - ESSALUD”, con la finalidad de Brindar un adecuado equipamiento y puesta en funcionamiento de los Puntos de Vacunación Externa Temporales a través de la contratación del servicio de alquiler de silla, mesas y rampas para silla de ruedas, baños químicos, y toldos, con la finalidad de generar condiciones óptimas, para llevar a cabo el “Plan Nacional de Vacunación de la población adulta COVID-19”, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°488-2021 –MINSA .en el marco de las acciones preventivas y control ante el riesgo de la propagación del COVID- 19. Debido a la necesidad de ESSALUD de cubrir los servicios mencionados, se contrata a la empresa SALUD PRIMERO LOGÍSTICA E.I.R.L, quien contrata a la impugnante para efectuar el servicio descrito. En cuanto a las características de la prestación, se precisa que el servicio que se brindó a la empresa SALUD PRIMERO (primeros días de noviembre del año 2021) culmino rápidamente, por las siguientes razones: porque ESSALUD tenía deuda pendiente de pago por todo el servicio ejecutado, así como también la empresa SALUD PRIMERO LOGÍSTICA E.I.R.L., por lo que se tomó la decisión de suspender el servicio por falta de pago y porque el área usuaria manifestó, en su momento, la decisión de suspender el servicio. iii. Es en este contexto que los locadores acudían a los puntos de vacunación para que, culminada la jornada de vacunación se efectué la limpieza de los mencionados puntos, no sujeta un horario de trabajo, tanto es así, que se comunicaban por teléfono que punto de vacunación le quedaba más cerca para que en un horario entre las 08:00 am y 17:00 horas se acerque al punto de vacunación a realizar la

prestación de su servicio ,si culminaba la prestación de su servicio en una hora, dos horas , más o menos , se retiraba , no estando sujeta a un horario de trabajo, siendo que el horario mencionado (de 8 am a 17 pm) descrito en el acta de infracción, es porque todo punto de vacunación, empresa o casa tiene un horario de atención; un locador no puede prestar un servicio a las 2 de la mañana cuando la empresa solo abre hasta las 6 pm y, culminado el servicio, se informaba de qué se prestó el mismo para pagar la contraprestación (no habiendo subordinación , prestación personal ni remuneración). iv. Si los locadores no podían ir a un punto, podían enviar un reemplazo, comunicando esto previamente, y se procedía a efectuar el servicio; en ese contexto, SUNAFIL interviene y llama por teléfono a la Sra Marianella (Gerente General), en esta manifestación no se reconoce a nadie como trabajador; esto lo hace el inspector, mas no la representante de la empresa. Así también declara que se cuenta con una lista de asistencia, la cual es un registro en un cuaderno que no cuenta con horario de entrada ni salda, solo indica que día se prestó el servicio, y el cual se utiliza para poder pagar al locador, con lo que no configura por ningún tipo un registro de asistencia laboral. v. En cuanto al contenido del Acta levantada por el Inspector de SUNAFIL , contiene la declaración testimonial de un locador (la cual debe ser cotejada con los correspondientes medios probatorios), y la declaración de la Lic Medina dentro del acta de inspección, quien no ejerce representación alguna ni para ESSALUD (salvo que haya acreditado facultades representativas al momento de brindar su declaración , la cual no logra visualizarse) ni para la impugnante, por lo que debe tomarse eso como una sola manifestación que no es respaldada por medio probatorio alguno. vi. En lo que respecta a la declaración contenida en el Acta de Sunafil de que se tomaba lista, esta manifestación es tendenciosa ya que lo que se hacía era que se informe si el locador brindo el servicio, mas no quiere decir que se ejercía algún poder disciplinario o rasgo de subordinación alguno. vii. Respecto al contenido en el acta sobre que algún locador cuenta con EPPS, se debe precisar que la entrega de equipos de protección no genera vinculación laboral alguna ya que, por un principio de prevención, estamos obligados a prestar las condiciones necesarias para terceros, trabajadores y/o locadores estén seguros dentro de sus labores y servicios. Mas aun en el contexto de pandemia, estos EPPS es más un deber de prevención que el cumplimiento de una norma. viii. Existe una indebida aplicación de los artículos 25.20, 25.19, 44-B.1 y 46.7 del RLGIT, vinculado con que no se cuenta con el registro de asistencia, la no declaración de personal en planilla y la falta de inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social, debemos precisar que no existe subordinación; no hay prestación personal, no existe una remuneración, pero si una prestación del servicio, y los implementos son llevados por los propios locadores.

ix. Asimismo, la supuesta infracción cometida por no cumplir con un requerimiento del inspector actuante, se debe señalar que esta no ha sido motivada, ni valorada por ninguna de las instancias, ni siquiera el propio inspector motivo su acta de infracción en este sentido, ya que se presentó descargos e información requerida el 16 de diciembre de 2021; sin embargo, no se hace desarrollo de ello a lo largo del procedimiento. x. De igual modo, no se consideró que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada de manera previa al inicio del PAS. En tal sentido, en uso de dicha facultad, el inspector debió extender la medida de requerimiento en consideración al presupuesto principal contenido en el artículo 14 de la LGIT y el artículo 17.2 del RLGIT, referente a la comprobación de la existencia de infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral al momento de emitir dicho requerimiento. De lo contrario, se incurre en una violación del principio de legalidad, lo cual sucedió en el caso de autos. xi. De igual manera se vulnero el principio de presunción de licitud: que se fundamenta en el principio constitucional a la presunción de Inocencia. De esta manera, la presunción de licitud implica un estado de certeza provisional en la que no es el propio administrado quien debe probar su inocencia, sino la administración y, solo la resolución administrativa firme podrá determinar la ilicitud de la conducta del administrado. Así las cosas, si bien el acta de infracción debió presumirse cierta ello será así siempre y cuando, el inspector haya considerado la evidencia que el sujeto inspeccionado (OBJETIVES) le ha entregado. En caso, no exista certeza sobre la comisión de una infracción, lo natural será no establecer una propuesta de multa. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido en el presente caso xii. Se han inaplicado los artículos 6 y 10.1 de la LPAG, que se han vulnerado a través de la emisión de la resolución recurrida.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones grave y leve

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre el principio del debido procedimiento y la motivación alegada.

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (...)” (énfasis añadido).

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre el análisis de la determinación del vínculo laboral

“Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la prestación o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración del demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración al demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud”. (El énfasis es añadido).

“6.19. En tal sentido, con el objeto de contradecir el principio de licitud, que protege la actuación de los administrados, y acreditar fehacientemente los hechos, a la ocurrencia de alguna infracción a la normativa sociolaboral, la Administración debe determinar el cumplimiento del principio de verdad material. Así, conforme esta directriz, la autoridad administrativa competente debe verificar suficientemente los hechos que sirven de motivo para sus respectivas decisiones, esto es, la determinación de multas u obligaciones al sujeto inspeccionado; para lo cual, la autoridad

12 BOZA PRO, Guillermo. Lecciones de Derecho del Trabajo. 1ra. Edición. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011. Pág. 45. 13 Publicado en el Diario El Peruano el 25 de enero de 2023.

fiscalizadora y sancionadora deben evaluar ampliamente la prueba directa e indirecta actuada en el expediente, así como extender todas las medidas razonables para satisfacer la carga probatoria que recae sobre la Administración, junto con la exigible participación necesaria del deber de colaboración de los sujetos inspeccionados, conforme a Ley. 6.20. En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente. 6.21. Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción. 6.22. Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre la base de la valoración conjunta de las pruebas aportadas al procedimiento” (énfasis añadido).

14 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza

se advierte de los alegatos descritos en su escrito de revisión, estos se ciñen a cuestionar parte de los hechos constatados por el inspector de trabajo, pero a partir de interpretaciones sin sustentar documentalmente sus dichos. Por tanto, en virtud del principio de primacía de la realidad y el principio de licitud, los hechos constatados deben primar sobre las apariencias, que conjuntamente con los indicios de laboralidad, determinaron la existencia de la relación laboral de los trabajadores afectados con la inspeccionada.

“6.22 En tal sentido, el principio de primacía de realidad tiene la virtud de proporcionar al órgano administrativo, dentro de un procedimiento sancionador, una importante herramienta conceptual, orientada a superar formalidades con las que eventualmente se hubiere revestido un acto jurídico laboral para encontrar el trasfondo de la verdadera naturaleza de la relación laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador o trabajadores afectados; descartando de esta manera las actitudes que en fraude a la ley hubieren podido consumarse, incluso con aceptación del trabajador. 6.23 Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación. 6.24 Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada” (énfasis añadido).

“6.24 Conforme se aprecia de esta comunicación, la administrada ejerció el poder directriz plasmado en su facultad organizativa, promoviendo a la prestadora de servicios a una estructura retributiva más elevada. Esta variación no obedece a un convenio u adenda que sustenten la novación. Por el contrario, da noticia de la existencia de una organización que estructuró a la prestación de servicios de la trabajadora, la sometió a supervisión sobre la calidad de los servicios ejecutados y, valorándola positivamente, desplazó a la trabajadora hacia condiciones salariales más beneficiosas, que eran consecuentes con los instrumentos y fines del empleador. En rigor, nos encontramos ante la evidencia de la facultad premial del empleador,

probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten. Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción: Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

elemento que denota al ejercicio del poder normativo por parte de la recurrente, con relación a la ex trabajadora. 6.25 Con relación a este fenómeno, encontramos que su conceptuación como ejercicio de la facultad premial del empleador es descrito como un comportamiento que “se encuentra restringida al ejercicio regular del poder de dirección que incluye la facultad premial del empleador y al cumplimiento de su deber genérico de protección. En este sentido, el empleador podrá otorgar unilateralmente incrementos remunerativos o gratificaciones que se encuentren vinculadas causalmente con el contrato de trabajo, es decir, que sean contraprestativas y no liberales, o que tengan una finalidad asistencial”.15 Igualmente, podemos indicar que el poder de dirección comprende a la facultad premial.16 De lo anotado, debe concluirse que cuando el inspector actuante ha calificado a la prestación de servicios como subordinada a partir de la evidencia de la facultad premial (que, en este caso, proviene de un sustento escrito en el que se denota su causalidad en razón de los resultados positivos de la fiscalización de la actividad desempeñada por la profesional) se evidencia un razonamiento inferencial correcto. A través de una manifestación del poder de dirección se ha comprobado su existencia en la relación contractual. Por ello, este Tribunal considera que este razonamiento no solo es acogible para los propósitos del expediente analizado, sino que resulta conveniente explicitar ante los componentes del Sistema de Inspección del Trabajo con rango de precedente vinculante que la calificación de una relación contractual como laboral puede tomar como evidencia válida a la facultad premial, con las adecuaciones que resulten convenientes en cada caso. (…) 6.31 En torno a estas últimas manifestaciones de subordinación anotadas, resulta pertinente destacar la particular relevancia de dos de las mismas, en el presente caso. En efecto, tenemos en primer lugar, que el administrado ha dispuesto la posibilidad de proceder con la imposición de las multas aludidas en caso de no registrarse las horas “trabajadas”; al respecto, nótese que hay una disposición empresarial que presenta una evidente concreción de su potestad disciplinaria, que, aunque irregular en este caso por no adoptar algunas de las manifestaciones que puede adoptar esta (amonestación, suspensión o despido), creemos, no enerva de ninguna manera cómo esta disposición “revela a todas luces” las consecuencias sancionatorias, de una obligación contractual (laboral). Y es que, sin perjuicio de la modalidad correcta que debe tener una sanción laboral, queda claro que el empleador podría adoptar una modalidad distinta para pretender disciplinar una inconducta de su trabajador, subyaciendo a aquella (sea correcta o no) el objetivo que finalmente viene persiguiendo: sancionar al trabajador.

15 PIZARRO, Mónica (2006). La remuneración en el Perú. Análisis jurídico laboral. Estudio Gonzáles y Asociados, Lima, p. 82. 16 Sobre este concepto, puede consultarse en: TOYAMA, Jorge (2013). “Tributos y aportes del contrato de trabajo: la tributación laboral”, Thémis 64, p. 207. En sentido concurrente se manifiesta CERMEÑO, Claudia (2006). La homogeneización de condiciones salariales en los procesos de fusión y adquisición de empresas. Tesis para optar por el título de abogada, PUCP, Lima, p. 207.

(…)”.

• Prestación personal de servicios: En las visitas inspectivas realizadas los días 19 de octubre y 11 de noviembre de 2021, en los distintos centros de vacunación donde el personal de salud de EsSalud venía vacunando a la población contra el Sars-Co V-2, se constató que los señores M.W.T.P., S.J.N.Q., M.A.S.V., K.C.A., J.C.A. y J.Z.H. prestaban servicios como personal de limpieza, contratados por la inspeccionada. Asimismo, de la verificación de la relación del personal con contrato de locación de servicios y de los propios contratos presentados, se constató la prestación de servicios de los señores S.M.V.V., M.A.F.L. y A.M.G.H.; y de los recibos por honorarios exhibidos y manifestación de la representante de la inspeccionada en la comparecencia de fecha 10 de diciembre de 2021, se verificó que la señora M.V.G.F. presta el servicio de limpieza de computadoras. • Remuneración: Conforme se advierte de los contratos de locación de servicios, la relación adjuntada por el inspeccionado, recibos por honorarios y la manifestación del personal entrevistado en las visitas inspectivas se tiene verificado que la contraprestación que percibían estos señores por la prestación de sus servicios ascendía a S/ 50.00 por día efectivamente laborado, por lo que, se encuentra verificada la existencia de este elemento. • Subordinación: En las visitas inspectivas realizadas los días 19 de octubre y 11 de noviembre de 2021, en los centros de vacunación a cargo de EsSalud en distintas horas del día, el personal inspectivo siempre encontró al personal contratado por la inspeccionada, realizando labores de limpieza. En la visita inspectiva del 19 de octubre de 2021, la licenciada Y.E.M.V., Coordinadora de brigada de vacunación del centro de vacunación ubicado en el Colegio Guillermo Mercado Barroso, se comunicó telefónicamente con la señora M.S.V., representante de la inspeccionada, quien conversó con el Inspector en altavoz, indicando que el personal de limpieza, M.T.P., viene prestando sus servicios en el lugar desde el 01 o 02 de octubre de 2021, que cuenta con registro de control de asistencia, que la supervisora Verónica pasa lista a la trabajadora a veces por teléfono los días que funciona el vacunatorio, que cuenta con otros trabajadores en otros centros y que el trabajador que labora en la Melgariana es el señor Marco, lo que coincide con el supuesto locador identificado como M.A.F.L. De otro lado, la manifestación brindada por la representante legal del inspeccionado sobre que la supervisora de nombre Verónica pasa lista (asistencia) al personal de limpieza, tiene coincidencia con lo señalado por todo el personal de limpieza encontrado en los diferentes locales de vacunación,

quienes por separado coinciden en señalar que reportan su asistencia de ingreso y salida a la Srta. Verónica, a través del envío de fotos o mensajes por WhastApp. Con ello se tiene verificado que el sujeto inspeccionado sí ejerce control de fiscalización en cuanto a la hora de ingreso y salida, dato indicado de manera expresa por la representante legal del inspeccionado en la visita inspectiva del 19 de octubre de 2019 a través de la llamada telefónica realizada por la Licenciada Y.E.M.V. En los centros de vacunación ubicados en el Colegio José Antonio de Sucre y Estadio la UNSA, el personal de Essalud encargado de los locales de vacunación señalaron que el personal de limpieza presta sus servicios todo el día, llegan antes de la jornada de vacunación y debido al uso de materiales que se acumulan deben estar presentes hasta el cierre del local. Se puso a la vista del Inspector comisionado el documento interno de EsSalud mediante el cual se establece el proceso para la destrucción de frascos y vacunas utilizadas en el proceso de vacunación Covi-19, que debe efectuarse diariamente al cierre de la jornada, lo que se corrobora con el acta de entrega de frascos para destrucción de la jornada de vacunación del 06 al 11 de noviembre de 2021, que fue suscrita por el personal de limpieza encargado; por lo que, se evidencia la necesidad de participación de los colaboradores contratados por la inspeccionada. El personal de limpieza entrevistado ha manifestado que la inspeccionada proporciona las herramientas, utensilios y productos para la ejecución de sus labores; así como, que entrega los EPPs, lo cual ha sido reconocida por la inspeccionada. En cuanto a la señora M.V.G.F., la representante de la inspeccionada ha señalado en la comparecencia de fecha 10 de diciembre de 2021, que sí cuentan con un horario de trabajo y que las herramientas y materiales les son proporcionados por la inspeccionada, aunado al hecho que en los recibos por honorarios exhibidos se consigna como servicio prestado el de limpieza.

consecuencia, es el empleador quien debe determinar la forma, lugar, tiempo, etc., en la que el trabajador efectuara su labor.

Figura N° 01

17 Op. cit., pp. 46-47.

sobre la prestación o la forma en que esta se ejecuta; b) integración de la demandante en la estructura organizacional de la emplazada; c) prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de cierta duración y continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de remuneración a la demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones de salud”. (énfasis añadido)

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

18 Ver expediente de actuaciones inspectivas de investigación.

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

infracción incurrida por parte del impugnante, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten sus alegatos, esto es, haber cumplido con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento dentro del plazo y en los términos ordenados en dicha medida.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración a favor de las trabajadoras J.Z.H., M.A.S.V., A.M.G.H. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el registro en las planillas a los trabajadores identificados en el cuadro N° 05 del Acta de Infracción desde la fecha de su ingreso. Numeral 25.20 del artículo 25.20 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No cumplir con el registro en el régimen de seguridad social en salud de los trabajadores detallados en el Cuadro N°5 del Acta de Infracción Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No cumplir con el registro en el régimen de seguridad social en pensiones de los trabajadores detallados en el Cuadro N°5 del Acta de Infracción. Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Relaciones laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago de las remuneraciones de los periodos laborados en el Cuadro N°5 del Acta de Infracción. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT LEVE

Relaciones laborales No acreditar contar con un registro de asistencia que guarde las formalidades de ley, referido a los trabajadores listados en el cuadro N°3 y 4, así como, no contar con un registro de asistencia referido a los trabajadores identificados en el cuadro N°5 del Acta de Infracción Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 10 de diciembre del 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por OBJETIVES AND GOALS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 197-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 413-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 197-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en los extremos referidos a las infracciones muy graves, tipificadas en los numerales 25.19 y 25.20 del artículo 25 del RLGIT, numeral 44-B.1 del artículo 44.B del RLGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a OBJETIVES AND GOALS S.A.C., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil ).

20251001RZR HR: 145509-2021