Norex Energía S.A — Res. 762-2025

Antecedentes

1 De acuerdo a la información declarada por la impugnante en la página web de SUNAT – Consulta RUC, la razón social SAVIA PERU S.A. se dio de baja el 06 de enero de 2025, siendo actualmente NOREX ENERGIA S.A. 2 Rectificada mediante Resolución de Intendencia N° 698-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 05 de junio de 2023, y notificada conforme se acredita con la constancia respectiva, el 12 de junio de 2023, tal cual se observa a folios 172 y 173 del expediente sancionador, respectivamente. 3 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Comité (o supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo); Planillas o registros que la sustituyan (Registro trabajadores y otros en la planilla); Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo; Equipos de protección personal. 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relativas a la materia de formación e información en SST, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. I mponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de SST, por no cumplir con las obligaciones relativas al reglamento interno de SST, tipificada en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 19,362.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. I mponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. Se incurre en error al señalar que la inobservancia de los plazos establecidos por ley para la realización de las actuaciones inspectivas, no acarrean ninguna nulidad. ii. La subintendencia comete el error de aplicar la suspensión del plazo de prescripción antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. iii. La Subintendencia determina el número de trabajadores afectados pese a que no forma parte de sus competencias. La Autoridad Instructora y la Subintendencia se arrogan funciones de subsanación del Acta de Infracción, en clara contravención al artículo 53.2 del RLGIT. iv. El Inspector solo verificó y requirió el cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo respecto del trabajador denunciante. Siendo así, durante el procedimiento inspectivo, el inspector ha requerido únicamente información referida al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre la entrega al denunciante, no respecto a todos los trabajadores de la empresa, como erróneamente señala el Subintendente, citando indebidamente el artículo 156 del TUO de la LPAG. Por lo tanto, es evidente que no es igual determinar la norma aplicable al presente procedimiento, al amparo de la norma antes citada, que variar los hechos contenidos en el acta de infracción, pues en el Inspector constató que el trabajador afectado es uno solo; sin embargo, el

Subintendente cambia los hechos afirmando que los trabajadores afectados son 317. v. La Subintendencia no precisa adecuadamente qué capacitaciones debieron presentarse en el periodo 2017 y 2018, además que se exigieron indebidamente la acreditación de capacitaciones por períodos prescritos. Como se puede advertir, en el Acta de Infracción se limita la infracción a la falta de cumplimiento de las capacitaciones a favor de trabajador afectado cuando se desempeñaba en los cargos de auxiliar de almacén, recorredor de producción y técnico de operaciones marinas; sin embargo, no se ha analizado si estos puestos han sido ejercidos en los períodos no prescritos, es decir, en los periodos en los que la autoridad inspectiva tiene facultad para determinar infracciones sociolaborales. vi. Sobre el cumplimiento en la emisión y entrega del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo conforme a ley, el inspector no ha valorado adecuadamente dichos documentos. El subintendente afirma que no se habría cumplido con contar con un Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, obra en el expediente administrativo los siguientes documentos: i) Acta de la aprobación de RISST por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; ii) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; iii) Constancia de la entrega del RISST al trabajador afectado. Dichos documentos deben ser debidamente valorados, pues el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aprobado por el Comité de SST. Asimismo, la constancia de entrega acredita indubitablemente que se entregó, al trabajador afectado, un ejemplar del RISST el 14 de mayo de 2015. Para reforzar que el RISST ha sido debidamente aprobado por el Comité y entregado a los trabajadores, se ha adjuntado el Memorando, de fecha 20 de marzo de 2015, mediante el cual se dispuso la entrega, a todos los trabajadores, del reglamento en cuestión. vii. Respecto a la aprobación del RISST en los años 2017 y 2018, la Autoridad Instructora no ha revisado las distintas actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que se presentaron en las actuaciones inspectivas. Obra en el expediente inspectivo las actas de los años 2017 y 2018 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante las cuales se aprobó la misma versión 2 del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que ha sido entregado afectado. viii. Además, en el presente caso no se ha aplicado la razonabilidad por el supuesto incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento. Al respecto, si bien es cierto el día 2 de setiembre de 2019 se citó a una comparecencia en la que se pidió adoptar las medidas contenidas en el requerimiento, sin embargo, estas medidas solo estaban referidas al trabajador afectado y a los períodos prescritos (anteriores a octubre de 2017), por lo que considerar como incumplimiento uno relativo a periodos prescritos, vulnera el principio de tipicidad y un debido procedimiento, pues el Inspector requirió estas medidas sin analizar la prescripción.

ix. Por último, la medida de requerimiento, que supuestamente ha sido incumplida, no ha sido debidamente detallada en el acta de infracción, vulnerándose de esta manera el artículo 54 del RLGIT, puesto que no se cumplió con el contenido mínimo de un acta de infracción. x. Del análisis integral de la medida inspectiva de requerimiento, se evidencia que no se encuentran debidamente delimitadas las infracciones que han sido constatadas, a efectos de solicitar que la impugnante garantice el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización; se advierte que el Inspector comisionado desarrolla los hechos que habrían contribuido a que la impugnante incurriera en incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, basando su fundamento en aquella conducta infractora y en períodos prescritos. xi. La medida inspectiva de requerimiento se emite cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, con la finalidad de que el mismo efectúe las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, para lo cual se debe especificar cuál es la infracción que se le atribuye y precisar las acciones que debe efectuar para que ésta se subsane, hecho que no se advierte del citado requerimiento. Por lo que, es oportuno señalar que para efectos de la medida Inspectiva de requerimiento, el Inspector debe comprobar la existencia de la infracción imputada, dejando constancia y fundamentando la misma.

i. La nulidad no es invocable respecto de las actas de infracción o sobre el informe final de instrucción al no ser actos administrativos. Por otro lado, no toda contravención a la ley será causal de nulidad del acto administrativo, como sucede con el vencimiento de los plazos establecido para su emisión y notificación, de acuerdo a lo normado en el numeral 15.3 del artículo 15 del TUO de la LPAG. ii. Sobre la adecuación del tipo infractor efectuada por el órgano instructor, en virtud al artículo 156 del TUO de la LPAG procede que la Autoridad Instructora adecue la tipificación de la conducta infractora descrita; así se procedió a calificar una de las conductas infractoras como una infracción LEVE, tipificándola en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. iii. Sobre la materia de formación e información, la Autoridad de Primera Instancia ha sustentado su pronunciamiento (y la conducta omisiva por parte de la inspeccionada), atendiendo a los periodos 2017 y 2018. Por tanto, no resultan atendibles los alegatos que se refieran a periodos anteriores porque, conforme a dicho pronunciamiento, la sanción imputada no se sujeta a los mismos, debiendo observarse el cumplimiento respecto a los años 2017 y 2018. iv. Sobre el mismo incumplimiento, es obligación de la empresa transmitir a sus trabajadores, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica. Así, la capacitación y los alcances del puesto, además de la oportunidad en la que las mismas debieron ser recibidas, es de responsabilidad de la inspeccionada, lo que no ha acreditado cumplir con los documentos adjuntos al expediente inspectivo y sancionador. Del mismo modo, se debe señalar que los Inspectores actuantes si han

4 Notificada a la impugnante el 08 de agosto de 2022, conforme se observa a folios 156 del expediente sancionador.

detallado, en los párrafos finales del numeral 4.6 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, las características de las capacitaciones requeridas, por lo que se debe desestimar dichos alegatos. v. La Autoridad de primera instancia ha señalado las inconsistencias en las minutas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), aportadas por la inspeccionada. Por tanto, en cuanto al incumplimiento por no contar con el RISST con las formalidades de ley, la inspeccionada no ha aportado al presente procedimiento, otro medio probatorio que permita determinar dicho cumplimiento, debiendo desestimarse los alegatos presentados y confirmar la sanción impuesta en los alcances señalados por la Autoridad de primera instancia. vi. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, visto el expediente materia de análisis, al vencimiento de plazo otorgado, la impugnante no acreditó la subsanación de las infracciones antes detalladas, que afectaron al ex trabajador, debido a que la inspeccionada no acreditó el cumplimiento del mandato inspectivo. vii. Respecto al monto de la sanción y a la supuesta vulneración del principio de razonabilidad, el inferior en grado, al determinar el monto de la sanción impuesta en la resolución de primera instancia, tuvo en consideración los criterios de graduación establecidos en el artículo 38 de la LGIT (gravedad de la falta cometida, número de trabajadores afectados y tamaño de la empresa), aplicando lo normado en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT. viii. En cuanto a la suspensión del plazo de prescripción, en el Informe N° 017-2021- SUNAFIL/INII, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, absolvió la consulta planteada por la Intendencia de Lima Metropolitana, opinando que las disposiciones emitidas respecto al procedimiento sancionador, en relación a la suspensión del cómputo de sus plazos durante el estado de emergencia nacional, deben aplicarse también al plazo de la prescripción. Dicho lo anterior, se precisa que, a través de los Decretos de Urgencia Ne 26-2020 y 29-2020, y por medio de las Resoluciones de Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL, N° 80-2020- SUNAFIL, N° 83-2020-SUNAFIL y N° 87-2020-SUNAFIL, se dispuso la suspensión de los plazos de los procedimientos sancionadores desde el 16 de marzo hasta el 26 de junio de 2020; por lo que también durante dicho periodo quedó suspendido el plazo de prescripción. ix. En cuanto al análisis de la prescripción, las infracciones por incumplimiento del deber de formación e información, correspondiente a los periodos 2015 y 2016 (que incluyen la capacitación relativa al cambio de puesto del 29/04/2015) han prescrito. Del mismo modo, se observa que las infracciones por no contar con un RISST, debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a los períodos 2015, 2016 y 2017 han prescrito, de acuerdo al análisis realizado del periodo 2017. Sobre la infracción por no haber practicado la evaluación / reconocimientos médicos ocupacional correspondiente al periodo 2016, se puede determinar que dicha infracción ha prescrito, conforme al análisis realizado del periodo 2016.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE NOREX ENERGIA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1316-2022-SUNAFIL/ILM, en atención a los siguientes argumentos:

i. Existe una interpretación errónea del artículo 17.5 del RLGIT sobre el plazo establecido por ley para la realización de las actuaciones inspectivas. La resolución venida en grado reconoce que se ha excedido los plazos para las notificaciones de algunas actuaciones administrativas, pero señala que estos vencimientos no afectarían de nulidad el procedimiento. Al respecto, no existe ninguna razonabilidad para que una investigación que culminó el 06 de septiembre de 2019 sea puesta de conocimiento a la impugnante en febrero de 2022. ii. Existe una interpretación errónea del artículo 252 del TUO de la LPAG, que regula la prescripción, el cual no ha sido aplicado correctamente en el presente caso. Del análisis de las normas de la materia se puede concluir que la facultad de la Autoridad Inspectiva para determinar la existencia de infracciones sociolaborales se delimita al periodo comprendido entre 8 de febrero de 2018 al 7 de febrero de 2022 por lo que, respecto a las imputaciones de supuestas infracciones anteriores al 8 de febrero de 2018, operó plazo de prescripción. iii. Como se puede apreciar, teniendo en cuenta que el ex trabajador denunciante cesó el 26 de marzo de 2018, la facultad sancionadora de la Autoridad Inspectiva ha prescrito por los períodos 2015, 2016 y 2017. En consecuencia, careció de objeto que la Resolución de Intendencia se pronuncie sobre la configuración o no de las supuestas imputaciones del Inspector, pues corresponde declarar prescrita la facultad sancionadora y disponer el archivo del presente procedimiento. iv. Se ha inaplicado indebidamente el artículo 46.7 del RLGIT. Al respecto, se debe señalar que las medidas para las que fueron citados el día 2 de septiembre de 2019, estaban solo referidas al trabajador afectado y a los períodos prescritos (anteriores

a febrero de 2018). Por ello, considerar como incumplimiento aquellos por períodos prescritos vulnera el principio de tipicidad y un debido procedimiento, pues el inspector requirió dichas medidas sin analizar la prescripción. v. Por otra parte, la medida de requerimiento no ha sido debidamente detallada en el Acta de infracción, vulnerándose el artículo 54 del RLGIT, pues no se cumplió con el contenido mínimo de un acta de infracción. Esta falta de sustentación fáctica no ha sido advertida por la Autoridad Instructora, la cual no puede prescindir por mandato legal, más aún teniendo en cuenta que la facultad fiscalizadora del inspector solo se limitaba a partir del año 2018 hacia adelante, por lo que los requerimientos de periodos anteriores no son exigibles ni sancionables. vi. En el análisis integral de la medida inspectiva de requerimiento, se evidencia que no se encuentran debidamente delimitadas las infracciones que han sido constatadas, ello a efectos de solicitar que la impugnante garantice el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La medida se emite cuando el inspector comprueba la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, con la finalidad de que el mismo efectúe las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Para ello debe especificar cuál es la infracción que se le atribuye y precisar las acciones que debe efectuar para que ésta se subsane, hecho que no se advierte del citado requerimiento. vii. De acuerdo al artículo 38 y 39 de la LGIT, las sanciones se gradúan atendiendo a la gravedad de la falta, número de trabajadores afectados y tomando en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en la misma línea de lo señalado en el artículo 47 del RLGIT. Por ello, habiendo aclarado los errores y deficiencias del inspector, se solicita inaplicar la multa al presente caso, habida cuenta que la impugnante ha cumplido con sus obligaciones. viii. La Intendencia no cumplió con una debida motivación de la resolución impugnada, conforme lo exige el artículo 6 del TUO de la LPAG. Ello porque si bien el día 02 de septiembre de 2019 se debía cumplir con adoptar las medidas de requerimiento, las mismas no han sido debidamente detalladas en el Acta de Infracción. Además, no se ha considerado que la Autoridad Instructora y la Subintendencia se han irrogado funciones de subsanación del Acta de Infracción, en clara contravención con el artículo 53.2 del RLGIT. Ello, sumado a que se ha considerado como afectados por la infracción referida al RISST, a todos los trabajadores de la impugnante, y no solamente al trabajador denunciante, lo que también se encuentra en contraposición a lo señalado en el Acta de Infracción. ix. Se solicita se conceda informe oral a fin que se pueda sustentar y clarificar cualquier aspecto del recurso presentado.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción leve y grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la medida de requerimiento

11 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4

“(…) 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el

12 De folios 799 a 805 Tomo IV del expediente de actuaciones inspectivas.

trabajo”13, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”. (énfasis añadido)

13 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

señalarse que dicho requerimiento se efectuó en septiembre de 2019, no encontrándose sustento alguno del por qué, a la fecha de la medida inspectiva, el citado incumplimiento era susceptible de subsanación. 6.14.3 En relación con el Reglamento Interno de SST (RISST), vista la evaluación efectuada por el inspector de trabajo, se está solicitando cumpla con exhibir el RISST vigente de los periodos laborales 2015, 2016, 2017 y 2018, actas de aprobación y cargo de entrega al trabajador aun cuando el mismo inspector determinó, en el Cuarto Hecho de la medida, que la impugnante no contaba con el RISST.

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

VII.FORMACIÓN ADICIONAL

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas a la materia de formación e información en seguridad y salud en el trabajo. Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas al reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT LEVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR,

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por NOREX ENERGIA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1316-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de agosto de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 3891-2019-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 564-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 09 de mayo de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 1316-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a NOREX ENERGIA S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250625RZR - HR 117148-2023