Nippontech S.A.C — Res. 533-2022

Mediante Orden de Inspección N° 1157-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 92-2020-SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva; dado que la impugnada ha sido denunciada por el ex trabajador Charly Hugo Yactayo Ortiz por el presunto incumplimiento del pago de remuneraciones desde el mes de abril de 2020; en mérito a ello, se emitió la medida de requerimiento de fecha 16 de setiembre de 2020, mediante la cual se requiere acreditar el cumplimiento de lo precitado.

Mediante Imputación de cargos N° 168-2020-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, de fecha 29 de diciembre de 2020, notificado el 28 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 35-2021-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA, de fecha 19 de abril de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de la Intendencia Regional de Ica, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 233-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 15 de octubre de 2021, notificada el 18 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 1,462.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 29 de octubre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 233-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N°083-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 23 de noviembre de 20212, la Intendencia Regional de Ica declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 07 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N°083-021- SUNAFIL/IRE-ICA.

La Intendencia Regional de Ica, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorandum-001251-2021-SUNAFIL/IRE- ICA, recibido el 15 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que NIPPONTECH S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 083-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, que confirmó la sanción impuesta de S/ 1,462.00 por la comisión, entre otra, de una (1) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 26 noviembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por NIPPONTECH S.A.C.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Como se evidencia de las normas acotadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Entonces, de las actuaciones realizadas se evidencia que los Inspectores comisionados emitieron la medida inspectiva de requerimiento de fecha 16 de setiembre de 20219, con la finalidad de que la impugnante cumpla con: Acreditar haber cumplido con el pago íntegro de la remuneración correspondiente al periodo de abril a junio de 2020, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para dar cumplimiento de lo ordenado. Asimismo, en aquella medida de requerimiento explícitamente se señaló que el incumplimiento al requerimiento constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

Corresponde anotar que, en este caso, el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento reposa en el incumplimiento del pago íntegro de la remuneración correspondiente al periodo de abril a junio de 2020, conforme se detalla en la resolución impugnada.

En ese sentido, es preciso traer a colación el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, que establece: “El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que

Ahora bien, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. (…)” No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”

Respecto a los argumentos vertidos por la empresa impugnante, se debe considerar que la misma establece que el hecho que el inspector requiera que se acredite el pago de las remuneraciones a su extrabajador constituye una obligación inexigible considerando que se ha interpretado erróneamente las normas laborales, siendo que cuentan con un convenio de suspensión de labores válidamente suscrito.

Respecto a la suspensión laboral, para algunos autores “(…) ésta salvaguarda la continuidad del contrato de trabajo, busca evitar la ruptura definitiva del vínculo contractual ante el acaecimiento de un hecho suficiente y justificante que impide, por un tiempo determinado, la prestación de servicios laborales del trabajador; es decir, se permite que el contrato sufra una interrupción pasajera sin afectar su subsistencia esencial”10. Así, conforme con la doctrina, los supuestos que ameritan la suspensión de las labores se deben a situaciones variadas “(…) desde causas relacionadas con el trabajador (vacaciones, accidentes, etc.), con el empleador (sanción disciplinaria), hasta supuestos motivados en una causa exógena (caso fortuito o de fuerza mayor). La norma laboral (LPCL) clasifica a la suspensión de labores en perfecta e imperfecta. La primera implica la paralización temporal de las labores, así como también de la obligación remunerativa y la segunda implica solo el cese transitorio de las labores, pero no del abono de la remuneración”11.

Sobre el caso materia del presente pronunciamiento, la impugnante sustenta la falta de pago de la remuneración a su extrabajador en el Convenio de Suspensión de Labores, suscrito el 14 de abril de 2020; no obstante, es pertinente precisar que el contrato de trabajo tiene obligaciones y derechos por cada una de las partes, siendo la obligación principal por parte del trabajador efectuar la prestación de labores a favor del empleador, y éste a su vez tiene como obligación el pago oportuno de los derechos laborales que le asisten al trabajador; en ese orden de ideas, esta Sala ha procedido a revisar la integridad de dicho convenio, donde solo se establece la suspensión de labores, esto es, se deja establecido la suspensión de la obligación por parte del trabajador, mas no señala que el empleador quede suspendido sus obligaciones (suspensión imperfecta), por lo que no se puede inferir que el

Sin perjuicio de lo ya expuesto, se debe indicar, el convenio suscrito y cuyo detalle se ha establecido en el considerando 3.5 de la resolución de Intendencia, permiten concluir que, a la fecha de su suscripción, es decir, al 14 de abril de 2020, la normativa aplicable para la suspensión perfecta de labores eran la establecida en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado con Decreto Supremo N° 003-97-TR. Por tanto, en aplicación del artículo 11° del TUO de la LPCL, ambas partes debían haber convenido expresamente suspender de forma perfecta la relación laboral, lo que no ha sido acreditado hasta la fecha de emisión de este pronunciamiento, aunado a ello, tampoco se puede observar que la empresa no cumpla con determinar la causa, contenida en el artículo 12° del mismo cuerpo legal, en la que se sustenta dicha medida. Por tanto, dicho procedimiento no se encuentra arreglado a ley.

Posteriormente, estando a que el Convenio de Suspensión de Labores presentado no justifica la falta de pago al extrabajador, la impugnante tampoco adecuó su actuar, como lo estableció el pronunciamiento de la autoridad de segunda instancia en su considerando 3.6 y siguientes, a las normas otorgadas por el Estado peruano aprobó, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020, medidas para mitigar los efectos económicos de la pandemia por covid-19, flexibilizaban en un régimen especial al procedimiento de suspensión perfecta establecido en la norma general, pero que conserva en definitiva ciertos parámetros, dentro del mismo cuerpo legal, que permiten evitar la arbitrariedad en la aplicación de dicha medida por parte del empleador. De esta manera, se deja claramente establecido que “(…) los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores”(énfasis añadido).

Por ende, para el periodo posterior a la emisión del Decreto de Urgencia N° 038-2020, como se puede apreciar, tampoco se aprecia el cumplimiento del procedimiento legal allí prescrito, considerando que no se aprecia que se haya acreditado la implementación de las medidas alternativas mencionadas por dicho cuerpo legal, como son: el trabajo remoto, la licencia con goce de haber o, de ser el caso, su justificación de su inaplicación. Además de la afectación económica, previa a la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores, la misma que, además, debió comunicarse a la Autoridad Administrativa de Trabajo, con carácter de declaración jurada, conforme al formato que forma parte de dicho decreto de urgencia. Por ello, tampoco se ha cumplido con lo regulado por dicho Decreto Supremo.

Sobre este punto, queda claro para este Tribunal, que la normativa dictada durante el presente periodo de emergencia sanitaria busca otorgar a los empleadores de ciertas

En ese sentido, la regla autorizativa para sujetar a una relación laboral a la suspensión perfecta se encuentra establecida en el procedimiento que, tanto en el TUO de la LPCL como en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, condicionan su aplicación. Sin embargo, como ya se ha tratado en los párrafos precedentes, no se ha contemplado en dichas normas un supuesto que autorice al empleador a suscribir con el trabajador Convenios de Suspensión Perfecta de Labores, al amparo del Decreto de Urgencia N° 038-2020, sin que se siga el procedimiento que para esto, la misma norma ha establecido. Tampoco puede decirse que, de establecerse la aplicación de la suspensión al amparo del artículo 11° del TUO de la LPCL, ésta no contemple la obligación de precisar de forma especifica si se trata de una suspensión perfecta o imperfecta de labores, y de sujetarse a las normas que regulan cada causa, como en este caso, lo contempla el último párrafo del artículo 12 del TUO de la LCPL.

Por tanto, como se puede apreciar, es parte de los hechos determinados en el expediente sometido a esta Sala que no procede haber incumplido con el pago de la remuneración del periodo de abril a junio de 2020, teniendo como justificación la aplicación de la suspensión perfecta al trabajador afectado sin existir ningún documento que acredite la voluntad del trabajador de dejar de percibir la remuneración durante dicho periodo, y si bien, la norma habilitaba un proceder unilateral por parte del empleador, esta se sustentaba en seguir el procedimiento establecido por la misma norma, lo que tampoco fue aplicado por la impugnante. Con ello se ha afectado el pago de la remuneración de forma contraria a la legislación, sin que tal comportamiento resulte permisible bajo ninguna interpretación atendible de los preceptos legales que regulan la suspensión perfecta. Esta cuestión resulta determinante para justificar el razonamiento que califica al comportamiento de la empresa inspeccionada como contrario al bloque de legalidad en el que el artículo 24 de la Constitución, se constituye en un mandato imperativo (máxime durante la emergencia sanitaria sin privilegiando la percepción de las remuneraciones). Con ello, se ha dejado de lado cualquier consideración sobre la posición del trabajador, quien (como resulta evidente) también sufre los efectos adversos en materia socioeconómica de la pandemia. Por ello, no debe resultar amparable el comportamiento que prescinde de la consideración de la remuneración como derecho básico del trabajador. Se debe considerar que, por dicha afectación, como es la pérdida de la remuneración, manifiesta la mayor urgencia en la invocación de la norma constitucional tutelar sobre la remuneración y los beneficios sociales.

En tal sentido, de las actuaciones realizadas se evidencia que correspondía al inspector actuante efectuar el requerimiento cuyo incumplimiento dio mérito a la imposición de la sanción por su incumplimiento, conforme se determina en el considerando 4.12 del Acta de Infracción. Que, por tanto, visto que no se cumplió con subsanar el incumplimiento señalado en la medida inspectiva de requerimiento, debidamente notificada, afectándose al trabajador Yactayo; por lo que, corresponde confirmar la resolución venida en grado en el extremo referente a la sanción impuesta por el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.