NEW Group Global de Servicios Generales S.A.C — Res. 1274-2025

Mediante Orden de Inspección N° 37268-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2835-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no proporcionar la información solicitada mediante requerimientos de información de los días 11 de enero de 2021 y 22 de enero de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 289-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 24 de febrero de 2022, notificado el 28 de febrero de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 963-2022-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 20 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1337- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 03 de noviembre de 2022, notificada el 07 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de noviembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 1337-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 115-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 14 de febrero de 2023 y notificada el 16 de febrero de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 09 de marzo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 115- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 002796- 2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 13 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que NEW GROUP GLOBAL DE SERVICIOS GENERALES S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 115-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/23,144.00 por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 17 de febrero 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por NEW GROUP GLOBAL DE SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”9

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia13. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que, en fecha 11 de enero de 2021, notificado mediante casilla electrónica en la misma fecha, el comisionado emplazó a la impugnante un primigenio requerimiento de información, mediante el cual se le solicitó la siguiente información:

Conforme se dejó constancia en el numeral 4.3 del acta de infracción, el requerimiento de información de fecha 11 de enero de 2021 no fue satisfecho por la administrada, al no otorgar la información correspondiente respecto de lo solicitado, configurándose una infracción contra la labor inspectiva tipificada labor el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Posteriormente, en fecha 22 de enero de 2021, el comisionado volvió a emplazar la medida de requerimiento de información a la impugnante requiriendo la misma información, sobre la cual la inspeccionada tampoco dio cumplimiento, según se dejó constancia en el numeral 4.4 del acta de infracción, configurándose una segunda infracción tipificada bajo el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Siendo así, el desarrollo de las actuaciones inspectivas para la verificación de las materias establecidas en la orden de inspección resultó obstruido, frustrándose la fiscalización debido al proceder omisivo de la administrada; en ese sentido, la afectación a la labor inspectiva ha desencadenado efectos gravosos, que son calificados como muy graves, según lo establece el RLGIT.

Cabe señalar que, adicionalmente, realizado el examen que corresponde en observancia al principio del debido procedimiento, respecto de la validez del emplazamiento de los requerimientos de información en fechas 11 de enero y 22 de enero de 2021, se advierte que cada uno de los mismos ha contado con sus respectivas alertas que fueron efectuadas al contacto registrado por la propia impugnante con fecha anterior a la notificación de ambos requerimientos, así tenemos:

Del mismo modo, no debe perderse de vista que el administrado ha tenido accesos a la casilla electrónica con antelación inmediata a la notificación de los requerimientos de información, conforme se visualiza a continuación:

En base a estas razones, se reafirma la falta de diligencia en la que incurrió la inspeccionada omitiendo cumplir con los requerimientos de información del 11 de enero y 22 de enero de 2021, a pesar de que ambos fueron válidamente notificados al Sistema de Casilla Electrónica que era de su conocimiento y al cual había accedido con antelación. Configurándose así, como ya se ha señalado, sendas infracciones a la labor inspectiva que, por su naturaleza, poseen carácter insubsanable y son de comisión inmediata, dado que el daño generado a la continuación de las actuaciones inspectivas, al frustrar la verificación de las materias de inspección, se configura al momento de cada omisión y es irreparable.

Así, el argumento expresado por la inspeccionada en su recurso de revisión, respecto a que la documentación requerida por el inspector ha sido presentada en sus descargos al Informe Final de Instrucción, y que aquella debió ser revisada durante el procedimiento administrativo sancionador, subsanando así la conducta infractora que se le ha imputado, no resulta amparable de ninguna forma, debido a que finalizada la etapa inspectiva, no compete a la autoridad instructora o sancionadora abocarse a realizar investigaciones o actuaciones que sólo están concedidas por ley para el inspector comisionado en el desarrollo de la inspección encomendada. La omisión observada por la inspeccionada se enmarca en el procedimiento inspectivo y no puede ser reparada durante el procedimiento sancionador, a modo de suplencia de la falta de diligencia oportuna que, además, afectó la verificación del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores afectados.

Por otro lado, el alegato efectuado por la impugnante referido a la imposibilidad de determinar una sanción debido a la ausencia de trabajadores afectados con la infracción que ha cometido a la labor inspectiva, es importante traer a colación el artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En esa línea, cuando la norma dispone que el número de trabajadores debe ser considerado para la determinación de la sanción, lo hace en relación con todas las materias de infracción previstas en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo, y no únicamente respecto de una de ellas —como sostiene la inspeccionada al afirmar que solo existirían trabajadores afectados en caso de haberse verificado el incumplimiento en materia de relaciones laborales—. Con mayor razón si, como se advierte en autos, la falta de colaboración de la inspeccionada frente a los requerimientos de información de fechas 11 y 22 de enero de 2021, formulados por el inspector comisionado, impidió materialmente comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales de la impugnante respecto de los cuatro trabajadores denunciantes. En tal medida, dichos trabajadores sí resultaron afectados por la conducta obstructiva de la inspeccionada, y su número fue válidamente considerado por la autoridad sancionadora para la determinación del quantum de la multa impuesta. En consecuencia, tampoco corresponde acoger el argumento de la inspeccionada en este extremo.

En base a todo lo expuesto, no subsistiendo argumento amparable dentro del recurso de revisión, que exima de responsabilidad a la impugnante y, comprobándose el incumplimiento de esta misma a los deberes de colaboración que le corresponden por omitir facilitar la información solicitada mediante los requerimientos de información del 11 de enero y 22 de enero de 2021, se verifica que las infracciones impuestas se encuentran perfectamente tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, debiendo por ello este Tribunal, confirmar la sanción impuesta por las instancias previas.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes, como resultado del procedimiento administrativo sancionador, serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.