Nevada Entretenimientos Sociedad Anónima Cerrada — Res. 1087-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub materia: Gratificaciones, Pago de remuneraciones [sueldos y salarios]); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados [Submateria: vacaciones, no goce de vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 16 de marzo de 2022, conforme se detalla mediante cuadro número 01 que antecede, punto c de la resolución de primera instancia, en el plazo de 04 días hábiles, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 06 de abril de 2022, conforme se detalla mediante cuadro número 03, punto c que antecede, de la resolución de primera instancia, en el plazo de 03 días hábiles, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Se notificó por la casilla electrónica y a través de una alerta, el 16 de marzo de 2022, el requerimiento de información. Sobre el mismo, no se ha impedido la culminación de las actuaciones y se ha entregado el total de la información solicitada; así, se acompañó y adjuntó la información solicitada en cada punto de los requerimientos, lo que coadyuvó a la investigación vinculada con las obligaciones pendientes con la ex trabajadora. Por tanto, las actuaciones inspectivas han cumplido su finalidad, en concordancia con el Art. 17.8 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR. ii. De la revisión del Acta de infracción, no se observa ni se motiva en qué sentido la inspeccionada ha perturbado la acción del inspector, toda vez que la finalidad de las actuaciones inspectivas ha sido cumplida. Por el contrario, la inspectora comisionada establece que no se ha entregado información, proponiendo la multa respectiva por negativa, tipificada en el numeral 46.3 del RLGIT. iii. De acuerdo a lo revisado, en las actuaciones de investigación se ha podido comprobar que la impugnante ha cumplido totalmente con las obligaciones laborales materia de denuncia.

iv. Así, el Acta de Infracción, como las actuaciones inspectivas que en ella se recogen, deben ser realizadas y sustentadas conforme al ordenamiento jurídico, respetando los derechos fundamentales y observando los requisitos de validez de la actuación de la administración. Es por eso que, según el artículo 3 de la LPAG, es un requisito de validez de los actos administrativos la observación del procedimiento regular previsto para su generación, y en conformidad con las modificaciones realizadas por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR. v. En ese sentido, el requerimiento de información materia de multa, de fecha 16 de marzo de 2022, no ha afectado o impedido la inspección de trabajo y, con posterioridad, el segundo requerimiento de información, al cumplirse a cabalidad en todos sus extremos, ha logrado una convicción al inspector comisionado, cumpliéndose con la finalidad las actuaciones inspectivas sin mayores complicaciones. vi. Respecto al requerimiento de información de fecha 06 de abril de 2022, no se tuvo la alerta respectiva al correo electrónico ni a ningún otro medio, conforme a la normativa vigente, vulnerándose el derecho de defensa. Así, se ha vulnerado el principio de predictibilidad y confianza legítima. Además, de ningún modo se puede considerar obstrucción, retraso y/o incumplimiento a la labor inspectiva, puesto que no se ha recibido la alerta al correo electrónico. vii. El Tribunal Constitucional en el Expediente 03394-2021-PA-TC, anula unas notificaciones que únicamente fueron alojadas en el buzón electrónico, alegando que resulta exigible, en el caso de la notificación al contribuyente que está siendo objeto de una fiscalización tributaria, que la administración tributaria tenga la certeza absoluta de que este ha tomado conocimiento de la existencia de dicho procedimiento. viii. En ese sentido, al no haber sido notificados válidamente con los actos previos, preventivos, y tampoco haber notificado con el requerimiento de fecha 06 de abril de 2022, dicho acto de notificación es nulo ya que se ha lesionado el derecho de defensa como administrados, criterios esbozados que han sido resueltos conforme al máximo órgano interpretativo de la entidad, el Tribunal de SUNAFIL, como se observa en la Resolución N° 129-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 22 de julio de 2021, N° 585-2022-SUNAFIL-TFL-Primera Sala y demás Resoluciones que se continúan emitiendo hasta la fecha.

i. Respecto a los alegatos planteados por la impugnante, conforme a la consulta realizada al aplicativo denominado búsqueda de notificaciones y alertas de uso interno de Sunafil (https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/) , se advierte que la administrada ingreso los datos de su contacto, tal como se advierte en la captura A de la resolución impugnada. En base a ello se procede a revisar el aplicativo, en la cual se puede advertir, en la captura B, que la administrada fue notificada el mismo 06 de abril de 2022, fecha en la que fue depositada la medida de requerimiento. ii. Asimismo, se evidencia que el día 08 de abril de 2022 se ha procedido a descargar; debe agregarse a ello que, de la revisión del aplicativo en mención, se advierte que con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante ha ingresado a su casilla electrónica en tres oportunidades, esto es: a las 10:27:35 a.m., a las 11:00:18 a.m., y a las 16:10:02 p.m., tal como se evidencia en la captura C que se adjunta en la resolución impugnada. Además, de la revisión de la alerta remitida, que la administrada señala que no le ha llegado, se advierte que dicha notificación se puso de conocimiento mediante la alerta remitida a los correos registrados, los cuales pertenecen a dos de sus contactos ingresados y que, a la fecha de la notificación de dicha alerta, estaban activos tal como se advierte en la captura D que se adjunta. Por ende, tomó conocimiento de dicho requerimiento de información, el mismo día de su notificación. iii. En base a ello, la autoridad de segunda instancia hace suyo y toma como válidos los argumentos expuestos por la Sub Intendencia de Sanción. De este modo, al no evidenciarse vulneración de algún tipo de derecho de la administrada ni del debido procedimiento, ni mucho menos un apartamiento de la normativa legal, toda vez que todo el procedimiento está regulado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes, se tiene por válido los considerandos expuestos en la Resolución de Sub Intendencia.

2 Notificada a la impugnante el 24 de julio de 2023, conforme se observa en el folio 114 del expediente administrativo sancionador. 3 Rectificada con Auto de Intendencia N° 018-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 24 de julio de 2023, a folios 115 del expediente administrativo sancionador

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Nevada Entretenimientos Sociedad Anonima Cerrada

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 10 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes alegatos:

i. Se notificó por la casilla electrónica y a través de una alerta, el 16 de marzo de 2022, el requerimiento de información. Sobre el mismo, no se ha impedido la culminación de las actuaciones y se ha entregado el total de la información solicitada; así, se acompañó y adjuntó la información solicitada en cada punto de los requerimientos, lo que coadyuvó a la investigación vinculada con las obligaciones pendientes con la ex trabajadora. Por tanto, las actuaciones inspectivas han cumplido su finalidad, en concordancia con el Art. 17.8 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR. ii. De la revisión del Acta de infracción, no se observa ni se motiva en qué sentido la inspeccionada ha perturbado la acción del inspector, toda vez que la finalidad de las actuaciones inspectivas ha sido cumplida. Por el contrario, la inspectora comisionada establece que no se ha entregado información, proponiendo la multa respectiva por negativa, tipificada en el numeral 46.3 del RLGIT. iii. Así, el Acta de Infracción, como las actuaciones inspectivas que en ella se recogen, deben ser realizadas y sustentadas conforme al ordenamiento jurídico, respetando

los derechos fundamentales y observando los requisitos de validez de la actuación de la administración. Es por eso que, según el artículo 3 de la LPAG, es un requisito de validez de los actos administrativos la observancia del procedimiento regular previsto para su generación, en conformidad con las modificaciones realizadas por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR. iv. Ante la supuesta negativa de la presentación de documentación solicitada en los requerimientos de información del 16 de marzo de 2022 y 06 de abril de 2022, los inspectores expidieron el acta de infracción vulnerando el ordenamiento jurídico sobre la labor inspectiva. Ello porque el inspector de trabajo se confunde al subsumir la multa impuesta diferente a lo que indica en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021; así la conducta señalada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, establece varios verbos rectores como: “acciones, omisiones, retrasen, impidan el ejercicio de las funciones inspectivas (…)”. v. Si bien el inspector a cargo consigna que la conducta infractora del inspeccionado se subsume en cumplimiento al requerimiento de información requerida el 16 de marzo de 2022 y notificada el 06 de abril de 2022, no obstante, no se precisó de qué forma se configuró la negativa a la entrega de la información durante en el ejercicio de las funciones inspectivas del inspector actuante.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a

perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 12 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 13 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 14 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

FIGURA N° 01:

FIGURA N° 02:

▪ En el expediente de actuaciones inspectivas, en formato digital, obra el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 16 de marzo de 2022; y, además, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, con lo cual se deja constancia de la notificación del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

FIGURA N° 03:

▪ En el expediente de actuaciones inspectivas, en formato digital, obra el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 06 de abril de 2022; y, además, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, con lo cual se deja constancia de la notificación del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 04:

FIGURA N° 05:

FIGURA N° 06:

las conductas reprochables sancionadas por la Autoridad de Primera Instancia y confirmadas en la resolución venida en grado, no advirtiéndose vulneración alguna al principio de tipicidad conforme las alegaciones formuladas por la impugnante.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

15 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

modo, no es correcto afirmar que el inspector de trabajo no ha cumplido con sustentar los supuestos de hecho que configuran el tipo para el presente caso, por lo que no corresponde acoger los alegatos planteados en dicho extremo.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva El sujeto inspeccionado no presentó la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 16 de marzo de 2022, conforme se detalla mediante cuadro número 01 que antecede, punto c, en el plazo de 04 días hábiles. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva El sujeto inspeccionado no presentó la documentación solicitada mediante Requerimiento de Información de fecha 06 de abril de 2022, conforme se detalla mediante cuadro número 03, punto c que antecede, en el plazo de 03 días hábiles Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por NEVADA ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 21 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído

en el expediente sancionador N° 507-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, en todos sus extremos.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a NEVADA ENTRETENIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820RZR HR 19692-2022