Negocios de Limpieza y Afines S.R.L — Res. 1272-2025

Mediante Orden de Inspección N° 23293-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2840-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no cumplir con proporcionar la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 28 de enero de 2021.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 748-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 07 de marzo de 2022, notificado el 09 de marzo de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1294-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 01 de junio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1344- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 03 de noviembre de 2022, notificada el 07 de noviembre de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/1,012.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2022, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 1344-2022- SUNAFIL/ILM/SISA3, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 106-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 13 de febrero de 2023 y notificada el 15 de febrero de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 08 de marzo de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 106- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 2795-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 13 de setiembre de 2023, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y AFINES S.R.L, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 106-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/1,012.00 por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 16 de febrero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y AFINES S.R.L

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”8

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultades de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT.

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas sociolaborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad10. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”11.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia12. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).

Del mismo modo, el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En esa misma línea, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

Sobre dicho marco, del expediente inspectivo se verifica que con fecha 13 de enero de 2021, el comisionado emplazó a la impugnante un primer requerimiento de información, requiriendo la presentación de la siguiente documentación:

Ante ello, conforme consta en los Medios de Investigación y en el numeral 4.5 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con entregar toda la información requerida, limitándose a presentar los documentos de representación (Carta poder y vigencia de poder) y una consulta de boleta del mes de agosto de 2020, donde si bien consta el nombre del trabajador, no se registra el periodo de pago ni la razón social. Debido a esto, el inspector comisionado notifica en la Casilla Electrónica de la impugnante un segundo requerimiento de información de fecha 28 de enero de 2021, donde solicita de modo más preciso, la remisión de la siguiente información: FIGURA Nº 02

Al respecto, la administrada incumplió con facilitar la información requerida, de acuerdo con lo consignado por el inspector comisionado en el numeral 4.5 del Acta de Infracción, configurándose de este modo la infracción contra la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Siendo así, el desarrollo de las actuaciones inspectivas para la verificación de las materias establecidas en la orden de inspección resultó obstruido, frustrándose la fiscalización debido al proceder omisivo de la administrada. En ese sentido, la afectación a la labor inspectiva ha desencadenado efectos gravosos, que son calificados como muy graves, según lo establece el RLGIT.

Cabe señalar que, adicionalmente, realizado el examen que corresponde en observancia al principio del debido procedimiento, respecto de la validez del emplazamiento del requerimiento de información del 28 de enero de 2021, que fue notificado el 29 de enero de 2021, se advierte que este ha contado con su respectiva alerta que fue efectuada al contacto registrado por la propia impugnante con fecha anterior a la notificación de ambos requerimientos, así tenemos:

Del mismo modo, no debe perderse de vista que el administrado ha tenido accesos a la casilla electrónica con antelación inmediata a la notificación de los requerimientos de información, conforme se visualiza a continuación:

En base a estas razones, se reafirma la falta de diligencia en la que incurrió la inspeccionada omitiendo cumplir con el requerimiento de información del 28 de enero de 2021, a pesar de que este fue válidamente notificado al Sistema de Casilla Electrónica, del cual la inspeccionada tenía conocimiento al haber accedido por primera vez en fecha anterior a la notificación del requerimiento, lo que sucedió el 29 de enero de 2021. En consecuencia, se configuró una infracción a la labor inspectiva que, por su naturaleza, es de carácter insubsanable y de comisión inmediata, dado que el daño generado al desarrollo de las actuaciones inspectivas y a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de trabajo que fueron materia de la orden de inspección, es irreparable.

Ahora bien, con relación a ello la impugnante sostiene que, de conformidad al precedente vinculante contenido en Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, el incumplimiento corroborado en los fundamentos anteriores debió ser tipificado en la infracción prevista en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT y no en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, por cuanto al haber cumplido con presentar la información solicitada en el tercer requerimiento de información de fecha 05 de febrero de 2021 –cuya solicitud informativa era idéntica a la que fue exigida mediante el requerimiento de información del 28 de enero de 2021– se configuró un supuesto de cumplimiento tardío o retraso respecto del requerimiento de fecha 28 de enero de 2021, subsumible bajo el tipo del mencionado numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

Al respecto, del expediente inspectivo se corrobora que, en efecto, el requerimiento de información del 05 de febrero de 2021 solicitó la presentación de documentación símil a la que fue exigida en el requerimiento del 28 de enero de 2021. Sin embargo, la documentación presentada fue: i) Una Carta de Renuncia suscrita por el trabajador recurrente hacia la empresa PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO S.R.L., de fecha 24 de agosto de 2020, con lo cual –a criterio de la inspeccionada– se advertiría que el trabajador prestó servicios para dicha empresa hasta el 15 de agosto de 2020; ii) Una hoja de cálculo de la remuneración adeudada al trabajador por el periodo del 16 al 28 de agosto de 2020 por la suma de S/ 535.96 soles; y, iii) una constancia de transferencia de pago al trabajador afectado, con fecha 05 de febrero de 2020, por la suma de S/513.07 soles.

En ese sentido, se advierte que ninguna de las documentaciones presentadas por la impugnante en atención al requerimiento de información de fecha 05 de febrero de 2021, ni la constancia de transferencia por el monto de S/ 22.89 remitida vía mensajería de WhatsApp al inspector comisionado el 01 de marzo de 2021, cumplió de manera idónea con el deber de colaboración respecto de lo solicitado mediante el requerimiento de información del 28 de enero de 2021. Dicho requerimiento exigía expresamente la acreditación del pago de la remuneración y la presentación del registro de control de asistencia, ambos por el período del 12 al 28 de agosto de 2020, en atención a la controversia sobre la fecha de ingreso del trabajador, declarada por este último como el 12 de agosto de 2020 y reconocida por la inspeccionada como el 16 de agosto de 2020. En consecuencia, la documentación presentada resultó insuficiente para satisfacer lo requerido por la autoridad inspectiva, lo que impidió determinar, en la etapa inspectiva, la fecha exacta de ingreso del trabajador y, a partir de ello, establecer con certeza el adeudo remunerativo correspondiente a favor del trabajador afectado.

En consecuencia, en aplicación del precedente vinculante contenido en la citada Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, este Tribunal verifica que la conducta de la impugnante respecto al requerimiento de información del 28 de enero de 2021, no es subsumible dentro del tipo infractor previsto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, por cuanto no se ha suscitado un mero acto de retraso o perturbación cuyo impacto no impidió el desarrollo y la finalización de la investigación, sino que, por el contrario, se configuró una negativa en la entrega de la información esencial para la investigación efectiva de las materias u objetos de la inspección, requerida el 28 de enero de 2021, lo que frustró la fiscalización.

Cabe acotar, a fin de dar respuesta al argumento presentado por la impugnante, que la Carta de Renuncia presentada no daba respuesta alguna a la información solicitada en el segundo requerimiento de información ni mucho menos dilucidaba la fecha de ingreso exacta del trabajador, dado que, como bien expresó la Intendencia en la Resolución de Intendencia N° 106-2023-SUNAFIL/ILM, aquello correspondía ser acreditado con el documento idóneo, esto es, el registro de control de asistencia, el mismo que justamente fue solicitado por el inspector en el requerimiento del 28 de enero de 2021.

Por otro lado, respecto de las afectaciones al principio de imparcialidad y al principio de informalismo, dado que estos se sustentan en la tipificación de la infracción bajo el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT y la aplicación del precedente contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, corresponde igualmente desestimar también este extremo del recurso de revisión, teniendo presente las razones manifestadas anteriormente.

Bajo todas las razones expuestas, corresponde confirmar la sanción impuesta a la impugnante por la infracción a la labor inspectiva por no cumplir con facilitar la información solicitada mediante requerimiento de información del 28 de enero de 2021, y frustrar con ello el desarrollo de las actuaciones inspectivas y el objeto de la inspección.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador, sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva. POR TANTO Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;