Negociaciones Carmela S.A.C — Res. 654-2021

Mediante Orden de Inspección N° 13390-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral 1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 2124-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (2) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 367-2019-SUNAFIL/ILM/AI1, de fecha 23 de agosto de 2019, y notificado el 30 de septiembre de 2019, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del inciso 2

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 508-2020-SUNAFIL/ILM/AI1, a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de dos conductas infractoras de las imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución. Posteriormente, la Sub Intendencia de Resolución mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 0376-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 14 de septiembre de 2020, notificada el 16 de septiembre de 2020, multó a la impugnante por la suma de S/ 28,350.00 por haber incurrido en:

Con fecha 05 de octubre de 2020, la impugnante interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0376-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Sub Intendencia N° 538-2020-SUNAFIL/ILM/SIRE52, de fecha 04 de noviembre de 2021, la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la impugnante, en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 0376-2020- SUNAFIL/ILM/SIRE5, por los siguientes argumentos:

Con fecha 25 de noviembre de 2020, la impugnante interpuso ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 538- 2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 1176-2021-SUNAFIL/ILM3, de fecha 15 de julio de 2021, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Sub Intendencia N° 538- 2020-SUNAFIL/ILM/SIRE5, por los siguientes argumentos:

Mediante escrito de fecha 10 de agosto de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1176-2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1666-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 04 de octubre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, Sunafil), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la Sunafil contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de Sunafil, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que NEGOCIACIONES CARMELA S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1176-2021- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 28,350.00 por la comisión de dos (2) infracciones tipificadas como

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por la impugnante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por NEGOCIACIONES CARMELA S.A.C.

De conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades administrativas “…deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

En esa línea argumentativa, todo procedimiento administrativo debe sustentarse -como mínimo- en el estricto cumplimiento de los principios reconocidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG antes referido; incidiéndose en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, el cumplimiento adicional de los principios reconocidos en el artículo 248 del TUO de la LPAG.

Por ello, el artículo V del Título Preliminar en mención, establece como fuentes del procedimiento administrativo, a las siguientes:

Por ello, en palabras del profesor Morón Urbina, “…la incorporación positiva de principios entraña el reconocimiento de postulado medulares y rectores dirigidos a servir de guías

Teniendo presente estas consideraciones, esta Sala ha identificado que los argumentos de la impugnante pueden analizarse conforme a los siguientes puntos:

De la evaluación del Acta de Infracción N° 2124-2019-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de julio de 2019, tenía como origen el Operativo de Fiscalización SST junio 2019 ILM – RESTAURANTES.

Conforme con lo que consta en el Acta de Infracción, considerando tercero, cabe destacarse que el inspector señala que se visitó el centro laboral el 4/7/2019, con la finalidad de realizar las actuaciones inspectivas de investigación. La visita fue atendida por el Sr. Wilson Ñahui Carrasco, identificado con DNI N° 09591583, quien se presentó como ADMINISTRADOR ENCARGADO, del centro de trabajo visitado. Previa identificación, se explicó el motivo de la visita, ante lo cual el sr. Ñahui, indicó que la Gerente General no se encontraba en el centro de trabajo, y se comunicaría con dicha gerente, María Gabriela Fiorini Travi, identificada con DNI N° 08267244, vía telefónica para informarle sobre la inspección. El inspector que suscribe se logró comunicar con la Sra. María, previa identificación, se explicó el motivo de la visita, quién indicó que no se encontraba en el lugar, y ya había sido fiscalizados por la Municipalidad de Miraflores e INDECI, ante lo cual, el inspector auxiliar le explica que la diligencia es parte del operativo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y puede llevarse a cabo con los trabajadores presentes. A pesar de las explicaciones, la Sra. María no autorizó el ingreso al establecimiento (centro laboral), indicando que se estaba dirigiendo a las oficinas de SUNAFIL para consultar la veracidad de la inspección por motivos de seguridad de su local. Ante tal manifestación, se le indicó que su actitud estaba tipificada como obstrucción a la labor inspectiva y sancionable con multa, y a pesar de la comunicación, indicó que no permitía el ingreso para la inspección.

Según se verifica en la planilla electrónica del sujeto inspeccionado, la Sra. María Gabriela Fiorini Travi, identificado con DNI N° 08267244, tiene el cargo de GERENTE GENERAL del sujeto inspeccionado desde el 1/6/2013.

Conforme con lo que consta en el Acta de Infracción, considerando cuarto, cabe destacarse que el inspector señala que se constituyó al centro laboral en fecha 10/07/2019, con la finalidad de realzar las actuaciones inspectivas de investigación. En la visita fue atendido por el Sr. Wilson Ñahui Carrasco, identificado con DNI N° 09591583, quien se presentó como ADMINISTRADOR ENCARGADO del centro de trabajo visitado. Previa identificación, se explicó el motivo de la visita, ante lo cual el referido señor, se comunicó con la GERENTE GENERAL, Sra. MARIA GABRIELA FIORINI TRAVI, identificada con DNI N° 08267244, vía telefónica para comunicar sore la inspección.

En dicha diligencia, el Sr. Ñahui, indicó que se debe de esperar a la Sra. MARIA GABRIELA FIORINI TRAVI, para poder realizar la inspección. El inspector auxiliar le respondió que su

Antes de ingresar por la puerta del primer nivel, el inspector actuante comunicó al Sr. Ñahui que, como parte de la visita de inspección, se realizaría el registro fotográfico de las observaciones, ante lo cual el Sr. Ñahui indicó que se debía esperar afuera del establecimiento hasta que se “ordenen algunas cosas”, y que estaban prohibido realizar registro fotográfico dentro del centro de trabajo por no tener la autorización de la Gerencia General.

Ante estas acciones por parte del personal del sujeto inspeccionado y por orden de la Gerente General se le indicó al Sr. Ñahui, que esa actitud estaba tipificada como obstrucción a la labor inspectiva y sancionable con multa, por lo cual no se llega a realizar la visita de la inspección por segunda vez.

Se observa que el inspector auxiliar a dejado constancia que el representante, administrador encargado, Sr. Wilson Ñahui Carrasco, que, en las dos visitas realizadas al centro laboral de la impugnante, con su conducta y su comunicación obstruyó la inspección que se debía de realizar. Entonces, concurren dos versiones de los hechos ocurridos en el acta de infracción y la de las alegaciones de la impugnante.

Es necesario establecer que esta exigencia probatoria constituye un estándar razonable para el caso, toda vez que, es necesario identificar si el argumento y medios probatorios presentados por la impugnante, pueden explicar la aparente obstrucción a la labor inspectiva de parte del auxiliar inspector, así mismo es pertinente establecer, si la naturaleza de su giro comercial le proveía de excepciones a ley de inspección laboral. En ese sentido el administrado debería contar con suficientes medios probatorios de sus dichos10.

En su recurso, la impugnante señala que al haberse requerido la identificación al auxiliar inspector y haberle tomado una foto, demuestra que el personal estaba realizando las gestiones para verificar que el inspector se encontraba acreditado para ejecutar la orden de inspección. Eso determina que si se le estaba brindando la atención correspondiente. Asimismo, la hoja de ocurrencia presentada, la cual presenta discrepancias entre lo señalado por el auxiliar inspector y lo argumentado por la impugnante, por ello esta última señala que los reportes presentados evidencian indicios de que el Inspector Auxiliar no recogió con veracidad lo ocurrido.

De lo expuesto, se puede observar que, si bien la imagen que obtuvieron de la identificación del auxiliar inspector correspondía a un proceso de identificación de un ente fiscalizador a la empresa, no obstante que se le haya requerido su identificación y sus datos, no supone implícitamente que se le haya atendido, puesto atender al sujeto que se identifica como ente de fiscalización, supone identificar de que institución proviene, reconocerlo como autoridad, conocer que potestades tiene y cuales son las acciones que puede realizar, así como en cuales podría excederse. Para ello se necesita conocer de la normativa que lo regula, y estando bajo lo señalado por la impugnante, respecto las competencias del Inspector Laboral y su deber de sigilo, la impugnante señaló que desconocía tales características de los inspectores. Sin embargo, que dicha aseveración no disminuye la responsabilidad de la impugnante y de todos los empleadores y quien les aplican la Ley General de Inspección del Trabajo - Ley N° 28808 y su reglamento (Decreto Supremo N° 019-2006-TR), de conocer su contenido. Por lo que será responsabilidad de los empleadores, capacitar tanto a sus representantes como a todo su personal, acerca de la colaboración que se le tendrá que brindar a un ente fiscalización como SUNAFIL. Por cuanto el artículo 9 de la LGIT establece que los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, entre otros, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, Inspectores de Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello, por lo que en cumplimiento de dicha obligación deben de colaborar con ocasión de sus visitas, para las cuales el inspector se encuentra facultado para “Entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche, y sin previo aviso, en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo”, de acuerdo al inciso 1 del artículo 5 de la norma en mención.

Conforme la última parte del numeral precedente, el artículo 9 de la LGIT, posibilita una inspección a pesar de no contar con las autoridades y/o funcionarios al momento de la visita inspectiva, los trabajadores, pueden brindar las facilidades y colaborar con la inspección. Asimismo, es comprensible que internamente se le haya comunicado a la Gerente General de la presencia del auxiliar inspector, el cual tenía comisionada la inspección a la impugnante, no obstante, bajo la normativa previamente descrita no debía oponerse o disponer que no se podía llevar a cabo la referida inspección.

Es de observar que, mediante Declaración Jurada, el Sr. Ñahui, señala que el día 4/7/209 “lo atendí y le manifesté, cumpliendo el protocolo de seguridad de la empresa. Que debía validar su carnet de presentación con su institución, al cual tomé foto tomada como constancia. También incluso si había validado el mismo, tal como se puede leer. (…) llamo telefónicamente a la Gerente General para trasmitirle esta información y la comunico con el Inspector que estaba en camino al predio. Habrían transcurrido aproximadamente tres minutos de la conversación entre la Gerente General y el Inspector cuando este último dijo que no podía esperar por que tenía que hacer otras visitas y se retiró, a pesar de que la

En el numeral anterior se incide en que hubo una comunicación entre el inspector auxiliar y la gerente general de la impugnante, siendo que no se puede dar como verídico que hayan podido acordar que se le esperaría a la referida Gerente, a que llegue al centro laboral, dado que el artículo 9 de la LGIT como ya se estableció, posibilita al inspector laboral a realizar la actividad de inspección con los trabajadores que se encuentren en el centro laboral. Pactar lo contrario, seria viable dentro de un lapso de espera razonable, y que el inspector pueda confirmar el mismo. No obstante, el inspector auxiliar señala que la Gerente General a pesar de que se le informó que era auxiliar inspector de SUNAFIL y que debía de realizar la inspección correspondiente, no autorizó el ingreso al establecimiento (para a diligencia de inspección), asimismo la gerente le hizo saber al auxiliar inspector que se dirigiría a la SUNAFIL, a fin de verificar la veracidad de la inspección por motivo de seguridad de su local. Ante dichas declaraciones el inspector auxiliar le indicó que dicha actitud estaba tipificada como obstrucción a la labor inspectiva y sancionada con multa, sin obtener cambio de opinión de la Gerente General y manteniéndose en no autorizar el ingreso para la inspección comisionada.

La contraposición de hechos se hace evidente que el inspector auxiliar por medio del Acta de Inspección argumenta que hubo obstrucción a la inspección el día 4/7/2019, por parte de la Gerente General, por medio de la comunicación dada vía telefónica mientras el Sr. WILLSON ÑAHUI CARRASCO, señala que se le atendió al auxiliar inspector, pero este se fue excusando por tener que atender a otros deberes. En atención del principio de veracidad antes invocado, se debe de analizar lo dicho en la declaración jurada; sin embargo, al confrontar a la imputación hecha constar en el acta de infracción —que tiene presunción de certeza— no se puede otorgar credibilidad a la declaración del trabajador, máxime si se trata de un personal contratado por el sujeto inspeccionado (es decir, se encuentra en un vínculo asimétrico con la entidad que es responsabilizada por la infracción). Por ello, el argumento sostenido en la declaración jurada no se puede determinar cómo verídico ni razonable.

La impugnante argumenta respecto a la inspección del 10/07/2021, que el inspector sólo estuvo 6 minutos (en el centro laboral) , y de conformidad al numeral 7.5.1.5 de la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL-INII (vigente al momento de la inspección); al no haberse vencido el plazo de los 10 minutos que tiene el inspector entre la comunicación de ingreso su ingreso al centro de trabajo, el sujeto inspeccionado al no haberle permitido el ingreso, se determina una infracción a la labor inspectiva por negativa injustificada o impedimento de ingreso al centro de trabajo. Señala además que las autoridades inferiores en grado han determinado que el tiempo empleado por el inspector comisionado queda a su libre

El Sentido del numeral 7.5.1.5 de la referida Directiva:

De la observación del video que forma parte del expediente sancionador respecto del día 10/07/2019, las imágenes dejan ver una calle y la apertura de una puerta, en donde sujetos se encontrarían a sus alrededores, un sujeto que se identificaría con casaca de colores rojos y negros a las aparecería enfocado en cámara a las 10:56 horas, luego se le entregaría algún paquete de color claro y seguidamente, ingresaría a esta puerta abierta a las 10:58 y salir a las 10:59, con dirección opuesta al lugar de donde salió. De estas imágenes, es importante destacar que la impugnante no ha provisto de forma escrita, la identificación de cada una de estas personas, ya que se visualiza a tres varones, pero no se puede tener una rápida identificación de quienes son, por ello se determina que el auxiliar inspector es quien se retira y sale de visualización del video. Asimismo, no señalan en que calles se encuentran y si bien se informó que se dirigían a la primera planta, a la cocina, no se establecen más detalles que permitan establecer las acciones de cada uno de los objetos visuales del video. Sólo de la visualización del video, efectivamente se corrobora que quien sería el inspector auxiliar ingresa por una puerta, y que, un minuto más tarde, se retira. Conforme el testimonio del inspector, abandonó el centro de trabajo porque habiendo solicitado el poder tomar fotos a la cocina, se le informó que deberían solicitar permiso para tal fin, pidiéndosele en ese mismo momento que se retire a esperar en la calle. Mientras que la declaración jurada del Sr. Ñahui, señala que su retiro del inspector auxiliar, del centro laboral obedecería a que se le solicitó que se pusiera EPPs para entrar a la cocina, lugar al cual había pedido solicitar realizar la inspección y a la negativa de que pudiera tomar fotografías a las instalaciones (cocina). Dichas argumentaciones difieren diametralmente, aunado a ello, se suma dos declaraciones juradas que dan fe de lo ocurrido con la presencia del inspector auxiliar:

Respecto a la declaración jurada de la Srta. Giovanna Contreras Dávila, señala que, en su calidad de cajera, ella proporcionó los EPPs para que puedan ser utilizados por el inspector auxiliar. No obstante, se trata de una trabajadora subordinada de la compañía responsabilizada por la imputación, por lo que su testimonio no resulta eficaz para generar una contraprueba con aptitud relevante para contradecir a la presunción de certeza que goza el acta de infracción. Además, inclusive si se otorgase fuerza probatoria a dicha testimonial —cosa que esta Sala descarta— sólo se señala una acción genérica, sin detallarse que EPPs le fueron entregados, ni exhibe el registro de EPPs del día 10/07/2019 en el cual se identificó a quién persona entregó el EPP (pues el control para la entrega de EPP requiere que se lleve un registro interno para evidenciar la distribución, siendo muchas veces este registro firmado por la persona que recibe el EPP). Al contener escasa información, dicha declaración jurada tampoco permite advertir elementos relevantes para una comprobación, más allá de su inidoneidad en el marco de la imputación de responsabilidad del empleador de la persona que firma el documento objeto de comentario.

Respecto a la declaración jurada del Sr. Fernando Jesús Villalobos, éste afirma que, en su calidad de cocinero, pudo observar como el Sr. Ñahui le ofreció el EPP al inspector auxiliar Igualmente se aplica aquí la misma razón, pues tratándose de un prestador de servicios en una relación asimétrica con la impugnante, resulta difícil asumir que su testimonial es prevalente frente a los actuados por el inspector de trabajo. Nuevamente, incluso

Se debe de establecer que el Inspector auxiliar agotó las medios correspondientes para el cierre del Acta de Infracción, considerando las dos visitas de inspección del 4 y 10 de julio de 2019, pues este agotó los medios para determinar que la medida inspectiva, puesto como se desarrollo para ambos días de inspección, el inspector auxiliar cumplió con identificarse, con comunicar de que se llevaría a cabo una inspección laboral en SST, se le indicó las acciones y aptitudes que podrían configurar obstrucción a la labor inspectiva, solicitó permiso para el ingreso a áreas de interés e importantes desarrollar la inspección, además, solicitó permiso para tomar fotografías. Observándose que dos últimas solicitudes fueron cuestionadas por el representante de la impugnante. Conforme el Acta de Infracción, se señaló que a la visita inspección del 10/07/2019 cuando se desarrollaba la actividad inspectiva, se le pidió al inspector auxiliar esperar afuera de las instalaciones del centro laboral, mientras que al segundo pedido se iba solicitar autorización. Dicho ánimo de solicitar parte del desarrollo de la actuación inspectiva recae en el agotamiento de los medios para llevar a cabo la diligencia, puesto el inspector tiene la potestad de poder dirigirse a cualquier parte del centro laboral, así como de tomar fotografías y muestras de corresponder. Dichas potestades también fueron señalas por los inferiores en grado.

Es importante destacar que la impugnante señala la reserva de ingreso a la cocina, pues es un espacio en donde se reunía los conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo el proceso comercial de la empresa, el cual se entiende, mantiene el carácter de información reservada, no obstante se señala que la fiscalización tiene por objetivo la evaluación de la normativa socio laboral, la cual no tiene punto de coincidencia con los aspectos comerciales, asimismo se reitera el deber del sigilo profesional que dota al inspector auxiliar de mantener reserva de los casos asignados y que son materia de acciones inspectivas. Asimismo, no se observa que la impugnante haya sustentado alguna excepción, fundamentada en el marco normativo laboral, por el cual su cocina “bien intangible – know how” no fuera espacio en donde la labor inspectiva de SUNAFIL, no pudiera llevarse a cabo.

Aunado a los argumentos presentados la impugnante señala que conforme no hubo negativa injustificada, como la Directiva General N° 001-2013-MTPE-2-16, la cual dispone:

Conforme se viene desarrollando y analizando la conducta de la impugnante, respecto a la aptitud que tomaron sus representes el día de la inspección 04/07/2019 y 10/07/2019, se advierte razones inconsistente que no han guardado con las exigencias dispuestas por la normativa socio laboral, puesto conforme las facultades del inspector, este tendría la facultad de hacer al ingreso a cualquier lugar del centro laboral y conforme señala en el Acta de Infracción, no se autorizó su ingreso para la inspección en el centro laboral, así no se le permitió tomar fotografías, asimismo señala que le pidieron que esperara afuera de las instalación, para viabilizar un ingreso a la cocina. No obstante, la impugnante argumenta que el día 04/07/2019 el inspector auxiliar realizó el ingreso y además hizo observaciones verbales al Sr. Ñahui acerca de la ubicación del extintor, sin embargo, lo dicho no puede ser verificado en el Acta de Infracción. Sólo concluyendo ambas partes, que si hubo una comunicación inspectora – representante de la inspeccionada, no obstante, la información intercambiada señala que la referida inspeccionada se había opuesto al ingreso del inspector auxiliar a fin de que realice el acto inspectivo; conforme se señala: “a pesar de la comunicación, indicó que no permitía el ingreso para la inspección”. Conforme el Acta de infracción en el considerando Tercero, si bien donde ocurrió el recibimiento del inspector, se puede inferir con certeza, que lo que no autorizó la Gerente General no fue simplemente el ingreso a la recepción o lugar similar al inspector auxiliar, lo que no se autorizo fue el ingreso para que se realice la inspección en el centro de trabajo. Siendo que el día 10/07/2019, las aptitudes incongruentes a la normativa habrían impedido que se llevara al cabo durante la permanencia, en el centro de trabajo, la visita inspectiva, entendiéndose esta última como inspección laboral.

En mérito de ello la autoridad sancionadora imputa y sanciona a la impugnante con las siguientes infracciones.

Conforme sugiere la doctrina, en el ámbito del Derecho Sancionador estatal corresponde tomar en cuenta al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2192-2004-AA/TC, para así vincular al test de razonabilidad en la evaluación de la responsabilidad administrativa.

Conforme con Juan Carlos Morón Urbina,11 su invocación requiere contemplar las tres dimensiones de dicho test: el juicio de adecuación, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad stricto sensu.

Por el juicio de necesidad, cabe referir que el legislador reglamentario ha establecido la sanción autorizada a desplegarse; y finalmente, respecto de la proporcionalidad, el grado de la sanción, determinado también por el legislador reglamentario ha establecido, conforme con su potestad regulatoria, la relación equivalente entre la sanción y el fin perseguido.

Por tanto, respecto al deber de colaboración, el juicio de adecuación resulta relevante para establecer que la sanción impuesta es congruente para que la Administración del Trabajo logre el fin perseguido por la autoridad, puesto a lo largo del análisis de los argumentos y los medios probatorias presentados por al impugnante, no se pueden establecer como consistentes y razonables, puesto si bien querer fundamentar al ánimo de la impugnante de no obstruir las visitas inspectivas de fecha 04/07/2019 y 10/07/2019, no demuestran solidez para sostener las aseveraciones realizadas conforme se a desarrollado en los puntos precedentes. Asimismo, el hecho de la relevancia de la actividad inspectiva, y de su conductor, el Inspector, denota atribuciones que garantizar el correcto desarrollo de la misma, no obstante, la impugnante rebatido las potestades a fin de poder justificar su actuar dentro las visitas inspectivas.

Por tales motivos, la impugnante no ha logrado desvirtuar su obstrucción en las modalidades correspondientes, los días 04/07/2019 y 10/07/2019

Con respecto al ingreso al centro de trabajo, conforme ha quedado acreditado en el expediente y Acta de Infracción, en el caso del día 04/07/2019 la Gerente General, no le habría permitido el ingreso al inspector a fin de que realice la acción inspectiva. Así como

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT13 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Resulta indispensable acudir a la ley para definir entonces al mandato analizado. Si su quebrantamiento es sancionable bajo la definición de lo que para un caso concreto es un

Lo acontecido en el caso conduce a analizar el cumplimiento del principio de tipicidad.14 Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.15

Esta Sala considera que, las acciones y aptitudes realizada por los representantes de la impugnada respecto a la permitir el ingreso del inspector auxiliar a fin de que realice la acción inspectiva (día 04/07/2019) y obstruir la permanencia de la actividad inspectiva, solicitándose que se remite y espere fuera de las instalaciones del centro laboral, asimismo no permitiéndose que pueda tomar fotos o ingresar al área de la cocina (día 10/07/2019), se establecen como obstrucción.

El numeral 2 del artículo 244 del TUO de la LPAG señala, que las actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia salvo prueba en contrario. Este artículo formula como situación general que las actas reflejan los hechos verificados, mientras la prueba en contrario se presume como una situación no solamente particular sino circunstancial. Por lo mencionado, se entiende que el artículo 244 atribuye la carga de la prueba hacia el administrado.

En ese sentido, se determina que el Acta de Infracción es un documento de valor probatorio, en donde describe el desarrollo de las actividades dentro de la labor inspectiva, de forma objetiva, conforme a los deberes de colaboración de los inspeccionados. Por lo que, el Acta de Infracción N° 2124-2019-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de julio de 2019, que materializó las acciones realizadas por los representantes de la impugnante, ante la presencia e identificación del inspector auxiliar en las visitas inspectivas de fecha 04 y 10 de julio de 2019, se han determinado como obstructivas a la labor inspectiva.

En base a lo expuesto, no cabe acoger los argumentos expuestos por la impugnante en su recurso de revisión.