MY Select Home S.A.C — Res. 548-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (comité de SST, plan de SST), condiciones de seguridad en lugares de trabajo (condiciones de seguridad), instalaciones civiles y maquinarias, instalaciones de trabajo (plataformas de trabajo - andamios), equipos de protección personal, prevención y protección contra incendios (orden y limpieza), seguro complementario de trabajo de riesgo (cobertura en salud, cobertura en invalidez - sepelio), relaciones colectivas de trabajo (libertad sindical). soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

Del Recurso De Revisión

2 Notificada a la impugnante el 18 de enero de 2021. 3 Notificada el 13 de septiembre de 2021.

de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias .

III. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE MY SELECT HOME S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 04 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1448-2021-SUNAFIL/ILM, señalando principalmente, los siguientes argumentos:

Sobre el Acta de Infracción N° 732-2018 - El Acta de Infracción fue emitida el 09 de abril del 2018 y notificada el 07 de enero del 2020, es decir desde su emisión hasta la notificación al sujeto inspeccionado ha pasado (01) año, (08) meses y (28) días aproximadamente. - El artículo 13 de la LGIT señala que las actuaciones de investigación deben realizarse en el plazo que se señale en las órdenes de inspección y prohíbe que puedan dilatarse más de treinta (30) días hábiles, salvo por causa imputable al sujeto inspeccionado.

Sobre la Imputación de Cargos N° 938-2019-SUNAFIL/ILM/AI1 - El documento de Imputación de Cargos fue emitido el 21 de octubre de 2019, es decir, a 01 año, 06 meses y 12 días de la emisión del Acta de infracción, lo que contraviene el artículo 53, Trámite del Procedimiento Sancionador, numeral 2 literal a, d y g, de la LGIT, y el artículo IV, Principios del procedimiento administrativo, del TUO de la LPAG. - A nosotros nos fue notificado el Acta de Infracción y la Imputación de Cargos, el 07 de enero de 2020, y presentamos nuestro descargo el día 14 de enero de 2020, teniendo la SUNAFIL como fecha máxima para la emisión del Informe Final de Instrucción el día 28 de enero de 2020, sin embargo emitieron el Informe Final de Instrucción N° 1148-2020-SUNAFIL/ILM/AI1 con fecha 27-11-2020 y notificado a nuestra empresa con fecha 10-12-2020 mediante Cédula de Notificación N° 57917- 2020. Es decir, tampoco respetaron este plazo que tenían de 10 días hábiles para emitir el Informe Final de Instrucción, contraviniendo claramente el debido proceso, el principio de legalidad, principio de verdad material y principio de eficacia y el artículo 53° de la LGIT.

Sobre la Fase Instructora - A pesar de que una mala notificación no puede surtir efectos jurídicos sobre el procedimiento actual; aun así nuestra empresa contestó la notificación N° 57917- 2020 y el referido informe Final, pero quedando constancia de que la segunda visita que indica 10 de diciembre de 2020, es la que debe ser tomada en cuenta para el cómputo de los plazos en el presente procedimiento. Sin embargo, la SUNAFIL insiste en asegurar que tal documento fue entregado por debajo de la puerta el día 11 de diciembre de 2020, y esto no fue así. - Es decir, nuestro plazo para presentar descargos fue el 17 de diciembre de 2020 y sumados los 15 días hábiles para la emisión de la resolución por parte de la SUNAFIL, su fecha máxima era el 13 de enero de 2021, sin embargo, la notificación a nuestra casilla electrónica evidencia que la fecha en que notificaron legalmente fue el 18 de enero de 2021

Sobre la caducidad invocada - También solicitamos la nulidad de la resolución impugnada y del informe final, invocando la caducidad del procedimiento sancionador al amparo del numeral 53.4.2 del artículo 53 del RLGIT, que establece que el plazo máximo de los 09 meses calendarios para resolver el procedimiento sancionador se cuenta desde la notificación de la Imputación de Cargos, que en este caso fue el 07 de enero de 2020, sin embargo la SUNAFIL recién nos notificó con el Informe Final el 10 de diciembre de 2020 y la resolución con fecha 15 de enero de 2021, habiéndose excedido en ambos documentos, con el plazo, contraviniendo el principio del debido procedimiento administrativo. - Suponiendo que por el Estado de Emergencia Sanitaria los plazos para resolver el procedimiento sancionador hubieran sido interrumpidos y/o suspendidos, entonces

la norma es bien clara en señalar que el órgano competente puede ampliar de manera excepcional hasta un máximo de 03 meses calendarios pero debiendo emitir una resolución debidamente sustentada justificando dicha ampliación, previo a su vencimiento; sin embargo ninguna de estos supuestos fueron advertidos ni mencionados por el órgano competente en este caso SUNAFIL, ni en el informe final ni en la resolución impugnada por lo que el plazo de caducidad no ha sido interrumpido, y por ello la caducidad está perfectamente invocada y en consecuencia se debe declarar nula la resolución impugnada y dejado sin efecto todo lo actuado hasta la fecha por haberse emitido y notificado fuera del plazo establecido en el RLGIT. - Rechazamos que la SUNAFIL nos haya notificado proveído de ampliación del plazo, el día 11 de diciembre2020, ya que tal proveído no fue enviado a nuestra casilla de la SUNAFIL ni tampoco fue dejada físicamente en nuestra oficina por tanto eso es falso, además en el hipotético caso de que fuera cierto, aún así dicho proveído deviene en extemporáneo porque la norma señala que esta debió notificarse antes de que se venciera el plazo de los 09 meses.

Sobre la obligación de contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a ley - El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido presentado hasta en dos oportunidades, siendo que la primera fue presentada con fecha 16 de marzo de 2018 tal como consta en autos. Sin embargo, en tanto el mismo no fue valorado, con fecha 17 de diciembre de 2020 se volvió a presentar.

Sobre los estándares de higiene ocupacional: comedor, vestuario, servicios higiénicos - El día de la intervención (09.03.2018), el aforo era de 32 trabajadores; nos dieron un plazo de 24 horas para subsanar las observaciones y para la fecha en la que los funcionarios de SUNAFIL regresaron a verificar el levantamiento de las observaciones (12.03.2018), el total se redujo a 21 trabajadores, entonces se constató el levantamiento de las observaciones según Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación y ya se habían instalado 02 inodoros, 04 lavatorios, 02 duchas y 01 urinario. - Debemos precisar que por el rubro del negocio que tenemos que es la construcción civil, la cantidad de personal siempre es variable, la norma indica que a menos cantidad de trabajadores menos cantidad de servicios higiénicos, y fueron 21 trabajadores lo que se encontraban el día 12 de marzo de 2018. Luego del 09 de marzo de 2018 que fue la primera inspección, redujimos la cantidad de personal porque ya no necesitábamos tantos trabajadores porque ya estábamos cerca a la culminación de los trabajos en ese edificio. Por tanto, es lógico que necesitando solo 21 trabajadores para la fecha en que regresaron, la cantidad de inodoros, duchas, lavatorios y urinarios era la necesaria según la norma.

Sobre la medida de requerimiento - Es falso que la empresa fiscalizada no cumpliera con la medida inspectiva de requerimiento de la referencia, ya que con fecha 16 de marzo del 2018, exhibimos toda la documentación solicitada mediante requerimiento de comparecencia emitido el 12 de marzo del 2018, entre los documentos solicitados presentamos el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de todos los trabajadores, y acreditamos la instalación de 02 inodoros, 04 lavatorios, 02 duchas y 01 urinario, por la cantidad de trabajadores que en ese momento eran 21. - Con relación a la declaración jurada, es cierto que en un momento habíamos instalado más inodoros y duchas, pero al bajar el aforo de trabajadores es que también desinstalamos los excedentes de lavatorios y duchas para usarlas en otras, otro lugar, ya que la constructora desarrollaba 02 proyectos paralelamente. - También se está transgrediendo el principio non bis in idem al pretender sancionarnos dos veces por los mismos hechos, ya que el punto 4 de la conducta infractora también engloba los puntos 1, 2 y 3, aunque la SUNAFIL quiera diferenciarlos en el fondo. - Lo cierto y concreto que en el presente caso no hubo ningún daño que haya afectado la vida y la salud de los trabajadores; pero lo más importante es que ante el requerimiento de la SUNAFIL, hemos cumplido con cada requerimiento.

Sobre la falta de motivación - No han tomado en cuenta los documentos presentados y que obran en el expediente como, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y tampoco han tomado en cuenta nuestros estándares de higiene ocupacional, por tanto no se ha motivado debidamente el rechazo de las mismas, más aún si durante todo el proceso de fiscalización nuestra empresa ha colaborado proporcionando toda la documentación solicitada y nos hemos apersonado a cada una de las citaciones siempre con la clara intención de respetar las normas laborales y darle todas las facilidades a los funcionarios de SUNAFIL para que hagan su trabajo, sin embargo pues solo se ha limitado a manifestar que no contamos con un plan de seguridad, que no cumplimos con los estándares de higiene y que no cumplimos con la medida inspectiva de fecha 05 de abril de 2018. - Consideramos que la Resolución de Sub Intendencia N° 31-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 y la Resolución de Intendencia N° 1448-2021-SUNAFIL/ILM no han cumplido con motivar de manera adecuada su decisión de imponernos una sanción. - Como podemos ver, se utiliza como motivación una fórmula vacía de fundamentación para el caso concreto, lo cual atenta contra nuestro derecho a un debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

4 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016.

casos en los que los procedimientos iniciados por los órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los administrados involucrados”5.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

5 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de ofi cio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo-agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 6 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría Genera y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

de Urgencia N° 029-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de marzo del 2020, en cuyo artículo 28, se dispuso lo siguiente:

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.”

“Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales. (…)”

Sobre la ampliación de plazo dispuesta por la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana

7 De conformidad, con el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la publicación del acto. En el presente caso, el cómputo del plazo de suspensión, se inició el primer día hábil posterior a la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

excepcional, dicho plazo podría ser ampliado como máximo por tres (3) meses calendario, siempre y cuando, el órgano competente emita, previo a su vencimiento, una resolución debidamente sustentada, en la que se justifique la ampliación del plazo (énfasis añadido).

Figura N° 01 Proveído S/N de fecha 04 de diciembre de 2020

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del sistema de inspección del trabajo

Sobre la caducidad invocada por la impugnante

Superintendencia N° 87-2020-SUNAFIL de 15 de junio de 2020; este debió ser resuelto y notificado, a más tardar, el 11 de enero del 2021.

Figura N° 02 Línea de Tiempo

establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MY SELECT HOME S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1448-2021-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de septiembre de 2021, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 1085-2018- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar NULO el Proveído S/N, de fecha 04 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Intendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, por los fundamentos 6.13 al 6.15 de la presente Resolución TERCERO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra MY SELECT HOME S.A.C., recaído en el expediente sancionador N° 1085-2018-SUNAFIL/ILM, de la Intendencia de Lima Metropolitana, disponiendo su archivo.

CUARTO. - Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias.

QUINTO.- Notificar la presente resolución a MY SELECT HOME S.A.C., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

VOTO EN SINGULAR DE LUIS GABRIEL PAREDES MORALES Conforme a lo expresado en la sesión, comparto el sentido del fallo, pero discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria en el extremo referido al cómputo de plazos de la institución de la caducidad administrativa comprendida en los fundamentos 6.5 al 6.8 de la presente resolución. Mi posición respecto al cómputo de plazos de la caducidad administrativa se encuentra resumida en los votos en discordia de las Resoluciones N° 331-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y N° 351-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala del 20 y 28 de septiembre de 2021, respectivamente, en donde se concluye que la caducidad no admite ni suspensión ni interrupción, siendo un plazo de obligatorio cumplimiento para la administración pública, salvo que expresamente sea suspendido por norma con rango de ley, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. En tanto la notificación de la Imputación de Cargos N° 938-2019-SUNAFIL/ILM/AI1, se produjo el 07 de enero de 2020, la autoridad de primera instancia debía emitir y notificar la resolución de sanción como máximo el 07 octubre de 2020, fecha en la que se cumplían los nueve (9) meses que establece el artículo 259 del TUO de la LPAG. Asimismo, si bien con fecha 04 de diciembre de 2020 se emitió el Proveído S/N (que amplía el plazo del procedimiento sancionador), este fue emitido de manera posterior al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento, por lo que corresponde sea declarado Nulo. Por ello, el plazo de caducidad del expediente N° 1085-2018-SUNAFIL/ILM, operó al cumplirse los nueve (9) meses desde, esto es, el 08 de octubre de 2020. No obstante ello, dado que el plazo del procedimiento administrativo sancionador se ha excedido de forma extraordinariamente excesiva, el procedimiento resulta caduco incluso con el razonamiento expresado por la mayoría.

Por estas razones, mi voto ha sido por declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión y, por ende, declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, por los fundamentos aquí vertidos. LUIS GABRIEL PAREDES MORALES