Municipalidad Provincial General Sánchez Cerró — Res. 475-2022

I.ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planillas o registros que la sustituyan (sub materia: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades, y alta, modificación y baja en el T-registro). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar información y/o documentación conforme al requerimiento de información de fecha 03 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no proporcionar información y/o documentación conforme al requerimiento de información de fecha el 22 de junio de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 34,672.00.

i. Se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 28806, en detrimento de la normativa vigente. No se ha configurado el supuesto referido a una negativa a colaborar con la labor inspectiva, pues la Municipalidad no tomó conocimiento de los requerimientos de información ni de la constancia de actuación inspectiva o de alguna ampliación de plazo para la entrega de información. ii. El 11 de agosto de 2021, recién tomó conocimiento de las notificaciones en su casilla electrónica, las cuales contenían los requerimientos de información dictados por la autoridad administrativa, ello debido a las deficiencias en el conocimiento y uso de este instrumento tecnológico por parte del personal de la entidad. iii. La resolución impugnada no contiene una debida motivación, respecto a la ocurrencia de una negativa a brindar información tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, afectándose con ello su derecho al debido proceso. Vulnerándose el artículo 230 de la LPAG, referido al principio de tipicidad. De otro lado, el acta de infracción infringe el artículo 11 de la LGIT y la constancia de actuaciones inspectivas de investigación no contiene una debida motivación, no hay indicación de los hechos objeto de inspección.

i. El requerimiento de información, establecida en el artículo 12 del RLGIT, se efectúa conforme la Directiva Nº 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada por la Resolución de Superintendencia Nº 031-2020-SUNAFIL y por el numeral 7.7.2 del Protocolo Nº 005-

2 Notificada a la impugnante el 15 de noviembre de 2021

2020-SUNAFIL/INII. Por lo que, los requerimientos de información notificados a las casillas electrónicas de los administrados se encuentran conforme a ley. ii. La impugnante sostiene que no se configuró la negación a brindar información, por una “descoordinación interna y desconocimiento del contacto, no se había ingresado ni revisado la casilla electrónica de SUNAFIL, sino hasta el 11 de agosto de 2021…”, conforme se desprende del Informe Nº 207-2021-AEAO-SGHR-ADM/MPGSC. Lo que evidencia que, la inspeccionada, tuvo la posibilidad de brindar la información requerida en las dos oportunidades que fue notificada y que incumplió. Siendo que, la descoordinación interna que haya tenido, no la exime de responsabilidad de revisar su casilla electrónica y colaborar con las actuaciones inspectivas. En tal sentido, se aprecia que la inspeccionada no remitió la información solicitada el 03 y 22 de junio de 2021; por ende, incurre en la infracción recaída en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, lo cual evidencia la culpabilidad de la inspeccionada. iii. La resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada y motivada, sustentándose en razones de hecho y derecho que llevaron a determinar la sanción impuesta. Por ende, se ha respetado el derecho al debido procedimiento.

II.DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

III.DEL RECURSO DE REVISIÓN

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV.DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

V.FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Con fecha 02 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, señalando los siguientes alegatos:

i. Aplicación errónea del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, pues, cumplió con entregar la documentación solicitada con fecha 11 de agosto de 2021 a las 15:18 horas, conforme se acreditó oportunamente. No se ha configurado la negativa de información, pues, sí presentó la documentación requerida. Por lo que, no se configuró la infracción contenida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. ii. La resolución impugnada no valoró que, la impugnante, recién tomó conocimiento del primer requerimiento de información el 11 de agosto de 2021 y del segundo requerimiento, el 18 de agosto de 2021; por lo que, no se configuró el tipo infractor que contiene el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. iii. Se ha vulnerado los principios de razonabilidad y veracidad, contenidos en los numerales 1.4 y 1.7 del artículo IV del TUO de la LPAG. Por lo que, se debe declarar la nulidad total. iv. La resolución impugnada no ha dado explicaciones de lo sucedido en el terreno de los hechos, que sustente lo resuelto. v. Apartamiento inmotivado de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SUNAFIL/TFL- PRIMERA SALA.

VI.ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

Sobre la supuesta vulneración del principio de razonabilidad y veracidad

9 LGIT, artículo 1. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 11LGIT, aprobada por Ley N° 28806, numeral 3.1 del artículo 5: En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones

trabajo, de requerir la información que considere necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.

legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. 12LGIT, aprobada por Ley N° 28806, artículo 11: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”. (El énfasis es añadido).

debe ser desestimado. Se debe indicar que, atendiendo a lo estrictamente alegado por la impugnante, y en estricta aplicación del principio de verdad material13 a verificar, con la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la SUNAFIL, si efectivamente las alertas habían sido emitidas por el SINEL-SUNAFIL según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR14, o si ha mediado una situación no imputable a la autoridad administrativa. En el presente caso, se ha identificado que la impugnante recibió las alertas señaladas en su correo electrónico, debido a que registró sus datos de contacto con anterioridad a la notificación de los requerimientos de información notificados, conforme, en el caso en particular se verifica:

Figura 01:

13 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 14 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

requerimiento efectuado por la autoridad administrativa, a fin de cumplir con su deber de colaboración con la labor inspectiva. Por tales razones, se debe desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva

De la conducta tipificada 6.12. Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT16 establece que el comportamiento

15 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis añadido). 16 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del

subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

- Con fecha 03 de junio de 2021, el inspector comisionado, requirió que la impugnante cumpla con remitir: i) Relación de personal: Apellidos y nombres, DNI, puesto de trabajo, fecha de ingreso, remuneración; ii) Boletas de pago del periodo de abril y mayo del 2021, con la firma del empleador y trabajador; iii) Acreditar la entrega al trabajador de las boletas de pago de abril y mayo de 2021, con las formalidades de ley; iv) Constancias de alta, modificación y baja del T-registro, con la firma de entrega al trabajador. Otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento. Este plazo venció el 10 de junio de 2021.

inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)(énfasis añadido). 17 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 18 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

- Ante el incumplimiento de la impugnante, el inspector comisionado, reitera el requerimiento de información de fecha 22 de junio de 2021, otorgándole un plazo de cuatro (04) días hábiles para la presentación de los documentos indicados previamente, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento. Este plazo venció el 28 de junio de 2021.

- Al respecto, como se verifica de los numerales 4.2 y 4.3. de los hechos constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado en ambos requerimientos de información.

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

19 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

Materia

Conducta Infractora

Norma Vulnerada

Tipo Legal y Calificación

Trabajad ores Afectado s

Multa Impuesta

Labor inspectiva No proporcionar información y/o documentación conforme al requerimiento de información de fecha 03 de junio de 2021. Artículo 9 de la LGIT

Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE

UIT (*) 5.22 S/ 22,968.00

Labor inspectiva No proporcionar información y/o documentación conforme al requerimiento de información de fecha 22 junio de 2021. Artículo 9 de la LGIT

Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT

GRAVE

UIT (*) 5.22 S/ 22,968.00 MULTA TOTAL S/ 45,936.00 (*) Vigente al momento de configurar la falta, que para el año 2021 es de S/. 4,400.00.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE: PRIMERO. – Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 166-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 105-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, en el extremo referente a las dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la negativa en proporcionar información y/o documentación requerida por el inspector comisionado, con fecha 03 y 22 de junio de 2021, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, ADECUANDO dichas infracciones como graves, según lo dispuesto en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; en consecuencia, la sanción impuesta por dichas infracciones asciende a la suma de S/ 45,936.00.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO, y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Moquegua.

SEXTO. –Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo por el que se ha considerado que la entrega de la información solicitada por la inspección del trabajo puede ser entregada cuando la investigación ya concluyó y el caso se encuentra bien en la etapa de instrucción o bien en alguna otra etapa posterior. Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones: 1. El caso sometido a análisis presenta el requerimiento de información fechado el 03 y 22 de junio de 2021, y se observa que esta información fue presentada a la SUNAFIL a través de remisión electrónica al inspector de trabajo/de la mesa de partes el 18 de agosto de 2021, vale decir, con varios meses de retraso en la entrega de la información necesaria para que el inspector actuante ejecute sus funciones.

2. Las funciones que el ordenamiento legal reconoce en el inspector de trabajo deben efectuarse dentro de un lapso razonable, en el que el propio inspector, bajo condicionantes diversos, debe organizar su labor inspectiva respecto de un número de causas en las que debe intervenir. De allí que la fijación de plazos para la presentación de informaciones se basa en la búsqueda de eficacia de la actuación de la Administración.

3. Entonces, el cumplimiento posterior de la entrega de la información es sancionable bajo el precedente aprobado por este Tribunal en la Resolución Nº 001-2021-SUNATIL/TFL, cuando se producen dentro de la etapa de la fiscalización laboral. Solo dentro de dicho lapso es que la conducta puede suponer un retraso sancionable (y no una conducta subsumible en la falta de entrega de la información). Sin embargo, luego de la etapa de la fiscalización, cualquier información que llegase a ser presentada debe analizarse según las normas que refieren a la reducción de las multas (artículo 40º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo).

4. Las citadas normas establecen un régimen con beneficios aplicables a los administrados que realizan comportamientos subsanadores que, para el caso concreto, deben consistir en la entrega de la información requerida durante la inspección del trabajo y que acrediten el cumplimiento de las normas de trabajo objeto de fiscalización.

5. Resulta razonable la exigencia de una conectividad digital suficiente, salvo cuestiones acreditables que maticen dicho estándar de exigencia. Por eso, cuando tal condición tecnológica sí se satisface, la falta de revisión de la casilla electrónica supone el

quebrantamiento del deber de colaboración (art. 9 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo), en este tipo de casos, supone un accionar negligente en la forma de comunicación con la Autoridad de Trabajo (responsabilidad administrativa subjetiva).

6. En un caso como el analizado, entonces, la sanción administrativa es procedente. En todo caso, el comportamiento posterior a la comisión de la infracción del sujeto inspeccionado debe evaluarse desde las normas que pudieran ser invocadas para la reducción de la multa y no desde la subsanación, puesto que la inspección ya había culminado. En ese sentido, debe recordarse que el primer precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal (a través de la Resolución Nº 001-2021-SUNATIL/TFL) “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo”.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Presidente