Municipalidad Provincial del Santa — Res. 698-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Comité o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registros de Inducción, Capación Entrenamiento y Simulacros de emergencia, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Libros de Actas de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales, Registro de Monitoreo de Agentes Químicos, Físicos, Biológicos y Factores de Riesgo Disergonómico, Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo), Equipos de Protección Personal (todas), Sistema de Gestión de SST en las empresas (Todas), Formación e Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Todas), Condiciones de Seguridad en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Condiciones de seguridad, avisos y señales de seguridad, Mantenimiento locales) . 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

seguridad y salud en el trabajo y dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, a raíz de la denuncia interpuesta por trabajadores de la referida municipalidad..

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, tipificadas en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir su obligación de Implementar y disponer de Mapa de Riesgo, exigido en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir con su obligación de planificar la acción preventiva de riesgos, así como su obligación de elaborar un plan o programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificadas en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir sus obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a sus trabajadores acerca de los riesgos presentes en los puestos de trabajo y las medidas preventivas aplicables, tipificadas en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplir con las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo,

en particular en materia de equipos de protección personal, tipificadas en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no constituir a sus trabajadores para participar como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y no proporcionar formación y capacitación adecuada, tipificadas en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la obligación de implementar el Libro de Actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificadas en el numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 56,700.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 189,000.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no realizar reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del Estado de salud de sus trabajadores, tipificadas en el numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómicos, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 94,500.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia del 12 de agosto de 2019, pese a estar debidamente notificada con la medida de requerimiento recibida el 05 de agosto de 2019, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 189,000.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 05 de agosto de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 189,000.00.

i. No se ha considerado lo expuesto en los descargos de la imputación de cargos. Ésta fue trasladad más de 13 meses después de haber sido emitida el Acta de Infracción, por lo que dicho trámite se habría realizado sin respetar los plazos que consagra la norma, por lo que debe ser analizado. ii. Al haberse evidenciado tanto en el Acta de Infracción como en la Imputación de Cargos, que no se ha respetado el plazo consagrado en la norma, éstas adolecen de vicio insubsanable y afectan el debido procedimiento administrativo, principio que todo administrado tiene. iii. Por tanto, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta en la resolución de Sub Intendencia.

i. De la revisión de los actuados se verifica la existencia de las resoluciones correspondientes, las mismas que una a una fueron indicando los hechos, en los cuales se consigna también la normativa pertinente y la debida motivación de las mismas, por lo que no se evidencia la referida falta de motivación invocada por la impugnante. ii. Debe de señalarse que las conductas omitidas por parte de la accionante y que han conllevado a la infracción impuesta, está basada en las investigaciones realizadas en el procedimiento inspectivo y en los cuales ha participado la impugnante, tal como se evidencia de los actuados, por lo cual corresponde confirmar la resolución apelada en todos sus extremos. iii. En lo referente a los plazos mencionados, debe señalarse que la emisión de la Imputación de Cargos fuera del plazo no causa indefensión al administrado, y mucho menos vulnera el debido procedimiento. iv. De conformidad con el artículo 7.4 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, la impugnante puede formular queja en cualquier fase o instancia del procedimiento sancionador, por los defectos de tramitación que suponen la paralización, infracción de los plazos legales u omisión de los trámites establecidos en la Directiva, que deben ser subsanados antes de la resolución del procedimiento. v. Es necesario mencionar que en cuanto al plazo de caducidad, el Tribunal de Fiscalización Laboral se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, señalando que el

3 Notificada a la impugnante el 12 de diciembre de 2022 y el 21 de diciembre de 2022 a la procuraduría pública. Ver folios 275 y 276 respectivamente, del expediente sancionador.

plazo se contabiliza desde la emisión de la imputación de cargos, de conformidad con el artículo 259 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la LPAG. vi. De igual forma, la inobservancia del plazo legal no impide que las autoridades competentes que están a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador realicen las actuaciones que sean necesarias, a efectos de que se expida la resolución apelada y se proceda con la notificación de la misma. vii. Es preciso mencionar que, si la autoridad administrativa no da cumplimiento a los plazos legales, ello en sí mismo no afecta el debido procedimiento administrativo, en tanto se requiere acreditar el quebrantamiento de alguna garantía que emane de dicho principio. viii. Respecto de la multa impuesta, la Sub Intendencia de Sanción ha impuesto la sanción de multa al sujeto inspeccionado motivando su decisión en base a los dispositivos legales vigentes acordes a las infracciones incurridas. Estando acreditado en el Acta de Infracción y en la Resolución de Sub Intendencia, las conductas omisivas por parte de la accionante, y no habiendo otros fundamentos esbozados, confirmaron la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial Del Santa

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 29 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 127-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, en términos similares al recurso de apelación, señalando los siguientes alegatos:

i. Se atenta contra el principio de legalidad, pues se ha motivado la resolución de Intendencia imponiendo un criterio equivocado, afectando con ello el debido procedimiento administrativo. Así, se declaró infundado el recurso de apelación sin considerar que se ha emitido vulnerando el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, al contravenirse la normativa vigente (inciso 1). ii. De igual forma, se vulnera el Principio de Legalidad consagrado en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 28806, así como la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL. iii. Se atenta contra los principios del debido proceso, de la potestad sancionadora, de legalidad, razonabilidad, causalidad, incurriéndose en vicios de nulidad. Tampoco se han respetado plazos, ni se han respetado procedimientos, pues se apertura el procedimiento administrativo sancionador el 24 de noviembre de 2020, pues la autoridad de la Fase Instructora emitió la Imputación de Cargos después de quince meses de expedida el Acta de Infracción, de fecha 12 de agosto de 2019, vulnerándose lo señalado en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT. iv. Equivocadamente se sustenta que en ningún momento se ha contravenido la Constitución las leyes o las normas reglamentarias. Al contrario, todo el procedimiento está basado en las disposiciones legales vigentes, los que guardan relación con el procedimiento sancionador. Sin embargo, esto no se ajusta a la verdad, pues se observa que el trámite ha sido llevado sin respetar los plazos que consagra la norma, hecho que merece ser analizado en atención al principio de legalidad y en salvaguarda de nuestro derecho al debido procedimiento administrativo. v. Se sostiene que no se ha producido algún tipo de acto que ocasione la nulidad, sin embargo, esto no es verdad pues no se han respetado los plazos en la emisión de la Imputación de Cargos, el Informe Final de Instrucción, así como la emisión de la Resolución de Sub Intendencia. vi. Al haberse evidenciado que estos actos han sido emitidos sin respetar los plazos consagrados en la norma adolecen de vicio insubsanable, y que, para el presente caso, afectan el debido procedimiento administrativo, principio con el que cuenta todo administrado y que constituye garantía que el Estado debe proteger. En consecuencia, haberse afectado el debido procedimiento administrativo se disponga la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la carga de la prueba y el principio de presunción de licitud en el procedimiento administrador sancionador

10 Fundamento 6.18 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 11 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 13 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones” 14 Fundamento 45 de la STC recaída en el Expediente 00156-2012-PHC/TC. 15 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 1.3. Principio de impulso de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

a la Administración la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma cuando lo requiera el procedimiento”16.

16 Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, Tomo II, 18. 17 Fundamento 2 de la STC recaída en el Expediente 1172-2003-HC/TC 18 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del Trabajo. Fondo Editorial PUCP. 2003. Página 06. 19 “31. Sobre el particular, siguiendo una nutrida corriente de resoluciones emitidas por la Primera Sala del Tribunal, tales como las Resoluciones Nros 127-2022, 1187-2022, entre otras, y a la luz de los principios de veracidad y verdad material expresamente reconocidos en el TUO de la LPAG, debe reafirmarse que las declaraciones juradas, informes y comunicaciones en general presentadas por la parte interesada —sea por representantes de la compañía o por personal subordinado del sujeto fiscalizado, incluyendo al propio denunciante— no son instrumentos suficientes para generar convicción a su favor, sea que ello se exponga en la inspección o durante el procedimiento sancionador. Esto, debido a la naturaleza asimétrica de la relación laboral, que pone al declarante en un vínculo jurídico especial con la parte interesada. De esta manera, los indicados instrumentos no son idóneos para contrarrestar la presunción de certeza a la que refiere el artículo 16º de la LGIT en favor de las actas de infracción; pero sí deben ser valorados por los inspectores en el cumplimiento de sus funciones.”

tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT, por no contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; así como por no asistir a la comparecencia programada para el 12 de agosto de 2019, y no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, estas últimas tipificadas en los numerales 46.10 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente. Al no haber objeto de contradicción dichas infracciones en el presente recurso de revisión, corresponde confirmar las multas impuestas respecto de éstas.

De la causal de nulidad invocada por la impugnante, con relación a la demora en los plazos de tramitación de las distintas actuaciones procedimentales

“Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…)

“1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” (énfasis añadido) 6.15 En ese sentido, las actuaciones realizadas por encima de los plazos legalmente establecidos no invalidan necesariamente el procedimiento administrativo sancionado bajo el concepto de plazo razonable (nótese que no se señala plazo legal), sin desmedro de la responsabilidad funcional que pueda determinarse posteriormente por tal hecho, de acuerdo a cada circunstancia.

“El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes” 6.17 Así –con las diferencias del caso– el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de aquellos procesos en los cuales se exceda el plazo razonable, siendo una consecuencia de este no la nulidad o la invalidez de la emisión del pronunciamiento o actividad esperada de acuerdo a derecho, sino que por el contrario; se exige que el órgano que conoce de la tramitación a actuar y cumplir con sus funciones de acuerdo a derecho en el plazo más breve

posible, sin desmedro de las responsabilidades funcionales por la demora imputable al mismo20, conforme se señaló línea arriba. 6.18 En ese sentido, esta Sala considera que la razonabilidad del plazo no solo atiende al pleno ejercicio del derecho de defensa del administrado, sino que también a la complejidad de las materias objeto de conocimiento de las distintas autoridades administrativas y a la carga procedimental que pueda afectar su tramitación, las cuales generan en la práctica una demora involuntaria en la tramitación de los procedimientos administrativos.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

20 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

servicios o medidas de higiene personal Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir su obligación de Implementar y disponer de Mapa de Riesgo, exigido en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir con su obligación de planificar la acción preventiva de riesgos, así como su obligación de elaborar un plan o programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir sus obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a sus trabajadores acerca de los riesgos presentes en los puestos de trabajo y las medidas preventivas aplicables Numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo Por incumplir con las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de equipos de protección personal Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No constituir a sus trabajadores para participar como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; y no proporcionar formación y capacitación adecuada Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con la obligación de implementar el Libro de Actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 26.5 del artículo 26 del RLGIT

LEVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No realizar reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del Estado de salud de sus trabajadores Numeral 27.4 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con su obligación de implementar y mantener actualizado el Registro de Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo disergonómico Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No asistir a la comparecencia del 12 de agosto de 2019, pese a estar debidamente notificada con la medida de requerimiento recibida el 05 de agosto de 2019 Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

requerimiento notificada el 05 de agosto de 2019

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 127-2022-SUNAFIL/IRE- ANC, emitida por la Intendencia Regional de Ancash dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 116-2020-SUNAFIL/IRE-ANC.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 127-2022-SUNAFIL/IRE-ANC en los extremos referidos a las infracciones Muy Graves, tipificadas en los incisos 28.9 del artículo 28 del RLGIT, así como los incisos 46.7 y 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA ponente:

20240717RAN - HR 58742-2019