Municipalidad Provincial del Santa — Res. 187-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago de la remuneración - Sueldos y salarios-). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft soft

53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no pagar la remuneración de sus trabajadores obreros municipales correspondiente al mes de septiembre de 2019; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, ascendente a S/ 94,500.00 soles.

- Una infracción MUY GRAVE a contra de la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 05 de octubre de 2020; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 189,0002.00 soles.

i. Se han vulnerado los principios del debido procedimiento, de legalidad, Razonabilidad y causalidad, así como la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, en su numeral 7.1.2.2, Incurriendo en vicio de nulidad, al no respetarse los plazos mi procedimientos, debido a que se apertura el procedimiento administrativo sancionador, con la emisión de la Imputación de cargos con fecha 23 de junio de 2020, habiendo transcurrido 08 meses desde la emisión del acta de infracción, afectando lo señalado en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT, y sin evaluar si el acta de infracción se encuentra conforme a ley. ii. La Imputación de cargos emitida con fecha 23 de junio de 2020 y el acta de infracción fueron trasladados a la impugnante con fecha 04 de marzo de 2021, es decir después de más de 8 meses, sin respetar los plazos que consagra la norma, hecho que merece ser analizado en atención al principio de legalidad y salvaguarda del derecho al debido procedimiento, que constituye una garantía que el Estado debe proteger, por lo que se solicita se disponga el archivo definitivo.

22 De conformidad con el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Por lo que, se corrige el monto de la sanción por la infracción de labor inspectiva que dice: “S/ 189,500.00” y debe decir: “189,000.00”. 3 Notificada a la impugnante el 07 de octubre de 2021.

i. No se transgredió el debido procedimiento, teniendo en cuenta que se notificó correctamente la imputación de cargos y el acta de infracción materia del presente expediente sancionador, conforme se puede verificar en el cargo de la notificación que corre en autos del expediente sancionador, así como de la notificación de la medida de requerimiento, la misma que fue debidamente recibida, y que es parte del expediente inspectivo.

ii. En los argumentos esbozados se tiene como fundamento las actuaciones inspectivas realizadas por los inspectores comisionados, que se han plasmado en el acta de infracción respetándose el derecho de defensa, gozando la impugnante de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento. Situación que se ha evidenciado desde la investigación hasta el presente recurso de apelación, precisándose que las infracciones en las que incurrió la impugnante son el resultado de su conducta omisiva respecto al deber de colaboración con la Inspección de Trabajo, al no cumplir con la medida de requerimiento, lo cual trajo como consecuencia la propuesta de multa registrada en el acta de infracción, la misma que fue emitida cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la LGIT y el artículo 54 del RLGIT.

iii. Respecto del principio de causalidad, debe tenerse en cuenta que en el caso presente existe relación causa y efecto entre la conducta omisiva de la impugnante y la infracción por la cual se le ha sancionado, la cual ha sido detallada en el acta de infracción, así como recogida en la resolución de Sub Intendencia. Se advierte que a fojas 181 a 201 del expediente inspectivo obra la medida de requerimiento de fecha 03 de octubre de 2019, donde se requiere acreditar el pago de la remuneración de los meses de agosto y septiembre del año 2019 en un plazo de 03 días. Sin embargo, la impugnante incumplió con lo requerido dejándose constancia de ello en la diligencia inspectiva.

iv. De la revisión de los actuados hasta la emisión de la presente resolución no se advierte que se haya vulnerado ningún tipo de norma que pueda contravenir el derecho de la impugnante. Al contrario, se viene otorgando el uso de su derecho de defensa, como se evidencia de los descargos presentados, debiéndose tener en cuenta lo señalado en el numeral 151.3 del artículo 151 del texto único ordenado de la Ley N° 27444, Ley de procedimiento administrativo general, que dispone que “el vencimiento del plazo para cumplir con un acto o cargo de la administración no lo exime de sus obligaciones establecidas atendiendo el orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afectada de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.”. En consecuencia, la inobservancia de los plazos legales no impide que las autoridades competentes realicen las actuaciones que sean necesarias a efectos que se expida la resolución apelada y se proceda con la notificación. Si la autoridad administrativa no da cumplimiento a los plazos legales ello en sí mismo no afecta el debido procedimiento, en tanto se requiere acreditar el quebrantamiento de alguna garantía.

v. El acta de infracción ha sido emitida con fecha 10 octubre de 2019, teniendo en cuenta que el procedimiento inspectivo inició el 05 de septiembre de 2019 y habiéndose otorgado inicialmente 20 días, ampliándose el plazo a 35 días como se aprecia en el folio 180 del expediente inspectivo, contabilizando este procedimiento vencía el 24 de octubre de 2019. Sin embargo, como se aprecia se emitió con fecha 10 de octubre de 2019, dentro del plazo señalado. Respecto a la imputación de cargos debe tenerse en cuenta lo ya indicado respecto a la suspensión de plazos debido al COVID-19.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa

por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial Del Santa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 27 de octubre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 070-2021-SUNAFIL/IRE-ANC, señalando los siguientes argumentos:

i. Se ha emitido la resolución impugnada sin tener en cuenta el artículo 10 del TUO de la LPAG, que indica que la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias es una causal de nulidad del acto administrativo de pleno derecho. Asimismo, se ha vulnerado el principio de legalidad, razonabilidad, causalidad y el numeral 7.1.2.2. de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, al no respetarse los plazos ni procedimientos, debido a que se apertura el procedimiento administrativo sancionador, con la emisión de la Imputación de cargos con fecha 23 de junio de 2020, habiendo transcurrido 08 meses desde la emisión del acta de infracción, incumpliendo lo señalado en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT.

ii. En el considerando 27 de la resolución impugnada se señala que la imputación de cargos ha sido emitida dentro del plazo, no siendo esto cierto, pues conforme se observa del acta de

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

infracción, fue emitida con fecha 10 de octubre de 2019, y recién se ha procedido a notificar la imputación de cargos con fecha 23 de junio de 2020, habiendo transcurrido más de 08 meses desde que se emitió dicha acta, no respetándose el plazo estipulado en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT, hecho que merece ser analizado en atención del principio de legalidad y en salvaguarda del debido procedimiento. Asimismo, respecto a la suspensión de plazos debido al COVID-19 señalada, se debe indicar que el presente caso corresponde al año 2019, no procediendo la aplicación de la suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos (contados a partir del 16 de marzo hasta el 31 de agosto 2020), toda vez que la autoridad instructora debió emitir la imputación de cargos en el año 2019 o en todo caso a inicios del año 2020.

iii. La infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, porque una de las garantías más importantes del Estado constitucional de derecho consiste precisamente en que la administración pública sólo pueda actuar dentro del marco de la juridicidad, respetando el principio de legalidad. Debe tenerse presente que, mediante la citada causal de nulidad, se sanciona la contravención de todo tipo de norma legal incluso la reglamentaria, un acto administrativo jamás podrá contravenir disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias, sin importar que estas últimas hayan sido dictadas por autoridades de inferior jerarquía o incluso por la misma autoridad que dictó el acto administrativo en cuestión.

iv. El numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG, dispone que la declaración de nulidad de un acto administrativo basada en una constatación objetiva de los graves vicios retrotrae el acto y sus efectos hacia el momento mismo en que el acto sufrió de vicio. Esta regla es ratificada por el numeral 17.2 del artículo 17 del TUO de la LPAG, que establece que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo no sólo supone la extinción del mismo, sino que surte efectos desde su nacimiento. Por lo que, la imputación de cargos al ser emitida sin respetar los plazos consagrados en la norma adolece de vicio insubsanable, afectando el debido procedimiento administrativo, en consecuencia, se solicita se disponga la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa

estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa”. (énfasis añadido)

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados. No es válido afirmar que, con la recurrencia del administrado luego del acto, recién se iniciará el procedimiento, sino que –por el contrario– desde su origen mismo debe dar la oportunidad para su participación útil11.

11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (12va edición). Lima: Gaceta Jurídica, Tomo I, 2017, p. 78. 12 Oficio N° 035-2020-SUNAFIL/INII 13 Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, “Artículo 14.- Acto de notificación a los/las procuradores/as públicos/as (…) 14.2. Las procuradurías públicas son notificadas en el domicilio real o procesal (casilla física y/o electrónica), con todas las disposiciones y resoluciones que se emitan en una investigación, proceso o procedimiento en que el Estado es parte.” 14 Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 26.- Domicilio y notificaciones Las Procuradurías Públicas con competencia sectorial y especializada tienen domicilio procesal, real, fiscal y legal en la capital de la República, donde deben dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relacionadas con la defensa

jurídica del Estado. Se puede fijar domicilios procesales alternativos, conforme al procedimiento establecido por el Reglamento del presente Decreto Legislativo.” Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado “Artículo 39.- Ejercicio de la defensa jurídica del Estado 39.1. El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado en el ámbito nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, conforme a las siguientes acciones: (…) 3. Participar como denunciante o sujeto procesal en defensa de los intereses de la entidad donde ejerce sus funciones, en representación del Estado, interviniendo en las audiencias que corresponda, contribuyendo con los objetivos de la investigación, ofreciendo medios probatorios o requiriendo la realización de actos procesales, de investigación o indagación, conforme a la ley de la materia. (…)” 15 Cf. Sentencia recaída en el expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamento 24 al 26. 16 TUO de la LPAG, “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

estado de indefensión al no poder ejercer su derecho de defensa, vulnerando de tal manera el debido procedimiento17. Por tanto, se evidencia que, ante la incorrecta notificación al Procurador Público del Informe Final, existe una vulneración al principio del debido procedimiento consagrado en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG18, debido a que la autoridad administrativa no se sujetó al procedimiento establecido, transgrediendo las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

17 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 18 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.” 19 TUO de la LPAG, “Artículo 213.- Nulidad de oficio 213.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, y, en consecuencia, NULO todo lo actuado a partir de la notificación del Informe Final N° 171-2021-SUNAFIL/IRE-ANC-SIAI, de fecha 28 de abril de 2021, emitida por la Autoridad Instructora de la Intendencia Regional de Ancash, dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente sancionador N° 199-2020-SUNAFIL/IRE-ANC, ordenándose RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - Devolver todos los actuados a la Intendencia Regional de Ancash, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.20 de la presente resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ancash.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUZ IMELDA PACHECO ZERGA