Municipalidad Provincial del Santa — Res. 1444-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)) y, Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Subgrupo materia: Construcción Civil).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro de la remuneración a los extrabajadores, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 02 de agosto de 2021 y notificada en la misma fecha, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Una vez finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatorias y se concluya con un acta de infracción, se debe considerar que el expediente debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la emisión de dicha acta. ii. Advierte que, la imputación de cargo de fecha 16 de febrero de 2022 y el Acta de Infracción fueron trasladados a la municipalidad el día 09 de marzo de 2022, es decir, dicho trámite se ha realizado sin respetar los plazos que consagra la norma, lo cual merece ser analizado en atención al principio de legalidad y en salvaguarda al debido proceso administrativo. iii. Por tanto, al haberse evidenciado que, tanto el Acta de Infracción como la Imputación de Cargos se ha emitido sin respetar el plazo consagrado por la norma; adolece de vicio insubsanable y afecta el debido procedimiento administrativo; por lo que, se debe amparar su recurso de apelación, correspondiendo dejar sin efecto la multa impuesta.

2 Notificado a la procuraduría correspondiente el 01 de abril de 2022. 3 Notificado a la procuraduría correspondiente el 15 de setiembre de 2022.

de supervisor encargado en la etapa de fiscalización; asimismo, solicita se señale el órgano competente para la continuación del procedimiento sancionador, con la finalidad de no generar retardo en la emisión de las resoluciones. En consecuencia, a través de la Resolución de Gerencia General N° 183-2022-SUNAFIL-GG de fecha 19 de diciembre de 2022, se resolvió aceptar la abstención con relación al expediente administrativo sancionador y se designó a la Intendencia Regional de Huánuco como autoridad encargada de emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa en dicho expediente.

i. Si bien se identifica que se han realizado procedimientos fuera de plazo establecido en la norma, corresponde tener presente lo dispuesto en el artículo 14 del TUO de la LPAG. ii. De otro lado, señala que el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG dispone que toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco (05) días a partir de la expedición del acto que se notifique. Asimismo, recalca lo dispuesto en el artículo 15 y el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la LPAG. iii. Por lo tanto, la inobservancia del plazo legal no impide que las autoridades competentes, que se encuentran a cargo del trámite del procedimiento administrativo sancionador, realicen las actuaciones que sean necesarias a efectos que se proceda con la notificación del Acta de Infracción, máxime su la LGIT y el RLGIT no disponen como consecuencia jurídica la nulidad del acto administrativo por efectuar actuaciones fuera de plazo. En consecuencia, la demora en la entrega a la fase instructora del Acta de Infracción y su notificación posterior no afecta su validez. Precisa que, el retraso existente en el caso examinado es notable y permite recordar a las instancias administrativas correspondientes que tal situación puede suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual; por lo que, deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones. iv. Sostiene que el exceso en la apertura del procedimiento sancionador y en general la demora en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador ya se encuentra sancionado por el TUO de la LPAG a través de la figura de la caducidad. v. En cuanto a las infracciones determinadas por el personal inspectivo, estas no han sido materia de cuestionamiento por parte de la impugnante; sin embargo, producto del análisis íntegro del expediente, como la resolución apelada, advierte

4 Notificada a la impugnante y a la procuraduría correspondiente el 01 de setiembre de 2023.

que el inferior en grado –con las facultades con las que se encuentra revestido – ha realizado el correcto análisis de los acontecimientos, tipificándose correctamente con los hechos que son pasibles de sanción. Asimismo, en el punto de determinación de responsabilidad de la resolución apelada, el inferior en grado argumentó propiamente la responsabilidad de la impugnante, motivando su posición conforme los hechos suscitados, contrastándola con los descargos presentados por la impugnante –a fin de no vulnerar su derecho de defensa–, así como ultimando fehacientemente que los hechos acarrearon infracción sancionable con multa. vi. Manifiesta que, para determinar las obligaciones laborales de la impugnante con sus tres (03) extrabajadores, producto del análisis del Acta de Infracción, así como de todo el procedimiento de actuaciones inspectivas, ha quedado plenamente acreditado la relación laboral que tenían los tres (03) extrabajadores con la impugnante, más aún si el vínculo ha sido aceptado por el propio impugnante y no ha sido materia de contradicción de su parte. Por tanto, la impugnante tenía la obligación de cumplir con la normativa en materia de relaciones laborales advertida por el personal inspectivo dentro del plazo otorgado, es decir, el pago de remuneraciones a favor de tres (03) extrabajadores. vii. Refiere que, dentro de las actuaciones inspectivas hasta la emisión del Acta de Infracción, la impugnante no habría cumplido con acreditar el pago de las remuneraciones a favor de los extrabajadores. Si bien dentro del procedimiento sancionador presentó documentación que ponen en conocimiento el estado económico de la municipalidad; sin embargo, ninguno de esos documentos hace mención al pago de las remuneraciones ni a modificación presupuestal alguna que se haya solicitado para cumplir con las obligaciones de carácter laboral; por lo que, la infracción determinada por el personal inspectivo queda plenamente acreditada. viii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento indica que dicha medida fue emitida con la finalidad que la impugnante cumpla con acreditar la subsanación de los incumplimientos advertidos durante las actuaciones inspectivas en materia de relaciones laborales, habiendo otorgado para su cumplimiento el plazo de cinco (05) días hábiles de notificada la medida. Sin embargo, dentro de dicho plazo, la impugnante no proporcionó documento alguno que acredite el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; por lo que, no cumplió en ningún extremo con la medida inspectiva de requerimiento, permitiendo colegir que la conducta atribuida se encuentra plenamente acreditada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial Del Santa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0000000097-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Las razones expuestas en la resolución impugnada atentan contra el principio de legalidad, pues ha motivado imponiendo un criterio equivocado afectando el debido procedimiento administrativo. Asimismo, no se ha considerado que se ha vulnerado el artículo 10 del TUO de la LPAG. ii. Precisa lo señalado en el inciso a) del punto 7.1.2.2 de la Directiva N° 01-2017- SUNAFIL/INII aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL. En dicho contexto normativo, indica que se apertura un procedimiento administrativo sancionado el día 13 de febrero de 2022, toda vez que la autoridad instructora emitió la imputación de cargos de fecha 16 de febrero de 2022 y el Acta de Infracción de fecha 10 de agosto de 2021, afectándose lo señalado en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT. iii. Sostiene que, equivocadamente, se ha sustentado que la notificación fuera del plazo no causa indefensión al administrado y menos vulnera el debido procedimiento, pues el procedimiento administrativo constituye un principio que concede a los administrados derechos y garantías implícitas a un procedimiento regular y justo; sin embargo, esto no se ajusta la verdad, debido a que el Acta de Infracción y la imputación de cargos fueron notificados sin respetar los plazos que consagra la norma, hecho que merece ser analizado en atención al principio de legalidad y en salvaguardar su derecho al debido procedimiento administrativo.

iv. Refiere que, el Acta de Infracción fue expedida el 10 de agosto de 2021 y que el expediente debido ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a fin de que emita la imputación de cargos, lo que no se aprecia en el presente caso. Asimismo, en el presente caso la imputación de cargos y el Acta de Infracción fueron notificados el 28 de febrero de 2022, siendo que la autoridad instructora tenía como plazo máximo para emitir el informe final de instrucción hasta el 22 de marzo de 2022. No obstante, el informe final de instrucción fue emitido el 19 de mayo de 2022, superando el plazo límite para emitir el informe final de instrucción, no respetándose el plazo establecido en el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT. Además, la resolución de primera instancia fue emitida el 26 de agosto de 2023 pero no cumple con el plazo establecido en el numeral 53.3 del artículo 53 del RLGIT. v. En tal sentido, la infracción al ordenamiento jurídico es la más grave de las infracciones en que puede incurrir un acto administrativo, debido a que una de las garantías más importantes del Estado Constitucional de derecho consiste en que la Administración Pública solo puede actuar dentro del marco de la juricidad. Por dicha razón, el principio de legalidad es el primero de los principios rectores del procedimiento administrativo consagrado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la LPAG, conforme al cual las autoridades administrativas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. También, señala que se sanciona con nulidad la contravención a todo tipo de norma legal, incluso la reglamentaria; además, manifiesta que los efectos de la nulidad es la de retrotraer sus efectos hacia el momento mismo en que el acta nació o sufrió del vicio que lo afecta. vi. Por consiguiente, al haberse evidenciado que la imputación de cargos, el informe final y la resolución impugnada se han emitido sin respetar los plazos consagrados en la norma, adolecen de vicio insubsanable y, en el presente caso, afectan el debido procedimiento administrativo, principio con el que cuenta todo administrado y que constituye garantía que el Estado debe proteger; por tanto, solicita se disponga la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS.

El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro de la remuneración a los extrabajadores. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 0000000097-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 31 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 040-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 409-2022-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, de fecha 26 de agosto de 2022, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 0000000097-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, y a la Intendencia Regional de Ancash, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251015SPDC- HR: 184259-2023