Municipalidad Provincial del Santa — Res. 1217-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicio (Sub materia: Depósito de CTS), Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), Relaciones Colectivas (Sub materia: Convenios Colectivos), Trabajo remoto (Sub materia: Otros incumplimientos), Remuneraciones (Sub materias: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios) y Gratificaciones) y Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20131370301 soft

conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de mayo y noviembre del 2021 de todos los trabajadores afiliados al SITROM detallados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 36,018.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con acreditar el pago de remuneraciones de junio y julio del 2021 y de enero y febrero del 2022 a todos los trabajadores afiliados al SITROM detallados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 36,018.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 de marzo de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 65,228.00.

i. Sostiene que la Sub Intendencia asumió indebidamente el incumplimiento en el pago de la CTS y de las remuneraciones. Precisa que la falta de archivos o de boletas no demuestra por sí misma que no se efectuaron los pagos, pudiendo deberse a problemas del sistema al cargar los documentos, situación que pudo subsanarse con un requerimiento adicional. ii. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, alega que fue notificada solo a la casilla de la Municipalidad y no al Procurador Público, encargado de la defensa legal de la entidad. Señala que tampoco se notificó al procurador la imputación de cargos ni el acta de infracción, lo que generó indefensión y vulnera el principio del debido procedimiento. iii. Invoca el artículo 10 del TUO de la LPAG sobre causales de nulidad, así como lo dispuesto en el artículo 14 del D.S. N° 018-2019-JUS, que obliga a emplazar a los procuradores públicos también en sede administrativa. Argumenta que la omisión de dicha notificación contravino una norma con rango de ley, afectando el derecho de defensa y la potestad sancionadora.

iv. Asimismo, cita la Resolución N° 050-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, en la que se declaró la nulidad de oficio por falta de notificación al procurador, retrotrayéndose el procedimiento hasta el momento en que se produjo el vicio. v. Finalmente, refiere que, conforme a los artículos 12 y 17.2 de la LPAG, la nulidad retrotrae sus efectos al momento en que nació el acto viciado. En el presente caso, la imputación de cargos habría sido emitida sin respetar los plazos legales, configurándose un vicio insubsanable que vulnera el debido procedimiento, por lo que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado.

i. Se advierte que la carpeta digital con la documentación de la CTS 2021 no pudo ser abierta, hecho constatado en el Acta de Infracción. Pese a ello, la municipalidad no subsanó el envío ni acreditó el depósito correspondiente, incumpliendo su carga de probar el cumplimiento de la medida inspectiva. ii. El artículo 18 del D.S. N° 0011-98-TR exige boletas firmadas o constancias de depósito bancario para acreditar el pago. La municipalidad no presentó boletas ni constancias de julio 2021 y enero-febrero 2022 de los afiliados al SITROM, incumpliendo con acreditar el pago de dichas remuneraciones. iii. Sostiene que, si bien la municipalidad alega que la notificación se dirigió solo a su casilla electrónica y no a la Procuraduría, se constata que ejerció su defensa mediante dicho medio y que la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción fueron válidamente notificadas a la Procuraduría, descartándose vulneración de derechos. iv. No se aprecia causal de nulidad, dado que la imputación y el acta fueron debidamente notificadas. El derecho de defensa no fue vulnerado y se cumplió con la separación de fases prevista en el TUO de la LPAG. Asimismo, la emisión extemporánea de la imputación de cargos no acarrea nulidad, salvo previsión expresa, lo que no concurre. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que el vencimiento de plazos solo genera nulidad cuando la norma lo establece expresamente. v. El procedimiento sancionador se desarrolló conforme a la normativa, sin evidenciarse vulneraciones al debido procedimiento ni a los derechos de la administrada. En consecuencia, se validan los fundamentos de la Sub Intendencia y se confirma la sanción impuesta.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial Del Santa

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de agosto de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 128-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, argumentando lo siguiente:

i. Señala que se ha vulnerado el principio de legalidad, toda vez que la resolución impugnada se sustentó en un criterio equivocado, lo que conlleva una afectación al debido procedimiento administrativo. ii. Precisa que se ha transgredido lo dispuesto en el numeral 17.5 del artículo 17 del RLGIT, dado que la notificación de la imputación de cargos se efectuó más de quince (15) días después de emitida el Acta de Infracción. iii. Asimismo, refiere que no se respetó lo previsto en el artículo 53.2 del RLGIT, puesto que el Informe Final de Instrucción fue emitido superando el plazo límite establecido para tal efecto. Lo mismo ocurrió con la resolución sancionadora, la cual se expidió fuera del plazo legal de quince (15) días previsto en el artículo 53.3 del mismo cuerpo normativo. iv. Por tales consideraciones, sostiene que corresponde declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a los plazos de tramitación del procedimiento administrativo sancionador

emisión del Acta de Infracción; por otro, que el Informe Final de Instrucción fue emitido vencido el plazo de diez (10) días hábiles que establece la normativa y, finalmente, que la resolución sancionadora fue expedida luego de transcurrido el plazo máximo de quince (15) días hábiles. A partir de dichos hechos, concluye que se habría configurado una vulneración que conllevaría la nulidad de la resolución impugnada.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)”

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos

estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

TUO de la LPAG, toda vez que se ha garantizado el respeto al debido procedimiento administrativo y al derecho de defensa de la recurrente a lo largo de su tramitación.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No cumplir con acreditar el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios de mayo y noviembre del 2021 de todos los trabajadores afiliados al SITROM detallados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con acreditar el pago de remuneraciones de junio y julio del 2021 y de enero y febrero del 2022 a todos los trabajadores afiliados al SITROM detallados en el Cuadro N° 01 del Acta de Infracción Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 25 de marzo de 2022 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 128-2023- SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Áncash, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 485- 2022-SUNAFIL/IRE-ANC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 128-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA y a la Intendencia Regional de Áncash, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, en atención a las siguientes consideraciones.

1. En el caso concreto, se advierte que la administrada plantea vulneraciones al debido procedimiento, así como al principio de legalidad. Por lo que, dado los argumentos expresados por la impugnante, corresponde realizar un análisis respecto a la aplicación

del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

2. Sobre el particular, se denota que, a través de su recurso de apelación, la administrada ya había planteado previamente que el procedimiento administrativo sancionador materia de litis se encontraba incurso en causal de nulidad dada la falta de tramitación dentro del plazo señalado en el RLGIT.

3. En ese sentido, correspondía que la autoridad de segunda instancia evaluara de manera expresa los alegatos planteados por la administrada, en aplicación del inciso 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, que establece que “el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”.

4. Este deber se complementa con lo previsto en el artículo 6, inciso 6.1, del mismo cuerpo normativo, el cual dispone que “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”. Se trata, por tanto, de una exigencia de motivación integral que obliga a la autoridad a analizar los alegatos planteados y, de ser el caso, a fundamentar por qué son impertinentes o insustanciales

5. Sin embargo, de la revisión exhaustiva de la resolución impugnada, no se advierte que la autoridad de segunda instancia haya desarrollado un análisis concreto y suficiente respecto de los alegatos formulados por la administrada en torno a la presunta nulidad del procedimiento por inobservancia de los plazos previstos en el RLGIT.

6. A mayor abundamiento, se advierte que a través del considerando 21 de la mencionada resolución impugnada, la Intendencia señala que la afectación al debido procedimiento requiere acreditar la vulneración de alguna garantía devenida del mismo, lo cual no encuentra respaldo legal, en tanto el debido procedimiento es una garantía constitucional, concebida como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

7. En tal sentido, la omisión de motivación en que incurrió la segunda instancia vulnera los principios de debido procedimiento y de verdad material, así como el derecho de defensa de la administrada. Debe recordarse, además, que conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, constituye causal de nulidad del acto administrativo la omisión de alguno de sus requisitos de validez, entre los cuales se encuentra la debida motivación.

8. Por consiguiente, resulta necesario que la autoridad administrativa competente reevalúe de manera integral los hechos, se pronuncie de forma expresa respecto a la pertinencia de los alegatos planteados, determinando con base en una motivación suficiente si tales elementos conllevan las vulneraciones planteadas.

9. De lo expuesto en los fundamentos precedentes, es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que

corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

10. Respecto a la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…).

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una

perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. (…).

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis añadido).

11. En consecuencia, encuentro acreditado la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Intendencia si bien da la apariencia de motivación al existir citas normativas y mencionar en parte algunos argumentos de la impugnante, no se analizó de forma debida los argumentos planteados en el recurso de apelación, conforme lo desarrollado precedentemente.

12. Por tanto, se vulneró el derecho de defensa del administrado8 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica del imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

13. Estando a lo expuesto, debe concluirse que la Resolución de Intendencia N° 128-2023- SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de agosto de 2023, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

Por las razones expresadas en estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare FUNDADO EN PARTE, y, por tanto, NULA la Resolución de Intendencia N° 128-2023- SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 04 de agosto de 2023.

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250910VLFR HR: 18943-2022

Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.