Municipalidad Provincial de Tacna — Res. 796-2026

Mediante Orden de Inspección N° 670-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 279 2023-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 346-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN-IC, notificada a la Procuraduría Pública el 01 de diciembre de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 346-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN- IFI, notificado a la Procuraduría Pública el 27 de diciembre de 2023 (en adelante, el 20555195444 soft Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tacna, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 019-2024-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA, notificada a la Procuraduría Pública el 15 de enero de 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 05 de febrero de 2024, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 019-2024-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 046-2024-SUNAFIL/IRE-TAC, notificada al procurador público el 27 de febrero de 2024, la Intendencia Regional de Tacna declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmó la sanción contra la administrada.

Con fecha 19 de marzo de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 046-2024- SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 08 de abril de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 046- 2024-SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 28 de febrero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad8.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto,

Cabe precisar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 02 de febrero de 2023, que constituye precedente de observancia obligatoria, determinó:

En el caso de autos, de la consulta efectuada por esta Sala a través del aplicativo de consultas elaborado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SUNAFIL, se aprecia que la impugnante presenta un ingreso a la casilla electrónica en fecha previa (27 de julio de 2020) al envío de los requerimientos de información, remitidos el 22 de julio y 14 de agosto de 2023; asimismo, se verifica que registra sus datos de contacto el 27 de julio de 2020, conforme se observa a continuación:

Ahora bien, del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 22 de julio de 2023, y, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 24 de julio de 2023, conforme se puede apreciar a continuación:

Asimismo, del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN”, de fecha 14 de agosto de 2023, y, la “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

Como se concluye, de la lectura del numeral 4.3 y 4.4 del Acta de Infracción, la impugnante al haberse negado a facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, frustró la actuación del mismo, constituyendo dicho accionar un actuar reprochable plausible de sanción. Ello se explica en atención que la norma busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, ello con la finalidad de entorpecer su labor.

Cabe precisar que, si bien el inspeccionado presento información parcial respecto a los requerido por el inspector comisionado en el primer requerimiento de información, tales como: Reporte Planilla Trabajadores DL 728 desde enero a julio 2023, incluido gratificación; Informe N° 780-2023-OT-OGAyF/MPT con reportes de depósitos en cuenta de junio 2023; relación de trabajadores del DL 728. Es necesario señalar que el reporte de planilla de trabajadores, no contienen la fecha de depósito de remuneraciones, sino más bien el DNI, cta ahorro, nombre, fte, área y neto de monto de depósito. Asimismo, los depósitos en cuenta que remite el sujeto inspeccionado sólo reflejan montos depositados, sin poder determinarse a que periodos o planillas corresponden. Por tanto, no se podía determinar si la fecha de depósitos de remuneraciones de enero a julio 2023 de los trabajadores estaban dentro del plazo correspondiente o existía distinción entre el pago de los diferentes regímenes laborales.

Asimismo, remitió información respecto al segundo requerimiento de información consistente en Informe N° 872-2023-OT-OGAyF/MPT y listado de personal de las planillas, precisando que esta ultimas no señalan mes al cual corresponden, ni fecha de depósito de dichas remuneraciones, siendo esta la información que era necesario tener a fin de determinar si la fecha de depósitos de remuneraciones de enero a julio 2023 de los trabajadores estaban dentro del plazo correspondiente.

En ese sentido, el inspector comisionado ha dejado constancia en el numeral 4.6 del acta de infracción, que la conducta del inspeccionado de no remitir la información requerida respecto a las fechas de depósitos de las remuneraciones de enero a julio 2023, provocó un perjuicio a la labor inspectiva, debido a que no se pudo determinar si existió pagos fuera de las fechas de oportunidad que correspondían, y si estos eran por una conducta de hostilidad y/o discriminación hacia los trabajadores que laboran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, lo cual era objeto de investigación por parte del inspector comisionado, frustrando de esta manera las mismas.

En ese entendido, estando a las notificaciones efectuadas del requerimiento de información mediante la casilla electrónica, sin que haya sido atendido dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, se corrobora las conductas reprochables sancionadas por la autoridad de primera instancia y confirmadas en la resolución venida en grado.

Por tanto, corresponde desestimar los argumentos tendientes a desestimar la multa impuesta por el órgano sancionador y confirmada por el superior en grado en este extremo, por cuanto las sanciones impuestas se impusieron observando el principio de legalidad, razonabilidad y debido procedimiento, asegurando el derecho de defensa del administrado; acreditando que los requerimientos de información fueron debidamente notificados mediante la casilla electrónica.

Respecto al argumento del recurso de revisión sobre la inobservancia del precedente vinculante de la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, debemos precisar que los criterios de observancia obligatoria aprobados, son los siguientes:

En el caso de autos, no se está discutiendo el incumplimiento de las obligaciones laborales de la impugnante, por el contrario, se ha sancionado la falta del deber de colaboración con la inspección del trabajo, a fin de determinar infracciones al cumplimiento de la normativa sociolaboral, actuaciones inspectivas de investigación que se vieron frustradas debido al comportamiento del inspeccionado, al no remitir la información requerida por el inspector comisionado.

En tal sentido, no resulta de aplicación el citado precedente vinculante en el presente caso, por ende, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo. Sin embargo, esta Sala considera que debe analizarse el principio de razonabilidad sobre el plazo otorgado para remitir la documentación requerida por el inspector comisionado, en base a la solicitud de ampliación de plazo presentada durante las actuaciones inspectivas de investigación.

Según lo establecido en los numerales 5 y 7 del artículo 2° de la LGIT10, el Sistema de Inspección del Trabajo se rige -entre otros- por el principio de autonomía técnica y funcional, así como por el principio de eficacia. En virtud de estos principios, los Inspectores de Trabajo, en el ejercicio de sus competencias, tienen independencia frente a cualquier influencia externa indebida y deben actuar con sujeción a un trabajo programado y en equipo.

Esto quiere decir que, los plazos para la investigación inspectiva se estructuran dentro de una programación, toda vez que los Inspectores de trabajo cumplen con diversas actividades que están referidas a varias órdenes de inspección en simultáneo, todas con plazos bien determinados y cuyo efecto es relevante para el interés público. Así, la ordenación de plazos para la entrega de información de un empleador en concreto no recae en la arbitrariedad de un servidor público, sino en una previa planificación que faculta a los inspectores a cumplir con la investigación por lo que, el cumplimiento de las prestaciones de colaboración, de no ser oportuno, puede frustrar la finalidad de las

Ahora bien, mediante Resolución de Sala Plena N° 023-2024-SUNAFIL/TFL, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 24 de diciembre de 2024, se establecieron como precedentes de observancia obligatoria lo siguiente:

En tal sentido, para que un pedido de ampliación de plazo formulado oportunamente por el sujeto inspeccionado sea valorado adecuadamente por el inspector actuante, la justificación que motiva este pedido no debe consistir en una mera alegación de parte. Por el contrario, en estricto cumplimiento del principio de buena fe procedimental, el administrado debería presentar los elementos justificativos con relación a la demora que hace necesario el plazo adicional. Es decir, con arreglo al citado principio, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben considerar que resultará exigible al sujeto inspeccionado que solicite un plazo adicional para cumplir un requerimiento informativo que proceda con cuidados significativos, conforme a la casuística general:

En fecha 01 de agosto de 2023, la impugnante presento el OFICIO N° 313-2023-OGGRH- GM/MPT mediante la mesa de partes de la Intendencia Regional de Tacna, en el cual solicita una prórroga para presentar la información requerida, con el siguiente detalle:

Asimismo, mediante INFORME N° 780-2023-OYT-OGAyF/MPT de fecha 02 de agosto de 2023, se precisa lo siguiente:

De las solicitudes presentadas por la impugnante durante las actuaciones inspectivas de investigación, esta Sala no evidencia que el sujeto inspeccionado haya presentado una ampliación de plazo que cumpla la casuística establecida por este Tribunal en el precedente citado anteriormente. Cabe recordar que, el deber de atender los requerimientos de información del inspector de trabajo constituye una obligación autónoma, derivada del deber de colaboración con la inspección del trabajo, cuyo cumplimiento no se encuentra condicionado a la reorganización interna del empleador.

En el presente caso, el argumento invocado por el administrado se encuentra vinculado a problemas de reorganización de la entidad, lo cuales no guardan relación directa con la imposibilidad de recopilar, conservar y remitir la información requerida por el inspector de trabajo para el desarrollo de sus actuaciones inspectivas de investigación.

Cabe precisar que, en los requerimientos del 22 de julio y 14 de agosto de 2023, se requirió la información sobre las fechas de depósitos de las remuneraciones de enero a julio 2023, respeto de 410 trabajadores comprendidos en la investigación, otorgando el plazo de cinco (05) y siete (07) días hábiles respectivamente. Esto es, desde que el inspeccionado tomo conocimiento de la información y documentación solicitada por el inspector con la notificación del primer requerimiento de información en fecha 24 de julio de 2023, hasta el cierre de las actuaciones inspectivas de investigación en fecha 06 de setiembre de 2023, resultó un tiempo razonable para presentar la totalidad de la información requerida, a fin que sea evaluada por el inspector y evitar frustar la investigación realizada por el inspector.

Asimismo, el inspeccionado no ha presentado la información requerida, sin haber sustentado ni acreditado los hechos que impedirían cumplir con lo requerido por el inspector, ademas de no haber señalado una fecha para remitir la misma.

En consecuencia, al no haberse acreditado una imposibilidad material objetiva que justifique la ampliación del plazo solicitado, y considerando que el requerimiento fue válidamente notificado y otorgó un plazo razonable, corresponde concluir que la solicitud de ampliación no resulta atendible, mostrando que la eventual falta de respuesta sería imputable al administrado.

Por tanto, la actitud de no presentar la información relevante para que el inspector comisionado verifique el cumplimiento de las normas laborales sobre las materias investigadas, devino en que propusieran sanción por el incumplimiento de los requerimientos de información. En tal sentido, no corresponde acoger los argumentos de recurso de revisión en este extremo, en tanto los Inspectores comisionados no estaban en la obligación de otorgarle plazos adicionales a la inspeccionada.

Con relación a lo alegado por la impugnante, vinculados con la razonabilidad de la sanción impuesta, precisar que el principio de razonabilidad está recogido en el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG11. Este principio busca limitar la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de la potestad sancionadora. Conforme con la doctrina, el principio de razonabilidad aporta parámetros cualitativos que coadyuvan a velar por que, toda norma que regule infracciones y sanciones administrativas atienda en lo posible a criterios objetivos, de forma tal que se reduzca el riesgo del llamado “exceso de punición”, acotándose al máximo la discrecionalidad y eventual actuar arbitrario de la Administración Pública12. Dichos criterios objetivos deben reflejar (no sólo implícitamente sino de manera clara y demostrada) razonabilidad y proporcionalidad en dos niveles o momentos: tanto en la tipificación legal de las infracciones y sanciones, como en la determinación y aplicación de estas últimas a casos concretos.

De acuerdo con Juan Carlos Morón13, el llamado “exceso de punición” resulta uno de los vicios más comunes en los que se incurre en dicho ejercicio, y está vinculado a la elección de la sanción aplicable a los administrados. Al efecto, el autor explica que lo determinante del vicio es “(…) la necesidad de una adecuada proporcionalidad o razonabilidad entre la medida elegida para sancionar y el reproche que objetivamente amerita la conducta incurrida”.

De este modo, existe exceso de punición cuando la sanción impuesta a un administrado no guarda proporcionalidad con el objetivo de la norma represiva que sustentó el

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, el artículo 47 del RLGIT, dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 230 numeral 3) del TUO de la LPAG. Considerando ello, en la resolución sancionadora, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, en base a lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente, cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora pueda imponer otro valor distinto. Por las consideraciones anteriores, no corresponde acoger los argumentos del recurso de revisión sobre la razonabilidad y el régimen sancionador en la aplicación de las multas administrativas (énfasis añadido).

Ahora bien, la impugnante alega que debe graduarse la multa en relación a trescientos treinta y uno (331) trabajadores y no en base a cuatrocientos diez (410) trabajadores, debido a que setenta y nueve (79) trabajadores cambiaron de régimen antes del 31 de julio de 2023, presentado como medio de prueba el Informe N° 154-2024-OGGRH- GM/MPT, el cual cita el informe N° 034-2024-SPAL-OGGRHGM/MPT donde señala que la tabulación realizada sería incorrecta.

Al respecto, el informe N° 034-2024-SPAL-OGGRHGM/MPT citado por el trabajador para acreditar el cambio de régimen de setenta y nueve (79) trabajadores, señala que “se debe considerar que, por disposición de la nueva gestión municipal, se inició la revisión de la legitimidad y el debido proceso respecto al número de trabajadores que debían pertenecer al régimen laboral del D. Leg. 728 en cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Y que después del sinceramiento del número de trabajadores de dicho régimen laboral, el número de trabajadores ha disminuido considerablemente”.

En tal sentido, no resulta atendible el alegato formulado en el recurso de revisión respecto a que setenta y nueve (79) trabajadores no pertenecían al régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, cuando la propia administrada acreditó previamente mediante INFORME 422-2023-EP-OGGRH-GM/MPT presentado ante la inspección la relación de cuatrocientos diez (410) trabajadores sujetos a dicho régimen y posteriormente pretende desconocer dicha información sin aportar sustento documental idóneo, incurriendo en una actuación contradictoria incompatible con los principios de buena fe procedimental y actos propios.

Finalmente, precisar que el eventual impacto económico que genere el pago de una multa administrativa sobre el presupuesto de una entidad pública no constituye causal eximente de responsabilidad ni invalida el ejercicio de la potestad sancionadora de la inspección del trabajo, toda vez que las entidades estatales, en su condición de empleadoras, se encuentran plenamente sujetas al cumplimiento de la normativa sociolaboral y a las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.