Municipalidad Provincial de Tacna — Res. 496-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planes y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (sub grupo Todas) 2 Ver folio 09 del expediente sancionador. 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 11 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 80,916.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no remitir la documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 17 de febrero de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 80,916.00.

i. La imputación de cargos y el acta de infracción se sustentan en hechos no corroborados por parte de SUNAFIL, siendo nulos de pleno derecho en aplicación del numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, pues se atribuyen hechos en contra de 217 trabajadores bajo el régimen laboral del D.L. 728, por no presentar documentación requerida con fechas 11 y 17 de febrero de 2021, en vista de que la Procuraduría Pública no fue notificada con tales hechos por la Autoridad Instructora de SUNAFIL, vulnerándose el derecho de defensa.

ii. Sostiene que se ha violado el principio del debido procedimiento, pues la imputación de cargos se ha emitido de manera arbitraria, violando el debido procedimiento, bajo el argumento de ser oído antes y después de la emisión del acto administrativo.

iii. No ha existido negativa hacia el requerimiento de los inspectores de trabajo para facilitar la información y documentación, pues los motivos fueron de causa fortuita y fuerza mayor, debiendo realizar un nuevo requerimiento para presentar la información antes de sancionar con multa y de esta manera garantizar el debido procedimiento, no habiéndose configurado obstrucción alguna.

iv. Finalmente, sostiene que la Autoridad de Trabajo no cumplió con notificar los requerimientos de información a la Oficina de Procuraduría Pública Municipal, siendo esta área competente para asumir la defensa directa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Tacna ante cualquier proceso judicial o procedimiento administrativo como el presente caso.

i. Las actuaciones de investigación desarrolladas se iniciaron el 11 de febrero de 2021 y culminaron el 24 de febrero de 2021, periodo comprendido en el uso obligatorio de la casilla electrónica, razón por la actual, la inspectora comisionada, en aplicación del cronograma establecido a mérito del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, llevó a cabo las actuaciones inspectivas a través del Sistema de Casilla Electrónica. ii. De conformidad con el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT y la entonces vigente Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII (aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL), la obligación de colaborar con la administración pública se materializa a través de los requerimientos de información solicitados mediante sistemas de comunicación electrónica. iii. Por tanto, de la revisión de los actuados se verifica que la configuración de la infracción se acreditó mediante fundamentos de hecho, consistentes en el incumplimiento de presentar la documentación solicitada en los requerimientos de información de fecha 11 y 17 de febrero de 2021, evidenciándose “…una conducta de resistencia del sujeto inspeccionado de dar cumplimiento a los pedidos de información, en no presentar la documentación solicitada como se ha advertido en los documentos obrantes en autos”(fundamento 2.5.14). iv. Respecto de los alegatos de falta de notificación de los hechos a la Procuraduría Pública, de la revisión del expediente se verifica a folios 09 la notificación de la Imputación de Cargos, conjuntamente con el Acta de Infracción, a la referida procuraduría. v. Finalmente, no se identificó la presunta vulneración a los principios invocados.

3 Notificada a la impugnante y al Procurador Publico el 06 de diciembre de 2021, véase folio 070 y 071 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 15 de diciembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 018-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, señalando lo siguiente:

i. Sostiene que con fecha 04 de noviembre de 2021 fue notificada a través de la Oficina de la Procuraduría Municipal, de la Resolución de Sub Intendencia mediante la cual se le sanciona por hechos no corroborados por parte de la SUNAFIL, tal como se desprende de la Imputación de Cargos y del Acta de Infracción; siendo esto nulo de pleno derecho, en aplicación del numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

ii. Reitera que la Procuraduría Pública Municipal no fue notificada por los requerimientos por la autoridad instructora de la SUNAFIL, vulnerándose su derecho de defensa consagrado en la Constitución, según la interpretación prevista por el Tribunal Constitucional.

iii. En ese sentido, sostiene que se ha violado el Principio del Debido Procedimiento, dictándose de manera arbitraria la Imputación de Cargos, bajo el argumento del derecho a ser oído: antes y después del acto administrativo; por lo que debe de ser declarada nula.

iv. Vuelve a sostener que no existió negativa alguna hacia los inspectores de Trabajo de facilitar información y documentación necesaria tanto de manera escrita como verbal, indicando que fueron motivos de causa fortuita o fuerza mayor que lo impidieron, y que la SUNAFIL debió de hacer un nuevo requerimiento antes de sancionar.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración del derecho al debido procedimiento, en su manifestación del derecho a la defensa

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 12 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica, el caso fortuito o fuerza mayor y la falta de respuesta a los requerimientos de información

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

14 Ley General de Inspección del Trabajo, aprobada por Ley N° 28806 Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…)(énfasis añadido).

perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

- Con fecha 11 de febrero de 2021, la inspectora comisionada, requirió que la impugnante cumpla con remitir lo siguiente:

Figura N° 01:

- Otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para la presentación de los mismos, bajo apercibimiento de constituirse en infracción a la labor inspectiva en caso de incumplimiento.

- Posteriormente, se emite un segundo requerimiento de información con fecha de 17 de febrero de 2021, solicitándose nuevamente los siguientes documentos:

Figura N° 02.

- Otorgándose nuevamente un plazo de tres (3) días hábiles, cumplidos hasta el día 23 de febrero de 2021.

- Al respecto, como se verifica del numeral 4.2 de los hechos constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con presentar la documentación solicitada en el plazo otorgado en ambos requerimientos de información, configurándose la infracción a la labor inspectiva.

Información Adicional

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que las multas subsistentes en el presente procedimiento administrador sancionador serían las siguientes:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y calificación Multa impuesta Labor inspectiva

No remitir la documentación solicitada mediante requerimiento de información de Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE S/ 80,916.00

15 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. (…)

fecha 11 de febrero de 2021. Labor inspectiva No remitir la documentación solicitada mediante requerimiento de información de fecha 17 de febrero de 2021 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE S/ 80,916.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 018-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 01 de diciembre de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 247-2021- SUNAFIL/IRE-TAC, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 018-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, en todos sus extremos.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, y a la Intendencia Regional de Tacna, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Tacna.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA