Municipalidad Provincial de Quispicanchis – Urcos — Res. 939-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas); y, Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo; y, Horas Extras). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

Pública el 13 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por sustituir a trabajadores en el registro de la hora de ingreso y de salida en el registro de control de asistencia, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT.

i. Alegan que, las resoluciones de Sub Intendencia de Resolución N° 556-2021- SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE y 706-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, causan agravio pues pretenden el desembolso de los bienes patrimoniales de la entidad en provecho de la entidad supervisora sin motivo justo y sin que ésta última haya cumplido con motivar debidamente sus resoluciones administrativas, por lo que

la primera de éstas no ha tomado en cuenta lo manifestado ni ha tomado en cuenta los argumentos manifestados. ii. Así, señala que no existe una debida tipificación de la infracción, siendo que la resolución se emitió sin describir o detallar de qué forma la entidad habría cometido esa infracción, pues no basta con citar una norma presuntamente infringida, sino también el detalle de los hechos mediante los cuales se infringe dicha norma. iii. Asimismo, precisan que, en esos alcances, la norma “…al decir que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores, no pretende decir que es obligación del trabajador consignar de puño y letra su horario de entrada y salida…”, por lo que al contar este registro con un recuadro en el cual el trabajador consigna su firma, debe tenerse en cuenta ese hecho relevante “…puesto que al firmar el trabajador asume como suyo las horas anotadas aún cuando la letra de las horas no hubiera sido escrita por él personalmente…”. iv. Refieren que, no se analiza la normativa emitida en tiempos de pandemia, que evitaba la aglomeración de personas a fin de evitar la proliferación del COVID- 19, razón por la cual se tomaron medidas que buscaban el menor contacto posible entre las personas o con los objetos que pudieran tocar. v. Por último, señalan que se ha demostrado la veracidad del registro de asistencia de las servidoras de la Municipalidad Provincial de Quispicanchis, a fin de que se valoren. No son únicamente dos trabajadoras, sino la totalidad de los 17 trabajadores presuntamente perjudicados, los cuales en realidad han sido beneficiados.

i. Se utiliza de forma incorrecta el recurso de apelación para cuestionar un hecho que no es materia de autos, en razón de que la resolución que lo habilitó para interponer el recurso de apelación es la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 706- 2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, cuyo análisis versa sobre la prueba presentada, ya que a la fecha de interposición del recurso de apelación (06 de enero de 2022), no se hallaba vigente el plazo para impugnar la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 556-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, de acuerdo a lo previsto en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG.

2 Notificada a la impugnante el 18 de febrero de 2022 y a la Procuraduría Pública el 24 de febrero de 2022. Ver folios 98 y 99 del expediente sancionador.

ii. Así, la impugnante debió de cuestionar, la interpretación de las pruebas ofrecidas en el recurso de reconsideración, en tal medida, para el análisis del recurso de apelación corresponde circunscribirse a los extremos de las pruebas que fueron materia de pronunciamiento en la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 706-2021- SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE; por lo que bajo dicha línea interpretativa, los argumentos de apelación que cuestionan la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 556- 2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, resultan contrarios a la ley, pues los mismos cuestionan la resolución de sanción y no la resolución que habilitó la interposición del recurso de apelación, por lo que al no haber cuestionamiento a lo resuelto mediante Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 706-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, no es pertinente mayor pronunciamiento al respecto. iii. Así, no es congruente con el principio de buena fe procedimental que la impugnante interponga un recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 556-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO-SIRE, no siendo posible evaluar dichos argumentos. iv. Por otro lado, la autoridad de primera instancia en el fundamento 3.1.6 de la resolución recurrida, hizo notar los hechos corroborados bajo los cuales se impuso la sanción indicando expresamente que “…los trabajadores no estarían realizando su registro de ingreso y salida del centro de trabajo de manera personal”, debiendo recordar la impugnante que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010- -2008-TR, todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe de tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. v. Así, en fase inspectiva se evidenció el incumplimiento en el que incurrió la impugnante respecto de la sustitución en el registro de control de asistencia, aspecto que debió ser desvirtuado, sin embargo, es por propia manifestación del apelante que dicho hecho no tuvo prueba en contrario, pues “…incluso en el mismo escrito de apelación indica que (…) los registros no reflejan la consignación personal de los honorarios de trabajo de cada servidor”.

3 Notificada a la impugnante el 25 de febrero de 2022 y a la Procuraduría Pública el 24 de febrero de 2022. Ver folios 98 y 99 del expediente sancionador. 4 Notificada a la impugnante y a la Procuraduría Pública el 14 de febrero de 2022. Ver folios 120 (y reverso) del expediente sancionador.

recurso de revisión, y en consecuencia, nula la Resolución de Intendencia N° 0029-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, por encontrarse dentro del supuesto de nulidad tipificado en el numeral 10.1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, en razón de que la autoridad que conoció del recurso de apelación (la Intendencia) señala que el análisis a efectuar únicamente se encontrará circunscrito a las pruebas que fueron materia de pronunciamiento a través de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 706-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO-SIRE), vulnerando el derecho a obtener un resolución debidamente motivada, ordenándose retrotraer el procedimiento administrativo sancionador.

i. Respecto a lo alegado por la apelante, referido a notificar los hechos que se le imputan a título de cargo y no sólo la normativa, se observa, como parte del contenido de la Imputación de Cargos, que, se ha cumplido con el procedimiento legal para la notificación del inicio del procedimiento sancionador, existiendo la descripción pormenorizada de los hechos en los que incurrió el sujeto inspeccionado, no existiendo transgresión alguna respecto al marco normativo previsto. ii. Sobre la conducta que se le imputa, se tiene que, al momento de notificársele la Imputación de Cargos, se adjuntó el contenido del Acta de infracción, con el detalle de los hechos corroborados, respecto a la sustitución en el registro de control de asistencia, motivo por el cual, oportunamente y dentro del plazo concedido, el recurrente presentó los descargos a la Imputación de Cargos. iii. Respecto del análisis del razonamiento seguido en la resolución cuestionada por la supuesta interpretación literal, en un análisis integral y sistemático del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, se desprende que el sentido y finalidad de la norma, es tener un control permanente de las horas laboradas por los trabajadores, motivo por el cual, se precisa la exigencia del registro de manera personal, lo que en efecto supone la protección a los derechos de que dicho registro se deriven a favor del trabajador, como el del pago de horas extras; por tanto, en observancia al principio de legalidad, se evidencia que no existe mayor interpretación extensiva sobre una disposición puntual y textual. iv. Que, el hecho que aparezcan al costado firmas que según el recurrente validan la conformidad con el registro preestablecido de horas señaladas en el ingreso y salida, no implica el cumplimiento de la exigencia legalmente establecida pues, conforme a la normativa citada, todo empleador sujeto al régimen de la actividad privada debe

5 Notificada a la impugnante el 13 de marzo de 2023 y a la Procuraduría Pública el 29 de marzo de 2023, véase folios 127 y 128 del expediente sancionador.

tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. v. Respecto a la aplicación del principio de favorabilidad alegado, habiéndose evidenciado el incumplimiento en el que incurrió el administrado, en contraste con el principio de razonabilidad, previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, es de ponderar que, “las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción”. vi. Sobre el extremo referido a la circunstancias en tiempos de pandemia, conforme al análisis planteado, en concordancia con el principio de predictibilidad, considerando el criterio planteado por el Tribunal de Fiscalización Laboral en el fundamento 6.3 de la Resolución N° 334-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, en el marco del estado de emergencia sanitaria, el Decreto de Urgencia N° 026-2020, estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus, no contemplando la medida de sustitución en el registro de control de asistencia como un modo de prevención de contagio. vii. Por tanto, el recurrente pudo haber implementado cualquier medida establecida en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprobó en su momento los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-COV-2; así, cualquier otra medida habría evitado sustituir el llenado del registro de control de asistencia de los 17 trabajadores afectados, no resultando suficiente la justificación aludida por el recurrente. viii. Ahora bien, respecto a las declaraciones juradas aportadas, dichas declaraciones no merecen mayor análisis, toda vez que en su momento se notificó la insubsanabilidad de la conducta infractora; por lo que, en este extremo no corresponde lo argumentado en el escrito recursivo, resultando infundado.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS

11 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; es decir, 30 de marzo de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 059-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando lo siguiente:

i. Refieren que se ha vulnerado el derecho al debido proceso administrativo, el derecho que tiene el administrado a obtener de la administración una resolución debidamente motivada y el derecho a la prueba, sin causa justa, por lo que, solicitan se declare nula la Resolución de Intendencia, o de ser el caso, revocarla o reformularla. ii. Alegan que no existe una debida tipificación de la infracción, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 255 del TUO de la LPAG, puesto que dicha norma exige notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir, y no solo qué normativa está siendo vulnerada sino también la descripción pormenorizada de los hechos irregulares realizados, debiendo precisarse el modus operandi, identificación de la persona, del servidor o funcionario público de la Entidad que actuando en el ejercicio de sus funciones, haya realizado la conducta irregular, situación que no se ha cumplido al calificar la infracción, lo cual vulnera el principio de tipicidad. iii. Precisan que, el inspector de trabajo, solo ha hablado de supuestos, en condicional, más no ha asegurado que la conducta sancionable provenga de la propia Entidad, de forma que, ante una duda razonable no se puede culpar objetivamente no realizarse interpretaciones extensivas de la norma para hacer encajar a la Entidad como causante de una conducta que en realidad no fue determinada en la etapa de instrucción, pues, conforme al numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, existe la presunción de licitud, y dado que en el presente caso no hay prueba en contrario, se debe presumir que han actuado apegados a sus deberes. iv. Señalan que este hecho es de vital importancia, puesto que no existe una descripción real de los hechos con identificación de personas que laboren para la Entidad que hayan sido identificados, a cuyo cargo hayan estado los cuadernos de control de asistencia y quienes con conocimiento y voluntad realizaron la conducta tipificada.

v. Cuestionan que se haya determinado la sanción sin medio probatorio alguno que sustente lo que se afirma; en tanto que, la resolución cuestionada afirma que han suplantado a los trabajadores en el registro de la hora de ingreso y salida en el registro de control de asistencia; sin que les hayan dicho cómo es que se han suplantado a los trabajadores. vi. Por tanto, alegan que, si la Resolución de Intendencia no identifica el tipo de responsabilidad, se debe entender que, en sentido contrario, la responsabilidad administrativa es subjetiva. En tal sentido, no correspondería imponer ninguna sanción sino a la persona quien, en efecto, cometió la falta administrativa. vii. Por otro lado, refieren que la Resolución de Intendencia no ha resuelto la solicitud de nulidad de todo lo actuado hasta antes de la Imputación de Cargos, por cuanto, consideran que se habrían vulnerado derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú, puesto que, al no comprender de qué conducta se les acusa, no podría verificar si los hechos sucedieron en efecto o no, para de esta manera ejercer su derecho a la tutela efectiva y con esta al derecho de defensa, faltando también, al principio de congruencia procesal. viii. Señalan que se ha interpretado erróneamente el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, en razón que en los registros de control de asistencia presentados en la diligencia de comparecencia del 15 de enero de 2021, se observa que todos los trabajadores tienen registrada la hora de ingreso a las 8:00 horas y salida a las 17:00 horas, en otros casos registran su ingreso a las 07:30 y a las 08:00 horas y también salida a las 17:00 horas, lo que según los inspectores es materialmente imposible, ya que en el mismo registro no pueden registrarse al mismo tiempo varios trabajadores, lo que aparentemente demuestra que dichos registros están realizados por el puño y letra de una misma persona. De igual manera, respecto del Control de Temperatura del Personal; sin embargo, el citado registro no cumple la función de registro de control de asistencia, pues por su propia naturaleza esta tiene la función de registrar la temperatura del personal; por tanto, mal hacen en calificar el registro citado como control de asistencia. ix. Refieren que, del análisis del razonamiento seguido en la resolución cuestionada, se observa que se pretende aplicar la ley de manera literal; por tanto, cuestionan que la norma no puede exigir algo que vulnere derechos fundamentales, ni fomente la discriminación, en todo caso, qué pasaría con los trabajadores que poseen alguna discapacidad. Asimismo, señalan que el registro de asistencia tiene un recuadro donde el trabajador firma, y en el supuesto negado de que la letra de las horas no hubiera sido escrita por él personalmente, lo cierto es que la firma (como la huella) que registra y reconoce las horas, es y procede de forma personal del trabajador, con lo cual da por cierto las horas de registro, en tanto que manifiesta su voluntad. Por otro lado, alegan que la resolución impugnada ha reconocido que las firmas de los 17 trabajadores son legales y veraces; por tanto, se reconoce el contenido y se ha cumplido con la finalidad que buscada la norma. x. Asimismo, alegan que no se ha tomado en cuenta las declaraciones de los trabajadores que reconocen sus firmas en los cuadernos de asistencia y declaran que no sufrieron ningún perjuicio en sus derechos laborales. xi. De igual manera, señalan que se han inaplicado los incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, referidos al derecho a la prueba y el derecho a una resolución debidamente motivada, entre otros; en tanto, no se ha cumplido con el deber de motivas debidamente las resoluciones, debido a que sin mayor análisis de los

argumentos vertidos en el recurso de apelación se han confirmado la Resolución de Sub Intendencia y la Resolución de Intendencia. xii. Precisan que, la Resolución de Intendencia no considera las circunstancias distintas a las actuales y la normativa emitida en tiempos de pandemia, la cual busca evitar la aglomeración de personas a fin de evitar la proliferación de la Covid-19, iniciativa que pudo haber surgido de los propios trabajadores, tal es el caso de los cuadernos de registro de asistencia, para evitar contagios, preservando lo esencial del acto, que en este caso vendría a ser la firma de los trabajadores. xiii. Cuestionan que no se acredite otro hecho carente de razonabilidad, que es dar por imposible que en el mismo registro no se puedan registrar al mismo tiempo varios trabajadores tanto en el ingreso como la salida, pues este hecho es posible, como sucede en los registros electrónicos, que pueden estar los trabajadores ingresando en cumulo a la hora indicada, y no por el hecho de contar con un registro manual verse perjudicados teniendo que registrar su asistencia minutos después, lo que iría en desmedro del trabajador. xiv. Por último, señalan que se ha inaplicado el numeral 3 del artículo 248 y el artículo 257 del TUO de la LPAG, en tanto que no se han aplicado tanto las normas de eximentes como de atenuantes de responsabilidad por infracción; en tal sentido, refieren que al momento de imponer la sanción no se ha tomado en cuenta los parámetros normativos que implica el principio de razonabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el registro de control de asistencia

“Todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades formativas laborales y al personal que es destacado o desplazado a los centros de trabajo o de operaciones por parte de las empresas y entidades de intermediación laboral, o de las empresas contratistas o Subcontratistas” (énfasis añadido).

“El control de asistencia puede ser llevado en soporte físico o digital, adoptándose medidas de seguridad que no permitan su adulteración, deterioro o pérdida. En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente, el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio, y los tiempos de tolerancia, de ser el caso”.

12 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004- 2006-TR. 13 Véase folio 180 del expediente inspectivo.

14 Toyama Miyagusuku, J. & Eguiguren Praeli, A. (2018). Inspección del trabajo, jurisprudencia administrativa más relevante. Gaceta Jurídica S.A., primera edición, 139.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por sustituir a trabajadores en el registro de la hora de ingreso y de salida en el registro de control de asistencia. Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

15 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 16 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 173.- Carga de la prueba 173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley. 173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.” (el resaltado es nuestro). 17Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 124.- Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente (…) 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho”. 18 Numeral 1 del artículo 67 del TUO de la LPAG, a través del cual se establecen los deberes generales de los administrados en el procedimiento.

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS, en contra de la Resolución de Intendencia N° 059-2023- SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 10 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 196-2021-SUNAFIL/IRE-CUSCO, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 059-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS, y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20230928MCR