Municipalidad Provincial de Maynas — Res. 819-2022

Mediante Orden de Inspección N° 517-2019-SUNAFIL/IRE-LOR, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 14-2020-SUNAFIL/IRE-LOR (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otras, de una infracción en materia de relaciones laborales y una infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el 15 de enero de 2020, que disponía se cumpla con acreditar el pago íntegro y oportuno de la liquidación de beneficios sociales de los periodos laborados por el ex trabajador Michel Cachique Ocampo, entre otros.

Mediante Imputación de Cargos N° 023-2020-SUNAFIL/SIAI, de fecha 28 de febrero de 2020, notificada el 02 de marzo de 2020, a la procuraduría pública del sujeto inspeccionado2, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 031-2020-SUNAFIL/SIAI, de fecha 12 de marzo de 2020, (en adelante, el Informe Final), a través del cual se determina la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual precedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Loreto, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N°41-2020- SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, de fecha 21 de julio de 2020, notificada el 24 de julio de 20203, multó a la impugnante por la suma de S/ 36,765.00, por haber incurrido, en las siguientes infracciones:

Con fecha 03 de agosto de 2020, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 41-2020-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 015-2020-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 06 de agosto 20204, la Intendencia Regional de Loreto, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 19 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia Nº 015-2020- SUNAFIL/IRE-LOR.

La Intendencia Regional de Loreto admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM Nº 0054-2022- SUNAFIL/IRE-LOR, recibido el 26 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 015-2020- SUNAFIL/IRE-LOR, emitida por la Intendencia Regional de Loreto, que confirmó la sanción impuesta de S/ 36,765.00, por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 46.7 del RLGIT y en el numeral 25.6 del artículo 25 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución, el 30 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPLIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS.

Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una infracción grave en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 24.5 y 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Asimismo, por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT y un (01) infracción muy grave muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

En ese sentido, debe observarse la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que, su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que, el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en los puntos 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente.

Como se señaló en el punto 2.1 de la presente resolución, mediante Ley N° 29981, promulgada el 15 de enero de 2013, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral11, entendida como la autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo.12

Dentro sus funciones, la SUNAFIL supervisa y fiscaliza el cumplimiento del orden jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo13, en el ámbito del régimen laboral

Asimismo, el artículo 4 de la LGIT, precisa sobre el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo, lo siguiente:

De las normas glosadas precedentemente, se puede concluir que las actuaciones de fiscalización efectuadas por la SUNAFIL a la Municipalidad Provincial de Maynas- entidad pública, se encuentra válidamente efectuada; toda vez que el trabajador Michel Cachique Ocampo es un ex trabajador de la Municipalidad que se encontraba bajo los alcances del régimen laboral privado, conforme se aprecia de su boleta de pago de folios 06 del expediente inspectivo.

Por tales razones, su argumento referido a que la denuncia ante la SUNAFIL del ex trabajador de la Municipalidad Provincial de Maynas, debió ser dilucidada dentro de un debido proceso laboral ante el órgano jurisdiccional competente y no vía administrativa, debe ser desestimado en todos sus extremos, pues con tal argumento lo que pretende la impugnante es cuestionar y desconocer las competencias, objetivos y fines de la SUNAFIL como ente fiscalizador de trabajo, lo cual resulta contrario a los deberes de buena fe procedimental17, que todo administrado debe seguir.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, como elemento esencial del debido procedimiento18, así como al derecho de defensa. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento exige la debida motivación del acto administrativo, entendido como una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa19, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa20, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En el presente caso, la impugnante sostiene que las instancias de mérito no han evaluado, ni valorado sus escritos de fechas 21 de julio y 24 de agosto de 2020, lo que, afirma, vulnera su derecho a la defensa, valoración de la prueba y debido proceso. Sobre el particular, se debe apreciar que, las instancias de mérito no han transgredido el debido procedimiento, ni el derecho a la prueba (valoración probatoria), en los términos alegados por la impugnante; toda vez que, ésta lejos de presentar sus escritos dentro del plazo de ley, los ha presentado cuando ya la autoridad sancionadora había cumplido con emitir su resolución, motivo por el cual resultaba imposible para la autoridad sancionadora su valoración. En efecto, la resolución de primera instancia fue emitida con fecha 21 de julio de 2020, valorando los medios probatorios presentados en la fase inspectiva y sancionadora; sin embargo, la impugnante recién presenta su escrito de apersonamiento el 24 de julio de 2020, días después de la emisión de la resolución de primera instancia. Asimismo, se debe valorar que, en el recurso de apelación de fecha 03 de agosto de 2020,

Por tales razones, se debe desestimar todos los argumentos de la impugnante dirigidos a cuestionar este extremo.

Respecto a la debida notificación a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Maynas, pues afirma que aun cuando las cédulas de notificación indican que están dirigidas a la procuraduría pública, no se aprecia el sello de mesa de partes; por lo que se habría afectado su derecho de defensa. Al respecto, cabe señalar que, dicha diligencia se efectuó conforme a Ley, sin afectar el debido procedimiento, pues conforme se aprecia de folios 12 del expediente sancionador, la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Maynas, tomó conocimiento del inicio del procedimiento sancionador en su contra cuando se le trasladó la imputación de cargos. Asimismo, se aprecia que, todas las cedulas de notificación destinadas a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Maynas, consignan como dirección “CA ECHENIQUE NRO. 350, OTROS PROCURADURÍA PUBLICA, MAYNAS-IQUITOS”, y en el sello de recepción, que se desprende de estos, se distingue el logo de la Municipalidad “MAYNAS”; a pesar de lo cual la impugnante no presentó sus descargos, dentro del plazo de ley, a la imputación de cargos y al informe final de instrucción. No obstante, cuando se notifica la resolución de primera instancia, se realiza a dicha dirección “CA ECHENIQUE NRO. 350, OTROS PROCURADURÍA PUBLICA, MAYNAS- IQUITOS”. Esto permite colegir, que la dirección señalada es la que corresponde a la procuraduría de la Municipalidad Provincial de Maynas, y que el sello que aparece en el mismo, denota su recepción; de lo contrario, no hubiese interpuesto su recurso de apelación, dentro del plazo de ley.

Ahora bien, respecto del argumento de la procuradora del impugnante referido a que “como no obra sello de la mesa de partes de la procuraduría, la notificación no es válida”, pierde sustento, toda vez que, en la constancia de notificación de la imputación de cargos, se aprecia el alegado sello de la procuraduría, a la que alude la impugnante. Esto evidencia que su argumento, sobre una supuesta afectación al derecho de defensa y debido procedimiento, carece de total sustento fáctico, pues, sí tuvo conocimiento del inicio del procedimiento sancionador contra la impugnante, pese a lo cual no ejerció su derecho de contradicción, dentro de los plazos de ley. Hecho que no puede ser atribuido a la autoridad sancionadora, pues esta cumplió con la debida notificación.

En tal sentido, la impugnante tenía pleno conocimiento del presente procedimiento, por lo que debía haber tenido una participación activa durante las actuaciones inspectivas, así como en el transcurso del procedimiento sancionador, siendo esta la interesada de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales; por ende, tiene la prerrogativa de presentar toda la documentación que considere pertinente a fin de esclarecer cualquier controversia y/o cuestionamiento sobre las materias investigadas, por tanto, si consideraba necesario determinar la condición de los trabajadores afectados, tenía la plena facultad de presentar los documentos que sustenten lo alegado. Por lo que, no se aprecia una vulneración a su derecho de defensa ni al debido procedimiento.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 14-2020-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, como la Resolución de Intendencia N° 015-2020-SUNAFIL/IRE-LOR, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador. Por ende, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo. Habiendo quedado en evidencia que el administrado a través de su procuradora pública ha pretendido confundir a esta Sala alegando razones contrarias a la realidad de lo comprobado en el procedimiento sancionador, esta Sala considera que se ha transgredido el principio de buena fe procedimental.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, cabe señalar que, en los escritos de fechas 24 de julio y 24 de agosto de 2020, si bien anexa “comprobantes de pagos”, estos no corresponden al trabajador afectado, MICHEL CACHIQUE OCAMPO, sino a otros trabajadores: “ARMUYA VANO LUIS GERMAN, ARAUJO PEXO DICARLOS, ARICARI MANUYAMA ABNER EBAL, AMASIFUEN ASPAJO LUPE, CABRERA CERACIO SARA COLONIA, BARTRA PEREZ DANIEL ANTONIO, CASTRO DONEZ WALTER, CANDAMO VELA TERESITA DE JESUS, CANAYO LOMAS ROBERT, CONTRERAS SANDOVAL AXEL LUIS, COLLANTES RIOS DINATALES, CENEPO MARAPARA ARMANDO, GONZALES LUIS ESTEBAN, CORDOVA TORRES ANA RUTH, INUMA SHAHUANO DE YAHUARCANI TERESA DE JESUS, GRANDEZ, GRANDEZ PUTPAÑA RICHER, GONZALES USHIÑAMUA HITLER, SANCHEZ REATEGUI LUZ MARIA, SANCHEZ GUERRA JULIA, VILLACORTA SHAPIANA ARTURO, YAHUARCANI CAHUACHI OCTAVIO”. Así mismo, ha presentado la relación de trabajadores, pero en estos tampoco se aprecia al impugnante.

En cuanto a los Oficios, Informes y Memorandos emitidos por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, el área de tesorería, la Gerencia de Administración y el Jefe de Remuneraciones y Pensiones; de estos, se aprecia que, existe un reconocimiento por parte de la impugnante de un adeudo a favor del trabajador afectado, MICHEL CACHIQUE OCAMPO, pero no acredita el pago de sus beneficios laborales, tampoco demuestra el cumplimiento, dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, de la medida inspectiva de requerimiento

Por tales razones, se debe desestimar los argumentos referidos a cuestionar este extremo.

El artículo 38 de la LGIT dispone que: “Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida, b) Número de trabajadores afectados, c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Del mismo modo, el artículo 47 del RLGIT señala que las sanciones por la comisión de las infracciones a que se refiere la Ley y el presente reglamento se determinan atendiendo a los criterios generales previstos en el artículo 38 de la Ley, y los antecedentes del sujeto infractor referidos al cumplimiento de las normas sociolaborales. Es así que, el artículo 48 del RLGIT establece que el cálculo del monto de las multas administrativas se determina en virtud de las tablas de sanciones dispuestas en dicho artículo. Por lo que, las tablas de sanciones contempladas en dicho artículo consignan los criterios antes señalados.

Ahora bien, de la revisión de la resolución de primera instancia, se evidencia que el monto de la sanción impuesta fue determinado en aplicación de la tabla de sanciones contemplada en el artículo 48 del RGIT, la misma que, como ya se explicó, recoge los parámetros o criterios señalados en el artículo 38 de la LGIT, conforme a lo expuesto en los considerandos 45 al 47 de la parte VIII de la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE- LOR/SIRE. Por lo tanto, no es cierto lo alegado por la impugnante sobre que la multa impuesta es irregular, abusiva e ilegal, por no haberse aplicado los criterios señalados en el artículo 38 de la LGIT.

Con relación a la infracción, referida a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, en perjuicio del extrabajador MICHEL CACHIQUE OCAMPO, debe precisarse que la impugnante no ha formulado ni presentado ningún alegato que pueda desvirtuar los hechos constatados por el inspector actuante, además se aprecia de las documentales obrantes en el procedimiento inspectivo y sancionador, que no se acreditó su cumplimiento, conforme se constató, también, en el numeral 6.4 del Acta de Infracción, por lo que, en atención a las conclusiones arribadas en el Acta de Infracción, debe confirmarse la resolución impugnada, en este extremo.

Asimismo, tampoco presentó alegato alguno que desvirtúe el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 15 de enero de 2020; el sujeto inspeccionado no acreditó haber adoptado todas las acciones dispuestas en dicha medida, dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado. En vista que los argumentos de la impugnante no han podido desvirtuar este hecho, la resolución impugnada, en este extremo, también debe confirmarse

De la revisión de los recursos presentados (apelación, revisión), se observa la conducta de la impugnante de reiterar alegatos que han sido abiertamente desvirtuados, como es la supuesta vulneración al debido procedimiento por no haber sido debidamente notificada, así como el incumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento y cumplimiento del pago de los beneficios sociales del ex trabajador MICHEL CACHIQUE OCAMPO, y que se condicen con la conducta materializada por la misma.

En esa línea argumentativa, el TUO de la LPAG también reconoce como un principio rector al principio de buena fe procedimental, a través del cual se espera que tanto la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados realicen los respectivos actos procedimentales “...guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”21.

En palabras de uno de los autores más autorizados en lo referente al derecho administrativo a nivel nacional, es incompatible con el principio de buena fe procedimental, desde la perspectiva del administrado:

Frente a ello, lógicamente se señala que:

Por ello, esta Sala identifica que el actuar de la impugnante, la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de Mayna: Abog. Marysue Diaz Rengifo, vulnera este principio, al impugnar de manera reiterativa y bajo los mismos fundamentos, sin aportar nuevos

En ese sentido, corresponde declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, al no haberse acompañado al recurso fundamentos distintos a los ya analizados por las instancias anteriores, ni haberse detectado por parte de esta Sala la inaplicación, así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.