Municipalidad Provincial de Maynas — Res. 726-2022

Mediante Orden de Inspección N° 409-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 76-2021-SUNAFIL/IRE-LOR (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva; en razón de la denuncia del Sindicato de Obreros Municipales de Iquitos – SOMI, solicitando la fiscalización de la gestión municipal del alcalde de Maynas, por presuntos incumplimientos al pago de remuneraciones. En mérito a ello, se notifican los requerimientos de información el 03 y 09 de agosto de 2021.

Mediante Imputación de Cargos N° 84-2021-SUNAFIL/SIAI, de fecha 08 de setiembre de 2021, notificada el 10 de setiembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva,

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 84-2021-SUNAFIL/SIAI (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Loreto, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, de fecha 22 de octubre de 2021, notificada el 25 de octubre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 369,864.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 12 de noviembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 29 de noviembre de 20212, la Intendencia Regional de Loreto declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 14 de enero de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Loreto el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 033- 2021-SUNAFIL/IRE-LOR.

La Intendencia Regional de Loreto admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 039-2022- SUNAFIL/IRE-LOR, recibido el 19 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 033-2021-SUNAFIL/IRE-LOR, que confirmó la sanción impuesta de S/ 369,864.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 28 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS.

De acuerdo al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales.

Conforme al artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el literal d) del artículo 12 del RLGIT que precisa que, en cumplimiento de las órdenes de inspección

Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.11.3 del ítem 7.11“REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA” de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, denominada “DIRECTIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, de fecha 03 de febrero de 2020, se dispone que: “Si el sujeto inspeccionado no cumple con proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en infracción a la labor inspectiva, según los previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido válidamente notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG.”

Asimismo de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.7.2 de la versión 02 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII “PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA Y NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES LABORALES Y ECONÓMICAS A CONSECUENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID 19) EN EL TERRITORIO NACIONAL, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020- SUNAFIL, de fecha 10 de julio de 2020, se dispone que, “7.7.2. Si se verifica que el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, incurre en la infracción a la labor inspectiva prevista por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT”.

De las actuaciones inspectivas, se observa que, el 05 de julio de 2017, los inspectores de trabajo, se apersonaron al centro de trabajo del sujeto inspeccionado, sito en Calle Echenique N° 350, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, donde fueron atendidos por la señora Jessica Karina García Rengifo, en calidad de Sub Gerente de Recursos Humanos de la impugnante; quien brindó el siguiente correo electrónico para notificaciones: jkagr2911@gmail.com. Posteriormente, con fecha 06 de julio de 2021, los inspectores comisionados, procedieron a notificar el primer requerimiento de información al sujeto inspeccionado, vía casilla electrónica; otorgando un plazo de tres (03) días hábiles para la acreditación del cumplimiento de la misma. Asimismo, se le comunicó de la notificación del requerimiento de información al correo electrónico de la señora Jessica Karina García Rengifo, en calidad de Sub Gerente de Recursos Humanos. Con fecha 09 de julio de 2021, se realizó la consulta en el sistema de inspecciones de trabajo (SIIT), verificándose que el sujeto inspeccionado no envío la información solicitada vía este medio, sino vía correo electrónico, donde se verificó el siguiente documento: Comunicado Municipal Provincial de Maynas de fecha 09 de julio de 2021. Asimismo, en el correo electrónico enviado por la representante del sujeto inspeccionado, la señora Jessica Karina García Rengifo, en calidad de Sub Gerente de Recursos Humanos se tomó conocimiento de lo siguiente: “La MPM se encuentra con suspensión de labores por el incremento de infectados por Covid, en el cual ya tenemos reportado un fallecido. En ese sentido, las áreas administrativas no están laborando a excepción de los cajeros. Por lo que le pido reprogramar su requerimiento”. En tal sentido, con fecha 12 de julio de 2021, el equipo inspectivo realizó la consulta en la página web del sujeto inspeccionado, verificándose el “Comunicado: Suspensión de Labores”, que se extendió del 12 hasta el 31 de julio, debido al incremento de contagios por Covid-19.

Posteriormente, el Inspector comisionado notificó el segundo requerimiento de información a través de la Casilla Electrónica a la impugnante, con la finalidad de que, el día 06 de agosto de 2021, cumpla con presentar toda la información detallada en el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, que obra a folios 89 del expediente de inspección. Igualmente, con fecha 09 de agosto de 2021, el Inspector notificó el tercer requerimiento de información a través de la Casilla Electrónica a la impugnante, con la finalidad de que, en un plazo de tres (03) días hábiles, cumpla con presentar toda la información detallada en el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, que obra a folio 93 del expediente de inspección. Sin embargo, los Inspectores de Trabajo dejaron constancia en los numerales 4.9 y 4.11 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción que la impugnante no cumplió con presentar la información solicitada, de cuyo incumplimiento el inspector no ha podido concluir con las investigaciones derivadas de la Orden de Inspección N° 409-2021-SUNAFIL/IRE-LOR. Asimismo, se debe considerar que, contrario a lo alegado por la impugnante, respecto a la suspensión de labores, los requerimientos de información son de fecha 03 y 09 de agosto de 2021, posterior al comunicado sobre a la ampliación de suspensión de labores administrativas de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Maynas; sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que el comunicado está dirigido al público usuario de los servicios de la impugnante, pues no existe dispositivo legal que limite las actuaciones inspectivas de fiscalización.

Es necesario señalar que, conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los interesados.

Entonces, tomando en cuenta que, durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, deben prestar la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones, y siendo el requerimiento de información a través de medio electrónico una actuación inspectiva, la impugnante se encontraba en la obligación legal de proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con relevancia en las actuaciones inspectivas. En tal sentido, la conducta referida a no proporcionar al inspector de trabajo, la información solicitada mediante dicha modalidad, constituye una infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 de la LGIT. Cabe precisar que, el documento que contiene el requerimiento de información que fue notificado a la impugnante, advierte que en

En consecuencia, esta Sala concluye que, la impugnante resulta ser responsable administrativamente por las infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

La impugnante alega que se ha vulnerado el debido proceso administrativo, al haberse impuesto sanciones de multa por el mismo hecho, conforme a los principios de la potestad sancionadora que puede ejercer la Administración, la sanción referida a este extremo tiene que ser desestimada. Al imponérsele una doble sanción, por un mismo hecho: incumplimiento de requerimiento que tiene por objeto proteger un mismo bien jurídico, la labor de inspección:

Al respecto, es preciso indicar que, lo manifestado por la impugnante responde a lo regulado en el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el principio del non bis in ídem, como principio de la potestad sancionadora administrativa, señala que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”

En ese sentido debe invocarse lo dispuesto en la Directiva N° 01-20169 y 01-2020- SUNAFIL, en la que dispone que cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa independiente, o, dicho de otro modo, cada incumplimiento constituye una multa. Por lo que, al haberse constatado que pese haber sido notificada los dos Requerimientos de Información efectuados por la autoridad inspectiva, la inspeccionada incumplió con estos, resulta correcta la sanción impuesta por la Autoridad Inspectiva, referida a sancionar las dos conductas omisivas de la impugnante con la multa correspondiente. Razones por la cual debe desestimarse lo argumentado por la inspeccionada en su recurso de revisión.

En ese sentido, debe recordarse que el primer precedente de observancia obligatoria sentado por este Tribunal (a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL) reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva: “(…) los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una

Por las consideraciones señaladas, no corresponde acoger el recurso de revisión en este extremo.

De la revisión del expediente inspectivo y sancionador –así como de la resolución impugnada– se observa que la denuncia que dio inicio las actuaciones inspectivas y posterior procedimiento sancionar, es la solicitud de Fiscalización del Sindicato de Obreros Municipales de Iquitos - SOMI, siendo las materias a investigar: Remuneraciones: Pago de la remuneración (sueldos y salarios) y Discriminación en el Trabajo (Cuadro de Categorías y funciones y/o política salarial).

En base a la denuncia y dentro de sus facultades la Autoridad Inspectiva, solicitó a la impugnante mediante requerimientos de información de fecha 03 y 09 de agosto de 2021, la relación de trabajadores obreros municipales que laboren en el centro de trabajo visitado, indicando entre otros datos, apellido paterno; apellido materno; nombre; documento de identidad; fecha de ingreso; cargo u ocupación; remuneraciones brutas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020; indicando en cada requerimiento de información, tal como se señaló en los considerandos precedentes que, de negarse a proporcionar la información solicitada constituiría una infracción a la labor inspectiva; por lo tanto, la impugnante tenía pleno conocimiento de las consecuencias que acarrearía incumplir con presentar, en el plazo otorgado, los documentos requeridos; sin embargo, no cumplió con presentar la información solicitada por los Inspectores de Trabajo, configurándose de esta manera la comisión de las infracciones a la labor inspectiva.

Por tanto, si bien la materia que originó el presente procedimiento es sobre remuneraciones y discriminación en el trabajo, es claro, que debido a la falta de colaboración de la impugnante no se pudo concluir con las investigación habiéndose configurado en el transcurso de la investigación la comisión de infracciones a la labor inspectiva, no acogiéndose lo señalado por la impugnante al no existir contradicción entre los hechos imputados y sancionados, ya que los hechos materia de denuncia no se han determinado en el presente procedimiento, debido a la falta de colaboración de la impugnante configurándose las infracciones a la labor inspectiva que fueron de conocimiento de la impugnante.

En cuanto a la condición de los trabajadores, de las actuaciones inspectivas de investigación, de la información obtenida de la planilla electrónica Reporte TR-5, periodo 2021-07, se ha determinado la cantidad de trabajadores que tienen la condición de obreros municipales. Por lo que, de conformidad a lo establecido en los artículos 16 y 47 de la LGIT, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo que se formalicen en las actas de infracción observándose los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos; constituyendo prueba relevante en el procedimiento administrativo sancionador, pero dicha presunción admite prueba en contrario, ya que el legislador ha dispuesto que los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses pueden presentar las pruebas que consideran pertinentes.

En tal sentido, la impugnante tenía pleno conocimiento del presente procedimiento, por lo que debía haber tenido una participación activa durante las actuaciones inspectivas, así como en el transcurso del procedimiento sancionador, siendo esta la interesada de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales; por ende, tiene la prerrogativa de presentar toda la documentación que considere pertinente a fin de esclarecer cualquier controversia y/o cuestionamiento sobre las materias investigadas, por tanto, si consideraba necesario determinar la condición de los trabajadores afectados, tenía la plena facultad de presentar los documentos que sustenten lo alegado.

El artículo 38 de la LGIT dispone que: “Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida, b) Número de trabajadores afectados, c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación”.

Del mismo modo, el artículo 47 del RLGIT señala que las sanciones por la comisión de las infracciones a que se refiere la Ley y el presente reglamento se determinan atendiendo a los criterios generales previstos en el artículo 38 de la Ley, y los antecedentes del sujeto infractor referidos al cumplimiento de las normas sociolaborales. Es así que, el artículo 48 del RLGIT establece que el cálculo del monto de las multas administrativas se determina en virtud de las tablas de sanciones dispuestas en dicho artículo. Por lo que, las tablas de sanciones contempladas en dicho artículo consignan los criterios antes señalados.

Ahora bien, de la revisión de la resolución de primera instancia, se evidencia que el monto de la sanción impuesta fue determinado en aplicación de la tabla de sanciones contemplada en el artículo 48 del RGIT, la misma que, como ya se explicó, recoge los parámetros o criterios señalados en el artículo 38 de la LGIT, conforme a lo expuesto en los considerandos 25 al 27 de la parte VII de la Resolución de Sub Intendencia N° 107-2021-SUNAFIL/IRE-LOR/SIRE. Por lo tanto, no es cierto lo alegado por la impugnante sobre que la multa impuesta es irregular, abusiva e ilegal, por no haberse aplicado los criterios señalados en el artículo 38 de la LGIT.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.