Municipalidad Provincial de Cotabambas — Res. 66-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas). soft 10:40:09-0500

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar la implementación de planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo), tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 28,732.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas de orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Se presentó en su oportunidad el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID- 19 en el Trabajo, el mismo que fue debidamente registrado en el SISCOVID, adjuntándose el pantallazo de dicha presentación, el que se adjunta al presente como Anexo 1.A. ii. No se ha detallado específicamente qué medidas de requerimiento se incumplieron, denotándose ambigüedad y oscuridad en el Acta de Infracción. El acta no sigue un orden, por el contrario, señala una serie de tipificaciones sin especificar, así como señala una cantidad diferente de trabajadores comprendidos en la inspección. iii. En fecha 12 de febrero de 2021 se remitió la relación de control de asistencia del personal que labora en seguridad ciudadana, correspondiente al mes de febrero de 2021, este documento es de vital importancia, puesto que, de conformidad al principio de primacía de realidad, en el mes de febrero de 2021 laboraron 13 servidores, conforme al registro manual de asistencia, siendo esta la real muestra. iv. Se tiene el registro de la relación del personal de Serenazgo, así como la evidencia fotográfica, correspondiente al mes de febrero de 2021, donde firman en señal de

conformidad 14 servidores, los mismos que recibieron su protector facial, mascarilla, alcohol, jabón líquido, así como se tiene el registro fotográfico en el Anexo 1.F. v. Asimismo, el personal de serenazgo, correspondiente al mes de febrero de 2021, cuenta con un registro de control de temperatura personalizado, conforme se adjunta al presente recurso; en este punto, se debe poner en ponderación criterios de razonabilidad, así como el principio de primacía de la realidad, en razón de realizar un registro personalizado que podría generar un aglomeramiento, creándose un foco de contagio, es por eso que, se procede a tomar el control de temperatura a todos los trabajadores y público en general al ingreso a la entidad, sacándose un récord del mismo, lo que es informado por el médico de la institución, el mismo que se adjunta al presente, en el Anexo 1.H. vi. Con fecha 18 de febrero de 2021, mediante Informe N° 0135-2021-GPP-MPCT7RNA, se remite la Disponibilidad Presupuestal para la prevención y control de COVID-19, correspondiente al periodo 2021, documento que se adjunta en el Anexo 1.I. del presente. vii. Solicitan la nulidad de la Imputación de Cargos, en razón que en todo el procedimiento administrativo sancionador nunca se notificó al correo institucional hasta la resolución que impone la sanción. De conformidad con el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, el administrado debió autorizar se notifique al sistema de casilla electrónica; asimismo, de conformidad al principio de uniformidad, en otros procedimientos sancionadores seguidos a la entidad, siempre se notificó al correo institucional recursoshumanos@muniprovincialcotabamba.gob.pe, es por estas razones que hubo un desconocimiento del procedimiento sancionador, prueba de esto es que únicamente se notificó del PAS, en fecha 07 de diciembre de 2021, más no todos los actuados desde el inicio, debiéndose declarar la nulidad del procedimiento y retrotraerse a la etapa inicial, para no vulnerar el debido procedimiento así como el derecho de defensa. viii. No se han identificado específicamente las medidas sociolaborales incumplidas, denotándose una aplicación indebida de una planilla y/o formato impreciso. Por tanto, solicitan la nulidad de la imputación de cargos, así como todo lo demás actuado. ix. Por último, la medida de requerimiento se da dentro del ámbito de aplicación de la actividad privada, sin embargo, existen 8 trabajadores dentro de la relación que no están comprendidos en este régimen laboral 728. Ello se acredita mediante la Resolución de Alcaldía N° 321-2011-A-MPCT/RA, que resuelve nombrar a dichos servidores que acreditan que se encuentran en el régimen laboral Decreto Legislativo N° 276.

i. El recurso de reconsideración no es una vía para el reexamen de los argumentos y pruebas presentadas por el administrado durante la tramitación del procedimiento administrativo sancionador, sino que su camino está orientado a pruebas nuevas que no hayan sido analizadas por este Despacho. ii. Siendo así, el administrado acompaña como nueva prueba de su recurso, documentos de los cuales se puede advertir que no han sido materia de evaluación por el inspector comisionado durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, ni por este despacho; por lo que, se tiene que el mencionado documento sí constituye prueba nueva. iii. Al respecto, de la revisión de los documentos del ítem 1 al 9, se puede advertir que si bien han cumplido con presentar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Ministerio de Salud, por otro lado se aprecia que en la medida inspectiva de requerimiento en el punto 2 requiere el inspector comisionado “acreditar la evaluación de la condición de salud de los trabajadores previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, específicamente la gestión de la ficha de sintomatología COVID-19, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 972-2020- MINSA, de la totalidad de trabajadores comprendidos en la investigación”, de la evaluación de los documentos presentados se logra advertir que no ha cumplido con subsanar con la totalidad de trabajadores, por otro lado de la entrega de EPPs, el sujeto inspeccionado sólo ha cumplido con presentar en relación a los trabajadores de Seguridad Ciudadana (14 trabajadores) y por último sobre el control de temperatura ha presentado sobre los trabajadores que laboraron en el mes de febrero, la misma que no lleva la firma de dichos trabajadores. iv. En tal sentido, el recurso de reconsideración no logra desvirtuar la infracción imputada, puesto que conforme se expuso en los considerandos de la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-APU/SIRE, las conductas sancionadas se encuentran debidamente motivadas y sustentadas en argumentos de hecho y derecho, además de no advertirse las transgresiones alegadas en el recurso.

i. Con respecto a la primera presunta imputación referida a no acreditar la implementación de planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo), al respecto, en su oportunidad sí se presentó el Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, el mismo que fue debidamente registrado en el SISCOVID, adjuntándose el pantallazo de dicha presentación. ii. Con respecto a la segunda presunta imputación referida a no acreditar el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, en perjuicio de 52 trabajadores; señalan que no se detalla

2 Notificada a la impugnante el 24 de enero de 2022, véase folio 158 del expediente sancionador.

específicamente qué medidas de requerimiento se incumplieron, denotándose ambigüedad y oscuridad en el Acta de Infracción, ya que lo correcto sería detallar con exactitud qué se ha incumplido. iii. Con relación a la ficha sintomatológica COVID-19, en fecha 12 de febrero de 2021, el Sub Gerente de la División de Seguridad Ciudadana, remite la relación de control de asistencia del personal que labora en seguridad ciudadana correspondiente al mes de febrero de 2021. iv. Con respecto a acreditar el equipo de protección personal, se tiene el registro de la relación del personal de serenazgo, así como la evidencia fotográfica, correspondiente al mes de febrero de 2021, donde firman en señal de conformidad 14 trabajadores. v. Respecto a acreditar el registro de control de temperatura individualizado; señalan que es humanamente imposible llevar un control “personalizado” de cada servidor, por la cantidad de servidores y usuarios que ingresan a la entidad, ya que esto demanda bastante tiempo, retrasando las actividades. vi. Como pretensión administrativa accesoria, solicitan se declare la nulidad de la Imputación de Cargos N° 038-2021-SUNAFIL/IRE-APU-SIAI, y posteriores actuados, en razón que se ha producido un supuesto de notificación defectuosa en el procedimiento sancionador.

i. Se verifica que el presente procedimiento y resolución apelada, se realizó y emitió, dentro del marco legal y al amparo de la normativa establecida por la LGIT y su Reglamento. Al respecto, es de precisar que no se ha vulnerado el principio de legalidad, toda vez que, la inspectora actuante y la autoridad de primera instancia, tipificaron dos conductas infractoras independientes, en el numeral 27.7 del artículo 27 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, de acuerdo a lo señalado por la LGIT y su Reglamento, siendo calificados, como infracción grave y muy grave, respectivamente, por lo que, tanto el inspector actuante como la autoridad de primera instancia han actuado de acuerdo a ley, conforme a sus facultades conferidas. ii. En ese sentido, la impugnante en su calidad de empleador tiene como obligación cumplir con su deber de prevención, garantizando la seguridad y salud de sus trabajadores y de aquellos que no teniendo vínculo laboral presten servicios o se

3 Notificada a la impugnante el 18 de marzo de 2022, véase folio 289 del expediente sancionador.

encuentren dentro del ámbito de trabajo; así como también dar cumplimiento con la medida inspectiva de requerimiento, en cuanto a su obligación frente a la labor inspectiva del inspector actuante. iii. Sobre la infracción por no contar con un Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, al respecto el numeral 7.1.6 de la Resolución Ministerial N° 972-2021-MINSA, establece que el registro del citado plan, se realiza a través del Sistema Integrado de Información para COVID-19 (SISCOVID-19) o mediante el correo electrónico empresa@minsa.gob.pe. iv. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 972-2021- MINSA, respecto a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a SAR-COV-2, la impugnante estaba en la obligación de acreditar que su Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, debía estar aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el Sistema Integrado de Información para COVID-19 (SISCOVID-19) o mediante el correo electrónico empresa@minsa.gob.pe. v. Sin embargo, se tiene del expediente de investigación el requerimiento de información de fecha 21 de enero de 2021, el cual no fue cumplido conforme a lo establecido por la normatividad y lo solicitado por el inspector actuante, lo cual motivó la emisión de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de febrero de 2021. vi. Al respecto, del expediente de investigación se tiene que la impugnante presentó dentro del plazo otorgado, un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, sin el registro correspondiente por la autoridad de salud, asimismo sin la aprobación de su Comité de SST, y es que de la revisión de los demás documentos se evidencia que, los presenta de manera incompleta (ficha de sintomatología); asimismo, el Informe N° 028-2021-AAH/PSCV/MPCT, de fecha 21 de enero de 2021, no acredita la subsanación de la infracción y el cumplimiento del requerimiento realizado por el inspector actuante, más aún cuando este es del periodo enero 2021, siendo que el requerimiento se realizó respecto al periodo febrero 2021. vii. Del mismo modo, el Informe N° 0135-2021-GPP-MPCT/RNA, de fecha 18 de febrero de 2021, no acredita la asignación presupuestal para la implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, correspondiente al año fiscal 2021, pues no se tiene las especificaciones concretas y detalladas que permita determinar la correspondiente asignación presupuestal. viii. Ahora, en el expediente sancionador se tiene que la impugnante ha presentado los mismos documentos tanto los adjuntados a su recurso de apelación como a su escrito ingresado en fecha 28 de diciembre de 2021, en los cuales se evidencia que no corrigió las falencias u observaciones detectadas, pues como se evidencia, aún persisten las observaciones advertidas en los puntos 3.20 y 3.21 de la presente resolución, así como tampoco no acredita la entrega de equipo de protección personal a cada trabajador; asimismo, persiste el incumplimiento respecto al registro de control de temperatura individualizado de la totalidad de trabajadores comprendidos en la investigación correspondiente al periodo febrero 2021. ix. Sobre el principio de razonabilidad, se precisó que la conducta de la impugnante constituyó un actuar punible, la sanción se dio de manera razonable, en función de los elementos subjetivos de la comisión y los efectos producidos. Por todo ello, no

se evidencia ningún exceso de punición que constituya una falta de proporcionalidad entre el acto sancionador contenido en la apelada y su finalidad. x. En ese entender, el inspector de trabajo actuante, no sólo agotó su enfoque en una perspectiva punitiva; muy por el contrario, de forma complementaria, trató de brindar oportunidades para la reconducción de las conductas de la impugnante, como se detalla del requerimiento de fecha 21 de enero de 2021 y la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de febrero de 2021. xi. Sobre la vulneración al principio de tipicidad, al respecto la tipificación propuesta en el Acta de Infracción y en la resolución apelada fue la contenida en el numeral 27.7 del artículo 27 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; se aprecia que si bien la descripción de la conducta sancionable utiliza un supuesto jurídico indeterminado, al referirse al incumplimiento de la normativa; sin embargo, ello no implica que sea insuficiente o imprecisa, como aduce la inspeccionada, toda vez que los mencionados tipos infractores delimitan que la normativa incumplida sea en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de labor inspectiva. xii. Por último, sobre la supuesta vulneración al principio de verdad material, en lo referido a que no se cumplió con notificar las alertas al sistema informático de notificación electrónica, al correo electrónico o mediante el servicio de mensajería; contrario a lo alegado por la impugnante, se tiene de autos que al requerimiento de fecha 21 de enero de 2021, dio respuesta parcialmente; es decir, sí tenía conocimiento del requerimiento y de su notificación; asimismo, se tiene que la medida inspectiva de requerimiento fue notificada en el mismo domicilio de la impugnante en fecha 09 de febrero de 2021, y del mismo modo se tiene que la impugnante en fecha 28 de diciembre de 2021, presenta un escrito del cual con absoluta claridad se evidencia de su contenido que, contaba con pleno conocimiento de todas las fases del presente procedimiento; por lo cual, no se pueda argumentar notificación defectuosa. xiii. Ahora, respecto a la vulneración a la competencia y ámbito de aplicación argumentado por la impugnante, al indicar que 08 trabajadores de los comprendidos en la investigación pertenecen al régimen laboral establecido por el Decreto Legislativo N° 276, esto no enerva que la investigación pueda continuar respecto a los trabajadores comprendidos en el régimen de la actividad privada, siendo que los trabajadores comprendidos en la investigación fueron 52, y de los restantes, no se cumplió con acreditar los requerimientos efectuados por el inspector actuante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial De Cotabambas

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-APURÍMAC, señalando los siguientes alegatos:

i. Se ha producido un supuesto de notificación defectuosa en el procedimiento administrativo sancionador, en razón que, únicamente fue notificado al correo institucional, recursoshumanos@muniprovincialcotabambas.gob.pe, el 07 de diciembre de 2021, la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-APU/SIRE; es decir, no se cumplió con notificar las alertas del sistema informático de notificación electrónica, al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador. ii. Conforme a lo señalado por la Intendencia Regional de Apurímac en el numeral 3.42 de la Resolución de Intendencia N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-APURÍMAC, respecto al ámbito de aplicación; el procedimiento de fiscalización y/o inspección es muy diferente del procedimiento administrativo sancionador, puesto que son dos etapas diferentes, que si bien se notificó con la alerta de control y/o servicio de mensajería, sólo fue la fiscalización y/o inspección, que consistía en solicitar medidas de requerimiento. iii. También erróneamente se interpretó que notificaron con la alerta de notificación en el procedimiento administrativo sancionador, en el sentido que señalan que se presentó un escrito de fecha 28 de diciembre de 2021, del cual se evidencia que contaban con pleno conocimiento de todas las fases del procedimiento, hecho que no es acorde a la realidad, puesto que no se notificó con las alertas, la Imputación de Cargos, así como el Informe Final de Instrucción, dejándose en indefensión y solamente la resolución que pone sanción fue notificada mediante la alerta de notificación al correo institucional;

por ello, el 28 de diciembre de 2021 presentaron el recurso de reconsideración; es decir, no se defendieron por desconocimiento. Por ese motivo, plantean la nulidad de la Imputación de Cargos, por defectos en la notificación. iv. No se ha valorado que en el recurso de apelación cuestionan el envío de las alertas del sistema informático de notificación electrónica al correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería, en mérito al artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR; por tanto, bajo el principio de uniformidad y el principio de igualdad, en razón que en sendos y reiterados fallos se resolvió revocar y dejar sin efecto la multa impuesta debido a la inobservancia de notificar las alertas, deben otorgar o reconocer derechos iguales antes hechos, supuestos o acontecimientos semejantes, debiéndose declarar la nulidad de todo lo actuado. v. Respecto a la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, sí se presentó en su oportunidad, el mismo que fue registrado en el SISCOVID, adjuntándose el pantallazo de dicha presentación, teniendo en cuenta que el MINSA dispone que el citado plan debe ser remitido vía correo electrónico al Ministerio de Salud; por lo que, basta con la sola presentación al correo. Por tanto, sí contaban con el registro y con la aprobación del citado por el Comité de SST. vi. Con respecto a la segunda presunta imputación referida a no acreditar con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, en perjuicio de 52 trabajadores; señalan que no se detalla específicamente qué medidas de requerimiento se incumplieron, denotándose ambigüedad y oscuridad en el Acta de Infracción, ya que lo correcto sería detallar con exactitud qué se ha incumplido; más por el contrario, señalan una serie de situaciones sin tipificar y especificar que se incumplieron, tampoco se cuenta con la cantidad exacta de trabajadores inspeccionados. Tal es así que la Intendencia en su apartado 3.40, señala que la conducta sancionable utiliza un supuesto jurídico indeterminado; ello en razón de que en la documentación del procedimiento sancionador no se específica qué conductas se incumplieron, así como no se adecúa las conductas a una norma típica. vii. Con relación a la ficha sintomatológica COVID-19, en fecha 12 de febrero de 2021, el Sub Gerente de la División de Seguridad Ciudadana, remite la relación de control de asistencia del personal que labora en seguridad ciudadana, correspondiente al mes de febrero de 2021, lo cual es de vital importancia, puesto que, de conformidad al principio de primacía de la realidad, en el mes de febrero de 2021 laboraron 13 servidores, conforme al registro manual de asistencia, siendo esta la real muestra. viii. Con respecto a acreditar el equipo de protección personal, se tiene el registro de la relación del personal de serenazgo, así como la evidencia fotográfica, correspondiente al mes de febrero de 2021, donde firman en señal de conformidad 13 servidores, los mismos que recibieron su protector facial, mascarilla, alcohol, jabón líquido, así como

se tiene el registro fotográfico. Se debe precisar que la delimitación de trabajadores comprendidos en la investigación se refiere a “obreros municipales”, siendo ellos el personal de serenazgo, los que firman su control de asistencia diaria, la misma que se adjuntó; en todo caso el inspector antes de identificar a los trabajadores, debió requerir el control de asistencia de estos servidores, medio probatorio que no fue valorado por la Intendencia. ix. Respecto a acreditar el registro de control de temperatura individualizado, sobre el particular, se debe poner en ponderación determinados criterios de razonabilidad, por ello, se procede a tomar el control de temperatura a todos los trabajadores y público en general al ingreso a la entidad, sacándose un récord del mismo, el mismo que es informado al médico de la institución. x. Se debe tener en cuenta que nunca se incumplió con llevar un registro, ya que mensualmente el médico de la institución remite el récord de control de temperatura del mes, así como las observaciones del caso. Sin perjuicio de lo manifestado, se tiene una relación personalizada del área de serenazgo, donde acredita la toma de temperatura personal, de este personal, sí, se lleva un registro personalizado puesto que la cantidad de trabajadores en esta área es mínima. xi. Respecto a acreditar la asignación de un presupuesto que asegure la implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, en fecha 18 de febrero de 2021, el Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización de la MPCT, mediante Informe N° 0135-2021-GPP-MPCT/RNA, remite la disponibilidad presupuestal para el periodo 2021; por tanto, queda demostrado que se cumplió con este ítem. Sin embargo, en la Resolución de Intendencia se señala que esto no acredita la asignación presupuestal, pues no se tiene las especificaciones concretas y detalladas, lo que es falso, puesto que se informó que se tiene un presupuesto asignado hasta por el importe de S/ 20,000.00, y las especificaciones técnicas se detallan en el Informe N° 275-2022-POO-MPC-T/HRVO; por tanto, queda demostrada la asignación presupuestal. xii. En el Informe Final de Instrucción no se señalan las obligaciones sociolaborales, es decir no se ha precisado el objeto y contenido del acto administrativo, lo que vulnera el debido procedimiento, así como el derecho de defensa, pues deja en indefensión a la entidad, puesto que no saben sobre qué ítem específicamente defenderse. xiii. Se ha vulnerado la competencia y ámbito de aplicación, al respecto la medida de requerimiento se da dentro del ámbito de aplicación de la actividad privada; sin embargo, existen trabajadores dentro de la relación que no están comprendidos en este régimen laboral 728; está inspección está compuesta presuntamente por 54 trabajadores; sin embargo, existen 8 trabajadores nombrados bajo el régimen laboral 276. Ello se acredita mediante la Resolución de Alcaldía N° 321-2011-A-MPCT/RA y Resolución de Alcaldía N° 420-2019-A-MPCT, que resuelve nombrar a dichos servidores que acreditan que se encuentran en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276. Por tanto, debe declararse nulo toda la inspección y por consiguiente el PAS. xiv. Se ha tomado conocimiento del procedimiento administrativo sancionador recién el 12 de diciembre de 2021 (fecha en que se notifica formalmente la alerta de notificación), es por ello que ante este vicio se planteó la nulidad del procedimiento; sin embargo, habiendo verificado el sistema de casilla electrónica, se observa que depositaron la Imputación de Cargos en fecha 06 de marzo de 2021, notificada el 08 de marzo de 2021, mientras que la resolución de primera instancia fue depositada el 07 de diciembre de 2021 y notificada el 09 de diciembre de 2021, como se puede advertir, ha transcurrido más de 9 meses desde la Imputación de Cargos; por tanto, opera la caducidad del

presente PAS, debiéndose disponer el archivo definitivo, en atención al principio de uniformidad de los pronunciamientos del sistema, por ello citan como antecedente la

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la presunta vulneración a la garantía de la motivación de las resoluciones

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)”. 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…] [El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo”. (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican”.

12 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

13 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT (negativa a entregar la información requerida por el inspector comisionado). En el presente caso, la impugnante afirma en su recurso de revisión que no ha sido válidamente notificada en la etapa inspectiva con la medida de requerimiento y, en la etapa sancionadora, con la Imputación de Cargos y el Informe Final de Instrucción.

14 TUO de la LPAG, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 15 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

mensajería. Se concluye entonces que los administrados tienen una expectativa justificada de que tendrán conocimiento de cualquier notificación depositada en la casilla electrónica por medio de la mencionada alerta.

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

16 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 17 LPAG, artículo 1.15. 18 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

19 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 20 Ibid. fundamento jurídico 4. 21 Loc. Cit. 22 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 23 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19.

procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”24(énfasis añadido).

24 TUO de la LPAG, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura N°: 02

Figura N°: 03

25 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.40. El artículo 15 de la Ley N° 29981, señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

26 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 27 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

SUNAFIL/IRE-APU/SIRE, de fecha 18 de noviembre de 2021, notificada el 09 de diciembre de 2021, se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el inciso 1 del artículo 10 de la LPAG, correspondiendo que ese acto administrativo sea declarado nulo. En tal sentido, debe retrotraerse lo actuado hasta la fecha de emisión del acto declarado nulo.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-APU/SIRE, de fecha 18 de noviembre de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Apurímac y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 038-2021-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE- APU/SIRE, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS, y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Apurímac y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.45 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener que mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20230125MCR