Municipalidad Provincial de Chincha — Res. 1355-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Seguridad Social (Sub materias: Inscripción en la seguridad social (Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud; e, Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en pensiones)); Remuneraciones (Sub materias: Gratificaciones; y, Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Jornada y horario de trabajo); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla); y, Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS).

medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de setiembre de 2020, y la inasistencia al requerimiento de comparecencia para el 20 de febrero de 2020.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada, horario de trabajo refrigerio trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general; respecto a la materia Jornada y horario de trabajo, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,884.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de las gratificaciones, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,446.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de la CTS, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,446.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de las remuneraciones,

tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 22,446.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia, respecto a la comparecencia programada para el 20 de febrero de 2020 a las 11:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 49,708.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo; tal como no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificado el 30 de setiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 33,884.00.

i. Refieren que, se ha notificado la imputación de cargos dos años después de emitida la orden de inspección; se pretende vulnerar la normativa de la materia al pretender sancionarlos posterior a que ya ha operado la caducidad del derecho para sancionar, esto es, habiendo transcurrido más de nueve meses para ejercer dicha facultad, sin existir prórroga o ampliación de plazo alguno que se haya emitido a fin de que trate de justificar la ampliación de acuerdo a ley, por tres meses; situación que no ha ocurrido, ya que no han sido notificados con documento alguno sobre ello, debiéndose tener presente el artículo 259 del TUO de la LPAG y el principio del debido procedimiento; habiendo cumplido con acreditar que se ha cumplido con el pago de las CTS de los periodos de mayo y noviembre de 2019, y pago de las remuneraciones del periodo 2019 y 2020, y han cumplido con brindar la información solicitada motivos por los que no cabe sanción alguna por incumplimiento. ii. Precisan que, una vez transcurrido nueve meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo, y estando a la fecha de inicio del procedimiento sancionador y la notificación, hasta la fecha de imposición de la sanción, ha operado la caducidad, correspondiendo archivar el procedimiento, no estando debidamente motivada la resolución recurrida, vulnerando normas de obligatorio cumplimiento.

2 Mediante Auto de Sub Intendencia de Resolución N° 406-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, de fecha 11 de mayo de 2023, la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ica, encausa el recurso de reconsideración presentado por la Municipalidad Provincial de Chincha, a recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución de Subintendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, conforme a lo dispuesto por el artículo 156 del TUO de la LPAG.

iii. Asimismo, sostienen que, no se han considerado sus medios de prueba presentados, mencionando de manera abusiva que solo tomaran en cuenta únicamente los documentos y alegatos planteados en su escrito de descargo, que resulten relevantes y congruentes respecto a la infracción detectada por la inspectora, escogiendo solo aquellos que respaldan su decisión, mas no lo que a su representada le favorece, por ende, la parcialización; no se ha valorado adecuadamente lo establecido en los informes presentados, y los comprobantes de pago presentados por su parte.

i. Que, en el presente caso, el procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo: Imputación de Cargos N° 300-2022-SUNAFIL/SIFN-IRE-ICA, notificada al Procurador el 22 de julio de 2022 y a la Municipalidad el 18 de julio de 2022; asimismo la Resolución de Subintendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, notificada al Procurador el 14 de abril de 2023 y a la Municipalidad el 17 de abril de 2023. ii. Por consiguiente, se aprecia que el procedimiento sancionador se inició el 22 de julio de 2022 (tomando como fecha de inicio la notificación al procurador), por lo que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG la autoridad sancionadora, tenía hasta el 22 de abril de 2023 para emitir y notificar la resolución de sanción, siendo que, dentro del presente procedimiento, no se ha solicitado la ampliación adicional por tres meses. iii. En el presente caso y conforme consta de la constancia de notificación por casilla electrónica, la resolución de sanción ha sido notificada antes de cumplirse los nueve meses establecidos por Ley para resolver el procedimiento sancionador; motivo por el cual el presente procedimiento sancionador no se encuentra inmersa en causal de caducidad. iv. Conforme a los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador, se verifica que, el administrado presentó sus descargos a la imputación de cargos, al informe final así como su recurso de reconsideración encausado como uno de apelación, de los cuales tanto la fase instructora y la primera instancia han realizado un análisis y valoración de cada uno de sus fundamentos, detallando la afectación y la subsunción de los hechos verificados dentro de los supuestos normativos y tipificados en las infracciones al ordenamiento jurídico en normativa sociolaboral y labor inspectiva, por lo que, no se evidencia la supuesta afectación al derecho del debido procedimiento ni al derecho de defensa del administrado. v. Al respecto, cabe precisar que al sujeto inspeccionado se le determina responsabilidad por el incumplimiento de la normativa socio laboral (jornada de trabajo, pago de remuneraciones, gratificaciones y CTS) y a la labor inspectiva (inasistencia e incumplimiento de medida de requerimiento), habiendo valorado la Sub Intendencia de Sanción todos y cada uno de los medios probatorios presentados

3 Notificada a la impugnante y al Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Chincha el 06 de setiembre de 2023.

por el sujeto inspeccionado, motivando el porqué de su decisión, y si bien señala que tomara en cuenta únicamente los documentos y alegatos planteados por el sujeto inspeccionado en su escrito de descargos, también señala, que resultan relevantes y congruentes respecto de la infracción detectada por la inspectora; habiendo evaluado todos los extremos de los descargos presentados por el sujeto inspeccionado sin vulnerar su derecho a la defensa. vi. En consecuencia, se verifica que no existe la vulneración a la debida motivación invocada ni vulneración a los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, por cuanto los derechos laborales tienen amparo constitucional y legal, tal como se ha descrito precedentemente; hecho corroborado con los fundamentos de la resolución emitida por la primera instancia, en este procedimiento administrativo, en el cual se ha explicado establecido y coincidido con lo indicado por la inspectora comisionada sobre las infracciones propuestas, desestimando los argumentos expuestos por el administrado; por lo que no se ha vulnerado su derecho de defensa ni generado indefensión. Por ello, la resolución materia del recurso de apelación se encuentra debidamente motivada y en clara observancia del debido procedimiento que inspira el procedimiento administrativo sancionador. vii. En cuanto a las infracciones en materia de relaciones laborales las mismas que son: jornada y horario de trabajo, pago de gratificaciones, CTS y remuneración, se tiene que el sujeto inspeccionado si bien ha presentado documentos en cuanto al pago de las gratificaciones, solo de las gratificaciones, sin embargo no ha acreditado que dichos montos hayan sido depositados y/o pagados a los trabajadores con documentos idóneos como lo son las boletas de pago debidamente firmadas o las constancias de depósito en cada una de las cuentas de los trabajadores; motivo por el cual la infracción determinada queda acreditada; respecto al pago de CTS y de remuneraciones no ha presentado documento alguno que acredite el cumplimiento, lo que acredita que el sujeto inspeccionado no ha cumplido con sus obligaciones laborales, más aún si el presente procedimiento se ha llevado a cabo debido a la denuncia presentada por el Sindicato de trabajadores de la Municipalidad, en donde manifiesta que el sujeto inspeccionado no ha realizado el pago de los conceptos detallados, motivo por el cual los documentos presentados por el sujeto inspeccionado no acreditan que el pago de las gratificaciones se haya efectuado. viii. En cuanto a la jornada de trabajo, esta infracción no ha sido cuestionada por el sujeto inspeccionado en su recurso de apelación encausado, sin embargo, de la documentación presentada por el sujeto inspeccionado dentro del procedimiento sancionador, este acredita solo el horario de trabajo de sus trabajadores, mas no acredita que dicho horario laboral se haya cumplido, conforme a la observación realizada por el órgano de primera instancia, fundamentos con los cuales esta Intendencia concuerda y hace suyos, debido a que existe incongruencia entre el horario de trabajo establecido por el sujeto inspeccionado y el registro de control de asistencia que presento dentro de las actuaciones inspectivas; motivo por el cual la infracción está plenamente acreditada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial De Chincha

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de setiembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 99-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se ha inobservado la Directiva General N° 002-2013-MTPE-2-16, aprobada por Resolución Ministerial N° 169-2013-TR, sobre la acreditación de la representación del sujeto inspeccionado que señala, las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado, conforme a las reglas siguientes: a) el representante legal de la persona jurídica de derecho privado acredita su condición con copia simple de su DNI y del documento registral vigente que consigue dicho cargo; b) el representante de la persona jurídica de derecho público acreditar su condición, presentando copia simple de su DNI y del acto administrativo que le otorga o delega dichas facultades. ii. Sostienen que, de la revisión del expediente, advierten que el acta de infracción se originó previa realización de las actuaciones inspectivas, en la modalidad de comparecencia del sujeto inspeccionado (La Municipalidad), una persona jurídica, debió haberse acreditado mediante acto administrativo delegándosele dicha facultad, conforme al literal b) del mismo numeral 6.1 de la Directiva citada. iii. Alegan que, al no estar debidamente representada la Municipalidad de Chincha ante las diligencias de comparecencia se debe tener en cuenta el Lineamiento N° 013-2008,

emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el cual se establecen los criterios técnicos en la declaración de nulidad de las actas de infracción. iv. Agregan que, al haber sido representados por una persona que no estaba debidamente acreditada, conforme al literal b) del mismo numeral 6.1 de la Directiva General N° 002- 2013-MTPE-2-16, se está omitiendo la aplicación de una norma establecida, vulnerándose el derecho de estar debidamente representada. v. Por otro lado, consideran que se ha interpretado inadecuadamente el artículo 259 del TUO de la Ley N° 27444, en tanto que, el 27 de enero de 2020 se expide la orden de inspección; se notificó la imputación de cargos el 18 de julio de 2022, el informe final el 22 de setiembre de 2022, y se notificó la resolución recién el 14 de abril de 2023. vi. Por tanto, estiman que, se ha interpretado inadecuadamente la fecha de iniciación del procedimiento sancionador, puesto que se expresa que es con la imputación de cargos, sin embargo, mencionan que desde que aparece el expediente sancionador es cuando ya se ha iniciado el procedimiento, y, por ende, es desde la fecha en que los inspectores realizan la visita inspectiva a la entidad. En tal sentido, refieren que, desde la fecha de inspección, a la fecha de la impugnación, han transcurrido con exceso el plazo de ley y por ende debe ampararse la caducidad. vii. Por último, alegan que no se han valorado sus informes N° 1431-2022, 271-2020, 883- 2020, 74-2020, 15-2020, 883-2020, 934-2020, 196-2020 y los comprobantes de pago, a pesar de demostrar el cumplimiento de obligaciones.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la materia Jornada y horario de trabajo tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

argumentos y evidencias que propongan las partes. La resolución es apelable dentro de tercer día”.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figuras N° 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N° 02:

requerimiento, no resultaba ser, a priori, un plazo adecuado y razonable. Resulta necesario señalar que, la finalidad de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una actuación correctiva para que los sujetos inspeccionados cumplan con adoptar las medidas necesarias para enmendar los incumplimientos advertidos durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Entonces, los inspectores de trabajo, al momento de emitir una medida inspectiva de requerimiento, debe evaluar la situación de cada caso en particular, y los requerimientos que en concreto efectúan. En este caso fueron requerimientos de pagos, así como presentación de documentación; por lo tanto, el plazo otorgado para el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento debió ser razonable en función a la totalidad de los requerimientos efectuados.

“6.10. Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente, así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida.

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

11 LGIT, artículo 1. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 13 “Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público”.

requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

colaboración; sin embargo, pese a haberse dejado constancia del apercibimiento en la citada comparecencia, este no asistió.

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del

procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”14.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Imputación de Cargos N° 300-2022- SUNAFIL/SIFN-IRE-ICA 22/07/2022 Fin Resolución de Subintendencia N° 202-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-ICA 14/04/2023

14 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

Resolución) tenía hasta el 24 de abril de 2023 para emitir y notificar la resolución de sanción.

Sobre los demás alegatos expuestos por la impugnante

cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Por otro lado, se advierte del expediente sancionador que la Autoridad Sancionadora de primera instancia en el considerando 11., 28. 29. 42. de la Resolución de Subintendencia N° 202-2023- SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, procedió a valorar los medios probatorios presentados por el sujeto responsable. No obstante, no acredita haber cumplido con sus obligaciones laborales, más aún si el presente procedimiento se ha llevado a cabo debido a la denuncia presentada por el Sindicato de trabajadores de la Municipalidad, en donde manifiesta que el sujeto inspeccionado no ha realizado el pago de los conceptos adeudados, motivo por el cual los documentos presentados por el sujeto inspeccionado no acreditan que el pago se haya efectuado. En consecuencia, se deben desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Relaciones Laborales No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de las gratificaciones. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de la CTS. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto, incluidos los establecidos por convenios colectivos, laudos arbitrales, así como la reducción de los mismos en fraude a la ley; tal como no cumplir con acreditar el pago de las remuneraciones. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva Por la inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia, respecto a la comparecencia programada para el 20 de febrero de 2020 a las 11:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 99- 2023-SUNAFIL/IRE-HUA, de fecha 31 de agosto de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Huánuco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 595-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 202-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, de fecha 13 de abril de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 99-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 26 del RLGIT, y a la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 99-2023-SUNAFIL/IRE-HUA, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

CUARTO. - Declarar agotada la vía administrativa, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA, y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20251001MCR – HR 169051-2019