Municipalidad Provincial de Chiclayo — Res. 910-2024

Mediante Orden de Inspección N° 597-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 384-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la negativa a cumplir con los requerimientos de información de fechas

Que, mediante Imputación de Cargos N° 425-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 7 de julio de 2022, notificada el 13 de julio de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 451-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 22 de julio de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 606-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 28 de setiembre de 2022, notificada el 18 de mayo de 20223, multó a la impugnante por la suma de S/ 12,098.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 29 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 606-2022-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 014-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 27 de enero de 20234, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 06 de febrero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 014-2023- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque elevó el recurso de revisión y los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000157-2023-SUNAFIL/IRE- LAM, recibido el 10 de febrero de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 014- 2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 12,098.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE, a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 31 de enero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO.

La impugnante refiere que la resolución de intendencia impugnada no habría sido notificada el Procurador Público de su entidad.

Al respecto, se verifica de autos que dicha resolución impugnada, si habría sido notificada a la Procuraduría Pública Municipal de la impugnante en fecha 8 de febrero de 2023, conforme consta en la Cédula de Notificación N° 4219-2023 y sello de recepción de fecha 08 de febrero de 2023.

Sin perjuicio de ello, la misma resolución impugnada, también fue notificada vía casilla electrónica en fecha 30 de enero de 2023, conforme se verifica de la constancia de notificación vía casilla electrónica; ante lo cual, el Procurador impugnante se dio por bien notificado, e interpuso el recurso de revisión en fecha 6 de febrero de 2023.

Nótese que el numeral 27.2 del artículo 27 TUO de la LPAG11, determina que, en este tipo de casos, se tiene por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

Entonces, dado que en este caso el Procurador Público impugnante se dio por bien enterado de la resolución impugnada, porque precisamente interpuso el recurso de revisión que se está evaluación, no se evidencia ninguno vio en la tramitación en este extremo del procedimiento.

La impugnante alega que se enviaron las alertas de notificación a correos electrónicos inactivos y que por ello la notificación no sería válida, asimismo alega que desconocía la existencia de los requerimientos, por lo mismo que fue notificado a correos que se encuentran inactivos.

De la revisión de actuados en el presente procedimiento sancionador, se aprecia que el Inspector comisionado depositó en la casilla electrónica de la impugnante, un requerimiento de información de fecha 7 de mayo de 2022, conforme consta en la constancia de notificación vía casilla electrónica de fecha 09 de mayo de 2022.

Se aprecia también, en aplicación del principio de verdad material12, consultando en el aplicativo13 de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL que la alerta de notificación de dicho requerimiento de información se envió al correo electrónico registrado avasquez@contigo.munichiclayo.gob.pe,

En virtud a estas imágenes se verifica que la alerta enviada de notificación enviada el 7 de mayo de 2022, fue realizada a un correo previamente registrado por la propia impugnante en su casilla electrónica, el cual estaba vigente desde el 05/01/2022 hasta el 06/06/2022, es decir dentro del periodo en que se emitió la alerta de la notificación del requerimiento de información (07/05/2022).

Sin perjuicio de ello, y tomando en cuenta que la impugnante alegó que no habría tomado conocimiento de la existencia de dicho requerimiento de información, corresponde verificar si la impugnante de forma previa o simultanea al requerimiento de información de fecha 7 de mayo de 2022, notificado el 09 de mayo de 2022, tuvo algún ingreso a la casilla electrónica que le haya permitido conocer este requerimiento.

Al respecto, nuevamente consultando en el aplicativo14 de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, se aprecia que la impugnante, tuvo hasta dos ingresos a la casilla electrónica de forma simultanea al requerimiento de información notificado en fecha 9 de mayo de 2022.

Asimismo, según se verifica en este sistema, la impugnante incluso llegó a descargar el requerimiento de información objeto de incumplimiento en fecha 10 de mayo de 2022, pero aun así no cumplió con responder nada:

De tales imágenes, se aprecia que la impugnante habría sido válidamente notificada en su casilla electrónica toda vez que el personal inspectivo cumplió con todas las formalidades que establece el Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, en consecuencia, la impugnante se encontraba en la obligación de efectuar la revisión de su casilla electrónica y cumplir con el requerimiento de información de fecha 7 de mayo de 2022, notificado el 09 de mayo de 2022.

Por las razones expuestas precedentemente, los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo deben ser desestimados, al verificarse que fueron evaluados y valorados, debidamente por la autoridad de segunda instancia, en la resolución impugnada, sin que la recurrente haya alegado argumentos distintos a los ya evaluados y desvirtuados por las instancias de mérito.

La impugnante alega que el requerimiento no fue notificado conforme a lo establecido por el quinto párrafo del numeral 20.4 del TUO de la Ley 27444.

En efecto, debe recordarse que el TUO de la LPAG establece, en el quinto párrafo del numeral 20.4 del artículo 20, que las entidades pueden asignar al administrado una casilla electrónica para notificarle actuaciones diversas, “siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado” y que, con la opinión favorable de la PCM y el MINJUS, “puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica”. Esta alternativa a la voluntariedad ha sido satisfecha, conforme se describe en el quinto párrafo de la parte considerativa de la norma especial, el Decreto Supremo Nº 003-2020 TR.

En este punto, cabe precisar que el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG no determina que se requiera de un consentimiento expreso del administrado para el uso del sistema de notificación mediante casilla electrónica, ya que, como se puede identificar del mismo numeral del TUO de la LPAG, la norma establece que, mediante decreto supremo del sector se puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, el cual se ha cumplido con la emisión del Decreto Supremo Nº 003 2020-TR.

Cabe señalar que, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha venido conociendo recursos de revisión en los que se han alegado diversos argumentos para cuestionar la validez de la notificación de las comunicaciones depositadas en la casilla electrónica. Esto motivó a que se examine varios casos a la luz del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR, norma que establece al menos seis reglas relevantes sobre la materia discutida:

En este extremo es preciso añadir que, el artículo 51 de la Constitución reconoce al principio de publicidad, declarando su carácter “esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Sobre este principio basal del Sistema Jurídico, el Tribunal Constitucional — en la Sentencia de fecha 28 de mayo de 2020 recaída en el Expediente 0001-2017 PI/TC— ha afirmado que tiene “naturaleza esencial” respecto de “todo Estado Constitucional de Derecho” (Fj. 6) y que “tiene una estrecha relación con la protección de los principios democrático- constitucionales de transparencia y seguridad jurídica” (Fj. 49).

Igualmente, cabe rescatar que el Alto Tribunal ha manifestado en la Sentencia de fecha 1 de julio de 2021 recaída en el expediente 01023-2021-PA/TC, lo siguiente:

Así también cabe recordar que, en la Sentencia de fecha 22 de junio de 2011 recaída en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC —un caso referido al ejercicio de facultades sancionadoras, aunque de carácter disciplinario—, el Tribunal Constitucional ha resuelto lo siguiente:

Estando a lo señalado precedentemente, se advierte que la notificación por medio del sistema de casilla electrónica se encuentra válidamente efectuada, en atención a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 003-2020-TR. De esta forma, la proporción entre los medios y fines que persigue la Administración Pública, con la notificación por vía de la casilla electrónica, se encuentra corroborada, respondiendo a la satisfacción de su cometido (respetándose así al principio de razonabilidad del procedimiento administrativo, conforme está plasmado en el punto 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG).

Con relación al último argumento de la impugnante, donde señala que la Sunafil no es competente en este caso porque se investigó a un trabajador del régimen del Decreto Legislativo N° 276.

Con relación al ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo, el artículo 4 de la LGIT señala que se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares en que se ejecute la prestación laboral, aun cuando el empleador sea del Sector Público o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Es decir, la competencia de la inspección de trabajo en el sector público se determinaría sobre la base del régimen laboral al cual se adscribe la entidad, y el personal inspectivo estaría habilitado para iniciar actividades de fiscalización si dentro de dicha entidad pública se emplea parte de su personal mediante el régimen laboral de la actividad privada. En el caso de las municipalidades el artículo 37 de la Ley Orgánica N° 27972, establece que los obreros que prestan servicios a las municipalidades son servidores públicos sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

Con relación a las actuaciones inspectivas de investigación, los artículos 1 y 10 de la LGIT las definen como diligencias que la Inspección del Trabajo realiza de oficio a través del personal inspectivo, en forma presencial y/o virtual, y con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumple la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, a efectos de garantizar su cumplimiento.

En el presente caso, lo único que hizo el Inspector comisionado es iniciar actuaciones inspectivas a la impugnante para comprobar el cumplimiento de normas sociolaborales de materias relacionadas al régimen laboral de la actividad privada, tales como relaciones colectivas y compensación por tiempo de servicios; sin embargo, no pudo cumplir con la finalidad de la orden de inspección debido a la falta de colaboración de la impugnada con la labor inspectiva, quien bien pudo responder a los requerimientos haciendo los cuestionamientos o aclaraciones que estime conveniente pero, al no responder nada, automáticamente incurrió en una infracción a la labor inspectiva que ha sido objeto de sanción en el presente procedimiento.

Por último, de la revisión del expediente de inspección y del Acta de Infracción, en ningún momento se determinó que el trabajador comprendido en las inspecciones inspectivas, pertenezca al régimen del Decreto Legislativo N° 276, y tampoco la impugnante presentó alguna documentación que acredite ello, en tal sentido, esta alegación carece de asidero probatorio alguno y por tanto debe ser desestimada.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.