Municipalidad Provincial de Chiclayo — Res. 380-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia), Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Subgrupo : condiciones de seguridad), Gestión interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subgrupo: Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

noviembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 96,094.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar documentalmente haber implementado el Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 96,094.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con presentar la información y la documentación solicitada hasta el 13/05/2022, por la demora en la entrega de información al inspector de trabajo, por generar retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 96,094.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa sociolaboral notificada el 16/05/2022, dando plazo hasta el 26/05/2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/ 193,338.00.

i. Indican que la resolución apelada deviene en nula y es contraria a la ley, debido a que su representada jamás tomó conocimiento de los requerimientos realizados, por ende, no existe voluntad de omitir el pedido realizado por el inspector, la entidad sancionadora debió probar y acreditar objetivamente el animus de no querer cumplir o infringir una determinada norma, pero en este caso no se tuvo conocimiento de lo requerido los días 13.05.2022 y 23.05.2022. ii. Si bien se indica que el requerimiento fue notificado electrónicamente sin embargo este no fue notificado conforme a lo establecido por el quinto párrafo del numeral

i. Con respecto a los incumplimientos en la entrega de información requeridos por el inspector, podrían admitirse dos (2) tipificaciones: i) el primero, regulado en el artículo 45.2 del RLGIT, se configura con la demora en la entrega de información al inspector de trabajo y es sancionable por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes; ii) el segundo, está tipificado en el artículo 46.3 del RLGIT y se configura con la negativa del sujeto inspeccionado de entregar información al inspector de trabajo. ii. Corresponde tener en cuenta lo mencionado en la Directiva No 01-2016 y 01-2020- SUNAFIL, dispone que cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa independiente o, dicho de otro modo, cada incumplimiento constituye una multa, en este caso se evidencia dos infracciones: i) el cumplimiento tardío al segundo requerimiento de información notificado el día 10 de mayo del 2022 y ii) el incumplimiento a la medida de requerimiento notificado el día 16 de mayo de 2022. iii. La primera conducta desplegada por la impugnante dentro del procedimiento inspectivo, se encuadra en la infracción tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, conforme lo ha desarrollado la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA; mientras que la segunda infracción, se configura una negativa al deber de colaboración sancionable en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGI ante el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, dentro del plazo otorgado.

2 Notificada a la impugnante el 26 de abril de 2023.

iv. Las actuaciones inspectivas desarrolladas han iniciado mediante Requerimiento de información de fecha 18 de abril de 2022 y 10 de mayo de 2022 y fue notificada en la casilla electrónica del administrado, las alertas de notificación se han realizado al correo electrónico registrado, se puede determinar que las notificaciones de los mencionados requerimientos se realizaron durante el periodo de actividad (durante la vigencia) del referido correo electrónico. Sin perjuicio de lo expuesto, se puede verificar que el administrado realizó la descarga de los requerimientos de información y medida de requerimiento los días 19 de abril de 2022 y 16 de mayo de 2022, se evidencia el conocimiento oportuno de las notificaciones por parte del sujeto inspeccionado. v. Demostrada la legalidad de la casilla electrónica efectuada por la administración al sujeto inspeccionado y acreditada la existencia de las constancias de depósito correspondientes donde la inspectora actuante sustenta el haber remitido los requerimientos de información referidos, no se encuentra razones para establecer que no se siguió con el procedimiento regulado. vi. El requerimiento de información efectuado el día 10 de mayo de 2022 y medida de requerimiento 16 de mayo de 2022 constituyen actos independientes plausibles de ser sancionadas individualmente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Municipalidad Provincial De Chiclayo

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Señala que se ha transgredido el artículo 47 de la Constitución Político del Perú, porque no se habrían notificado a su Procurador Público con la resolución de intendencia. ii. Invoca el agravio al artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, e indica que la resolución impugnada no contempla en ningún extremo que su representada desconocía el pedido de información realizado, ya que antes no tuvieron sancionado o antecedentes de faltas, y que siempre fueron respetuosos de los requerimientos hechos, agrega que las instancias previas vulneraron el principio de legalidad, y debió observarse lo resuelto por el Tribunal de Fiscalización Laboral en el Resoluciones: 548- 2021, 360-2022, 697-2021, 552-2021, 547-2021, las cuales resolvieron revocar las resoluciones que imponen sanción de multa y en su lugar dejándolas sin efecto al no haberse enviado las alertas de notificación según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. iii. Indica que se desconoció el Principio del Non Bis In Idem, implícito dentro del principio constitucional del debido proceso, dentro de la imputación de cargos, dentro de las dos infracciones, pedidos de fecha 13.05.2022, se aprecia que la solicitud de información es la misma y tipifican en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, debería aplicarse este principio que prohíbe la doble sanción. iv. Cuestiona que la resolución de intendencia transgredió el principio de legalidad al no haberse notificado conforme al quinto párrafo del numeral 20.4 del TUO de la Ley 27444, último párrafo, así como el principio del debido proceso y debida motivación de resoluciones. Agrega que la resolución apelada vulneró el principio de verdad material. v. Invoca la inexistencia de motivación o motivación aparente, así como falta de motivación interna del razonamiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones graves

Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.

“[…] la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido). 6.4 Entendiéndose, por parte de esta Sala, que la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

Sobre la notificación a la Procuraduría Pública

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento

9 Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin de que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad.

garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento 6.18 En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“8. En esa medida, además de las infracciones detectadas por incumplimientos a la normativa sociolaboral y de la seguridad y salud en el trabajo, las infracciones a la labor inspectiva se configuran, entre otros supuestos, cuando existe una obstrucción de parte de los inspeccionados al deber de colaboración en las actuaciones inspectivas. 9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo.”

“6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Figura N° 01

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe

cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT GRAVE

Relaciones Laborales No acreditar documentalmente haber implementado el Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales Generar retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas Numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO en contra de la Resolución de Intendencia N° 112- 2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 24 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 659-2022-SUNAFIL/IRE-LAM por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 32-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 06 de febrero de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 112-2023-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente