Municipalidad Provincial de Cajamarca — Res. 514-2021

Mediante Orden de Inspección N° 130-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 115-2020-SUNAFIL/IRE-CAJ de fecha 18 de marzo de 2021 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES contra la labor inspectiva.

Mediante Imputación de Cargos N° 193-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI, de fecha 19 de mayo de 2021, notificada el 21 de mayo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a)

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT), la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 220-2021- SUNAFIL/IRE-CAJ/SIAI de fecha 04 de junio de 2021 (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución, la cual mediante Resolución N° 289-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE de fecha 13 de julio de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00 (Veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100 soles), por haber incurrido en:

Con fecha 09 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 289-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIRE, de fecha 13 de julio de 2021, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, de fecha 13 de agosto de 20212, la Intendencia Regional de Cajamarca, declaró infundado el recurso de apelación, interpuesto por la impugnante, por considerar que:

Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 121-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 486- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 10 de setiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Municipalidad Provincial de Cajamarca, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 121- 2021-SUNAFIL/IRE-CAJ, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca, la cual declaró infundado su recurso de apelación y confirmó la sanción de S/ 23,144.00 (Veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro con 00/100 soles), por la comisión, de dos (02) infracciones tipificadas como MUY GRAVES, previstas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del 19 de agosto de 2021, el primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Respecto de la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que su interposición se faculta por Ley o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, el artículo 49 con la siguiente redacción:

En esa línea argumentativa, el artículo 55 del RLGIT establece que el recurso de revisión es un recurso de carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia, siendo desarrolladas su procedencia y requisitos de admisibilidad en el Reglamento del Tribunal, tal y como se señaló en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad lo siguiente:

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia de la Sala, vinculada con las infracciones muy graves e identificando si, sobre estas, se ha producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento antes citado.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental8”. (El énfasis es añadido).

Del mismo modo, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

En tal sentido, corresponde analizar si en uso de dicha facultad, los inspectores comisionados extendieron la medida inspectiva de requerimiento de información, en consideración al numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT, descrita precedentemente.

Por otro lado, es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede

Debe señalarse, además, que la medida de requerimiento de información es uno de los mecanismos con los que cuenta el inspector para poder verificar y supervisar el cumplimiento de las materias sociolaborales objeto de su investigación, pero no es el único. En efecto, al constituirse por ejemplo al centro de labores, bien puede recabar otro tipo de elementos de juicio que le permitan adquirir elementos de convicción sobre la certeza o no del cumplimiento de las materias sujetas a inspección.

Con la finalidad de que la impugnante cumpla con presentar: i) Constancia de alta del T-Registro; ii) Boletas de pago de remuneración, correspondientes a los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y depósito de pago; iii) Informe detallado y documentado del cambio de puesto de la denunciante, de la colina Santa Apolonia al Mercado Central; iv) Informe detallado y documento de todo el procedimiento en contra de la denunciante, que ha dado lugar a la resolución de órgano sancionador Nº 121-2020-OI-PAD-MPC, en la cual se resuelve sanción a la denunciante con 5 días de suspensión sin goce de remuneraciones: v) Informe detallado y documentado del puesto que ostenta la denunciante; vi) Reglamento de trabajo y vii) Contrato de trabajo . Para el cumplimiento de las mismas, otorgaron un plazo de cuatro (04) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

De los actuados, se aprecia que la imputación de responsabilidad basada en la norma sancionadora contenida en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, no es pertinente; puesto que no se advierte una negativa expresa por parte de la impugnante a remitir la información solicitada; puede identificarse, por el contrario, en el expediente sancionador se aprecia que la impugnante, sí cumplió con presentar las documentales requeridas el 08 de febrero de 2021, pero lo hizo, de forma tardía, recién el 22 de febrero de 2021, tal como consta de la constancia de actuaciones inspectivas de investigación de folios 32 del expediente inspectivo; por lo que, lo cierto y concreto es que presentó una información de forma tardía, configurando un supuesto de falta de diligencia, pero con una valoración distinta a la negativa que contempla el RLGIT en el numeral 46.3 del artículo 46.

En efecto, el tipo administrativo citado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, prescribe y sanciona la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes en facilitar la información y documentación necesaria, no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Por ello, esta Sala considera que, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, corresponde reencausar la sanción a través del artículo 45.2 del RLGIT. Siguiendo el precedente establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL en el fundamento jurídico 16:

En ese sentido, se ha evidenciado por parte de la impugnante, una acción que se configura en un supuesto de falta de diligencia, pero con una valoración distinta a la negativa que contempla el RLGIT en el numeral 46.3 del artículo 46, pues como se ha reiterado precedentemente, la inspeccionada sí cumplió con presentar la información requerida en el primer requerimiento, aunque de forma tardía. Por tal motivo, esta Sala considera que, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, corresponde adecuar la infracción a través del numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, en los siguientes términos:

UIT (*)

En consecuencia, la conducta se encontraría subsumida bajo los alcances del numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, y la multa confirmada por la instancia inferior se reformularía, siendo el monto por esta infracción de S/ 6,908.00 (seis mil novecientos ocho con 00/100 soles).

Con la finalidad de que la impugnante cumpla con presentar: i) Informe detallado y documentado del cargo que ostenta la denunciante y lugar de prestación de labores, que le corresponden a esta, de acuerdo al CAP o cualquier otro documento de gestión; ya que, revisada la boleta de pago de remuneraciones se ha indicado que tiene el cargo de obrero (limpieza pública) y en la constancia de alta de T-Registro se indica como ocupación peón general y categoría ocupacional obrero; ii) CAP actualizado; iii) Contrato de trabajo de todo el periodo laborado; iv) Informe detallado y documento de los criterios objetivos adoptados por el empleador para el traslado de la denunciante de la colina de Santa Apolonia al mercado central; v) Informe detallado y documentado de los cargos ocupados por la denunciante y lugares de prestación de servicios, de todo el periodo laborado . Para el cumplimiento de las mismas, otorgaron un plazo de tres (03) días hábiles, bajo apercibimiento de multa por infracción a la labor inspectiva, en caso de incumplimiento.

Al respecto, del análisis y evaluación del expediente administrativo se puede advertir que la inspeccionada no ha cumplido con el mismo, conforme consta de la Constancia de actuaciones inspectivas de investigación de folios 170 del expediente inspectivo, en la que el inspector comisionado ha indicado que: Se verificó el Sistema Informático de Inspecciones del Trabajo (SIIT); sin embargo, el sujeto inspeccionado no remitió la información solicitada mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica (casilla electrónica) de fecha 10 de marzo de 2021.

En ese sentido, debe indicarse que no causa convicción la justificación expuesta por la impugnante, referida a la de falta de personal con la que cuenta a causa de la Covid- 19, para no cumplir con lo que requiere el inspector comisionado; toda vez que la actividad inspectiva no puede estar condicionada al número de trabajadores con las que cuente la inspeccionada, para que este pueda cumplir su función y recabar la información que considere relevante para la absolución de la materia bajo inspección, en este caso en concreto, hostigamiento y actos de hostilidad.

En consecuencia, estando a lo expuesto, la multa impuesta por la autoridad inspectiva en este extremo debe ser confirmada y en consecuencia desestimarse los argumentos referidos por la impugnante orientados a justificar su incumplimiento en no contar con personal suficiente realizando labor presencial en sus instalaciones a efectos de remitir la documentación requerida; pues este argumento, además, no cuenta con sustento fáctico que lo acredite.