Municipalidad Provincial de Ayabaca — Res. 487-2023

Mediante Orden de Inspección N° 002-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 198-2020- SUNAFIL/IRE-PIU (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por la inasistencia del inspeccionado a las diligencias de comparecencia de fecha 10 de febrero y 09 de marzo de 2020, respectivamente; en mérito a la denuncia presentada por el señor Darwin Alfonso Flores García, quien señala laborar en el cargo de obrero mecánico de la inspeccionada y solicita se reconozca su relación laboral a plazo indeterminado por desnaturalización de contratos.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 228-2021-SUNAFIL/IRE-PIU/SIAI-IC, de fecha 07 de mayo de 2021, notificada el 10 de mayo de 20212, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 382-2021-SUNAFIL-SIAI-IRE-PIURA, de fecha 27 de agosto de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo que procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Piura, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0052-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, de fecha 07 de febrero de 2022, notificada el 09 de febrero de 20223, multó a la impugnante por la suma de S/ 20,984.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 28 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0052-2022-SUNAFIL/IRE-PIURA/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 0045-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 29 de abril de 20224, la Intendencia Regional de Piura declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, modificando el cuadro de sanciones, siendo el monto total de la multa calculada en S/ 19,350.00, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 26 de mayo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Piura el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 45-2022- SUNAFIL/IRE-PIU.

La Intendencia Regional de Piura admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORÁNDUM-000539-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, recibido el 06 de junio de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 45-2022- SUNAFIL/IRE-PIU, emitida por la Intendencia Regional de Piura, que declaró infundado el recurso de apelación, y la nulidad parcial de oficio de la resolución de Intendencia, modificando la multa impuesta a la suma de S/ 19,350.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 12 de mayo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA.

La impugnante alega transgresión de los plazos para la culminación de las actuaciones inspectivas, inaplicando lo establecido en la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII: “Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”.

Sobre el particular, el artículo 1 de la LGIT, establece que la función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En esa línea, el artículo 5 de la LGIT contempla las facultades inspectivas que los inspectores de trabajo están investidos de autoridad para ejercer durante el desarrollo de las funciones de inspección. Por ello, el numeral 5.511 del referido artículo 5 de la LGIT señala que los inspectores de trabajo adoptan, entre otras medidas según sea el caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, el inicio del procedimiento administrativo sancionador mediante la extensión del Acta de Infracción.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se debe precisar que, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT señala: “las medidas a que se refiere el numeral 5 del artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13”. Ahora, de la revisión de los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del RLGIT, se advierte que la norma dispone que las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse dentro del plazo señalado en las ordenes de inspección, siendo el plazo máximo para su realización el de treinta (30) días hábiles, computándose desde la fecha en que se inicien las actuaciones inspectivas, y que la prórroga del plazo para el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto de aquellos procesos en los cuales se exceda el plazo razonable, siendo una consecuencia de éste no la nulidad o la invalidez de la emisión del pronunciamiento o actividad esperada de acuerdo a derecho, sino que por el contrario; se exige que el órgano que conoce de la tramitación a actuar y cumplir con sus funciones de acuerdo a derecho en el plazo más breve posible, sin desmedro de las responsabilidades funcionales por la demora imputable al mismo12.

En el caso en particular, a folios 01 del expediente de inspección, obra la Orden de Inspección N° 002-2020-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 03 de enero de 2020, que dio origen al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a la impugnante, y de la misma se evidencia que, el plazo para el desarrollo de las actuaciones inspectivas fue de treinta (30) días hábiles. Asimismo, mediante Proveído N° 000558-2020-SUNAFIL/IRE- PIU/SIAI13, de fecha 19 de febrero de 2020, la Sub Intendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Piura, en atención a la solicitud presentada por el inspector comisionado, amplió el plazo por veinte (20) días hábiles más.

En ese entendido, considerando que el cómputo del plazo se realiza desde la fecha en que se inician las actuaciones inspectivas que, según se aprecia del Acta de Infracción, éstas iniciaron el 16 de enero de 2020, el inspector comisionado tenía inicialmente hasta el 27 de febrero de 2020 para extender el Acta de Infracción. Sin embargo, en mérito a la ampliación de plazo antes referida, el plazo se cumplía el 27 de marzo de 2020.

Ahora bien, el Acta de Infracción fue extendida el 30 de junio de 2020, es decir, fue emitida fuera del plazo antes señalado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en consideración al estado de emergencia decretado por el Estado Peruano, en el marco de la pandemia global por el COVID-19, se emitió el Decreto Urgencia N° 029-2020 publicado el 20 de marzo de 2020, en el que se establecía: “Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

Dicha suspensión resultó de aplicación desde el 21 de marzo al 06 de mayo de 2020. Cabe señalar, que mediante Decreto de Urgencia N° 053-2020, de fecha 05 de mayo de 2020 y Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, de fecha 20 de mayo de 2020, se amplió los plazos de suspensión, en los mismos términos del Decreto Urgencia N° 029-2020, hasta el 10 de junio de 2020.

Del mismo modo, para en el caso particular de la SUNAFIL, se emitió la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, que suspendía los plazos desde el 16 de marzo de

Entonces, de acuerdo a lo expuesto, el numeral 5 del artículo 13 del RLGIT, dispone el plazo en el cual los inspectores de trabajo deben extender el Acta de Infracción, siendo este el plazo establecido para la realización de las actuaciones inspectivas; y no un plazo perentorio para la notificación del Acta de Infracción. Por lo tanto, en atención a lo señalado, no ha existido incumplimiento alguno por parte de los inspectores comisionados sobre la obligación legal contenida en la disposición normativa antes acotada, como erróneamente alega la impugnante en su recurso de revisión, pues el Acta de Infracción fue emitida dentro del plazo establecido para las actuaciones inspectivas, esto es, dentro de los plazos dispuestos para la realización de las actuaciones inspectivas, incluyendo el periodo de suspensión de los mismos. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

El artículo 1 de la LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad14.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1115 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “en cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionada ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, de la revisión del expediente inspectivo, se advierte lo siguiente:

En ese entendido, se debe tener en cuenta que, respecto a la diligencia de comparecencia de fecha 10 de febrero de 2020, dicho requerimiento se encontraba válidamente notificado, señalando el apercibimiento de sanción en caso de inasistencia; sin embargo, la impugnante no asistió. Asimismo, respeto a la solicitud de prórroga señalada previamente, se advierte que es potestad del inspector comisionado el evaluar su procedencia o no, de

Respecto al requerimiento para la diligencia de comparecencia de fecha 09 de marzo de 2020, se advierte que la impugnante no asistió al mismo pese a conocer del apercibimiento de sanción en caso de inasistencia. Asimismo, se advierte que la impugnante señaló que solicitó prórroga para la realización de la diligencia, la misma que como se ha señalado previamente, es potestad del inspector comisionado su otorgamiento en consideración a las situaciones particulares que se presenten. Así, de los actuados se advierte que la impugnante el día 06 de marzo de 2020 presentó su solicitud de reprogramación para la diligencia que se llevaría a cabo el día lunes 09 de marzo de 2020, la misma que no fue materia de atención y/o respuesta por parte de los comisionados.

Al respecto, se advierte que la impugnante, previamente, asistió a la diligencia de comparecencia de fecha 13 de febrero de 2020 programada para el día 19 de febrero de 2020 y a la diligencia de comparecencia de fecha 28 de febrero de 2020 programada para el día 02 de marzo de 2020, presentando la información requerida en cada una de dichas oportunidades. En ese entendido, se advierte que la impugnante, venía manifestando un comportamiento diligente, el mismo que se advierte al solicitar la reprogramación de la diligencia de comparecencia -en consideración a los hechos incidentales y extraordinarios alegados-; sin embargo, no se advierte que, sobre dicho extremo, los inspectores hayan valorado lo señalado por la impugnante, y bajo la aplicación del principio de presunción de veracidad18, considerar la reprogramación de dicha diligencia, la misma que a criterio de esta Sala debió ser otorgada, con la finalidad de lograr la verificación de las materias objeto de inspección19. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la comparecencia materia de

Respecto a la colaboración alegada por la impugnante y la falta de agotamiento de los medios para dilucidar las infracciones sancionadas, debemos señalar que, sin perjuicio de lo señalado previamente, si bien la impugnante ha participado de algunas de las diligencias programadas por los comisionados, ello no la exime de la obligación de cumplir con su deber de colaboración en todas las actuaciones inspectivas, supuestos que, como se ha señalado previamente, no ha sido cumplido, respecto de la diligencia de comparecencia de fecha 10 de febrero de 2020. Asimismo, sobre la falta de agotamiento de las actuaciones inspectivas, respecto a la diligencia de comparecencia de fecha 10 de febrero de 2020, del expediente inspectivo se advierte que los comisionados citaron hasta en cuatro oportunidades a la impugnante a diligencias de comparecencia, requiriendo a su vez documentación sustentatoria del cumplimiento de sus obligaciones, no evidenciándose que las actuaciones inspectivas restringieran a la impugnante acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto al supuesto alegado por la impugnante, referente a que SUNAFIL debió abstenerse del inicio de las acciones de fiscalización al tratarse de un trabajador CAS, debemos señalar que, del expediente se desprende que las actuaciones inspectivas se originaron en consideración a la denuncia presentada por el señor Flores, el mismo que alega ser un trabajador obrero - mecánico, adjuntando para ello las ordenes de servicio emitidas por la impugnante, en la que se establece que se trata de un locador de servicios. Asimismo, se advierte que adjuntó recibos por honorarios y Contrato Administrativos de Servicios. En tal sentido, los comisionados se encontraban facultados para determinar dilucidar los hechos materia de generación de la orden de inspección, pudiendo, para tal fin, realizar las actuaciones inspectivas que crean pertinentes y necesarias. Por lo tanto, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

La impugnante alega que no se ha realizado la valoración de los argumentos expuesto en su recurso de apelación. Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia como la Resolución impugnada han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelaciones, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución

Por lo tanto, sin perjuicio del criterio adoptado por esta Sala sobre una de las infracciones, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio ni al derecho de defensa. En tal sentido, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Asimismo, respecto a la falta de valoración del descargo de fecha 27 de setiembre de 2021, debemos señalar que, conforme se verifica del numeral 1.3 de la resolución de sub intendencia, se hace referencia a la presentación del referido descargo. Asimismo, del fundamento 3.4.8.1. y siguientes se advierte que dicho descargo fue materia de análisis, no evidenciándose la alegada falta de valoración. En ese entendido, conforme se ha señalado previamente y ha sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias previas, se ha acreditado los incumplimientos incurridos por la impugnante. Por lo tanto, no corresponde acoger dichos extremos del recurso de revisión.

Respecto a la existencia de un proceso judicial iniciado por el trabajador denunciante; al respecto, dicho supuesto ya fue materia de pronunciamiento por la instancia de apelaciones. Asimismo, debemos tener en cuenta que el mismo versa sobre una pretensión de reposición, materia diferente a la que es objeto del presente procedimiento administrativo sancionador. En tal sentido, debemos tener en cuenta que la existencia del referido proceso judicial no es razón suficiente que justifique la suspensión del presente procedimiento administrativo sancionador, no solo porque no existe un mandato judicial expreso para la suspensión, sino porque las materias objeto de sanción no se encuentran vinculadas a la pretensión materia de dicho proceso, no evidenciándose la vulneración al debido procedimiento, alegado por la impugnante. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

La impugnante alega que, en el presente procedimiento no existe intencionalidad de incurrir en las infracciones. Sobre el particular, el principio de culpabilidad se encuentra regulado en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, que establece: “la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.”

A decir de Morón Urbina20, la infracción administrativa se caracteriza por ser una acción u omisión típica e imputable a su autor a título de culpa o dolo. El elemento subjetivo formaría parte de la propia infracción. La acción típica sería antijurídica cuando ha sido realizada por su autor de forma culposa o dolosa, sin la intervención de circunstancias que eliminen la responsabilidad. Asimismo, “(…) las personas jurídicas responderán por su capacidad de cometer infracciones partiendo de la culpabilidad por defectos de organización. Aquí la falta de cuidado se evidencia por no haber tomado las medidas

Por su parte, Víctor Sebastián Baca Oneto, respecto de la culpabilidad, señala:

Otro aspecto importante a considerar, por el mismo autor en el referido artículo, es: “¿Qué hacer con las personas jurídicas? Aquí hay dos problemas que deben solucionarse. En primer lugar, por qué responde la persona jurídica por los actos de sus dependientes y, en segundo lugar, si la responsabilidad de las personas jurídicas es objetiva o requiere de dolo o negligencia. Sobre la primera cuestión, las personas jurídicas no responden como meros «responsables» de la infracción, sino como autores, pues se les considera «autores jurídicos» de la infracción (pese a que el autor material sea la persona que es titular de uno de sus órganos). Y su responsabilidad será objetiva o subjetiva dependiendo de la infracción: cuando se trate de infracciones «objetivas» (de mera inobservancia), responderán objetivamente, como lo haría una persona natural (o incurrirán en negligencia sólo por el hecho de incumplir la norma, como dirían otros). Sin embargo, cuando se trate de infracciones que no sean de mero inobservancia, es necesario que satisfagan los requerimientos del principio de culpabilidad, también como exigencia de dolo o negligencia”.

En el presente caso, se ha determinado que la inspeccionada ha incurrido en infracciones a la labor inspectiva, específicamente respecto a su deber de colaboración con las actuaciones inspectivas, al no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 10 de febrero de 2020, pese a conocer las consecuencias de dicho incumplimiento, el mismo que no permitió a los inspectores comisionados cumplir con la verificación de las materias objeto de inspección. Por lo tanto, incumplió su deber de colaboración, por lo que

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que “las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG22. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa, se realiza ello, sobre la base de lo sustentado y de acuerdo a la normativa vigente. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto.

Aunado a ello, de acuerdo al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG23, la autoridad de primera instancia ha motivado su resolución, con base al contenido del Acta de Infracción, que recoge los medios de investigación utilizados en el presente caso y en los antecedentes generados en la Orden de Inspección, lo cual no está proscrita de hacer. Por lo tanto, no habiendo, la impugnante, desvirtuado la infracción subsistente, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.