Municipalidad Provincial de Arequipa — Res. 347-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Sub materia: Madre trabajadora durante los periodos de embarazo y lactancia); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios)); y, Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

Patricia Quispe Carcausto (Inspector de transporte y obrera en parques y jardines), al denunciar que la despidieron estando embarazada, asimismo, alega el supuesto incumplimiento del pago de remuneraciones.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con reconocer y otorgar los derechos de madre trabajadora, a favor de la extrabajadora Joseline Patricia Quispe Carcausto, tipificada en el numeral 25.16 del artículo 25 el RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago íntegro de la remuneración convencional correspondiente al segundo periodo de setiembre del 2021 a noviembre de 2021, a favor de la extrabajadora Joseline Patricia Quispe Carcausto, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 el RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con los dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 04 de abril de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 el RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Respecto a reconocer y otorgar los derechos de madre trabajadora a favor de la señora Quispe, refieren que el inspector determinó que la trabajadora en fecha 27 de julio de 2021 se encontraba laborando bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, en calidad de inspector de tránsito y con registro Expediente 59693-2021

2 Mediante Resolución de Trámite N° 2, de fecha 17 de febrero de 2023, emitida por la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, se resuelve encauzar el recurso de reconsideración presentado por la Municipalidad Provincial de Arequipa a recurso de apelación, interpuesto contra la Resolución de Sub Intendencia N° 54-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP.

presentó a la Municipalidad documento dando a conocer su estado de gestación de aproximadamente 14 semanas; sin embargo, la Sunafil no tiene competencia respecto a dicho régimen laboral, sino solo para el régimen laboral de la actividad privada.

ii. Alegan que la trabajadora se encontraba prestando servicios en calidad de locadora y no bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, pues debería existir plaza vacante e ingresar por concurso público.

iii. Respecto al pago de remuneraciones, sostienen que, mediante Orden de Servicios N° 1215-2021 de fecha 31 de mayo de 2021 se estableció la contratación del servicio de fiscalizadores a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano y Especial, estipulando penalidades en caso de incumplimientos de servicios en el plazo indicado, es por ello que se aplicaron los descuentos correspondientes.

iv. Por último, respecto a la medida inspectiva de requerimiento, señalan que mediante el Oficio N° 254-2022-MPA-SGRH de fecha 06 de abril de 2022 se dio atención a la solicitud de adecuación de requerimiento de la Orden de Inspección 35-2019, dando Sunafil conformidad de recepción.

i. Que, de la investigación se determinó que la extrabajadora afectada ha laborado para la inspeccionada en dos periodos: desde agosto del 2020 hasta agosto del 2021, como Inspector de transporte; y, de setiembre del 2021 a noviembre del 2021, como Obrero en parques y jardines, puesto sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y la Ley N° 30889 – Ley que precisa el Régimen Laboral de los Obreros de los Gobiernos regionales y Gobiernos Locales.

ii. Además, se constató que, la señora Quispe, informó de su estado de gestación a la inspeccionada, mediante escrito ingresado con Registro N° 59693 por Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial con fecha 27 de julio de 2021, informando incluso del nacimiento prematuro de su hijo, acaecido el 16 de noviembre de 2021, solicitando un permiso, pero le comunicaron que no continuaría laborando.

3 Notificada a la impugnante el 20 de marzo de 2023 y a la Procuraduría Municipal el 04 de abril de 2023. Véase folios 65 6 69 del expediente sancionador.

iii. En cuanto a la competencia de la Sunafil, se debe resaltar lo indicado por el órgano de primera instancia en el fundamento 35. “(…) esta Intendencia de Sanción solo nos avocaremos al SEGUNDO PERIODO, ya que de los hechos constatados se ha verificado una relación laboral bajo la modalidad Obrero de parques y jardines de conformidad a la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y artículo único de la Ley N° 30889 – Ley que precisa el Régimen Laboral de los obreros de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”, quedando claro entonces que la labor como obrero municipal por parte de la señora Quispe, sí está sujeta a fiscalización de la Sunafil.

iv. En cuanto a la locación de servicios invocada, se constató que conforme a la verificación efectuada en la visita de campo del 02 de abril de 2022, el centro de trabajo Áreas Verdes de Parque Selva Alegre se encuentra junto a la Sub Gerencia de gestión Ambiental, donde, asimismo, funciona el Vinero Municipal; siendo que, la indicada Sub Gerencia es la dependencia a la cual pertenecía la señora Quispe en el desarrollo de actividades como obrero municipal encargada del mantenimiento de áreas verdes y jardines, contando con una jornada laboral y horario de trabajo.

v. Que, los obreros que prestan servicios en las municipalidades sin distinción alguna, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a quienes se les reconoce los derechos, deberes y beneficios inherentes a dicho régimen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y artículo Único de la Ley N° 308889 - Ley que precisa el Régimen Laboral de los obreros de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

vi. De esta manera, se ratifica que la inspeccionada no cumplió con reconocer y otorgar los derechos laborales a la madre trabajadora que le correspondía a la extrabajadora afectada, en el segundo periodo laborado, en el que prestó servicios como obrera municipal.

vii. Respecto al pago íntegro de la remuneración, si bien la apelante reitera su postura de desconocer el vínculo laboral existente con la señora Quispe, lo cierto es que no presenta fundamentos que puedan respaldar la validez del contrato de locación de servicios suscrito con la extrabajadora, cuando la misma se desempeñaba como obrera municipal y le corresponde el régimen de la actividad privada; en consecuencia, los descuentos que alega la inspeccionaba aplicados en mérito a “penalidades” no resultan válidos, debiendo sancionarse su falta de pago íntegro de remuneraciones de la extrabajadora.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial De Arequipa

De Los Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 074-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en base a los siguientes argumentos:

i. Respecto a la modalidad de trabajo, alegan que in situo se evidencia que la señora Quispe laboró sujeta a subordinación y dependencia en aplicación del principio de primacía de la realidad. No obstante, señalan que se debe tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, que exige “el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidades de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades”, y en el caso de autos, advierten que la señora Quispe no ingresó mediante concurso público a la entidad.

ii. Refieren que, visto de otro modo, en aplicación del principio de primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En tal sentido, del contenido de los documentos

requeridos se aprecia las labores que realizaba, más no la permanencia del vínculo laboral, por lo que, se advierte que la labor realizada por la extrabajadora afectada era de naturaleza eventual y no permanente. De modo tal que, en este principio tan solo se evidencia la actividad o labor realizada in situo.

iii. Sostienen que, de acuerdo con el inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 29981, la Sunafil tiene facultades para vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden socio- laboral, que se refieran al régimen común o regímenes especiales, pero no tiene atribuciones para modificar o resolver los contratos de trabajo celebrados por las entidades sujetas a su control. Al respecto, evidencian que en la resolución materia de revisión la autoridad Sunafil no valoró, ni se pronunció respecto el artículo en mención, por lo que se estaría vulnerando el principio de legalidad.

iv. Respecto al pago íntegro de la remuneración, señalan que, mediante Solicitud de Servicios N° 000124-2021-SGTUE y Orden de Servicio N° 1215-2021, en la que se aprecia la suscripción de la extrabajadora afectada y la Municipalidad, cuyo concepto dicta; servicio de contratación de personal de servicios de locadores para realizar funciones de fiscalizadores a cargo de la gerencia de Transporte Urbano y Especial, en cuya descripción señala el plazo de servicio, se realizará en 75 días calendarios y la forma de pago se realizara a la presentación de su informe y según términos de referencia se hará en tres entregables, es decir, al culminar su labor e informe correspondiente por cada entregable se procederá a la retribución correspondiente por el servicio prestado (S/. 1166.67).

v. De igual modo, señala en los términos de referencia para la contratación de servicio capítulo XIV penalidad de servicio, en caso de incumplimiento del servicio en el plazo indicado, el área usuaria considerara una penalidad, de acuerdo al artículo 161 y 162 del RLCE. Sin embargo, precisan que la extrabajadora afectada (locador), incurrió en penalidad por incumplimiento del servicio en el plazo indicado según términos de referencia y Orden de Servicio 1215-2021, la misma que dicta el primer y segundo entregables a los 25 y 50 días calendarios, consecuentemente operó la afectación de descuento, lo vertido consta en la información requerida por su representada y que al parecer no fue valorada. Siendo así, operó el descuento justificado del cual tenía pleno conocimiento de su conducta sancionadora la señora Quispe.

vi. Respecto a desconocer el vínculo laboral de la señora Quispe, sostienen que, resulta imposible exigir la presentación de un documento (contrato laboral régimen 728), en tanto que no cuentan con el mismo, dicho de otro modo, no se puede presentar aquello que no existe, vulnerando, por tanto, el principio de tipicidad por no subsumirse la conducta.

vii. Manifiestan que, en aplicación del principio de razonabilidad, así como de los criterios de necesidad, congruencia y verdad material, la documentación que se requiera al sujeto inspeccionado debe estar vinculada con la verificación de las materias objeto de la orden de inspección.

viii. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, sostienen que la extrabajadora afectada se encontraba prestando servicios en calidad de locador, al momento de determinar la presunta infracción sancionadora. Al respecto, reiteran que, no se puede presentar aquello que no existe, en razón a

que el requerimiento de medida inspectiva en la que solicitan “reconocimiento y otorgamiento de los derechos laborales de la madre gestante a favor de la extrabajadora, así como el pago íntegro de sus remuneraciones”, y teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del inspeccionado, desnaturaliza la finalidad de la misma. En tal sentido, al tener conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado, el requerimiento solicitado desnaturaliza la finalidad de la misma y vulnera el principio de culpabilidad y razonabilidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la protección de las mujeres trabajadoras

“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social o económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (…)”.

“Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia (…)”.

forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa.

En todo despido de una trabajadora durante el período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir, o si la sanción de despido impuesta no cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia las trabajadoras embarazadas o de reciente maternidad que incumplan con sus obligaciones trabajo podrán ser despedidas por sus empleadores, sin responsabilidad para éstos, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la ley, cuando de manera intencional cometan una falta grave prevista en el artículo 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

[…] “5. Para declarar nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, lesivo del derecho a la no discriminación por razón del sexo, es menester la acreditación del previo conocimiento del estado de gestación por parte del empleador que despide o el requisito de la previa notificación de dicho estado por la trabajadora al empleador”.

10 Declaración y programa de Acción de Viena, punto 1.5. En Naciones Unidas. Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de Acción de Viena, junio de 1993.

entendida como equidad, que equivale a proporcionalidad, ya que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo y lo suyo, en este caso, es distinto por naturaleza11.

“Artículo 6. Prohibición de despido y no renovación de contrato por motivos vinculados con la condición o el periodo de lactancia Queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia en el marco de lo previsto en el Convenio de la OIT 183 sobre protección de la maternidad”.

➢ PRIMER PERIODO: De agosto del 2020 hasta agosto del 2021; cuyo cargo era “Inspector de transporte”. Dicha contratación laboral bajo el Régimen Laboral de la Ley N° 276.

➢ SEGUNDO PERIODO: De setiembre del 2021 A noviembre del 2021; cuyo cargo era “Obrero en parques y jardines”. Dicha contratación bajo un contrato de Locación de Servicios.

11 Pacheco Zerga, Luz: “La protección de la mujer trabajadora en el ordenamiento peruano”, Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Trujillo 2003. Pág. 11.

Figura N° 01:

“6.1.15 En este sentido, debe resaltarse la tutela reforzada en favor de las mujeres gestantes en el ámbito laboral, contemplada en nuestro ordenamiento constitucional. Dicha tutela reforzada, entre otros aspectos, exige brindarles estabilidad y seguridad laboral durante el periodo de gestación y lactancia. Consecuentemente, y en virtud a una interpretación tuitiva de los derechos de las mujeres, se presume que la garantía se extiende a toda trabajadora del sector público o del sector privado que se encuentre en tal situación, independientemente del régimen laboral al que pertenezca, pues la Constitución -en tanto norma suprema del Estado- irradia sus efectos normativos a todos los espacios de interacción laboral, sin excepción alguna. 6.1.16 A este respecto, la protección a la madre gestante señalada no está condicionada a la comunicación previa al empleador, siendo suficiente demostrar el estado de gestación para que opere el “fuero maternal”, el cual impide al empleador poner fin al contrato unilateralmente, salvo causa justa debidamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. 6.1.17 Por tal motivo, acreditado el estado de gravidez de la mujer gestante, se concluye que el despido, terminación o no renovación de contrato que origine la culminación de la relación laboral es injustificado. Se sostiene lo anterior dado que la causa de la culminación fue el estado de embarazo de la trabajadora ya que el empleador no ha demostrado la existencia de una causa distinta para poner fin a la relación laboral. 6.1.19 En ese sentido, en los casos en que, por despido, terminación o no renovación de contrato de trabajo a causa o con ocasión de encontrarse en estado de embarazo, por hostigamientos o cualquier otro acto de amedrantamiento que tenga por objeto la renuncia de una trabajadora embarazada, deberá presumirse que se trata de un despido, generando así una situación de discriminación por razón de sexo y condición de gestante. 6.1.20 Ahora bien, la extensión de la protección contra el despido, terminación o no renovación de contrato de trabajo por el estado de embarazo de una trabajadora deberá ser hasta que culmine el periodo de permiso de lactancia reconocido por la

Ley Nº 27240 – Ley que otorga permiso para lactancia materna (hasta que el menor hijo cumpla un año), en tanto la madre aún acarrea las consecuencias biológicas de su embarazo en el ámbito laboral, y esta obligación maternal bajo ningún motivo puede implicar una amenaza a sus derechos”.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Figura 02: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 03:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

requerimiento teniéndose conocimiento de la imposibilidad de su cumplimiento por parte del investigado desnaturaliza la finalidad de la misma. Más aún si se propone sanción por la misma, siendo que se requiere el cumplimiento de una conducta que es imposible revertir en el tiempo, lo cual constituye una infracción de carácter insubsanable, ya que no es posible revertir sus efectos, por lo que en dicho extremo no se debería extender medida de requerimiento.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No cumplir con reconocer y otorgar los derechos de madre trabajadora, a favor de la extrabajadora Joseline Patricia Quispe Carcausto. Numeral 25.16 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Relaciones Laborales No cumplir con el pago íntegro de la remuneración convencional correspondiente al segundo periodo de setiembre del 2021 a noviembre de 2021, a favor de la extrabajadora Joseline Patricia Quispe Carcausto. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con los dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada el 04 de abril de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 074-

2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 16 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 441-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 074-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referido a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.16 del artículo 25 del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. -Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. -Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250409MCR – HR 77731-2023