Municipalidad Provincial de Abancay — Res. 276-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planillas o registros que la sustituyan (Submateria: Registro trabajadores y otros en la Planilla); Seguridad Social (Submateria: Inscripción de trabajadores en el régimen de seguridad social en salud y en pensiones). DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la incorporación de un trabajador en la planilla electrónica desde el primer día del vínculo laboral; tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12, 098.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción de los trabajadores con derecho, en la seguridad social en salud, de acuerdo con la fecha real de inicio de la relación laboral; tipificada en el numeral 44.B.1 del artículo 44 del RLGIT, afectando a 28 trabajadores. Imponiéndole una multa ascendente a S/338, 744.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar la inscripción de los trabajadores con derecho, en la seguridad social en pensiones, de acuerdo con la fecha real de inicio de la relación laboral; tipificada en el numeral 44.B.1 del artículo 44 del RLGIT, afectando a 28 trabajadores. Imponiéndole una multa ascendente a S/338, 744.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo, dentro del plazo de 4 días otorgados, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el requerimiento de información de fecha 5 de julio de 2022; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/36, 248.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, Por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, dispuesta en la medida de requerimiento de fecha 26 de julio de 2022.; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/36, 248.00.

2 Notificada a la Procuraduría el 09 de septiembre de 2022 3 Notificada a la Procuraduría el 02 de febrero de 2023 4 Mediante Resolución de Sub Intendencia N°057-2023-SUNAFIL/IRE-APU/SISA de fecha 27 de febrero de 2023 se corrigieron errores materiales de la Resolución de Sub Intendencia N°0026-2023- SUNAFIL/IRE-APU/SISA. soft

i. No se ha considerado que el trabajador tenía escasos días de haber laborado para la Municipalidad; por consiguiente, las actuaciones laborales se vieron escasas, lo cual no fue tomado en consideración por el inspector, quien ha realizado sus actuaciones y verificaciones inspectivas determinando causas inmediatas, condiciones sub estándar, factores personales, factor de trabajo, factor de control; siendo estos argumentos en base a una apreciación subjetiva, sin preponderar las circunstancias reales. ii. La Municipalidad con su espíritu de resarcir las falencias administrativas, ha procedido con adjuntar los documentos que acreditan la inscripción de los trabajadores con derecho, en la seguridad social en salud (EsSalud) y la inscripción de los trabajadores con derecho en la seguridad social en pensiones (ONP/AFP). iii. No es posible determinar por parte de la inspectora que la falta de entrega de información deviene de una conducta dolosa; además por aplicación del principio de culpabilidad, no cabe aplicar sanción si no se es capaz de identificar los elementos dolosos o culposos en la conducta del imputado, por lo que al haberse demostrado que el incumplimiento fue motivado por causas objetivas, no debió sancionarse a mi representada, siendo nula la imputación de cargos N° 02-2023-SUNAFIL/IRE-APU-SIFN por vulnerar el artículo 10 del TUO de LPAG, referido al acto administrativo que contraviene la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. iv. No haberse acreditado objetivamente el incumplimiento de laborales que se atribuye a la Municipalidad Provincial de Abancay, al momento de realizar la tipificación de la conducta atribuida, se ha vulnerado diversos principios de la potestad sancionadora administrativa, por lo que su despacho debe valorar adecuadamente todo lo actuado, debiendo dejar sin efecto dicha imputación de cargo y sanción y por ende la multa de S/ 762,082.00.

i. Conforme se puede dilucidar del análisis del expediente, el Acta de infracción, Informe final de Instrucción, así como también la Resolución de primera instancia, se ha cumplido con emitir pronunciamiento respecto de las infracciones, toda vez que entro los principios rectores que orientan el funcionamiento de la autoridad inspectiva, se destaca el principio de primacía

5 Notificada a la Procuraduría el 27 de marzo de 2023

de la realidad4, mediante el cual se impone que, ante la discrepancia entre la documentación formal y lo realmente constatado, se privilegiará esta última para la verificación de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de la impugnante. ii. Es obligación del empleador registrar a sus trabajadores en el T-REGISTRO el mismo día de ingreso a prestar servicios. En ese entender, y aunado a lo resuelto por la autoridad de primera instancia en su numeral 82 y 83, el impugnante no acreditó la subsanación de la infracción relacionada a la infracción tipificada en el artículo 25 numeral 25.20 del RLGIT. En consecuencia, se desestima los argumentos expuestos en el recurso de apelación, respecto a este extremo del PAS. iii. En el presente caso, la autoridad sancionadora ha sustentado motivadamente la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 026-2023-SUNAFIL/IRE- APU/SISA, conforme se aprecia en el análisis de descargo presentados. En consecuencia, quedan desvirtuados los argumentos formulados por el impugnante, habiéndose desarrollado la investigación inspectiva y el procedimiento sancionador dentro de los lineamientos de la legalidad y observando las garantías correspondientes. En ese sentido, corresponde desestimar lo señalado en su recurso en este extremo. iv. La Intendencia concluye que existe suficiente motivación fáctica y jurídica para ratificar las sanciones impuestas en primera instancia, a favor de los trabajadores comprendidos en el presente procedimiento, así mismo aclarando que, en el procedimiento sancionador se ha verificado el cumplimiento del Debido Procedimiento, se ha resguardado del Derecho de defensa y se ha actuado acorde al Principio de Legalidad, Razonabilidad y Proporcionalidad, por lo que no se tienen argumentos que enerven la sanción impuesta en primera instancia, ni vicio alguno que suponga la nulidad de lo actuado, ni causal que revoque la resolución recurrida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

7“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 8 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 9“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 10“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Provincial De Abancay

11 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 053-2023-SUNAFIL/IRE-APU, señalando el siguiente alegato:

i. Alegan que las 05 faltas graves que se ha impuesto a la entidad, hace denotar una motivación sancionadora que deviene en un solo fundamento, por consiguiente, genera un perjuicio económico a la entidad edil. ii. Sostienen que la inspectora impone sanciones que no tiene sustento jurídico o cuya infracción este taxativamente en los artículos que refiere el RLGIT. Además, que la inspectora sanciona por la falta de acreditación, por consiguiente, estaría vulnerando el numeral ll) del artículo 2 de la LGIT, el principio de probidad, que estipula el respeto a las disposiciones normativas que regulan la función inspectora y ajustarse estrictamente a los hechos constatados durante las actividades de inspección. iii. Refieren una vulneración a Non Bis In Idem, al haberse multado dos veces por el supuesto incumplimiento de los trabajadores en el seguro social de salud, existiendo la identidad de sujetos, hechos y fundamentos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho

Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Sobre la invocación a la presunta vulneración del principio Non bis in ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres: - La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

12 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”13(énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar la incorporación de un trabajador en la planilla electrónica desde el primer día del vínculo laboral Numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción de los trabajadores con derecho, en la seguridad social en salud, de acuerdo con la fecha real de inicio de la relación laboral Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar la inscripción de los trabajadores con derecho, en la seguridad social en pensiones, de acuerdo con la fecha real de inicio de la relación laboral Numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE

13 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

Labor Inspectiva Negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo, dentro del plazo de 4 días otorgados, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con el requerimiento de información de fecha 5 de julio de 2022 Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral, dispuesta en la medida de requerimiento de fecha 26 de julio de 2022 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, en contra de la Resolución de Intendencia N°053-2023-SUNAFIL/IRE- APU, de fecha 16 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Apurímac, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 129- 2022-SUNAFIL/IRE-APU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°053-2023-SUNAFIL/IRE-APU, en los extremos de su competencia

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, y a la Intendencia Regional de Apurímac, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250319LGN – HR155820-2022