Municipalidad Metropolitana de Lima — Res. 1095-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Submateria: Asignaciones). 2 Notificada el 16 de noviembre de 2021 a la Procuraduría Pública de la impugnante, , véase folio 26 del expediente sancionador. literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia relaciones laborales, por no acreditar el pago de la asignación familiar de los meses junio, julio y agosto de 2019 a favor de un trabajador; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5, 670.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/9, 452.00. 1.4 Con fecha 06 de setiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 934-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, argumentando lo siguiente:

i. La resolución apelada carece de una debida motivación en tanto no se ha valorado los argumentos de la Municipalidad, imputando una supuesta falta de colaboración la cual no se ajusta a la realidad, toda vez que a lo largo del procedimiento administrativo se ha sustentado la colaboración con la Inspectora de Trabajo, prueba de ello son las asistencias a las comparecencias de fechas 03, 12 y 27 de diciembre de 2019. ii. La Inspectora de Trabajo desarrolló el Acta de Infracción sin tomar en consideración el Oficio N° 102-2019-MML-GA-SP-RRLL de fecha 26 de diciembre de 2019, el mismo que contiene las aclaraciones respecto a la no posibilidad de acatar el requerimiento, sobre el cual, la Sub Intendencia no se ha pronunciado del mismo, pues de acuerdo al artículo 11 del Decreto Supremo N° 035-90-TR, el derecho al pago por asignación familiar establecida por la Ley, rige a partir de la vigencia de la misma, encontrándose obligado el trabajador acreditar la existencia del hijo o hijos que tuvieran, así pues, la Municipalidad como entidad pública, se encuentra sometida a normas presupuestales las cuales establecen que, para efectuar cualquier gasto, este debe ser debidamente acreditado, presupuestado, para posteriormente ser pagado. iii. El presente procedimiento sancionador ha caducado por cuando desde la notificación de la Imputación de Cargos hasta la notificación de la presente resolución, han transcurrido más de 09 meses.

3 Notificada el 15 de agosto de 2022 a la Procuraduría Pública de la impugnante, véase folio 65 del expediente sancionador.

i. Conforme al numeral 4.6 de los Hechos Constatados en el Acta de Infracción, el personal inspectivo ha podido advertir que, en virtud de los alcances de la Ley de Asignación Familiar, Ley N° 25129, si bien de la documentación recabada no se encuentra cargo alguno de que se haya adjuntado a la Ficha de Datos Personales las partidas de nacimiento de los menores hijos del trabajador afectado; sin embargo, con fecha 29 de mayo de 2019, la inspeccionada ha registrado en las planillas electrónicas la carga familiar del trabajador afectado, esto es, a partir de dicha fecha la inspeccionada se encuentra obligado a pagar la asignación familiar desde el mes de junio de 2019, al haber validado legítimamente la información consignada. ii. Se emitió una medida inspectiva de requerimiento, de fecha 06 de diciembre de 2019, a efectos que, la inspeccionada cumpla con acreditar el pago de la asignación familiar a favor del trabajador afectado. Al término del plazo otorgado, los Inspectores comisionados dejaron constancia en el numeral 4.8 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, que la inspeccionada no cumplió con acreditar el requerimiento efectuado; en consecuencia, se puede advertir claramente que, al incumplir con la medida de requerimiento, la inspeccionada incurrió en la infracción muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT; por tanto, el simple hecho de acudir a una o más diligencias de comparecencia no exime de responsabilidad a la inspeccionada ni da por cumplido lo requerido en la medida inspectiva. iii. Respecto al Oficio N° 102-2019-MML-GA-SP-RRLL de fecha 26 de diciembre de 2019, precisando los motivos por los cuales resultaba inviable el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; sin embargo, conforme al análisis efectuado por la Autoridad de primera instancia en el considerando 14 de la resolución apelada, en la planilla electrónica de la inspeccionada se había consignado los datos de los menores hijos del trabajador. iv. La Ley de Presupuesto Público, no se puede soslayar que es competencia de los representantes de las entidades la realización de las gestiones necesarias para viabilizar el pago oportuno de sus trabajadores, así también es responsable de la distribución de su presupuesto público, aprobado en la ley correspondiente, para la atención de sus diversas necesidades y obligaciones; por lo que, las entidades deben prever contar con el financiamiento respectivo, no obstante, los problemas internos, tales como la falta de programación, o en su defecto problemas económicos y similares, no son impedimentos válidos frente al cumplimiento de las obligaciones

4 Notificada el 10 de octubre de 2022 a la impugnante y el 01 de junio de 2023 a la Procuraduría Pública de la impugnante, véase folio 79 y 86 del expediente sancionador, respectivamente. sociolaborales, ni mucho menos son óbice para el ejercicio de la función inspectiva, dado cuenta la naturaleza de los derechos laborales en cuestión. v. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició de oficio con la notificación a la inspeccionada del Acta de Infracción N° 4856-2019-SUNAFIL/ILM y de la Imputación de Cargos N° 348-2020-SUNAFIL/ILM/AI2 de fecha 11 de marzo de 2020 efectuada el 16 de noviembre de 2021, conforme se muestran en la Cédula de Notificación N° 49867-2021 y N° 49861-2021. Asimismo, de la revisión del expediente sancionador se advierte que la autoridad de primera instancia emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 0934-2022-SUNAFIL/ILM/SISA3, el 12 de agosto de 2022, cuyo pronunciamiento fue notificada a la inspeccionada el 15 de agosto de 2022, conforme se evidencia de la Constancia de Notificación Electrónica, siendo ello así, el procedimiento fue resuelto dentro del plazo de nueve meses antes que tenga efectos la caducidad.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Metropolitana De Lima

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1635-2022-SUNAFIL/ILM, señalando el siguiente alegato:

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR.

i. Alegan que desde el 22 de setiembre de 2021 al 15 de agosto de 2021 han transcurrido más de nueve meses, por lo que corresponde declarar la caducidad del PAS, lo cual han evidenciado en su escrito de apelación; sin embargo, agrega, este fue declarado infundado, inaplicando lo previsto en el numeral 53.4.2 del artículo 53 y el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”11

11 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539 12 Véase a folios 65 del expediente sancionador. 16/11/2021 (Se notifica la Imputación de Cargos y Acta de Infracción)

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido). 6.13 Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la medida de requerimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”13:

Figura 1 Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

13 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la asignación familiar de los meses junio, julio y agosto de 2019 a favor de un trabajador Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 1635-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 06 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 603-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1635-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820LGN - HR 133974-2019