Municipalidad Distrital San Sebastian — Res. 322-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Comité (o Supervisor) de seguridad y salud en el trabajo); Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor-Vestuario-Servicios higiénicos); Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materia: Condiciones seguridad; y, Avisos y señales de seguridad); Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de riesgos); Estándares de seguridad (Sub materia: Protecciones colectivas (Barandas; y, Líneas de vida (Horizontales y Verticales))); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: Cobertura en salud; y, Cobertura en invalidez – sepelio); Instalaciones de trabajo (Sub materia: Protección de zanjas y excavaciones: entibaciones, calzaduras, apuntalamientos, muros pantalla y taludes); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas); y, Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

el 17 de diciembre de 2021; en el marco del operativo denominado “OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN PERÚ RURAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSTRUCCIÓN CUSCO NOVIEMBRE 2021”.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo – cobertura en salud, a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 414,480.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 50,864.00.

i. Refieren que la resolución de sub intendencia se encuentra incursa en causal de nulidad contenida en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444, afectando al debido proceso, debida motivación, inadecuada compulsación y valoración de los medios probatorios ofrecidos en razón que la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Sebastián ha cumplido con su obligación de realizar los pagos respectivos por SCTR y, por ende, no corresponde sancionar por la supuesta falta de cumplimiento de la medida de requerimiento. ii. Adjuntan el reporte PDT del periodo noviembre 2021, copia de las planillas de remuneraciones periodo noviembre 2021, Póliza N° 15620, asimismo, señalan que no pueden ser sancionados en supuesto agravio de 60 trabajadores, por cuanto dicho seguro ha sido emitido el 14 de diciembre de 2021, antes del requerimiento, debiendo dejar sin efecto la multa impuesta, siendo así, se constata la subsanación voluntaria, por lo que, incluso corresponde aplicar el eximente de responsabilidad prevista en el literal f) del numeral 1) del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444.

iii. Alegan que ofrecieron medios probatorios que acreditan el cumplimiento de la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo, solo se toma en cuenta lo constatado por el personal inspectivo como si fueran iuris et de jure y no como un iuris tantum. iv. Argumentan que, los plazos en el procedimiento administrativo sancionador son plazos preclusivos o perentorios, en consecuencia, opera la caducidad; siendo así, se tiene que el Informe final de instrucción ha sido emitido fuera del plazo de ley, por cuanto ha sido dictado el 21 de octubre de 2022, y, solo tenía plazo hasta el 10 de agosto de 2022, siendo emitido excediendo el plazo establecido por ley. Asimismo, la resolución de sub intendencia ha sido dictada vulnerándose el debido proceso e incluso cuando ha operado la caducidad, por cuanto solo tenía plazo máximo hasta el 07 de diciembre de 2022 para emitir la resolución de sanción; en consecuencia, no se puede sancionar.

i. Que, resulta pertinente citar los artículos 16 y 47 de la Ley N° 28806 Ley General de Inspección de Trabajo que señala, los hechos constatados por los inspectores del trabajo que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, merecen fe y se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados en defensa de sus respectivos derechos e intereses. ii. Como se puede observar, la infracción sancionada, esta referida al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Cobertura Salud - SCTR SALUD, extremo que generó la medida de requerimiento, la misma que fue incumplida; es decir, no existe certeza de la materialización o efectivización del pago realizado a los trabajadores afectados en el periodo noviembre 2021. iii. A través del Informe Final de Instrucción Nº 669-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO-SIFN, se ratifica lo establecido en fase inspectiva, en tanto que se verifica la ausencia de acreditación del SCTR cobertura salud, precisando que la Póliza Nº 15602 corresponde al SCTR cobertura pensión, evidenciando su incumplimiento, nuevamente no se tiene la materialización del pago del SCTR Salud. iv. Entonces, de los medios probatorios adjuntos, se advierte que estos merecieron calificación en el procedimiento inspectivo y sancionador, no correspondiendo calificar la subsanación en vista que persiste el incumplimiento referido al SCTR Salud, al no tenerse verificada la materialización del pago del SCTR Salud, no

2 Notificada a la impugnante, y a la Procuraduría Pública el 03 de abril de 2023.

evidenciándose una falta de motivación que vicie el procedimiento conforme argumenta el apelante. v. Con relación a los plazos, por el cual se hace referencia al informe final de instrucción y a la resolución de primera instancia, se invoca el artículo 259 del TUO de la Ley de procedimiento Administrativo General. Ahora bien, de la revisión del procedimiento sancionador, se observa que la imputación de cargos fue notificada en fecha 18 de julio de 2022, entonces, conforme a lo regulado en el artículo 259 del TUO de la Ley N° 27444, se tenía como plazo máximo para resolver hasta el 18 de abril de 2023; sin embargo, la resolución de primera instancia fue emitida el 06 de enero de 2023, es decir dentro del plazo, verificándose que no se ha producido caducidad como alega el apelante.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital San Sebastian

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 26 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 075-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que se les sanciona por incurrir en dos infracciones, extremos con los que no se encuentran de acuerdo, por cuanto les causa agravio y han sido resueltos basados en vicios de nulidad, no acordes a la realidad. ii. Asimismo, señalan que no se han tomado en cuenta los medios probatorios ofrecidos, por lo que, no corresponde sancionar por supuestamente no cumplir con las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo – cobertura en

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

salud, a favor de los trabajadores afectados, así como no cumplir con la medida de requerimiento, en tanto que, por los supuestos sancionados presentaron el recurso de reconsideración de fecha 15 de febrero de 2023, adjuntando nuevos medios probatorios, reconduciendo indebidamente con un auto que no se les puso de conocimiento. Por tanto, advierten que la Intendencia de Cusco, a fin de evitar valorar los nuevos elementos probatorios decidió reconducir en la vía de apelación y omitir pronunciarse sobre todos los extremos sustentados en el escrito de reconsideración, incurriendo en causal de nulidad, establecida en el artículo 10, incisos 1 y 2 de la Ley N° 27444, es más señalan que se atenta contra la Constitución Política del Perú, por cuanto se les ha desviado de la vía correspondiente inobservando el debido proceso, debida motivación y derecho de defensa. iii. Por otro lado, sostienen que la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Sebastián nunca fue notificada de manera adecuada con el inicio de todo el procedimiento administrativo (etapa investigativa o inspectiva), acto irregular que dio lugar a la emisión de la resolución de sanción, así mismo, evidencian que no se ha notificado de manera adecuada a la Municipalidad Distrital de San Sebastián. iv. Al respecto, alegan que, la Procuraduría es la encargada directa de la defensa jurídica del Estado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto Legislativo 1326 y Decreto Supremo 018-2019-JUS, normas que son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas. v. Manifiestan que, el Intendente Regional de Cusco, declara infundado el recurso de apelación cuando en realidad se interpuso recurso de reconsideración adjuntando medios probatorios nuevos, y en la resolución de intendencia se afirma que mediante Auto N° 174-2023-SUNAFIL, se dispone elevar los actuados con sus respectivos antecedentes en aplicación del principio de informalismo, fundamentando su decisión en argumentos que no guardan sentido lógico ni fundamentación jurídica; al respecto, refieren que en el peor de los casos, que no es consentido por esta parte, se tiene que el TUO de la Ley 27444, en ningún extremo prohíbe la presentación de medios probatorios en el escrito de apelación, por ende tampoco existe prohibición de valoración de los documentos que obran en el expediente; es decir, la motivación exige un análisis universal de todos los actuados que obran en el expediente. vi. Precisan que, en ningún extremo del artículo 10 del TUO de la Ley 27444 se prohíbe la valoración de medios probatorios en segunda instancia, por lo que, el Intendente de Cusco se encontraba obligado a valorar todos los medios probatorios, y pronunciarse sobre todos los extremos del recurso de reconsideración y no de apelación. vii. Consideran que el fiscalizador a cargo de la etapa investigativa no solo debió notificar a la Municipalidad Distrital de San Sebastián como administrado, sino, al órgano con autonomía administrativa y funcional a cargo de la defensa jurídica del Estado; es decir, a la Procuraduría Pública Municipal Distrital de San Sebastián, ya sea de forma física o al correo institucional proporcionado por la Municipalidad que se encuentra publicado en el portal de la Municipal Distrital de San Sebastián, y que es de libre acceso a todos sin distinción alguna; sin embargo, señalan que nunca fueron notificados con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 17 de diciembre de 2021, por ende, al verse

privados de realizar el conteo de plazos, es su oportunidad procesal en etapa investigativa, se les limitó el derecho de poder solicitar un plazo adicional, por lo que, resulta ilógico, nada razonable, ilegal y hasta abusivo. viii. Al respecto, exponen que no se está entendiendo el sentido de la autonomía administrativa y funcional, siendo así, en el hipotético no consentido de que la notificación realizada el 17 de diciembre de 2021 sea válida a la Municipalidad, no es válido para la Procuraduría Pública Municipal, por cuanto tienen un domicilio distinto; por tanto, señalan que es imposible ejercer la defensa si no se tenía conocimiento de las actuaciones, requerimientos y otros, en tanto que, la defensa del Estado no tenía conocimiento y no tuvo oportunidad de solicitar mayor plazo o exigir a la misma institución pública. ix. Por otro lado, manifiestan que su defensa la desarrolla la Procuraduría Pública, sin embargo, este argumento no ha sido desvirtuado a profundidad por el Intendente ni por el Sub Intendente, por cuanto incluso entran en contradicción, ya que refieren que la Procuraduría ejerce la defensa, sin embargo, continuaban notificando a una institución que no tenía las facultades de representatividad, pero no refieren ni indican sustento legal y constitucional en la que textualmente refiera que no es necesario la notificación a la Procuraduría Pública Municipal para que lleve adelante las actuaciones inspectivas; asimismo, cuestionan que no se da razón del porqué tiene mayor validez el Decreto Supremo 019-2006-TR y la Ley que regula las actuaciones inspectivas que no más antiquísimas que el Decreto Legislativo 1326 y Decreto Supremo 018-2019-JUS, ya que en la aplicación del tiempo, éstas últimas que regulan a las Procuradurías, que tienen mayor validez y fueron expedidas conforme a la situación actual que atraviesa el sistema jurídico de defensa del Estado, que ha establecido su autonomía y la forma de su notificación a estos entes especializados. x. Aducen que existe infracción e inobservancia al principio de razonabilidad contemplado en el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG, en tanto que, la medida inspectiva de requerimiento, otorga un plazo máximo de tres días hábiles para su cumplimiento en favor de los trabajadores afectados, plazo que es irrazonable para una entidad pública que se rige por normas burocráticas; asimismo, señalan que al emitir la resolución de intendencia no se ha valorado el reporte PDT de planillas, la copia de planilla de remuneraciones, tampoco la póliza 15602 y demás medios probatorios ofrecidos, entre informes. Al respecto, invocan el artículo 73 y demás pertinentes del Decreto Legislativo 1440, y la ley del presupuesto en los que se establece cuál es el plazo y procedimiento regulado en la actualidad para el cumplimiento de las sentencias judiciales y deudas en la administración pública, es más, se tienen directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas que son de obligatorio cumplimiento por la administración pública. xi. Refieren que, en fecha 17 de noviembre de 2022 por mesa de partes de SUNAFIL a ingresado el escrito de descargo al informe final de instrucción e imputación de cargos, recurso que fue ingresado adjuntando medios probatorios consistentes en el Informe N° 3326-2022-GRRHH-MDSS/C, en la misma que se adjuntan los informes N° 131-2022- JJCE-SSOMA-GRRHH, e Informe N° 2239-SGRSP-GRRHH-MDSS-2022/VACC3326, los mismos que fueron detallados en el apartado de medios probatorios y anexos; así mismo, se presentó el escrito de reconsideración con mayores medios probatorios, sin embargo, no han merecido pronunciamiento alguno, medios probatorios que acreditan que han cumplido con sus obligaciones relativas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Cobertura de Salud, por ende no corresponde sancionar por la infracción tipificada en el numeral 27.15 del artículo 27, por tanto, no corresponde tampoco sancionar por la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46. xii. Asimismo, señalan que existe caducidad durante toda la tramitación del presente proceso, por cuanto al emitirse la imputación de cargos desde el acta de infracción hasta la imputación de cargos se tiene que ha transcurrido casi dos meses, en el Decreto

Supremo N° 016-2017-TR, por cuanto existe vulneración de plazos, y como consecuencia de ello existe caducidad en la tramitación del procedimiento administrativo, de igual forma del informe final de instrucción y de la emisión de la resolución de sub intendencia. Por otro lado, el informe final de instrucción ha sido expedido después de dos meses de la fecha límite, por su parte, la resolución de sub intendencia fue expedida después de dos meses de la fecha límite para su expedición, ya que debió ser expedida el 07 de diciembre de 2022 pero fue expedida el 06 de enero de 2023, tampoco ha merecido pronunciamiento, análisis valoración ni saludo por el intendente ni el sub intendente. xiii. Alegan que, existe Inobservancia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el EXP. N.° 04126-2012-PA/TC-PIURA de fecha 14 de diciembre del 2012, referida a la motivación de los actos administrativos, el derecho de defensa y al debido procedimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones

calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura 02:

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa. Sin embargo, conforme consta en los hechos constatados en el Acta de Infracción, la impugnante no cumplió íntegramente con lo dispuesto en la medida de requerimiento.

9 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

relación a los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción, y conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Sanción N° 015-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, como un recurso de apelación, concediendo y reconduciendo el referido recurso, advirtiendo que todos los documentos presentados como “nuevas pruebas”, obran en el expediente de investigación; asimismo, fueron valorados en más de una oportunidad dentro del procedimiento de inspección y también en el procedimiento administrativo sancionador, ello conforme al contenido del numeral 2.3.2 del informe final de instrucción y la página 9 del mismo, así como los numerales 4.1. a 4.3. de la resolución impugnada. Por ende, en aplicación del principio de informalismo en favor del administrado, correspondía a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco dar trámite al recurso, en tanto que, el administrado incurrió en error formal, respecto de la calificación del recurso, el cual no debe de ser obstáculo para su tramitación siempre y cuando del escrito se deduzca su verdadero carácter – recursivo, en aplicación del artículo 223 del TUO de la LPAG. Por lo que, se procedió a la debida tramitación del presente expediente, a fin de que la instancia de apelación se pronuncie sobre todos los argumentos esgrimidos por la impugnante. En consecuencia, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Sobre la notificación por casilla electrónica

“Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto supremo se consideran las definiciones siguientes: 5.1 Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio”.

“la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”.

a) Revisar periódicamente la casilla electrónica asignada a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifique. b) Mantener operativo su correo electrónico y/o servicio de mensajería, a efectos de recibir las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica. c) Mantener la confidencialidad y adoptar las medidas de seguridad en el uso del nombre de usuario y la clave de acceso a la casilla electrónica que se le asigne.

10 Conforme se corrobora en la carpeta de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, del 1 de agosto de 2020, se encuentra publicada la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL.

perjuicio de las actividades a cargo de la Administración (en este caso, la SUNAFIL) de difundir esta obligación.

“20.4. La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25”.

“Artículo 11.- Validez y efecto de la notificación vía casilla electrónica 11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario. 11.2 La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida en la casilla electrónica o, en caso tal día sea no hábil, a partir del primer día hábil siguiente de haber sido recibida. 11.3 El cómputo de los plazos expresados en días se inicia el día hábil siguiente de aquel en que la notificación vía casilla electrónica surte efectos, salvo que en el acto administrativo notificado se señale una fecha distinta.

Artículo 12.- Imposibilidad de uso de la notificación vía casilla electrónica

Sobre el caso en concreto

Figuras 03:

Sobre el régimen jurídico aplicable a las actuaciones del inspector previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

citada acta, lo cual deberá realizarse únicamente previo procedimiento administrativo sancionador.

“La posibilidad que al interior de la propia administración se peticione el inicio de un procedimiento sancionador se produce con mayor frecuencia cuando ha sido precedido de un procedimiento administrativo de fiscalización (supervisión o inspección), con motivo del cual el órgano competente para fiscalizar verifica que se han producido incumplimientos de las obligaciones exigibles a los administrados y que en consecuencia existe justificación para recomendar el inicio

11 Danós Ordóñez, J. (2019). La regulación del procedimiento administrativo sancionador en el Perú. Revista De Derecho Administrativo, (17), 26-50. Recuperado a partir de: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/22164

de un procedimiento sancionador para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan legalmente” (énfasis añadido).

“Como hemos mencionado, al desarrollarse bajo el enfoque de cumplimiento normativo, gestión y prevención del riesgo, y tutela de bienes jurídicos, la actividad administrativa de fiscalización cuenta con finalidades distintas a las del procedimiento administrativo sancionador, puesto que no pretende disuadir ni desincentivar la comisión de conductas a través de la imposición de sanciones al administrado. Aunque la inspección puede servir de sustento para un posterior ejercicio de la potestad sancionadora, la actividad administrativa de fiscalización no es concebida más como su instrumento accesorio ya que su objetivo no es la punición de conductas infractoras, sino la verificación de la adecuación de los administrados al ordenamiento, pudiendo adoptarse medidas para lograr dicha adecuación. La relación entre la inspección y el procedimiento sancionador es contingente” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración alegada por la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de San Sebastián

12 Morón Urbina, J. C. (2020). La regulación común de la actividad administrativa de fiscalización en el derecho peruano. Derecho & Sociedad, 1(54), 17-43. Recuperado a partir de: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/22404

de San Sebastián, mediante casilla electrónica, y con atención a la Procuraduría Publica de dicha Entidad, a través de cedulas de notificación.

“(…) utilizar el procedimiento o algunas de sus actuaciones para lograr fines fraudulentos, reiterar un pedido simultánea o sucesivamente hasta lograr su aceptación sin perfeccionar la documentación ya observada antes, alegar hechos contrarios a la realidad, emplear maniobras dilatorias o que tiendan a entorpecer la buena marcha del procedimiento, ocultar información sobre terceros interesados, son conductas contrarias a la buena fe ejecutadas por los administrados, y que vician un procedimiento por aplicación de este principio”15. (…)

13 Numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 14 Ibidem, p. 107. 15 MORÓN URBINA, J. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica Editores. Tomo I. p. 106.

“(…) no debe dejar de advertirse que la autoridad como instructora del procedimiento también asume el deber de estar atenta a identificar cualquier fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria y adoptar las decisiones adecuadas y para desalentarlas. Cuando ello sucede la autoridad está llamada a advertirlo y llamar la atención a las partes, valorar dicha conducta al momento de resolver (por ejemplo, en materia sancionadora) y, si cuenta con norma habilitante, aplicar al administrado desleal una multa administrativa y/u obligarle a asumir costos del proceso” (énfasis añadido).

Sobre la notificación de la imputación de cargos 6.55 De la verificación del expediente sancionador se puede corroborar lo siguiente:

- La “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN VÍA CASILLA ELECTRÓNICA”, de fecha 18 de julio de 2022 por medio de la cual se notifica la Imputación de Cargos N° 496- 2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, de fecha 14 de julio de 2022, remitida a la inspeccionada, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN.

- La “CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0000024770-2022”, que contiene la notificación del Acta de Infracción N° 962-2021-SUNAFIL/IRE-CUS y de la Imputación de Cargos N° 496-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, efectuadas a la Procuraduría Pública de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN. De la cual se verifica que se consigna como fecha de visita el 19 de julio de 2022.

16 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA: “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”.

“Artículo 20. Modalidades de notificación 20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación: 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio. 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. (…)”. 6.59 Para el caso de las entidades públicas, en “los procedimientos sancionadores instaurados en su contra, la autoridad competente en cada instancia o fase debe notificar también a los procuradores de estas entidades los actos administrativos y documentos emitidos, para su conocimiento y consideración, y así no vulnerar los derechos de defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución”17.

17 Oficio N° 035-2020-SUNAFIL/INII 18 Decreto Legislativo N° 1326, “Artículo 24.- Las Procuradurías Públicas Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano especializado, responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado.” 19 Constitución Política del Perú de 1993, “Defensa Judicial del Estado Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.” 20 Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, “Artículo 14.- Acto de notificación a los/las procuradores/as públicos/as (…)

emplazado, se debe notificar a dichos servidores en el domicilio oficial dentro del horario previsto para las actividades de las entidades del Estado, sin perjuicio del uso de la dirección electrónica y/o el domicilio procesal alternativo para sucesivas notificaciones21.

“ARTÍCULO 29.- PROCURADURÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES

La procuraduría pública municipal es el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado en el ámbito de la municipalidad correspondiente.

Las procuradurías públicas municipales son parte del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Se encuentran vinculadas administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado y se rigen por la normativa vigente en la materia.

Los procuradores públicos municipales remiten trimestralmente al Concejo Municipal un informe sobre el estado de los casos judiciales a su cargo y las acciones realizadas respecto de cada uno de ellos. Sus informes son públicos”.

de los intereses del Estado en aquellos procesos, procedimientos y/o análogos, en los que es emplazado como parte procesal, en representación de la entidad donde ejerce sus funciones (…)”.

1. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, conforme a las disposiciones del ente rector (…)”.

Figura 04:

Sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.

22 TUO de la LPAG, “Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración 28.1 Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos. 28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios. 28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia informativa. 28.4 La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción.” 23 TUO de la LPAG, “Artículo 143.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día de su presentación. 2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días. 3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados.”

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (…)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”24.

ACTUACIONES FECHA DE NOTIFICACIÓN Inicio Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 015- 2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA 19/07/2022 Fin Resolución de Sub Intendencia N° 1283-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE4 25/01/2023

24 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

N° 0000002411-2023” el 25 de enero de 2023. En tal sentido, se advierte que la resolución apelada fue emitida dentro del plazo de nueve meses. En consecuencia, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo por la impugnante.

Sobre la presunta vulneración de los plazos administrativos

25 Así, en el fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00295-2012-PHC/TC del 14 de mayo de 2015 (declarado doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) se reconoce que en aquellos casos en los cuales se prolonga el proceso más allá de lo razonable, “…no puede establecerse, por ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo definitivo del proceso penal como si fuera un equivalente a una decisión de absolución emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y democrático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, declarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y que deben ser dilucidadas por los órganos competentes”.

de Instrucción no afecta su validez. Sin embargo, el retraso existente en el caso examinado es notable y permite a esta Sala recordar a las instancias administrativas correspondientes que tal situación puede suponer un desafío a la seguridad jurídica de administrados y terceros con interés por igual, por lo que deben tomarse medidas pertinentes para evitar tales dilaciones.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.86 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo – cobertura en salud, a favor de los trabajadores afectados. Numeral 27.15 del artículo 27 del RLGIT

LEVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SEBASTIAN, en contra la Resolución de Intendencia N° 075-2023-SUNAFIL/IRE CUS, de fecha 30 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional del Cusco, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 310-2022- SUNAFIL/IRE-CUS, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 075-2023-SUNAFIL/IRE CUS, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SEBASTIAN, y a la Intendencia Regional del Cusco, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250409MCR - HR 81147-2023