Municipalidad Distrital de Vegueta — Res. 68-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Seguro de vida ley (Contratos). soft 10:44:49-0500

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la falta de colaboración por parte del sujeto inspeccionado al no presentar la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 08 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la falta de colaboración por parte del sujeto inspeccionado al no presentar la información solicitada mediante requerimiento de información de fecha 15 de marzo de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00

i. De acuerdo al artículo 6 se establece que la SUNAFIL comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a través de las alertas. En esos alcances, la Municipalidad no recibió ninguna notificación en el correo electrónico. ii. Para que la notificación sea válida se deberá enviar las alertas, por lo que en el caso de autos la impugnante desconocía la solicitud de la SUNAFIL. iii. Apenas tomó conocimiento de los requerimientos con la notificación del Acta de Infracción, la Municipalidad cumplió con remitir el seguro de vida ley.

i. Las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para poder comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso proceda, definiéndose en el artículo 9 de la LGIT el deber de colaboración con los Supervisores Inspectores, los Inspectores de Trabajo e Inspectores auxiliares. ii. Así, mediante Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de septiembre de 2018 en el diario oficial El Peruano, se modificó el inciso 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG, reconociendo los alcances de la notificación por correo electrónico, así como la posibilidad de que se notifique a través un sistema de casillas electrónicas, el cual debía

2 Emisión de un nuevo Informe Final de Instrucción, en concordancia con la Resolución de Trámite N°02 que resuelve retrotraer el procedimiento sancionador, por las consideraciones expuestas en la etapa considerativa. 3 Notificada a la impugnante el 16 de marzo de 2022, véase folio 149 del expediente sancionador.

ser aprobado mediante una norma de rango preestablecido (Decreto Supremo), señalándose la obligatoriedad de su uso. iii. Así, el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, denominado “Aprueban el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de la notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL”, estableció la obligatoriedad del uso de la misma, señalándose en el artículo 7 que todo documento emitido en el marco de las funciones y competencias de la SUNAFIL sería objeto de notificación vía casilla electrónica, reconociéndose como una obligación del usuario de la casilla electrónica el revisar periódicamente, a fin de “tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se les notifique”. iv. Así, según la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003- 2020-TR, se dispuso la publicación de normativa de desarrollo y cronograma para la implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica, señalándose en la Segunda Disposición Complementaria de la norma que mediante resolución de Superintendencia, por lo que mediante Resolución de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL, publicada el 08 de marzo de 2020, se aprobó el referido cronograma, modificado posteriormente mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL. v. Conjuntamente con ello, la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, sobre el ejercicio de la función inspectiva de la SUNAFIL, incorpora mecanismos electrónicos para la notificación de documentos y actuaciones inspectivas, así como en concordancia con los numerales 7.7.1 y 7.2.2 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del CORONAVIRUS (Covid-19) en el territorio nacional”. vi. Por ello, a partir de la resolución de implementación, los empleadores tenían conocimiento público de la fecha exacta de inicio de notificación vía casilla electrónica, además de que los requerimientos de información fueron válidamente notificados en la casilla electrónica, conforme se desprende de los actuados del expediente de la orden de inspección, evidenciándose que a la fecha de notificación de los requerimientos de información ya se encontraba implementada la casilla electrónica para surtir efectos legales. vii. Por ello, no se puede pretender argumentar que no tomó conocimiento oportuno de las notificaciones de los requerimientos de información, por desconocer de los alcances del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, pues es obligación del usuario (empleador) el revisar periódicamente su casilla electrónica, a efectos de tomar conocimiento de los documentos y/o actos administrativos que se le notifiquen. Tampoco corresponde amparar el argumento de defensa que plantea la inspeccionada, puesto que no ha acreditado que efectivamente no todo el personal contable y administrativo de la empresa se encontraba laborando en horario y tiempo completo, y que el personal a

cargo de verificar la casilla electrónica, tampoco se encontraba laborando en su totalidad. viii. Si bien la inspeccionada alega el “tema de las alertas”, es pertinente precisar que, apelando a la interpretación sistemática de las normas glosadas, éste se comporta como una carga de la Administración Pública para mejorar el conocimiento y respuesta del administrado; pero no se observa fundamentos que permitan interferir que se trate de una condición de validez para las notificaciones practicadas vía casilla electrónica. ix. Por ello, se entiende como válidamente efectuada la notificación con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, más no por las alertas que pudieran llegar al correo proporcionado por la empresa, como una condición para que la notificación por casilla electrónica sea válida.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Vegueta

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 05 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 051-2022-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando los siguientes alegatos:

i. De acuerdo al artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, se establece que la SUNAFIL le comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico u otro de la institución. ii. Las resoluciones Nros 547-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 548-2021- SUNAFIL/TFL- Primera Sala y 552-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitidas por el Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL coligen que, independientemente de la eficacia de la recepción de la notificación electrónica y la obligación que tiene el usuario de revisar de forma periódica la casilla electrónica, si este no recibe las alertas por medio de correo electrónico y/o el sistema de mensajería, resulta razonable considerar que el cumplimiento de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica se

9 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

encontraría estrictamente ligado a la recepción de las alertas que el propio sistema señala que emitirá. iii. Así, no se ha tenido en consideración que mediante Resolución N° 006-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal sentó posición sobre las alertas de notificación al correo señalando que en aquellos casos en los que se empleó la notificación electrónica, y no se tiene constancia del envío de las alertas por correo electrónico o por servicio de mensajería, estaríamos ante un supuesto de vulneración del derecho de defensa, debiéndose señalar nula la notificación efectuada. iv. Por ello, en aquellos casos en los cuales el inspector emplea la notificación electrónica y no se tiene constancia del envío de la alerta de tal comunicación por correo electrónico o por servicio de mensajería, deberá dejarse sin efecto la sanción impuesta por aquellas infracciones derivadas del cumplimiento de los requerimientos emitidos mediante el sistema de casilla electrónica. v. Así, dado que nunca recibieron ninguna alerta sobre las solicitudes, se les impidió tener conocimiento y cumplir en el plazo, por lo que debido a ello no se puede sancionar por faltas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, cuando no se tenía conocimiento de las solicitudes que son materia de sanción, causando indefensión por no existir una correcta notificación a la municipalidad. vi. Así, no se contaba con la casilla electrónica activada, tal como lo señala el Informe N° 140-2021-SGRH/MDV de fecha 28 de junio de 2021, en donde el Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Vegueta, señala que no ha accedido a la casilla electrónica de la SUNAFIL, por ende, no tiene conocimiento de los requerimientos de parte del inspector, por desconocimiento de su acceso y, no recibió alertas. vii. Al tomar conocimiento de los requerimientos a través del Acta de Infracción, la Municipalidad Distrital de Vegueta cumplió con remitir el seguro de vida ley de los obreros del Municipio, comunicando a cada trabajador, mediante memorándum, su seguro de vida ley, en atención a la Ley N° 29549. viii. En el presente caso se ha configurado la sustracción de la materia, dado que se ha cumplido con remitir la información de los seguros de vida de los obreros de la Municipalidad Distrital de Vegueta, que dieron origen a la sanción, sin que sea posible que estas puedan afectar a los obreros, que a la fecha cuentan con el respectivo seguro de vida. Cabe señalar que se cumplió con los requerimientos antes de que se expida la resolución de sanción.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la notificación realizada mediante casilla electrónica

los requerimientos de información efectuados por la inspectora comisionada. Asimismo, transcribe lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 003-2020-TR. En tal sentido, corresponde analizar la legalidad de la notificación efectuada al impugnante en el presente caso, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo. Por el contrario, las instancias inferiores realizan un análisis ligero sobre la notificación, dando por sentado que ésta ha sido correctamente llevada a cabo.

1. La obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, independientemente del consentimiento del usuario para tal fin. 2. La validez y los efectos de la notificación, entendida ésta desde el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario en el SINEL-SUNAFIL; y, 3. La obligación del usuario de revisar periódicamente la casilla electrónica asignada.

10 STC 00649-2002-AA/TC, 03793-2006-AA/TC, entre otras.

graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT (negativa a entregar la información requerida por el inspector comisionado).

11 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 12 Artículo 6.- Asignación de la casilla electrónica La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería (énfasis añadido).

“11.1 La notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario.

En consecuencia, por un lado, se establece que el sólo depósito equivale a notificación válida y, por otra, que el administrado tiene derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito (segundo párrafo del artículo 6 de la misma norma, antes citado).

13 Cfr. GUASTINI, Riccardo. "Antinomia y lagunas." Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Nº. (1999): 437-450, p. 437. Ubicable en https://revistas- colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/juridica/article/view/11388/10435 14 LPAG, artículo 1.15. 15 Citada por la sentencia del Exp. N° 8957-2006-PA/TC, fundamento jurídico 9.

procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan16. Por tanto, las “exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que In Abstracto las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna”17.

16 Cfr. STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3. 17 Ibid. fundamento jurídico 4. 18 Loc. Cit. 19 Ley General del Procedimiento Administrativo General (LPAG), artículo 1.6. La importancia de este principio ha sido puesto de manifiesto por la Corte Suprema en la Casación N° 11434 – 2015 -CUSCO, fundamento jurídico 14. 20 STC 00020-2015-PI/TC, fundamento jurídico 19.

respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”21(énfasis añadido).

Figura 01:

21 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. (énfasis añadido)

Figura 02:

Figura 03:

adecuadamente los extremos de la notificación por casilla electrónica y los alegatos de defensa planteados en su oportunidad por la impugnante sobre la notificación realizada, a la luz del principio de buena fe procedimental citado en el fundamento 6.17 de la presente resolución.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

22 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 23 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 24 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. (…)”

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Subintendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, de fecha 07 de febrero de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lima y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 306-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Subintendencia N° 075-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución. TERCERO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA, y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes. CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.33 de la presente resolución.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

He sintetizado mi posición en varias resoluciones, entre ellas, por ejemplo, dentro del voto en discordia emitido en la Resolución N° 585-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 6 de julio de 2022) y en el voto dirimente en la Resolución N° 340-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala (del 4 de abril de 2022), a cuyos fundamentos me remito aquí, para sostener que mi voto en este caso en concreto.

Así, sostengo que corresponde que se declare infundado el extremo del recurso que arguye que existe una contradicción insalvable bajo métodos de interpretación jurídica sistemática entre lo dispuesto por los artículos 6 y 11 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, cabiendo la exigibilidad del uso de la casilla electrónica entre los sujetos inspeccionados, conforme con el principio de publicidad de las normas y la razonabilidad de una forma de comunicación digital entre empleadores y Administración del Trabajo en el presente tiempo.

En adición, sostengo que cuando en una misma fiscalización se emprenden comunicaciones dirigidas al inspeccionado a través de la casilla electrónica sin obtener respuesta de dicho sujeto obligado, corresponde deducir la responsabilidad administrativa sin generar cargos irrazonables. Este resultado indeseado podría resultar del hecho de que el inspector actuante deposite sucesivas notificaciones por el mismo hecho sin que se registre una respuesta del empleador. En tales supuestos, la segunda sanción (y las siguientes, de ocurrir) debería imponerse un límite al actuar discrecional de la Administración, que debiera encontrar medios alternativos para asegurar el conocimiento y respuesta del inspeccionado.

Con relación al uso de la casilla electrónica, debe precisarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de abril de 2022 (expediente 3394-2021-PA/TC), por la que se declaró fundada la demanda de amparo de una empresa que objetó las notificaciones digitales practicadas por la Autoridad Tributaria, no es un criterio que se aplique a las controversias ventiladas ante este Tribunal. Como se advierte del fundamento jurídico núm. 15 de dicha sentencia, se resolvió sobre la base de una regulación contenida en el artículo 104 del Código Tributario, que dispone que la notificación se dirige al domicilio fiscal del investigado. Se trata, por tanto, de un razonamiento jurisdiccional no aplicable a la controversia resuelta ante esta instancia de revisión.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión se declare INFUNDADO en este extremo, respecto del uso de la casilla electrónica, debiendo procederse al análisis del resto del recurso.

Presidente

20230125RAN