Municipalidad Distrital de Torata — Res. 1070-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades; alta, modificación y baja en el T-Registro). 2 Notificada a la Procuraduría Pública el 07 de octubre de 2021, véase folio 71 del expediente sancionador. soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber efectuado la modificación o actualización de los datos en el T-Registro, tipificada en el numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 17,248.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva, por incumplimiento de la medida de requerimiento notificada a través de la casilla electrónica el 20 de agosto de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 23,100.00.

i. Se cumplió dentro del plazo con atender el requerimiento de información notificado el día 10 de agosto de 2021; asimismo, notificada la medida inspectiva de requerimiento y en la fecha dispuesta, se realiza el envío de las veinticinco (25) modificaciones de altas del T-Registro de acuerdo a los aspectos solicitados por la autoridad inspectiva, a excepción de veintiún (21) trabajadores quienes declararon no tener correo electrónico y no autorizaron la creación de esta información a la entidad; por lo que, se registró como correo electrónico notiene@hotmail.com, ante la imposibilidad del sistema de dejar en blanco dicho ítem. ii. Que, en el Acta de Infracción se determina que la Municipalidad cumplió con subsanar seis (6) de los siete (7) ítems requeridos; es decir, con excepción del ítem “correo electrónico”, en donde se registró a veintiún (21) trabajadores como correo electrónico notiene@hotmail.com; sin embargo, en la resolución apelada se determina que la cantidad de trabajadores afectados corresponde a veinticinco (25), es decir una cantidad mayor de trabajadores. iii. Manifiesta que de acuerdo al artículo 2 numeral 8 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene reserva sobre su convicción política o de cualquier otra índole, por lo que ninguna entidad o persona puede obligar a otra a la creación de un correo electrónico para tener el derecho a trabajar; asimismo, la entidad estaría incurriendo en falta al declarar un correo electrónico que no corresponde al trabajador.

3 Notificada a la Procuraduría Pública el 23 de diciembre de 2021, véase folio 360 del expediente sancionador.

iv. Asimismo, al no existir alguna ley que exija la forma obligatoria a toda la población la creación de correo electrónico y/o tener teléfono celular, no es exigible para cada persona contar con lo mencionado. v. Además, de acuerdo a la R.M. N° 242-2017-TR, el número de teléfono móvil y correo electrónico de contacto del empleador constituyen información de soporte cuya declaración en la Planilla Electrónica debe ser obligatoria; y, de acuerdo a la RAE la expresión “debe ser” expresa probabilidad o suposición, más no exigencia.

i. Expresa que, en el curso del procedimiento de investigación, la autoridad administrativa de trabajo emite el requerimiento de información, que fue notificado el día 10 de agosto de 2021, para presentar la información y/o documentación allí contenida, hasta el día 13 de agosto de 2021; que en el plazo dispuesto, la inspeccionada atendió el requerimiento de información, lo que le permitió a la autoridad actuante, determinar incumplimientos normativos que la inspeccionada debía de subsanar en el plazo dispuesto, esto es hasta el día 25 de agosto de 2021. ii. Que, la inspeccionada debía acreditar con las denominadas “Constancias de modificación o actualización de datos del trabajador” (formulario 1604-2), las modificaciones o actualizaciones de los datos contenidos en el T-Registro, conforme a lo detallado: 1. Ítem “teléfono”, se colocó como número celular 999999999 para todos los trabajadores. 2. Ítem “correo electrónico”, se colocó abaco@gmail.com, a todos los trabajadores 3. Ítem “ocupación”, se colocó la categoría de “peón” a todos los trabajadores. 4. Ítem “Tipo de pago y periodicidad de ingreso”, se colocó “efectivo/mensual”, cuando debería figurar como Depósito en cuenta/mensual, quincenal, semanal, diaria u otros. 5. Ítem “remuneración básica inicial”, no figura el monto. 6. Ítem “entidad financiera”, no figura el nombre de la entidad del sistema financiero. 7. Ítem “número de cuenta”, no figura. iii. Sin embargo, del Acta de Infracción, en el numeral 4.3 ítem 2), la autoridad actuante manifestó que con la información remitida por la inspeccionada a través de la medida de requerimiento, respecto al dato correspondiente al “correo electrónico”, que debe ser consignado y acreditado en las “Constancias de modificación o actualización de datos del trabajador”, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 de la R.M. N° 242-2017-TR, ha logrado verificar la subsanación parcial en el T-Registro, habiéndose subsanado cuatro (4) registros, faltando veintiún (21) registros; advirtiendo que el resto de ítems observados, fueron subsanados y, que lo concerniente a la materia “Planillas o registros que la sustituyan: Entrega de Boletas de pago al trabajador y sus formalidades”, se logró verificar su cumplimiento.

4 Notificada a la impugnante vía casilla electrónica el 17 de febrero de 2022, véase folio 450 del expediente sancionador y notificada a la Procuraduría Pública el 16 de febrero de 2022, véase folio 451 del expediente sancionador.

iv. No obstante, puntualiza que el D.S. N° 018-2007-TR, por el cual se “Establecen disposiciones relativas al uso del documento denominado Planilla Electrónica”, precisa en el artículo 4-A “Registro de Información Laboral (T-Registro)”, que el empleador debe registrar a sus trabajadores dentro del día en que se produce el ingreso a prestar sus servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados. Asimismo, que cualquier modificación o actualización de los datos de la información existente en el T-Registro, deberá ser efectuada por el empleador dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de ocurrido el evento o de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento, entendiéndose por cumplida la obligación cuando el empleador remita la Constancia generada por el T-Registro y siempre que se acredite la recepción de la misma por parte de los destinatarios. v. Señala que el artículo precitado, establece que la Autoridad Administrativa de Trabajo podrá solicitar a los empleadores, con carácter general o particular y en las condiciones y plazos que aquella determine, la actualización total de sus datos y condición de empleador, así como los datos contenidos en el T-REGISTRO. vi. Por tanto, concluye que es inoficioso argumentar a través del recurso interpuesto que, por un lado, los trabajadores respecto de quienes no se consignó su correo electrónico, no lo tienen y que no autorizaron su creación; y, por otro lado, que no existe norma alguna que exija la obligatoriedad, respecto a sus trabajadores, el consignar la información correspondiente en el campo “correo electrónico” en la respectiva “Constancia de Alta del Trabajador”, pues dicha aseveración, conforme a lo argumentado, no tiene asidero legal. vii. Finalmente, al existir el mandato legal expreso de la obligatoriedad que le asiste a la inspeccionada de registrar el correo electrónico del trabajador en la “Constancia de Alta del Trabajador” en el T-Registro, conforme a la normativa sobre la materia expuesta, considera que es innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos esgrimidos por la inspeccionada con la finalidad de esgrimirse de la sanción impuesta; por tanto, no acoge lo argumentado al respecto.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Torata

10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de marzo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 013-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, señalando lo siguiente:

i. Reitera que, sí cumplió con lo requerido y dentro del plazo establecido, puesto que los 21 trabajadores restantes no cuentan ni deseaban contar con correo electrónico, no teniendo la facultad para poder exigirles que lo tengan y en afán de no vulnerar su derecho al trabajo, es que se procedió a registrarlos con el correo electrónico notiene@hotmail.com ante el impedimento del sistema de dejar en blanco dicho ítem. ii. Alega que no se observó el debido procedimiento, ni los derechos constitucionales ceñidos a la persona, infracciones que no fueron advertidas en la resolución de sub intendencia, así mismo esta incurre en falta de motivación. iii. Expresa que la exigibilidad de la entrega de un dato personal como el correo electrónico, constituiría una discriminación para los trabajadores que no cuenten con este, y, por otro lado, no puede ir en contra de los derechos fundamentales de la persona al crear y emitir un correo electrónico que no le corresponde al trabajador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139.° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N.º 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones 6.7. Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido)

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019- JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo.

cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No haber efectuado la modificación o actualización de los datos en el T – Registro. Numeral 24.2 del artículo 24 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

GRAVE Labor inspectiva Incumplimiento de la medida de requerimiento notificada a través de la casilla electrónica el día 20 de agosto de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 013-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, emitida por la Intendencia Regional de Moquegua, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 223-2021-SUNAFIL/IRE-MOQ, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 013-2022-SUNAFIL/IRE.MOQ, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA, y a la Intendencia Regional de Moquegua, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA

20221116JCR