Municipalidad Distrital de Tiabaya — Res. 286-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Submateria: Pago de la remuneración (Sueldos y Salarios). 2 Notificada a la Procuraduría el 07 de julio de 2022 DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación por riesgo de salud a favor de los trabajadores obreros municipales en los meses octubre y noviembre de 2021, de acuerdo al porcentaje establecido conforme a Ley, afectando a 30 trabajadores; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/22,968.50. - Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las remuneraciones del mes de noviembre 2021, conforme a Ley, afectando a 03 trabajadores; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/6,908.00. - Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de boletas de pago de remuneraciones del mes de noviembre 2021, afectando a 03 trabajadores; tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1,144.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 20 de diciembre del 2021, afectando a 30 trabajadores; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/34,672.00. 1.4 Con fecha 28 de diciembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 901-2022-SUNAFIL/IRE-SISA/AQP, argumentando lo siguiente:

i. Los Decretos Supremos N° 004-78-IN y N° 014-79-IN, no han sido publicados en el diario oficial El Peruano en ese sentido, la SUNAFIL no puede exigir el cumplimiento del pago de la BONIFICACIÓN POR RIESGO DE SALUD, la cual resulta ilegal, en razón que la misma se encuentra condicionada a la regulación propia de cada gobierno local, y no es obligatoria su concesión. ii. Con planilla N° 243 Planilla de Obreros 728 – Modalidad Proyecto “MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA MUNIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA” se acredita el pago de las remuneraciones correspondiente al mes de noviembre del 2021, de los Sres. Condori Quispe Patricia Alicia, Del Castillo Machaca Erick Milton, Huancco Mamani Diego Jonathan.

3 Notificada a la Procuraduría el 18 de enero de 2023 soft

iii. Se han entregado los comprobantes de pagos respectivos a los trabajadores: Corrales Ortis Sandro Manuel, Flores Carrasco Ruth Liliana, Pari Viza Lucila Juana, Catata Huanca Santusa, Rojas Castillo Irma Clara, Cansaya Mango Policarpio, Condori Quispe Patricia Alicia, Del Castillo Machaca Erick Milton y Huancco Mamani Diego Jonathan, hecho que se acredita con las copias de dichas boletas anexadas al escrito de descargos que se presentó en su oportunidad, los cuales no han sido valorados por la autoridad inspectiva. iv. Presenta las boletas de pago de noviembre 2021 con firma de recepción de los trabajadores Rojas Castillo Irma Clara, Cansaya Mango Policarpio, Condori Quispe Patricia Alicia, Del Castillo Machaca Erick Milton, Huancco Mamani Diego Jonathan. v. Respecto a la medida inspectiva, fue presentada el día 28.12.2021. en ese sentido no corresponde la sanción; ya que, cumplió con la medida en el término otorgado. vi. Se advierte que en el presente caso se produjo un concurso de infracciones, con lo cual la Sunafil debe aplicar la multa por infracción muy grave, al confluir el mismo hecho generador y no sumarlas en desmedro de su representada, en el caso que no se ampare el pedido de eximente, en razón que se ha corregido las observaciones de manera voluntaria.

i. El 06 de noviembre de 1979, se promulgó el Decreto Supremo número 153-79- EF, que establece: “Apruébese el presente Reglamento de Bonificación por Riesgo de Salud, el cual consta de tres Capítulos, once artículos y una Disposición Transitoria”, este reglamento no fue publicado en el Diario Oficial El Peruano; sin embargo, en su artículo 8° indica que su vigencia se dará a partir del día siguiente de su promulgación, sin indicar la necesidad de su publicación. ii. En el presente caso, tal como lo argumenta la inspeccionada y así lo ha constado la inspectora comisionada, la inspeccionada no ha pagado en los meses

4 Notificada a la Procuraduría el 10 de abril de 2023

fiscalizados la bonificación por riesgo de salud, a favor de sus 30 trabajadores obreros municipales. En ese sentido, se procedió a sancionar a la inspeccionada por el hecho de no haber velado por la correcta aplicación del Reglamento de Aplicación de la Bonificación por Riesgo de Salud; ya que, no realizó las gestiones necesarias para programar en su presupuesto anual el pago de la mencionada bonificación a favor de sus obreros municipales que desarrollan actividades de limpieza pública, en contacto directo e indirecto con basura, hecho que trajo como consecuencia que los obreros identificados por la inspectora comisionada no recibieran la bonificación en cuestión durante los meses de octubre y noviembre de 2021. iii. En los casos en los que el pago de remuneración se realice a través de las empresas del sistema financiero, el pago se acredita con la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador. No obstante, en el presente caso, se observa que, la planilla insertada no cuenta con la firma del trabajador Huancco Mamani Diego Jonathan, así como no se acompaña la constancia de depósito en la cuenta de ahorros a nombre del trabajador, ni otra documentación idónea para acreditar el pago de las remuneraciones. iv. En el presente caso, se tiene que la inspeccionada no ha acreditado haber pagado la bonificación por riesgo de salud a favor de los 30 trabajadores obreros municipales identificados en el cuadro N° 01 del Acta de Infracción, no ha acreditado haber efectuado el pago de las remuneraciones del mes de noviembre 2021 a favor de los 03 trabajadores señalados en el cuadro N° 02 del Acta de Infracción, no acreditó la entrega de boletas de pago de remuneraciones del mes de noviembre 2021 a favor de los trabajadores señalados en el cuadro N° 03 del Acta de Infracción y no cumplió con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 20 de diciembre del 2021. v. Del análisis de las infracciones propuestas por la inspectora comisionada, se tiene que, existe concurso de infracciones entre el impago de las remuneraciones de 03 trabajadores detallados en el cuadro 02 y la entrega de boletas de pagos de los 03 trabajadores detallados en el cuadro 03; toda vez que, corresponden a los mismos periodos y mismos trabajadores afectados; en ese sentido, corresponde adecuar la infracción y aplicar la sanción de mayor cuantía.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

Del Recurso De Revisión

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Tiabaya

10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

2023-SUNAFIL/IRE-AYA, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, que reformula la sanción impuesta a S/64, 548.00 y confirma, entre otras, la infracción MUY GRAVE, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 11 de abril de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de abril de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 38-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, señalando el siguiente alegato:

i. Alegan que la SUNAFIL no puede exigir el cumplimiento del pago de la bonificación por riesgo de salud, siendo esto ilegal, en razón que dicho beneficio laboral no fue promulgado por ninguna norma legal, y en todo caso, tampoco ha sido concedida en razón que la misma se encuentra condicionada a la regulación propia de cada gobierno local, y que la Municipalidad no ha concedido dicho beneficio, y no es obligatoria su concesión, como pretende la SUNAFIL, este extremo existe un abuso de derecho por parte de SUNAFIL, pretender reconocer u obligar el pago de dicho beneficio laboral. ii. Sostienen que, a autoridad inspectiva no ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios ofrecidos, hecho que provoca un menoscabo en su derecho de defensa y debido proceso. En ese sentido, no corresponde la sanción impuesta debido a que han cumplido con las normas socio-laborales, hecho que se acredita con la documentación (boletas de pago) presentadas en su oportunidad. iii. Manifiestan que, habrían cumplido con la medida de requerimiento dentro del plazo otorgado. iv. Refieren que, que en el presente caso se produjo un concurso de infracciones, con lo cual la SUNAFIL debe aplicar la multa por infracción muy grave, al confluir el mismo hecho generador y no sumarlas en desmedro de mi representada, en el caso que no se ampare el pedido de eximente, en razón que se ha corregido las observaciones de manera voluntaria.

Análisis Del Recurso De Revisión

agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

de la afectación del debido procedimiento11, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

Sobre la infracción a la medida inspectiva de requerimiento

11 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada 9 y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.” 12 LGIT, “Artículo 5.- Facultades inspectivas En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados para: (…) 5.3 Requerir al sujeto responsable para que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.”

de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento jurídico es subsanable dentro de un plazo razonable, calificándose como una infracción a la labor inspectiva el incumplimiento del mandato dictado por el inspector13.

Figura N°01

13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. (…)” 14 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

infracción gozan de la presunción de veracidad, y estando a que la inspeccionada no ha desvirtuado dicha presunción, se estima que esta no cumplió con sus obligaciones sociolaborales.

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido). 6.11 El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Sobre la invocación al concurso de infracciones

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación por riesgo de salud a favor de los trabajadores obreros municipales en los meses octubre y noviembre de 2021, de acuerdo al porcentaje establecido conforme a Ley, afectando a 30 trabajadores Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de las remuneraciones del mes de noviembre 2021, conforme a Ley, afectando a 03 trabajadores Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento notificada en fecha 20 de diciembre del 2021 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA, en contra de la Resolución de Intendencia N°38-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, de fecha 31 de marzo de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Ayacucho, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 149-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°38-2023-SUNAFIL/IRE-AYA, en los extremos de su competencia.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA, a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250319LGN – HR70727-2023