Municipalidad Distrital de Santa Anita — Res. 524-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos). 2 Véase folio 74 del expediente inspectivo. soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado el incremento de S/ 175.00 y del 20% sobre su remuneración convencional, así como no haber acreditado ni justificado legalmente los motivos del incumplimiento de su propia Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, afectando al trabajador Juan Yauri Sihui, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,940.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de abril de 2021, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

i. Refieren que la resolución apelada le imputa no haber efectuado el incremento de S/ 175.00 y del 20% sobre la remuneración convencional establecido en el Convenio Colectivo celebrado el 18 de septiembre de 2008, entre la Municipalidad de Santa Anita y el Sindicato Unificado de Trabajadores de Santa Anita – SUTRAMUNSA, a favor del trabajador Juan Yauri Sihui, ni haber justificado legalmente los motivos del incumplimiento de la Resolución de Gerencia N° 074-2018-GA/MDSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, que declaró procedente la solicitud del trabajador respecto a los beneficios adquiridos, a través del Pacto Colectivo aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 092-2008-MDSA. ii. Alegan que, de conformidad con el plazo señalado en el artículo 213 del TUO de la LPAG, para la declaración de oficio de la nulidad en sede administrativa, es que con fecha 09 de junio de 2021, la Procuraduría Pública Municipal ha interpuesto demanda de nulidad de resolución administrativa ante el Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio Zonas 1, 2 y 3, Expediente N° 01130-2021-0-3204-JR-LA- 02, que ha sido admitido mediante Resolución N° 01, de fecha 23 de junio de 20212, estando actualmente en trámite el proceso judicial.

iii. Por último, señalan que, conforme al artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y del artículo 410 del Código Penal, sobre avocamiento legal de proceso en trámite, solicita la nulidad de la resolución apelada al encontrarse en trámite un proceso judicial mediante el cual se está solicitando se declare la nulidad total de la Resolución de Gerencia N° 074-2018-GA/MDSA, que resolvió declarar procedente la solicitud del señor Juan yauri Sihui, sobre otorgamiento de los beneficios adquiridos, a través de los artículos segundo y tercero del Pacto Colectivo, celebrado con fecha 18 de diciembre de 2018, considerando que se ha incurrido en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444.

i. Si bien la conducta de no haber efectuado el incremento de S/ 175.00 y del 20% de la remuneración convencional, se subsume en el citado numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, el cual está relacionado al incumplimiento de los artículos segundo y tercero del Pacto Colectivo celebrado con fecha 18 de diciembre de 2008, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 192-2008-MDSA; sin embargo, la conducta de "no haber acreditado ni justificado legalmente los motivos del incumplimiento de su propia Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, de fecha 21 de diciembre de 2018", no es una conducta tipificada ni enmarcada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. ii. Que, si bien el inferior en grado, en coincidencia con la propuesta de sanción efectuada en el Acta de Infracción, ha querido señalar que es uno de los elementos concurrentes en el incumplimiento; no obstante, ello no es una conducta prevista como infracción en sí; por lo que, a efectos de determinar adecuadamente la responsabilidad de la inspeccionada, se debe considerar como la conducta infractora en materia de relaciones laborales, solo el primer supuesto de hecho relacionado a "no acreditar haber efectuado el incremento de S/ 175.00 y del 20% de la remuneración convencional"; por tanto, esta Intendencia considera procedente revocar en parte, este extremo de lo resuelto por el inferior en grado, lo que no incide en la cuantía de la sanción impuesta por dicho extremo, al subsistir el hecho infractor atribuido, previsto en la ley. iii. Que, el numeral 74.2 del artículo 74 del TUO de la LPAG, establece de manera expresa: "Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser

3 Notificada a la impugnante el 06 de mayo de 2022. Véase folio 65 del expediente sancionador.

exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia". iv. En tal sentido, la Autoridad Administrativa de Trabajo no puede abstenerse de ejercer su actividad fiscalizadora y la competencia sancionadora en el presente caso, salvo por mandato judicial expreso, situación que no ha sucedido en el presente caso, por lo que la acción de la Inspección del Trabajo no se encuentra impedida ni limitada del cumplimiento de sus finalidades reguladas en el artículo 3 de la LGIT, siendo una de ellas la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el orden sociolaboral, ya se refiera al orden de común aplicación o a los regímenes especiales; ello, en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la LGIT. v. Corresponde señalar adicionalmente que, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del TUO de la LPAG, no corresponde a la Autoridad inspectiva inhibirse, al no concurrir las condiciones señaladas en la citada norma, esto es, la necesidad objetiva de obtener un pronunciamiento judicial previo, toda vez que al ser los casos sometidos a la Inspección de Trabajo para una comprobación del cumplimiento o no de obligaciones sociolaborales establecidas por ley, no requiere un pronunciamiento previo del órgano Jurisdiccional para determinar la responsabilidad de la inspeccionada. vi. Que, en el numeral 11 del Informe Final, la Autoridad instructora ampara su análisis en el convenio colectivo y sus características, del mismo modo que la Autoridad resolutora, señalando en el considerando 3.11 de la resolución apelada que, a la fecha de suscripción del convenio colectivo de fecha 18 de diciembre de 2018, el sindicato SUTRAMUN era el único sindicato mayoritario existente en la entidad edil, determina que, los acuerdos pactados en dicho convenio se extienden a todos los miembros afiliados y no afiliados, aun cuando se afilian con posterioridad a la fecha de la suscripción del convenio, según se señala en el artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010- 2003-TR, concluyendo que los argumentos de la inspeccionada no enervan la comisión de la infracción. vii. Que, el hecho que la inspeccionada, haya interpuesto demanda judicial, solicitando la nulidad de la Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, no excluye el ejercicio de la labor inspectiva toda vez que la naturaleza de ambos procesos son distintos, por lo que la inspeccionada se encuentra obligada a cumplir con el pago de los derechos y beneficios al trabajador afectado, en cumplimiento de las normas administrativas de orden público desestimando el argumento de la Inspeccionada, estando a que lo alegado no exime ni enerva lo determinado por la autoridad de primera instancia.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Santa Anita

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 733-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que, el fundamento de la resolución materia de impugnación es erróneo, careciendo del principio de legalidad, de la jerarquía de la norma jurídica, el cual debe respetarse para fines de sometimiento de normas de inferior alcance, toda vez que prima la Constitución sobre otras normas; por lo que, solicitan se examine la resolución de intendencia. ii. Alegan que, si bien el trabajador Juan Yauri Sihui se encuentra afiliado al Sindicato SITROMSA y no al Sindicato SUTRAMUNSA; sin embargo, mediante Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, se declaró procedente la solicitud del trabajador respecto a los beneficios adquiridos a través de los artículos segundo y tercero del Pacto Colectivo, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 192-2008-MDSA. iii. Sostienen que se le ha puesto en conocimiento del Intendente, que dentro del plazo señalado en el artículo 213, numeral 4 de la Ley N° 27444, con fecha 09 de junio de 2021, la Procuraduría Pública Municipal, ha interpuesto demanda de nulidad de resolución administrativa ante el Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio – Zonas 01, 02 y 03, Exp. N° 01130-2021-0-3204-JR-LA-02, el mismo que ha sido admitido mediante la Resolución N° 01, de fecha 23 de junio de 2021, estando en la actualidad en trámite el proceso judicial. iv. Señalan que, conforme con el artículo 139, inciso 02 de la Constitución Política del Perú, y el artículo 410 del Código Penal, sería insólito dar ejecución a la Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, haciendo un desembolso del tesoro público, cuando dicha resolución es nula, y/o pagar una multa que impone la SUNAFIL, cuando el Juzgado no ha resuelto el

proceso judicial. Por eso, la Constitución es clara y es la norma de mayor jerarquía, inclusive hasta constituye delito avocarse a una causa pendiente. v. Por último, solicitan la nulidad de la resolución materia de impugnación, al encontrarse en trámite un proceso judicial mediante el cual se está solicitando se declare la nulidad total de la Resolución Gerencial N° 074-2018-GA/MDSA, considerando que se ha incurrido en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la Suspensión del Procedimiento Administrativo Sancionador

10 Véase el siguiente enlace: https://dle.rae.es/avocar

11 “Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial Artículo 4.- Cumplimiento obligatorio de las decisiones judiciales Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia. (…) Artículo 13.- Suspensión del procedimiento administrativo Cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce del mismo, a fin que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda pertinente ante el

Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso.” 12 “Constitución Política del Perú Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia (…) 2. La independencia en el órgano jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.” 13 “TUO de la LPAG, Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.” 14 Ibídem, “(…) 75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.”

Figura N° 01:

“El principio non bis in ídem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:

a) Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

15 El inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que “no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 16 Estos componentes son reiterados, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 6 de marzo de 2018 recaída en el expediente 68849-2015-PA/TC, Fj. 12.

b) En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos(...)”, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)”.

17 Morón Urbina, J. (2019). Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tomo II., 14va edición, Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 467.

18 “LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. El mismo valor y fuerza probatoria tendrán los hechos comprobados por la Inspección del Trabajo que se reflejen en los informes, así como en los documentos en que se formalicen las medidas inspectivas que se adopten.” 19 Ibídem, “Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

actividad de las partes, entre otros. Por estos motivos, no podría suponerse que la inspección del trabajo debe aguardar las resultas del proceso, esto es, mantenerse en un estado de suspensión respecto a la resolución de la materia controvertida, para recién desplegar sus competencias fiscalizadoras o sancionadoras. Por las consideraciones señaladas, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado el incremento de S/ 175.00 y del 20% sobre su remuneración convencional, así como no haber acreditado ni justificado legalmente los motivos del incumplimiento de su propia Resolución Gerencial N° 074-2018- GA/MDSA, de fecha 21 de diciembre de 2018, afectando al trabajador Juan Yauri Sihui. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 27 de abril de 2021. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA, en contra la Resolución de Intendencia N° 733-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 04 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del

procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 712-2021- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 733-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA, y a la Intendencia de Lima Metropolitana.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240529MCR - HR 235159-2020