Municipalidad Distrital de San Miguel — Res. 1077-2025

Antecedentes

Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Subgrupo: Pago íntegro y oportuno de remuneraciones), Compensación por Tiempo de Servicios (Subgrupo: Depósito de la CTS) y Seguridad Social (Subgrupo: Aporte a la Administradora de Fondo de Pensiones o entidad financiera designada).

conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el depósito de la CTS de los periodos devengados en mayo y noviembre 2017, y mayo 2018, a favor de la señora Santos; noviembre 2016, mayo y noviembre 2017, y mayo 2018, a favor de los señores Lavado y Tiburcio; mayo y noviembre 2016, 2017 y mayor 2018, favor del señor Arias; y de noviembre 2015, mayo y noviembre 2016 y 2017, y mayo 2018, a favor de los otros 79 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 23,646.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar el pago íntegro de los aportes a las Administradoras del Sistema Privado de Pensiones (AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo), de los meses de agosto a diciembre de 2017 y enero a diciembre de 2018, a favor de los 25 trabajadores afectados, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 18,900.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de abril de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa de S/. 41,580.00.

i. La impugnante aduce que la resolución apelada incurre en causales de nulidad previstas en el artículo 10 del TUO de la LPAG, al vulnerar los principios de legalidad, razonabilidad y motivación. La Municipalidad sostiene que la enmienda a la Resolución de Sub Intendencia N° 1131-2019-SUNAFIL/ILM/SIRE1 altera el sentido de la sanción, ya que no se valoró que su representante asistió diligentemente a las citaciones efectuadas por la Administración, evidenciando voluntad de colaborar con la labor inspectiva. Por ello, considera que los argumentos modificados constituyen vicios que afectan requisitos esenciales del acto administrativo, siendo nulos de pleno derecho e insubsanables.

ii. Asimismo, se alega que el plazo de seis días otorgado en la medida de requerimiento carece de razonabilidad, pues no se tomó en cuenta que la Municipalidad, en su calidad de gobierno local, se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades y por un pliego presupuestal, lo que exige que cualquier pago sea programado dentro del año fiscal. Un plazo tan reducido impediría gestionar los ajustes presupuestarios necesarios, situación que, según la apelante, no fue debidamente considerada ni motivada por la Sub Intendencia. iii. La apelante también sostiene que la resolución vulnera el principio de debido procedimiento, al carecer de una motivación suficiente y al imponer un plazo de cumplimiento irrazonable. Argumenta que las obligaciones exigidas derivan de hechos anteriores a la gestión actual y, por tanto, requieren análisis y previsión presupuestaria, aspectos omitidos en el pronunciamiento administrativo. Esto implicaría exigir el pago sin considerar las limitaciones reales del ente municipal. iv. Finalmente, se invoca el artículo 5 de la Ley N° 28411 —Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto—, que prohíbe poner en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Se afirma que imponer una sanción pecuniaria sin aplicar criterios de graduación y fijar un plazo sumamente corto para su cumplimiento, cuando el gasto no está previsto en el pliego presupuestal anual, constituye una medida arbitraria e inviable en la práctica.

i. Se concluye que la resolución apelada estuvo debidamente motivada, pues no solo se basó en las conclusiones del personal inspectivo, sino que evaluó nuevamente el material probatorio de la etapa inspectiva, desarrollando un análisis que permite confirmar que los documentos no considerados expresamente en la resolución de primera instancia no desvirtúan las infracciones imputadas. En tal sentido, se aplica el principio de conservación del acto administrativo previsto en el artículo 14 del TUO de la LPAG, dado que el resultado hubiese sido el mismo aun sin el vicio alegado. ii. Respecto a la medida inspectiva de requerimiento, se precisa que su emisión es una facultad prevista en el artículo 14 de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, destinada a garantizar la subsanación de infracciones en un plazo determinado. En el presente caso, el inspector comisionado verificó la existencia de las infracciones antes de emitir el requerimiento, otorgando a la inspeccionada seis días hábiles para acreditar el pago íntegro de los beneficios sociolaborales adeudados. No obstante, la inspeccionada reconoció no haber cumplido en el plazo, alegando negociaciones con el sindicato, sin aportar prueba que lo sustente. iii. Se establece que la asistencia a diligencias de comparecencia no sustituye el cumplimiento de lo dispuesto en la medida de requerimiento, la cual exige una acción concreta. Además, en su calidad de titular de un pliego presupuestal, la

inspeccionada debía prever y priorizar en su programación presupuestaria el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Al no haber subsanado en el plazo otorgado, se configuró la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, de carácter insubsanable conforme a los criterios vigentes en la inspección del trabajo. iv. En relación con el argumento presupuestario, se indica que las entidades públicas deben realizar las gestiones necesarias para asegurar el pago oportuno de las obligaciones sociolaborales, y que problemas internos o de programación no constituyen excusa válida frente a la función inspectiva. Incluso la jurisprudencia constitucional ha señalado que la cuestión presupuestaria no puede invocarse para eludir el cumplimiento de derechos laborales, por tratarse de derechos fundamentales que prevalecen. v. Finalmente, se confirma que la multa fue calculada conforme a la tabla de cuantía establecida en el artículo 48 del RLGIT, sin margen de discrecionalidad para modificar el monto. No se acreditó vulneración de los principios de debido procedimiento ni razonabilidad, por lo que se desestiman los alegatos de la apelación y se confirma íntegramente la resolución impugnada, al no haberse configurado ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

(…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De San Miguel

Fundamentos Del Recurso De Revisión

El 27 de marzo de 2023, la impugnante presentó su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 839-2022-SUNAFIL/ILM, argumentando lo siguiente:

Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

i. Sostiene que el cumplimiento de obligaciones dinerarias frente al Estado está supeditado a lo previsto en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley N° 28411, concordante con el artículo 46 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS. En tal sentido, considera que esta circunstancia debió ser valorada, resultando irrazonable otorgar solo cuatro días hábiles para cumplir con dicha obligación, lo que vulnera los principios de legalidad y equilibrio presupuestal. ii. Aduce que en la resolución sancionadora no se absuelve dicho extremo de su planteamiento, confundiéndose el artículo 70 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto con la Ley N° 27444. iii. Alega que, el Inspector no ha sustentado como se ha determinado el monto de la multa impuesta, error que ha sido repetido por las instancias del procedimiento sancionador, vulnerándose los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Análisis Del Recurso De Revisión

Respecto a la medida inspectiva de requerimiento

sancionador. Por ello, su cumplimiento constituye un deber jurídico exigible, cuyo incumplimiento configura infracción a la labor inspectiva sancionable conforme al artículo 36 de la LGIT y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

“Primero. - SE REQUIERE al sujeto inspeccionado identificado en el encabezamiento, para que proceda a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de NORMAS SOCIOLABORALES REFERIDAS A: Compensación por tiempo de servicios (Depósito CTS) y Seguridad social (Aporte a la Administradora de Fondo de Pensiones). Señaladas líneas arriba, lo que se entiende sin perjuicio de la posible extensión de Acta de Infracción; en consecuencia, DEBERÁ realizar las siguientes acciones:

1.- Efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicios a los 83 trabajadores obreros sindicalizados con tal derecho y vinculo laboral al mes de marzo de 2019, respecto a los periodos semestrales del 01 de noviembre de 2014 al 30 de abril de 2015, del 01 de mayo de 2015 al 31 de octubre de 2015, del 01 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 2016, del 01 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2016, del 01 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017, del 01 de mayo de 2017 al 31 de octubre de 2017 y del 01 de noviembre de 2017 al 30 de abril del 2018, conforme al Cuadro Anexo Único que forma parte de la presente medida de requerimiento.

2.- Efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicios a Nérida (…) por los periodos del 01 de noviembre de 2016 al 30 de abril del 2017, del 01 de mayo de 2017 al 31 de octubre de 2017 y del 01 de noviembre de 20117 al 30 de abril del 2018.

3.- Efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicios a Francesco (…) y a Avelino (…) por los periodos del 01 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2016, 01 de noviembre de 2016 al 30 de abril del 2017, del 01 de mayo de 2017 al 31 de octubre de 2017 y del 01 de noviembre de 2017 al 30 de abril del 2018.

4.- Efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicios a Jean Pierre (…) por los periodos del 01 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 2016, del 01 de mayo de 2016 al 31 de octubre de 2016, 01 de noviembre de 2016 al 30 de abril del 2017, del 01 de mayo de 2017 al 31 de octubre de 2017 y del 01 de noviembre de 2017 al 30 de abril del 2018.

5.- Efectuar el pago efectivo e íntegro de los aportes previsionales de los meses de enero a diciembre de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo) en las que se encuentran registrados respectivamente 25 obreros sindicalizados, según se consigna en el Cuadro Anexo Único que forma parte de la presente medida de requerimiento.

Segundo. - Terminado el PLAZO de SEIS (06) DÍAS HÁBILES acreditará el cumplimiento del presente requerimiento, mediante la COMPARECENCIA del sujeto inspeccionado, arriba identificado, en la Sala de Comparecencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) – Intendencia Lima Metropolitana, con domicilio en la Avenida Salaverry N° 655, segundo piso, Jesús María, por lo que se cita para la acreditación correspondiente para el día 25/4/2019 a las 15:00 horas.”8

A través del Acta de Infracción se señala que por error material se consignó 30 de abril de 2017, como fecha final del ultimo periodo semestral requerido. No obstante, la fecha correcta es 30 de abril de 2018, no alterando dicha modificación el contenido sustancia de la medida.

“IV. 7 El 25 de abril de 2019 a las 15:00 horas, en el segundo piso, sala de comparecencias; de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, sito en la Av. Salaverry N° 655, Jesús María, se hizo presente para llevar a cabo la comparecencia programada, el señor (…), con DNI N° (…), en calidad de apoderado; quien no exhibió la documentación con la que debía acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, lo que constituyó infracción a la labor Inspectiva que afecta al sistema de inspección y a la vez a ochenta y tres (83) trabajadores afiliados al sindicato recurrente. Afectación independiente a la causada por la infracción en materia de seguridad social sobre aportes previsionales a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP Integra, AFP Profuturo y AFP Prima); específicamente, de los meses de abril a diciembre 2018 y de enero a diciembre de los años 2015, 2016, y 2017, a la que están afiliados respectivamente veinticinco (25) trabajadores, cuya retención se le había efectuado al momento de pagarles las remuneraciones respectivas en dichos meses mencionados. Además, independiente a la infracción en materia de relaciones sociolaborales; específicamente, depósitos de compensación por tiempo de servicios-CTS que debieron efectuarse en los meses de mayo y noviembre de los años 2015, 2016 2017 y 2018.

Se deja constancia que el inspeccionado presentó un escrito de descargo (alegato) en la comparecencia del 25.4.2019, el mismo que no desvirtuó las infracciones detectadas ni justificó el incumplimiento de la normativa vigente; constriñéndose a señalar que seguían en diálogo con el sindicato recurrente para establecer un cronograma de pago de los adeudos.” (Énfasis añadido)

“6.8. Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas

“graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”9, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)” (Énfasis añadido)

RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20. RLGIT, “Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de inspección, comparecencia o comprobación de datos, para la verificación de su cumplimiento. Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto inspeccionado subsane las infracciones sin que éste las haya subsanado, se extiende el acta de infracción correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización. El acta de infracción hace las veces del informe al que aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, debiendo contener como mínimo la información a que se refiere el artículo 54.

infractoras de carácter subsanable vinculadas al incumplimiento de obligaciones laborales esenciales, como la falta de pago de la CTS y de los aportes previsionales. La medida emitida presenta una motivación suficiente, pues detalla con precisión los hechos verificados, las disposiciones vulneradas y las acciones concretas exigidas, observando así el principio de legalidad que rige toda actuación administrativa.

“39. Por tanto, las entidades públicas que acrediten, a través de documentos de gestión interna y, concurrentemente, de trámite ante otras entidades que resolvieran decisivamente sobre su asignación presupuestal, autorización de gasto y ejecución, podrán verse exceptuadas de la aplicación de la sanción administrativa originada por el incumplimiento de una norma laboral de contenido económico si, conforme con el numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, se apreciase que han agotado todas las gestiones razonablemente exigibles para poder efectuar la provisión y/o el gasto necesario para cumplir con las obligaciones laborales. 40. En ese sentido, los órganos del Sistema de Inspección del Trabajo deberán evaluar el comportamiento del administrado (en este caso, entidad pública) conforme al principio de culpabilidad, estableciendo si, durante la etapa de la fiscalización, se ha proporcionado al inspector de trabajo medios probatorios adecuados respecto de las circunstancias mencionadas, en cumplimiento del deber de colaboración. 41. Finalmente, esta eximente se deberá apreciar de forma ponderada por la inspección de trabajo, cuando en el transcurso del tiempo, la entidad que se encontrase en la situación exculpante antes descrita, no acredite el impulso, seguimiento o gestión para la aprobación de las autorizaciones aludidas en los párrafos anteriores”.

no constituye prueba suficiente ni configura la diligencia exigida para la aplicación del precedente antes citado.

Respecto a la vulneración al principio de razonabilidad

“Artículo 38.- Tipos de sanciones y criterios de graduación de las sanciones Las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales:

a) Gravedad de la falta cometida b) Número de trabajadores afectados c) Tipo de empresa El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Información Adicional

Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG

“La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.”

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el depósito de la CTS de los periodos devengados en mayo y noviembre 2017, y mayo 2018, a favor de la señora Santos; noviembre 2016, mayo y noviembre 2017, y mayo 2018, a favor de los señores Lavado y Tiburcio; mayo y noviembre 2016, 2017 y mayor 2018, favor del señor Arias; y de noviembre 2015, mayo y noviembre 2016 y 2017, y mayo 2018, a favor de los otros 79 trabajadores afectados Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Seguridad Social No acreditar el pago íntegro de los aportes a las Administradoras del Sistema Privado de Pensiones (AFP Integra, AFP Prima y AFP Profuturo), de los meses de agosto a diciembre de 2017 y enero a diciembre de 2018, a favor de los 25 trabajadores afectados Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 12 de abril de 2019 Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL, contra la Resolución de Intendencia N° 839-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 23 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2965-2019- SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 839-2022-SUNAFIL/ILM, en los extremos referentes a la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT, y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820VLFR HR: 96142-2018