Municipalidad Distrital de San Juan Bautista — Res. 1061-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Remuneraciones (Subgrupo materia: Pago de la remuneración (sueldos y salarios)).

proporcionar la información en el requerimiento de información de fecha 01 de agosto de 2022.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración pactada correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2020, de enero a diciembre de 2021 y de enero a mayo de 2022; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/7,222.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con proporcionar la información en el requerimiento de información notificado presencialmente el 07 de julio de 2022; tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de agosto de 2022; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/12,098.00.

2 Notificada en la procuraduría correspondiente el 21 de setiembre de 2022. Véase a folios 69 del expediente sancionador. 3 De conformidad al punto 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de la Resolución de Sub Intendencia N° 102-2022-SUNAFIL/IRE- LOR/SISA se ha declarado no ha lugar a la imposición de sanción con respecto a no cumplir con facilitar la información solicitada en el requerimiento de información de fecha 01 de agosto de 2022.

improcedente el recurso de reconsideración, presentado contra la Resolución de Sub Intendencia N° 102-2022-SUNAFIL/IRE-LOR/SISA.

i. Conforme se aprecia del bagaje documental con el que cuenta la municipalidad, no existe adeudo pendiente de pago a favor del trabajador; por lo que, carece de mérito seguir con este expediente sancionador cuando el origen del mismo ya no tiene vigencia. ii. El plazo brindado para el cumplimiento del requerimiento de información de fecha 07 de julio de 2022 resultó insuficiente. Asimismo, deja sentado que la imposición de sanciones por el supuesto incumplimiento no tiene asidero. iii. Hace referencia al artículo 49 del RLGIT y al artículo 40 de la LGIT. iv. La multa les causa un perjuicio económico. v. Vulneración al derecho a la motivación de las resoluciones administrativas. vi. Mediante el escrito de fecha 31 de mayo de 2023, conserva su posición de establecer que no existe adeudo pendiente de pago, adjunta copias simples de documentación: a) Oficio N° 677-2023-SGRRHH-GAF-MDSJB de fecha 17 de agosto de 2023, con el cual se remiten las boletas de pago correspondientes al periodo marzo 2020 a mayo 2022 del trabajador, así como el comprobante

4 Notificada a la impugnante y a la procuraduría correspondiente el 31 de marzo de 2023. 5 Notificada a la impugnante y a la procuraduría correspondiente el 10 de abril de 2023. 6 Notificada a la impugnante y a la procuraduría correspondiente el 10 de abril de 2023.

de pago, habiéndose cancelado por concepto de remuneraciones dejadas de percibir el importe de S/2,489.30, b) Boletas de pago del trabajador (marzo a diciembre del año 2020, enero a diciembre del año 2021 y, del mes de enero y mayo del año 2022) y, c) Comprobante de pago a nombre del trabajador por el monto de S/2,489.30.

i. En la cláusula cuarta del “Contrato de trabajo a plazo indeterminado N° 032-2020- MDSJB”, suscrito entre ambas partes, se pactó como contraprestación a favor del trabajador el monto de S/1,293.00. Sin embargo, los montos de las boletas de pago constan como remuneración mensual de S/1,200.00, es decir, existe una diferencia mensual en perjuicio del trabajador de S/93.00 soles, todo ello a excepción del mes de marzo de 2020, cuya diferencia es de S/71.30 soles, conforme ha sido detallado en el punto 4.8 de los hechos constatados del Acta de Infracción. ii. Sin embargo, del análisis del escrito presentado con fecha 31 de mayo de 2023, advierte que se adjunta el comprobante de pago N° 1193, con registro SIAF 0000001052, a favor del trabajador por el monto de S/2,489.30, en cuyo concepto se señala: “IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR DEL PERSONAL D. LEG 728 (…). SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CON OFICIO N° 402-2023-SGRH-GAF-MDSJB. AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN” iii. Por otro lado, a efectos de establecer la veracidad del contenido del comprobante de pago N° 1193 con fecha 05 de enero de 2023, mediante correo electrónico institucional, la Sub Gerente de Recurso Humanos de la impugnante, remitió al correo institucional de la Intendencia la copia del depósito en el Banco de la Nación a nombre del trabajador, el mismo que tiene fecha de pago el 30 de marzo de 2023. iv. Por consiguiente, en atención al Principio de Presunción de Veracidad y Buena Fe Procedimental, concluye que la impugnante ha cumplido con acreditar el pago de los mese de marzo a diciembre de 2020, enero a diciembre de 2021 y de enero a mayo de 2022. Por tanto, el cumplimiento tardío no enerva la responsabilidad administrativa en materia de pago de remuneraciones, correspondiendo la aplicación de la reducción de la multa prevista en el artículo 40 de la LGIT, al margen de mantenerse intactas las infracciones a la labor inspectiva por ser de distinta naturaleza. v. Con relación al requerimiento de información de fecha 07 de julio de 2022, advierte que el fonde de dicho requerimiento se encuentra orientado a verificar la información del trabajador; además, se destaca la modalidad de entrega de información que fue de manera electrónica (correo electrónico). Por tanto, el plazo concedido por el personal inspectivo resultó razonable para el cumplimiento de lo requerido. No obstante, si la impugnante consideró que el plazo era insuficiente debió de solicitar la ampliación de dicho plazo. Finalmente, para los fines de justificar comisión de la infracción invoca la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL.

7 Notificada a la impugnante el 02 de agosto de 2023 y a la procuraduría correspondiente el 01 de agosto de 2023.

vi. Precisa que, con relación a el pago de las remuneraciones, la subsanación se efectuó después de la notificación del Acta de Infracción y hasta antes del plazo de vencimiento para interponer el recurso de apelación; en consecuencia, correspondía la aplicación de la reducción del 30% de la multa originalmente impuesta, conforme el artículo 40 de la LGIT. vii. En cuanto al perjuicio económico de la multa impuesta, procedió a la revisión exhaustiva de la sanción impuesta a la impugnante. Sin embargo, ha quedado claro que la sanción impuesta en primera instancia fue debido al incumplimiento con normas sociolaborales y por su falta de colaboración con la inspección del trabajo dentro de la oportunidad otorgado por el personal inspectivo. viii. Respecto al requerimiento de información de fecha 01 de agosto 2022, observa que no cuenta con la alerta respectiva; por tanto, determina sanción solo por el requerimiento de información de fecha 07 de julio de 2022. ix. Sobre la medida inspectiva de requerimiento, refiere que ha sido válidamente notificada a la impugnante, habiendo tenido una conducta obstruccionista al no acatar oportunamente con las disposiciones emitidas por el personal inspectivo, siendo dicha conducta desarrollada y motivada adecuadamente por la autoridad inferior en grado. Por tanto, ha merecido que la autoridad de trabajo active un procedimiento sancionador. x. Finalmente, sobre la vulneración al principio de la debida motivación de las resoluciones, asegura que las actuaciones y procedimientos fueron realizados con apego a la Ley y a la Constitución Política del Perú, verificándose además de los actuados, que se ha efectuado una correcta evaluación y valoración de todos los medidos probatorios y descargos presentados por la impugnante hasta el momento de su emisión. Por ende, con el ánimo de evadir su responsabilidad no puede sostener que se ha vulnerado los principios al debido procedimiento, derecho de defensa y debida motivación, pues no existe razón objetiva para dicha conjetura, dado que la resolución apelada ha sido emitida atendiendo las razones de hecho y de derecho indispensables para sumir que la decisión fue debidamente motivada y valorando todos los medios probatorios presentados por la impugnante hasta esta oportunidad.

8 Cabe precisar que, con fecha 23 de agosto de 2023, el recurso de revisión fue interpuesto por el Procurador Público de la municipalidad. Si bien dicho recurso podría considerarse extemporáneo si el plazo legal se computa desde la notificación del 01 de agosto de 2023, resulta relevante destacar que la impugnante ejerció su derecho de defensa tomando como referencia la notificación efectuada el 02 de agosto de 2023. Este aspecto cobra mayor relevancia al haber sido el recurso presentado por el Procurador Público, quien —en virtud del mandato constitucional— tiene a

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

su cargo la defensa de los intereses del Estado. En tal contexto, y en resguardo del derecho de defensa, corresponde emitir pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de revisión. 9 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 10 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 11 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 12 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 13 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

14 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 000030-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, señalando los siguientes alegatos:

i. Precisa que, a la fecha, no existe adeudo pendiente de pago a favor del trabajador Karl Casterno; por lo que, carece de mérito seguir con este expediente sancionador, cuando el origen del mismo ya no tiene vigencia. ii. Asimismo, deja sentado que la imposición de sanciones por el supuesto incumplimiento de proporcionar información a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL no tiene asidero, ya por ser una entidad del estado se requiere de plazos mayores, que coadyuven a la obtención de la documentación requerida; por lo que, de ninguna manera se debe entender como una conducta obstruccionista. iii. También, hace referencia a que se debe tener presente al artículo 49 del RLGIT. iv. Sostiene que las multas son arbitrarias pues le causan un agravio económico. v. Finalmente, señala que la competencia solo les corresponde a los órganos jurisdiccionales como el Poder Judicial.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento 6.7 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el

artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir

15 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

16 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo con el artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

17 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

julio de 202218, sin que la Sub Intendencia ni la Intendencia respectiva, hayan motivado suficientemente la correspondencia o no de un reproche administrativo.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las

18 Véase folios 48 y 49 del expediente inspectivo.

premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…)

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado). 6.25 En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al existir citas normativas y mencionar la solicitud del administrado, ni se observó, adecuadamente, el precedente administrativo de carácter obligatorio emitido por este Tribunal, tampoco se absolvieron de forma debida los alegatos de defensa del recurrente referido a que no se habría configurado el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

“Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

19 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 20 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tom0 V, Buenos Aires: Editorial Heliasta, p. 549. 21 Artículo 13.- Alcances de la nulidad (…) 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.34 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Asimismo, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

22 Morón Urbina, J (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, Tomo I, p. 269.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 01: Numeral 7.15.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

23 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021.

tres (03) días hábiles que el sujeto inspeccionado cumpla determinadas acciones, conforme el siguiente detalle:

Figura N° 02:

mencionadas en el fundamento 39 del acuerdo plenario establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, relacionada con el criterio sobre el principio de culpabilidad y disponibilidad presupuestal de entidades públicas. Cabe precisar que, en la etapa recursiva, si bien se aplicó la reducción de la multa conforme lo previsto en el artículo 40 de la LGIT, ello obedeció a que dicha aplicación versaba sobre una infracción subsanable. No obstante, en el caso concreto, corresponde confirmar la sanción impuesta para la infracción muy grave a la labor inspectiva, que constituye objeto de análisis del recurso de revisión.

“las infracciones son sancionadas administrativamente con multas administrativas y el cierre temporal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39-A de la presente ley. Las sanciones a imponer por la comisión de infracciones de normas legales en materia de relaciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social a que se refiere la presente Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

24 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG: “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por tanto, corresponde a esta Sala desestimar el recurso en este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración pactada correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2020, de enero a diciembre de 2021 y de enero a mayo de 2022. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Labor Inspectiva No acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 09 de agosto de 2022. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 000030-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, de fecha 31 de julio de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Loreto, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 071-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 102-2022- SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 06 de diciembre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 071-2022-SUNAFIL/IRE-LOR, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 102-2022- SUNAFIL/IRE-LOR/SISA, de fecha 06 de diciembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 000030-2023-SUNAFIL/IRE-LOR, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

SEXTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Loreto, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.35 de la presente resolución.

SÉPTIMO. - Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, y a la Intendencia Regional de Loreto, para sus efectos y fines pertinentes.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820SPDC- HR: 163695-2023