Municipalidad Distrital de Pimentel — Res. 585-2025

Mediante Orden de Inspección N° 857-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 502-2022-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales por el incumplimiento del otorgamiento de descanso físico, así como, la no compensación de los tres días de

Que, mediante Imputación de Cargos N° 534-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, de fecha 23 de agosto de 2022, notificada el 31 de agosto de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 628-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 10 de noviembre del 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Lambayeque, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 29-2023- SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, de fecha 09 de enero del 20233, notificada el 06 de marzo de 2023, multó a la impugnante por la suma de S/ 36,294.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 10 de abril de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 29-2023-SUNAFIL/IRE-LAM/SISA, argumentando lo siguiente:

Con fecha 06 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 128- 2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000763- 2023-SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 12 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR8, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR9 (en adelante, el Reglamento

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 128- 2023-SUNAFIL/IRE-LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 36,294.00, por la comisión de dos (02) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, tipificadas cada una en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en los numerales 46.7 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 16 de mayo de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL.

El artículo 25 de la Constitución Política del Perú establece que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, cuyo disfrute y compensación es regulada por ley o convenio. Toda persona tiene derecho, después de un año de prestación de servicios continuos, a unas vacaciones anuales pagadas.

Cabe señalar que, el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, establece que: “la remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se considera remuneración, a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios establecidos para la misma”.

El artículo 22 del citado cuerpo normativo, señala que los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y el correspondiente récord, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional. El récord trunco será compensado a razón de tanto dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente.

Así, el descanso vacacional implica el otorgamiento de tiempo al trabajador para que pueda dedicarlo al descanso, recreación, entre otro tipo de actividades distintas al trabajo. Por lo que, en consideración a ello, el trabajador que cumpla con una jornada completa tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, con la finalidad de reponerse del desgaste sufrido.

En ese sentido, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, establece que los trabajadores, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, percibirán lo siguiente:

Cabe precisar que, para tipificar una conducta como infractora dentro del tipo sancionador por el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, el cual sanciona la falta de goce del derecho al descanso vacacional, se debe verificar que el trabajador(a), haya alcanzado el derecho al descanso vacacional anual, y segundo, que la inspeccionada no haya cumplido con su otorgamiento dentro del periodo que correspondía su goce.

Sobre el particular, de la revisión del expediente de inspección se corrobora que, si bien la impugnante cumplió con acreditar el otorgamiento del descanso vacacional por los quince días requeridos con relación al periodo 2019-2020, lo que no acreditó y es materia de imputación es el no goce oportuno del descanso vacacional por el periodo 2020-2021 (30 días), siendo afectado un (01) trabajador, y tipificándose dicho incumplimiento laboral en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

De los actuados, se ha verificado que el trabajador afectado ingresó a laborar para el sujeto inspeccionado el 04 de abril de 2019, bajo la categoría de obrero, por lo que adquirió el derecho al goce vacacional correspondiente al periodo 2020-2021. Sin embargo, al revisar la “Programación de Vacaciones correspondiente al año 2021”, con fecha 30 de diciembre de 2021, brindada por el inspeccionado durante la etapa de investigación, se advierte que el descanso vacacional de los treinta días pendientes fue programado para diciembre de 2022, es decir, fuera del plazo legal establecido para su otorgamiento.

En atención a ello, la inspectora actuante concluyó que no se otorgó el descanso físico de treinta (30) días correspondiente al periodo 2020-2021, laborado entre el 04 de abril de 2020 y el 03 de abril de 2021, comprobándose que el trabajador tenía derecho a dicho descanso, pero este no se hizo efectivo, precisándose que el trabajador al no haber disfrutado del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquiere el derecho, percibirá las siguientes remuneraciones: a) Una remuneración por el trabajo realizado, b) Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso.

Por ende, en virtud a las constataciones realizadas a lo largo del procedimiento inspectivo, la inspectora comisionada emitió la medida inspectiva de requerimiento, para que la impugnante cumpla con acreditar, entre otros, el pago de la triple vacacional respecto del

Respecto al argumento del apelante sobre el pago de la triple vacacional correspondiente al periodo 2019–2020, mediante la presentación de diversos documentos, cabe señalar que dichos medios probatorios no guardan relación con el periodo materia de imputación, referido al presunto incumplimiento del pago de vacaciones no gozadas del periodo 2020–2021. Por tanto, al tratarse de periodos distintos, el cumplimiento parcial del primero no desvirtúa la infracción observada respecto del segundo. En consecuencia, el argumento presentado por la impugnante debe ser desestimado.

En ese sentido, se evidencia que la infracción imputada se ajusta al tenor del tipo legal contenido en el numeral 25.6 del RLGIT, que establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.” (énfasis nuestro).

En esa línea de razonamiento, corresponde confirmar la sanción atribuida y desestimar los argumentos dirigidos a cuestionar dicha infracción.

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 713, los trabajadores tienen derecho a gozar de descanso remunerado en los días feriados reconocidos por ley. Este derecho comprende no solo los feriados enumerados expresamente en la citada norma, sino también aquellos que puedan establecerse mediante disposiciones legales específicas, configurando un derecho de carácter irrenunciable vinculado al bienestar del trabajador.

Por su parte, el artículo 6 del citado cuerpo normativo enumera los días considerados feriados a nivel nacional, entre los cuales se encuentran el 8 de octubre, fecha conmemorativa del Combate de Angamos; el 1 de noviembre, correspondiente a la festividad de Todos los Santos; y el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad del Señor. Estas fechas, al igual que los demás feriados establecidos legalmente, deben ser reconocidas como jornadas de descanso obligatorio y remunerado. En caso de que el trabajador preste servicios durante estos días, surge la obligación del empleador de otorgar una compensación equivalente, ya sea mediante descanso sustitutorio o el pago

En el presente caso, del análisis del registro de control de asistencia obrante en autos, se verifica que el trabajador acudió al centro de labores los días 08 de octubre de 2020, 01 de noviembre de 2020 y 25 de diciembre de 2021, fechas que corresponden a días feriados conforme al artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 713. Si bien no obra en su legajo personal documento alguno que evidencie autorización expresa o requerimiento de labor por parte de su jefe inmediato o de la Gerencia Municipal, conforme a lo previsto en el reglamento interno de trabajo de la entidad, lo cierto es que, al haberse acreditado su presencia efectiva en dichos días, se configura una presunción razonable de prestación de servicios con conocimiento y aquiescencia del empleador. En tal sentido, corresponde precisar que, conforme al principio de carga probatoria dinámica, es el empleador quien se encuentra en mejor posición para acreditar que dicha presencia no respondió a una orden de trabajo o que fue realizada sin su conocimiento; máxime si tiene el deber de controlar y fiscalizar la asistencia de su personal, así como de adoptar medidas ante inasistencias o presencias no autorizadas.

Ahora bien, del análisis del contenido de la medida de requerimiento, se advierte que esta dispuso expresamente: “La comunicación y notificación correspondiente, al trabajador, del documento que contenga la programación de la compensación de los tres feriados: 08.10.2020; 01.11.2020 y 25.12.2021”. En esa línea, conforme al punto 14 del acta de infracción, la inspectora actuante una vez detectado el incumplimiento, señala que, se requirió al sujeto inspeccionado cumplir con dicha obligación, precisando que la medida exigía acreditar que se haya informado al trabajador la programación de la compensación correspondiente a los tres días feriados laborados. Sin embargo, según lo consignado en el punto 15 del mismo documento, se verifica que el sujeto inspeccionado no cumplió con presentar documentación idónea que respalde el cumplimiento de dicha exigencia. En su lugar, adjuntó documentos referidos al control de servicio y descansos personales del personal de serenazgo, sin acompañar el respectivo registro de control de asistencia que acredite efectivamente el descanso compensatorio otorgado, en los días requeridos.

Respecto al feriado del 01 de noviembre de 2020, la inspeccionada presentó el Parte Nº 016-2020-CTJA/GSCYGRD, con el que se pretendía justificar la no realización del descuento por inasistencia. No obstante, no se adjuntó la boleta de pago correspondiente al mes de diciembre de 2020 que permita corroborar efectivamente que dicho descuento no fue aplicado. Cabe precisar, además, que no resulta jurídicamente válido compensar un día feriado laborado con otro día que también constituye feriado nacional, como se intentó hacer en este caso con el 08 de diciembre, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 713.

En efecto, del análisis del Informe Nº 640-2022-MDP/GSCYGRD, de fecha 27 de julio de 2022, presentado por la inspeccionada, se advierte que dicho documento no constituye una comunicación formal dirigida al trabajador, ni cuenta con su firma en señal de conformidad o recepción. Se trata de un informe interno emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres, dirigido a la Oficina General de

En consecuencia, se constata el incumplimiento, en tanto no se acreditó la programación ni la comunicación fehaciente de la compensación correspondiente a los días feriados laborados al trabajador afectado, ni se presentó documentación suficiente que respalde que dichos días fueron efectivamente compensados conforme a ley.

En atención a lo expuesto, este Tribunal advierte que durante la etapa de investigación se detectó el incumplimiento vinculado a la no compensación de los días feriados laborados a favor del trabajador afectado, específicamente los días 08 de octubre de 2020, 01 de noviembre de 2020 y 25 de diciembre de 2021. A fin de subsanar dicho incumplimiento, se emitió una medida de requerimiento dirigida a que el sujeto inspeccionado acredite la comunicación y notificación correspondiente al trabajador del documento que contenga la programación de la compensación de los referidos días feriados. No obstante, el inspeccionado no cumplió con presentar documentación idónea que acredite el cumplimiento de dicha medida, limitándose a remitir partes de control de servicio, descansos personales de serenos y un parte específico para justificar una inasistencia, sin adjuntar documentación que acredite efectivamente la programación de los descansos compensatorios otorgados.

Respecto al alegato del administrado en cuanto a que no existiría deuda pendiente por concepto de vacaciones ni por días feriados laborados, con base en los formatos de “no adeudo” suscritos por el trabajador y en la supuesta compensación de los días 08.10.2020, 01.11.2020 y 25.12.2021, cabe señalar que tales afirmaciones no se encuentran acreditadas con medios probatorios idóneos. En efecto, los formatos de “no adeudo” carecen de eficacia para acreditar por sí solos el goce efectivo del descanso vacacional o la compensación de feriados laborados, más aún si no se adjuntaron boletas de pago, constancias de descanso u otros documentos objetivos que demuestren el cumplimiento efectivo de dichas obligaciones. Asimismo, como ya se ha desarrollado, se constató que al menos uno de los feriados trabajados (01.11.2020) fue pretendidamente compensado

En consecuencia, se verifica el incumplimiento de una obligación sustantiva relacionada con el tiempo de trabajo en días feriados, por lo que corresponde calificar dicha conducta como infracción muy grave, conforme a lo dispuesto en el numeral 25.6 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, el cual establece como infracción muy grave en materia de relaciones laborales: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general”. En tal sentido, corresponde confirmar la infracción incurrida.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

La naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), 11 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y de seguridad y salud en el trabajo, dada la naturaleza independiente de la infracción a la labor inspectiva, conforme a la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021, que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria donde, entre otros, se fijó el criterio sobre la naturaleza de la infracciones a la labor inspectiva:

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022 SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

En el presente caso, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento dictada el 21 de julio de 2022, ordenó que la inspeccionada cumpla en el plazo de tres (03) días hábiles con acreditar, lo siguiente, bajo apercibimiento de constituir, en caso de incumplimiento, infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa.

En este punto corresponde invocar el precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 11 de junio de 2022 en el diario oficial El Peruano, referida a los elementos de la medida de requerimiento se dispuso:

Por tanto, la medida inspectiva de requerimiento no debe ser confundida con el requerimiento de información, puesto que este último supone un rol activo de la inspección de trabajo (por medio de los inspectores comisionados) para la obtención y determinación de las materias de la Orden de Inspección, dictada en determinado proceso inspectivo. Luego de cuya actividad se busca obtener los presupuestos (medios de prueba) que sustenten el reproche administrativo en contra del sujeto inspeccionado, y de sustento a la emisión de la medida de requerimiento a efectos de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

En el presente caso, se advierte que el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento no cumple con los elementos mínimos de claridad y precisión exigidos para su validez, en tanto se limita a ordenar la presentación de un documento que contenga la programación de la compensación de los días feriados laborados, sin establecer de manera concreta el contenido del acto requerido ni vincularlo directamente con la subsanación de la conducta infractora detectada. Esta redacción ambigua no permite determinar si la finalidad del requerimiento es exigir la compensación efectiva de los feriados trabajados o simplemente su programación futura, lo que genera incertidumbre jurídica e indefensión para el administrado, quien podría considerar cumplida la medida con la sola emisión del documento solicitado, sin que ello implique el resarcimiento de los derechos laborales vulnerados, sumado a ello, con relación al concepto de vacaciones no se hace precisión del periodo incumplido. En ese sentido, la medida de requerimiento no cumple con el estándar establecido en el precedente administrativo aprobado por

Por lo expuesto, la medida de requerimiento referida no se encuentra correctamente emitida, correspondiendo dejar sin efecto la sanción por dicha infracción.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.