Municipalidad Distrital de los Olivos — Res. 587-2025

Mediante Orden de Inspección N° 62-2019-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1558-2019-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1664-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 16 de octubre de 20202, notificada a la impugnante el 11 de noviembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 254-2021-SUNAFIL/ILM/AI2 de fecha 04 de febrero de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Resolución 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 327-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 13 de mayo de 2021, notificada a la impugnante el 17 de mayo de 20213, multó a la impugnante por la suma de S/ 207,900.00 soles por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 21 de junio de 2021, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 327-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, el cual fue declarado improcedente mediante Resolución de Sub Intendencia N° 463-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2 de fecha 01 de julio de 2021, notificada a la impugnante el 05 de julio de 20214.

Con fecha 16 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 463-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 436-2022-SUNAFIL/ILM de fecha 11 de marzo de 20225, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 27 de febrero de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 436- 2022-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-001496- 2023-SUNAFIL/ILM recibido el 7 de junio de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299816, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299817, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo8 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR9, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR10 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 436- 2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta de S/ 207,900.00 soles, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a labor inspectiva, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 10 de febrero de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS.

En ese orden de ideas, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:

Por otro lado, es necesario precisar que, conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, que en relación con un trabajador se le registre en planillas, se abonen las remuneraciones y beneficios laborales pendientes de pago, así como se establezca que el contrato de trabajo sujeto a modalidad es a plazo indeterminado y la continuidad del trabajador cuando corresponda, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Así las cosas, corresponde indicar que la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una disposición ordenada por el servidor – inspector de trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo), existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo). Por ello, la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad inspectiva, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa, según lo dispuesto por el artículo 36 de la LGIT y el artículo 46 numeral 46.7 del RLGIT.

Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, dada la naturaleza independiente de la infracción a la labor inspectiva, conforme a la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, de fecha 30 de julio de 2021, que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria donde, entre otros, se fijó el criterio sobre la naturaleza de la infracciones a la labor inspectiva:

Adicionalmente, se ha emitido el precedente administrativo contenido en la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL de fecha 11 de abril del 202312, a través del cual, la Sala Plena del Tribunal emitió los siguientes criterios vinculantes:

En el presente caso, esta Sala identifica que la impugnante invoca la causal de transgresión al debido procedimiento, por vulneración a la debida motivación, derecho a la prueba, alegando que no resulta razonable la sanción impuesta porque por su parte si cumplieron con la transferencia de todos los pagos que habían sido ordenados.

En esa línea de razonamiento, esta Sala considera examinar esta primera causal invocada por la impugnante, conforme al análisis siguiente.

En principio, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión, toda vez que la impugnante ha invocado justamente la vulneración de este principio.

Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material13.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG señala que:

Sobre la importancia del derecho de defensa, concebida como manifestación del debido proceso que está contenido en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política14 el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente:

Como se aprecia, el ejercicio del derecho de defensa goza de tal magnitud que resulta el único medio por el cual los administrados contrarrestan aquellas imputaciones destinadas a perjudicarlos, en aras de evitar –en el caso de la materia que nos ocupa- el despliegue del poder punitivo del Estado.

Por dicha razón, en nuestro ordenamiento administrativo, se ha contemplado que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento”15, naturalmente bajo la observancia estricta del respeto al derecho de defensa.

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló, además, lo siguiente:

Así las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material16.

Respecto a la falta de motivación, en palabras de Guzmán Napurí17, se ha expresado lo siguiente:

En esta misma línea, el Tribunal Constitucional precisa lo siguiente en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC:

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

De la revisión de los actuados se aprecia que la impugnante presentó con fecha 18 de noviembre de 2020 el escrito de descargos a la imputación de cargos, donde adjuntó el Memorándum N° 1526-2020-MDLO/GRRHH de fecha 16 de noviembre de 2020, emitido por el Gerente de Recursos Humanos de dicha entidad dirigido al Procurador Público, donde se señala la existencia de comprobantes de pago de la gratificación y bonificación extraordinaria correspondiente a diciembre de 2018 del personal del régimen privado, llevando anexados diferentes comprobantes de pago y constancias de transferencia que acreditaban pagos efectuados por este concepto en fechas (29 de mayo del 2019), con una fecha anterior incluso a la notificación de la imputación de cargos (11 de noviembre del 2020).

Sobre el particular, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción donde se pronunció sobre tal documentación presentada por la impugnante, y en un primer momento indica que dichos documentos no desvirtúan la imputación notificada porque no se presentaron hojas de liquidación, boletas de pago y otros documentos que ayuden a verificar los montos transferidos. Sin embargo, también considera que “la impugnante realizó transferencias bancarias a favor de doscientos doce (212) trabajadores”. Y que, sin embargo, no acreditó transferencias a favor de diez (10) trabajadores de quienes incluso detalla sus datos de identificación. Y Finalmente, dicha Autoridad Instructora señala que “el cumplimiento defectuoso o parcial no da cabida a una eximencia de responsabilidad, toda vez que, la medida inspectiva de requerimiento se emitió por doscientos veintidós (222) trabajadores debiendo el empleador haber acreditado el cumplimiento de sus obligaciones conforme a ley y sobre la base de la totalidad de trabajadores afectados”.

De lo que se aprecia hasta este punto es que la Autoridad Instructora había considerado que para gran parte de los trabajadores afectados (212 de 222) se había subsanado los pagos que habían sido ordenados en la medida inspectiva de requerimiento; sin embargo, al no haber sido la subsanación por la totalidad de trabajadores, entonces la infracción subsistía, pero por todos los trabajadores afectados.

Este criterio fue ratificado por la autoridad sancionadora de primera instancia, pero sin analizar por su cuenta si los comprobantes obrantes en autos acreditaban o no los pagos

Al respecto, debe tomarse en cuenta que el numeral 1.4 del artículo IV del TUO de la LPAG establece que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

En el presente caso, se aprecia un vicio al momento en que la autoridad sancionadora de primera instancia ratifica la sanción por la totalidad de trabajadores afectados que habían sido identificados en el Acta de Infracción (222 trabajadores) aun cuando en el Informe Final de Instrucción se había acreditado e identificado que solo de diez (10) trabajadores de esta lista no tenían transferencias a su favor porque se había constatado la realización de transferencias bancarias a favor de doscientos doce (212) trabajadores de la lista.

Siendo ello así, resultaba irrazonable mantener la sanción considerando la totalidad de trabajadores afectados sin descontar aquellos trabajadores de los cuales se había subsanado el pago, ello constituye una grave afectación al principio de razonabilidad, ya que justamente el número de trabajadores afectados corresponde a uno de los criterios de graduación de la multa que establece el artículo 38 de la LGIT.

Al respecto, este Tribunal considera necesario hacer un llamado de exhortación a la Autoridad de sanción de primera instancia, para que en lo sucesivo actúe con mayor diligencia al momento de determinar la real cantidad de trabajadores afectados, especialmente en aquellos casos donde los administrados presenten pruebas a efectos de acreditar la subsanación de alguno de ellos, no resulta razonable que, por el solo hecho de acreditarse la subsanación parcial, se termine sancionando por la totalidad de

Tómese en cuenta que la Resolución de Sala Plena N° 012-2024-SUNAFIL/TFL publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 7 de julio de 2024, ha establecido como precedente administrativo de observancia obligatoria criterios vinculantes sobre la correcta determinación del número de trabajadores afectados:

A consideración de esta Sala, la interposición de una sanción sin haberse identificado correctamente la identidad y, con ello, el número de trabajadores afectados —elemento sustancial para la determinación de la cuantía de la multa a imponer— genera serios cuestionamientos a la aplicación de la potestad sancionadora en los casos analizados por la inspección del trabajo y por los órganos sancionadores de la SUNAFIL. 6.13 En este extremo, con el fin de subrayar el control que debe practicarse sobre el particular desde la instauración del procedimiento sancionador, es importante recordar que la versión 02 de la “Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/ INII - Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo” aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL del 28 de junio de 2021, le confiere a la autoridad sancionadora de primera instancia (la Sub Intendencia de Resolución) la potestad de estimar la suficiencia del Informe Final de Instrucción, pudiendo disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere estrictamente indispensables para resolver el procedimiento (literales “c” y “g” del punto 6.4.2.4). 6.15 En ese sentido, la falta de una correcta determinación de los trabajadores afectados atendiendo a las condiciones identificadas durante las actuaciones inspectivas de investigación – y complementadas durante la etapa instructiva - conlleva a una afectación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; incurriéndose además en un supuesto de indebida motivación de las infracciones impuestas o a imponer.

En consecuencia, una correcta determinación del número de trabajadores afectados es esencial por varias razones clave, principalmente porque este factor tiene un impacto directo en la determinación de la cuantía de la multa administrativa y está intrínsecamente ligado a principios fundamentales del procedimiento administrativo, como el derecho de defensa, debida motivación y por ende al debido procedimiento.

En razón a tales consideraciones, en el presente caso es claro que la impugnante fue expuesta a un estado de indefensión al momento en que se mantuvo la sanción por la totalidad de trabajadores afectados, aun cuando la propia autoridad instructora previamente había determinado que hubo una subsanación parcial de un gran grupo de trabajadores, pero ello no fue tomado en cuenta al momento de determinar la cuantía de la multa impuesta. Lo que configura la causal de nulidad parcial prevista en el numeral 1 del artículo 10° del TUO de la LPAG18.

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independientes para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad.19 Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se

En tal sentido, considerando que, Resolución de Sub Intendencia N° 327-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 13 de mayo de 2021, en el extremo referido a la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, en relación al cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo; corresponde declarar la nulidad parcial de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento vinculados a dicho extremo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 y 13.220 del artículo 13 del TUO de la LPAG.

Cabe mencionar que, la nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo21.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión sobre este extremo.

En este expediente se han identificado vicios al debido procedimiento de la impugnante, al momento de motivar sobre la presunta infracción cometida por la impugnante.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 327-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 13 de mayo de 2021 y de los actos o actuaciones vinculados al extremo declarado nulo, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de primera instancia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

De otro lado, corresponde remitir los actuados al superior jerárquico del acto declarado nulo y a la Gerencia General, a fin de que, de estimarlo conveniente, disponga hacer efectiva la responsabilidad del emisor, de acuerdo a las pautas establecidas en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG22.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1125 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En principio, se verifica de autos que, el personal inspectivo procedió a notificar presencialmente,26 el requerimiento de comparecencia programado para el 16 de enero de 2019 a las 10:00 horas, donde se le pidió la siguiente documentación:

Además, es importante recalcar que tal requerimiento de comparecencia contenía un apercibimiento, el cual indicaba que “la inasistencia constituiría infracción a la labor

Al respecto, en el numeral 4.4 del Acta de Infracción el personal inspectivo dejó constancia que el día 16 de enero del 2019 a las 10:00 horas se procedió a llamar al sujeto inspeccionado, y peses al reiterado llamado que se prolongó hasta las 10:40 horas, se dio por culminada la actuación inspectiva, dejando constancia de la inasistencia del sujeto inspeccionado. Con lo cual se acredita que se configuró la infracción muy grave a la labor inspectiva descrita en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe mencionar en este punto que el artículo 1627 de la LGIT, ha establecido que los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. Asimismo, el artículo 4728 de la misma norma, ha determinado que los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

En cuanto a ello, al impugnante alega que hubo una afectación al debido procedimiento porque no se consideró el escrito presentado el 14 de julio del 2021 donde se adjuntó el Memorándum N° 1048-2021-MDLO/GRRHH y certificado médico del apoderado, documentos que no fueron valorados al momento de resolver el recurso de reconsideración para acreditar la eximente de responsabilidad por no asistir a la citada comparecencia.

Sobre el particular, vemos que en el numeral 4.6 del Acta de Infracción, el personal inspectivo ya había evaluado esta supuesta justificación invocada por la impugnante a efectos de eximirse de la responsabilidad por haber inasistido a la comparecencia programada, donde se acompañó el certificado médico del Señor Luis Herless Ausejo Gutiérrez de fecha 16 de enero del 2019 por un cuadro de “stress agudo”. Al respecto, la Inspectora comisionada determinó que el certificado médico “no logra desvirtuar las infracciones detectadas, dado cuenta que la situación médica del apoderado no constituye un caso de fuerza mayor que justifique la inasistencia de la inspeccionada a dicha diligencia, en vista que al ser una persona jurídica pudo delegar representación en terceras personas a fin de que concurran a la diligencia”.

Sobre el particular, el Memorándum N° 1048-2021-MDLO/GRRHH de fecha 28 de julio de 2021 que cita la impugnante en su escrito de revisión contiene exactamente la misma información que ya había sido evaluada por la Inspectora comisionada, es decir la misma justificación y cita el mismo certificado médico, en tal sentido, no puede alegarse que previamente no había sido evaluado este hecho. Por otro lado, la impugnante refiere que tal documentación debió evaluarse como parte de su recurso de reconsideración; no obstante, a la fecha de presentación del escrito de fecha 14 de julio de 2021, el recurso de reconsideración ya había sido resuelto mediante Resolución de Sub Intendencia N° 463-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 de fecha 1 de julio de 2021. Por tanto, no hay ninguna afectación al debido procedimiento en este extremo, dado que dicha documentación no pudo ser evaluada al momento en que ser resolvió dicho recurso.

Sin perjuicio de ello, debe tomarse en cuenta que el sujeto inspeccionado es una entidad pública, es decir, una Municipalidad. Por tanto, se encuentra más que sustentado el hecho que constituía un deber para aquella entidad pública (y de sus representantes), el poder prever cualquier contingencia que pudiera suscitarse en la fecha de la realización de la diligencia de comparecencia para cumplir con el mandato de una autoridad. Debe tenerse en cuenta, además, que la diligencia fue programada con la debida antelación.

De esta manera, no resulta irrazonable el que dicha entidad pudiera, estimando el cumplimiento de dicho deber, delegar su representación oportunamente a un número de personas razonable, a efectos de asegurarse de cumplir con lo dispuesto por el inspector a cargo. Tal como lo ha argumentado la Inspectora comisionada, por la propia estructura organizacional de la entidad pública, se entiende que contar con más de un apoderado responde a la necesidad de participación en diversas actuaciones administrativas, lo que resulta igualmente razonable y esperable de un actuar diligente, más aún si las normas reglamentarias permiten delegar representación para acudir a estas diligencias con una carta poder simple. Por tanto, el certificado médico presentado, como medio probatorio de la contingencia médica y la ocurrencia, con ella, de una causal de eximente, no resulta suficiente para declarar fundado el recurso presentado.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serian las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.