Municipalidad Distrital de los Olivos — Res. 132-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas) y Estándares de higiene ocupacional (Sub materia: Comedor – Vestuario - Servicios higiénicos). 2 Notificada a la Procuraduría Pública, el 26 de setiembre de 2019, véase folio 09 del expediente sancionador. 15:48:21-0500 soft PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

i. Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar haber proporcionado los equipos de protección personal, a favor de cuarenta y un (41) trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,175.00.

ii. Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar haber efectuado el monitoreo de agentes biológicos de las áreas de: Caniles y del lugar donde está ubicado el depósito de residuos sólidos y el desmonte, las cuales se encuentran ubicadas dentro del Vivero Municipal, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,175.00.

iii. Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con garantizar las condiciones en seguridad en el centro de trabajo del Vivero Municipal, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,175.00.

iv. Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar contar con un comedor, servicios higiénicos y vestuarios conforme a ley en el centro de trabajo Vivero Municipal, a favor de cuarenta y un (41) trabajadores, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,175.00.

v. Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 10 de abril de 2017 a las 14:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 21,262.50.

i. Respecto a la entrega de los equipos de protección personal, consideran que la multa impuesta es ilegal e irracional, pues señalan haber cumplido con la entrega de los mismos,

3 Notificada a la Procuraduría Pública, el 05 de febrero de 2020, véase folio 116 del expediente sancionador.

al presentar, en su oportunidad, las hojas de entrega de implementos de seguridad y salud en el trabajo, que la autoridad administrativa no lo reconoció al considerarlas ilegibles.

ii. Respecto a las infracciones 2, 3 y 4, considera que el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT engloba todas esas conductas individualizadas en un solo tipo infractor, por lo que corresponde que, en caso la Intendencia concluya que sí hay una conducta infractor, se sancione una vez pues, de lo contrario, se mantendría la vulneración del principio de legalidad.

iii. Sin perjuicio de ello, el Informe N° 026-2020/MDLO/GGA/SGAV/VM/MAPA, adjuntado al escrito de descargos al Informe Final, señala que el Sub Gerente de Áreas Verdes encargado del vivero municipal, informó sobre la situación actual de dicho vivero, adjuntando fotografías al respecto, donde se corrobora que a la actualidad tiene un buen ambiente laboral con las comodidades para el personal. Ello tiene la finalidad de que la segunda instancia deje sin efecto dichas sanciones.

i. Aclara que si bien SUNAFIL tiene un rol orientador, no es menos cierto que, en virtud a su rol fiscalizador, al evidenciar el incumplimiento de las normas relacionadas a la SST, decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

ii. Respecto a la entrega de equipos de protección personal, se deja constancia en el tercer hecho verificado del Acta de Infracción, que entregó los EPP de forma incompleta, respecto a la entrega de 28 trabajadores de un total de 41, en alusión que los documentos denominados “Cargo de entrega de implementos de seguridad” y “Cargo de entrega de uniformes” ambos del mes de octubre de 2019, son ilegibles, pues en muchos de ellos no se visualiza los nombres de los trabajadores y los detalles de la entrega de los implementos de seguridad, y así también lo ha considerado la primera instancia.

Asimismo, las fotografías contenidas en el Informe de la Sub Gerencia de Áreas Verdes, no permiten determinar e identificar de manera fehaciente que cumplió con entregar los EPP a los trabajadores detallados en el considerando 11 de la resolución sancionadora, toda vez que debió adjuntar los cargos de entrega para determinarlo de manera indubitable.

iii. Finalmente, señala que no es posible aplicar el concurso de infracciones, ni el criterio contenido en la Resolución N° 213-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, toda vez que las

4 Notificada a la impugnante el 27 de enero de 2022, véase folio 142 del expediente sancionador.

infracciones imputadas se encuentran sustentadas cada una en una conducta distinta, una referida a (i) no cumplir con acreditar haber efectuado el Monitoreo de Agentes Biológicos de las áreas de: Caniles y del lugar donde está ubicado el depósito de residuos sólidos y desmonte, las cuales se encuentran ubicadas dentro del Vivero Municipal, a efectos de garantizar las condiciones en seguridad en el centro de trabajo del Vivero Municipal, y la otra por (ii) no cumplir con acreditar contar con un comedor y servicios higiénicos y vestuarios conforme a ley en el centro de trabajo Vivero Municipal.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Los Olivos

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Que la Intendencia ha confirmado la resolución de Sub Intendencia en el cual se establece erróneamente la fecha de diligencia de comparecencia que habría inasistido la impugnante, siendo la fecha correcta el 04 de abril y no el 10 de abril, por lo que alega la transgresión a un debido procedimiento administrativo, al principio de legalidad, al principio de tipicidad y al principio de razonabilidad y proporcionalidad en la sanción.

11 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785- 2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

ii. En relación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, detalla que la multa impuesta como consecuencia de supuestamente inasistir a la comparecencia de 04 de abril de 2017 transgrede los principios presupuestales regulados en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la inasistencia a la diligencia de comparecencia

12 LGIT, artículo 1. 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 14 “Artículo 11.- Modalidades de actuación

Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

impugnante incurrió en la infracción señalada, encontrándose la misma, debidamente imputada. Por lo que, no se advierte la vulneración al principio de legalidad y tipicidad invocada por la impugnante, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Figura N° 01:

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

15 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG. “La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar haber proporcionado los equipos de protección personal, a favor de cuarenta y un (41) trabajadores.

Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.” 16 “Artículo 6: Motivación del Acto Administrativo del TUO de la LPAG 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo”.

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar haber efectuado el monitoreo de agentes biológicos de las áreas de: Caniles y del lugar donde está ubicado el depósito de residuos sólidos y el desmonte, las cuales se encuentran ubicadas dentro del Vivero Municipal.

Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con garantizar las condiciones en seguridad en el centro de trabajo del Vivero Municipal. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

Seguridad y Salud en el Trabajo No cumplir con acreditar contar con un comedor, servicios higiénicos y vestuarios conforme a ley en el centro de trabajo Vivero Municipal, a favor de cuarenta y un (41) trabajadores.

Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE

Labor Inspectiva No asistir a la diligencia de comparecencia programada para el día 10 de abril de 2017 a las 14:00 horas. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS, en contra de la Resolución de Intendencia N° 089-2022- SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 979-2017-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 089-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante. Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la aplicación del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino, además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

1. De la revisión del expediente, se evidencia que el administrado ha interpuesto una demanda contencioso administrativa, impugnando la Resolución de Intendencia N° 089-2022- SUNAFIL/ILM, seguido en el expediente judicial N° 06999-2022-0-1801-JR-LA-57.

2. En ese sentido, este Tribunal debe realizar un análisis de dicho aspecto, a fin de identificar si durante el presente procedimiento se ha producido alguna omisión o apartamiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y, en general, a la Constitución, a las leyes y al derecho a la luz de los alegatos esgrimidos en el recurso de revisión.

De la inaplicación del artículo 75 del TUO de la LPAG por parte de las instancias anteriores

3. Sobre el particular, el suscrito discrepa con la posición mayoritaria de la Sala, toda vez que la redacción establecida en el numeral 1 del artículo 75 del TUO de la LPAG establece la obligación –en la autoridad competente para la resolución del procedimiento administrativo– de remitir al órgano jurisdiccional una comunicación para conocer sobre las actuaciones realizadas; y recibida la comunicación (numeral 75.2), la autoridad administrativa verificará si existe identidad de sujetos, hechos y fundamentos, a fin de determinar su inhibición.

4. Sobre el particular, el artículo 75 del TUO de la LPAG prescribe lo siguiente:

“Artículo 75.- Conflicto con la función jurisdiccional 75.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas.

5. Asumir una interpretación distinta –a criterio del suscrito y contrario a lo señalado por la mayoría de la Sala– resultaría en una conducta contraria al numeral 1.8 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, a saber:

“1.8. Principio de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

6. Conforme se aprecia, la ausencia de análisis respecto de la afectación generada por la inaplicación del numeral 75.1 del artículo 75 del TUO de la LPAG, optando por una de las alternativas sin motivar adecuadamente su decisión, constituye una vulneración al principio de buena fe procedimental dado que la autoridad administrativa ha realizado actuaciones interpretando la regulación contraria al administrado; sin motivar explicando la ponderación o razonabilidad de la medida.

7. La conducta antedicha supone una vulneración al principio de buena fe procedimental y, consecuentemente, una afectación al derecho de defensa del administrado17, como parte del derecho al debido procedimiento, al no haber sido valorados los argumentos de defensa durante el presente procedimiento administrativo sancionador, y principalmente una vulneración al principio de legalidad, al producirse el apartamiento del TUO de la LPAG pese a la redacción expresa señalada en el numeral 75.1 del artículo 75 del TUO de la LPAG (énfasis añadido).

8. A consideración del suscrito y contrario a la posición mayoritaria de la Sala, esta contravención de un principio ordenador del procedimiento administrativo contenido en el artículo IV del TUO de la LPAG, acarrearía la nulidad de la misma, conforme se encuentra regulada en el artículo 10 de la norma en desarrollo, señalada en el numeral precedente:

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma” (énfasis añadido).

9. Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General,

17 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.”

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR, mi voto es por OFICIAR al Poder Judicial y solicitar información respecto del proceso judicial en alusión a fin de tomar una decisión posterior respecto del procedimiento administrativo, en atención a lo señalado en el artículo 75 del TUO de la LPAG.

Firmado Digitalmente por:

Luis Gabriel Paredes Morales

20230208CEC