Municipalidad Distrital de los Olivos — Res. 1085-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Sub Materia: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (sueldos y salarios)); Relaciones colectivas (Sub Materia: Convenios colectivos); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones).

(bonificación vacacional, bono por aniversario del distrito, bonificación por el día del trabajador municipal, asignación por movilidad y remuneración por costo de vida).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con el pago de la remuneración convencional, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 36,450.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 63,787.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 63,787.50.

2 Notificada a la Procuraduría Pública el 27 de octubre de 2020, véase folio 21 del expediente sancionador. 3 Notificada a la Procuraduría Pública el 02 de julio de 2021, véase folio 85 del expediente sancionador.

por costo de vida y movilidad correspondientes a los meses de julio a setiembre de 2017. En ese sentido, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 701-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2, de fecha 17 de agosto de 2021, notificada el 19 de agosto de 20214, se declaró infundado el recurso de reconsideración.

i. Sostiene que la resolución apelada vulnera los principios fundamentales del procedimiento administrativo sancionador, tales como el debido procedimiento, derecho de defensa y derecho a la prueba (admisión, actuación y valoración). Estando a ello, indica que la autoridad no valoró adecuadamente los medios probatorios presentados en los escritos en fechas 12 de julio de 2021 y 16 de julio de 2021, ni se pronunció sobre el contenido del Memorándum N° 2411-2020- MDO/GAF y el Memorándum N° 1173-2021-MDLO/GRRHH y anexos, los cuales contendrían elementos de convicción que acreditan el cumplimiento de la obligación materia de infracción. ii. Por otra parte, manifiesta que existe imprecisión e incongruencia en la motivación de la resolución apelada, ya que no se habría cotejado debidamente la documentación presentada, como las órdenes de Telebanking, que contendrían información sobre los trabajadores mencionados en el Acta de Infracción. Tales documentos demostrarían que se efectuaron los pagos por Bonificación por Aniversario del Distrito y por el Día del Trabajador Municipal, correspondientes al año 2017, conforme al régimen de la actividad privada establecido en el Decreto Legislativo N° 728. iii. Asimismo, invoca la existencia de vicios de nulidad conforme al numeral 1 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, al haberse declarado infundado el recurso de reconsideración sin una debida valoración conjunta de los medios probatorios ofrecidos. Asimismo, se alega que no se admitieron ni valoraron adecuadamente los documentos presentados como nuevos medios probatorios en dicha etapa. iv. Por otra parte, también cuestiona la sanción impuesta, alegando que no se evaluaron los criterios para la aplicación de atenuantes, como la reducción del número de trabajadores afectados. Señala que, al haberse reconocido el cumplimiento de la obligación respecto de cinco trabajadores, debió haberse reducido proporcionalmente el monto de la multa impuesta.

4 Notificada a la Procuraduría Pública el 03 de setiembre de 2021, véase folio 250 del expediente sancionador.

i. Corresponde señalar que, el recurso de reconsideración, conforme al artículo 55° del RLGIT y el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, es un medio impugnatorio optativo que puede interponer el administrado ante la misma autoridad que emitió la resolución cuestionada. Su finalidad es permitir que esta autoridad revise su decisión mediante un acto de contrario imperio, siempre y cuando se presente una nueva prueba que no haya sido evaluada previamente. Esta nueva prueba debe constituir un hecho tangible que justifique la modificación o revocatoria de la resolución inicial, ya que no basta con una nueva argumentación o solicitud sobre los mismos hechos previamente analizados. ii. En ese sentido, la norma exige que dicha nueva prueba sea un nuevo medio probatorio que tenga como propósito evidenciar un hecho nuevo o una circunstancia no considerada, lo que justifica el reexamen de la decisión adoptada. Esta exigencia busca garantizar que la autoridad solo reevalúe su análisis cuando existan elementos distintos que ameriten una reconsideración. iii. En efecto, la Resolución de Sub Intendencia N° 701-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, se resolvió declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por la Municipalidad Distrital de Los Olivos, al determinar que las pruebas nuevas ofrecidas no demostraban el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Laudos Arbitrales de los años 2012 y 2013, respecto a los beneficios laborales de doscientos veintisiete trabajadores. Estos laudos, firmados entre la municipalidad y el sindicato SINTROMO, establecían beneficios permanentes como incrementos al jornal básico, bonificaciones por vacaciones, aniversario del distrito, Día del Trabajador Municipal y un bono por costo de vida. Estando a ello, tanto la Constitución Política del Perú de 1993 como el Decreto Supremo N° 001-98-TR garantizan el derecho del trabajador a una remuneración suficiente y prioritaria frente a otras obligaciones del empleador. El cumplimiento de los pagos debe ser debidamente acreditado mediante boletas de pago o constancias de depósito en cuentas bancarias. En este caso, la municipalidad no logró demostrar que efectivamente cumplió con las obligaciones establecidas en los laudos arbitrales, lo que motivó el rechazo del recurso. iv. Si bien, la impugnante presentó diversos comprobantes de pago y constancias de transferencias bancarias realizadas durante el año 2017, que incluyen pagos por bonificaciones del Día del Trabajador Municipal, aniversario del distrito, vacaciones y remuneraciones mensuales a trabajadores contratados y nombrados. Estos documentos buscaban demostrar el cumplimiento de los beneficios laborales establecidos en los laudos arbitrales de 2012 y 2013, señalando que los montos fueron depositados directamente en las cuentas bancarias de los obreros, de acuerdo con comunicaciones enviadas al BBVA. Sin embargo, al revisar esta documentación, se concluye que las pruebas presentadas no permiten verificar con certeza que los pagos realizados correspondan efectivamente a los conceptos y montos pactados en los laudos arbitrales. Más aún, para acreditar dicho cumplimiento, era necesario presentar las boletas de pago individuales de los doscientos veintisiete trabajadores afectados, las cuales permitirían identificar de forma clara el abono de los beneficios establecidos. Ante esta omisión, se desestimó el argumento de la impugnante.

5 Notificada a la Procuraduría Pública el 03 de febrero de 2023, véase folio 269 del expediente sancionador.

v. Estando a ello, la decisión de sancionar a la impugnante fue debidamente fundamentada por la autoridad sancionadora de primera instancia, dado que, no se amparó únicamente en las conclusiones del personal inspectivo, sino que también evaluó integralmente todas las pruebas disponibles y en el recurso de reconsideración. En ese sentido, se descarta cualquier alegación de nulidad o falta de motivación en la resolución apelada. vi. Asimismo, corresponde señalar que la Inspección del Trabajo actuó conforme al marco legal vigente, en cumplimiento de su rol fiscalizador definido por el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, se descarta cualquier afectación a los principios invocados por la impugnante, ya que la sanción impuesta se basó en el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT y en la tabla de multas establecida en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), sin margen de discrecionalidad para modificar los montos fijados por ley. En esa línea, la multa fue correctamente determinada en base a la cantidad de trabajadores afectados y la gravedad de la infracción, tal como establece el artículo 38° de la LGIT y el Decreto Supremo N° 015-2017-TR. vii. Por tales consideraciones, se concluyó que el sujeto inspeccionado no logró subsanar por completo las infracciones cometidas, especialmente en relación con cinco trabajadores específicos, por lo cual no corresponde reducir el número de afectados ni modificar la sanción. En consecuencia, al haberse verificado que la resolución apelada está debidamente motivada, sustentada en pruebas y ajustada a la normativa aplicable, se declaró infundado el recurso de apelación, confirmando así la validez de la sanción.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Del Recurso De Revisión

fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 8 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 9 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye la última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

11 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 12 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Los Olivos

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de febrero de 2023, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 318-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva por no asistir a la comparecencia programada para el día 31 de octubre de 2017, se señala lo siguiente: − No se ha valorado debidamente que, mediante Oficio de fecha 06 de noviembre de 2017, la entidad remitió a la SUNAFIL la documentación requerida en el requerimiento de comparecencia, hecho que fue efectivamente recibido por dicha entidad. Por lo tanto, la imposición de la sanción vulnera el Principio del Debido Procedimiento, así como los Principios de Razonabilidad, Proporcionalidad e Informalismo, previstos en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. − La sanción impuesta, consistente en una multa de S/. 63,787.50, carece de proporcionalidad, especialmente considerando que se trata de una entidad pública local, la cual está sujeta a las restricciones presupuestales establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este sentido, se contravienen los principios y normas de gestión presupuestal establecidos en los artículos 77° y 78° de la Constitución Política del Perú. − La decisión sancionadora no ha considerado el impacto económico y social que implica el pago de la referida multa, la cual afecta directamente los recursos del

FONCOMU N y, por ende, los servicios que la Municipalidad está obligada a brindar a sus ciudadanos, conforme al artículo 53° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. − En atención a lo expuesto, se solicita que se declare fundado el recurso interpuesto y se declare la nulidad de la resolución sancionadora por transgredir principios fundamentales del procedimiento administrativo.

ii. Respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, se señala que: − Se ha incurrido en una afectación al derecho al debido procedimiento, así como al derecho a la valoración adecuada de los medios probatorios, toda vez que la entidad ha demostrado el cumplimiento del pago de los laudos arbitrales correspondientes a los años 2012 y 2013, conforme se acredita con los Memorandos N° 1173-2021-MDLO/GRRHH, N° 2411-2020-MDLO/GAF y N° 1432- 2020-MDLO/GRRHH. − La imposición de la multa carece de motivación adecuada, constituyendo un vicio que afecta la validez del acto administrativo. El órgano instructor no ha evaluado correctamente los elementos aportados por la entidad, ni ha considerado la reducción de la sanción pese a que, tanto en el Informe Final como en la Resolución de la Subintendencia, se reconoce el cumplimiento parcial de la obligación respecto de cinco trabajadores. − De acuerdo con lo previsto en el artículo 47° del RLGIT, las sanciones deben ser determinadas conforme a los criterios establecidos en el artículo 38° de la LGIT, aplicando además los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. − Se ha vulnerado el derecho a obtener un pronunciamiento debidamente motivado, ya que no basta con citar el numeral 25.1 del artículo 25° del Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Se exige una exposición clara y concreta de las razones de hecho y fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión adoptada, conforme al numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. − Al igual que en el caso anterior, no se ha considerado que se trata de una entidad del Estado con limitaciones presupuestarias, afectando con la sanción impuesta recursos públicos destinados al FONCOMUN y a servicios esenciales para la ciudadanía, en contravención del artículo 53° de la Ley N° 27972. − Por lo tanto, se solicita que se revoque la resolución impugnada y, en su lugar, se declare fundado el recurso interpuesto, reformulando la decisión administrativa de acuerdo con los principios legales aplicables y el análisis integral del caso.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las inasistencias a las diligencias de comparecencias programadas

“Artículo 17.- Capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo La capacidad de obrar ante la Inspección del Trabajo y su acreditación se rige por las normas de derecho privado. Las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, actuarán por medio de quienes, al tiempo de la actuación inspectiva, ocupen los órganos de su representación o la tengan conferida, siempre que lo acrediten con arreglo a ley.

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Título Preliminar Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 14 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el apartado anterior, pueden éstas ser efectuadas de manera presencial y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.

Las actuaciones inspectivas se seguirán con los sujetos obligados al cumplimiento de las normas, que podrán actuar por medio de representante, debidamente acreditado ante el inspector actuante, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones. El representante no podrá eludir la declaración sobre hechos o circunstancias con relevancia inspectiva que deban ser conocidos por el representado. La intervención mediante representante sin capacidad o insuficientemente acreditado se considerará inasistencia, cuando se haya solicitado el apersonamiento del sujeto obligado. (…)”. (Énfasis añadido).

● Obra a fojas 07 del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Comparecencia” de fecha 26 de octubre de 2017, notificado en la misma fecha, con el cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se aprecia a continuación:

FIGURA N° 01

● Sin embargo, en el día y hora fijada, la impugnante en su calidad de sujeto inspeccionado, no asistió a la comparecencia programada conforme consta en el considerando noveno del acápite II Hechos Constatados del Acta de Infracción.

15 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. Por lo que, la finalidad de dicho principio administrativo es que, en toda circunstancia del procedimiento sancionador, la Administración Pública respete todo principio y derecho invocado en el ámbito de su jurisdicción, siendo esto acorde con los principios de la administración de justicia señalados en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…). 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 16 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64.

17 Cabe precisar que, en el presente caso, se ha considerado el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12° del RLGIT, en su redacción anterior a la modificación introducida por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 008-2019-TR, toda vez que, al momento de la notificación del requerimiento de comparecencia de fecha 26 de octubre de 2017, dicho tipo normativo se encontraba vigente. 18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS Artículo 67.- Comparecencia personal 67.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 67.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 67.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. Artículo 68.- Formalidades de la comparecencia 68.1. El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo constar en ella lo siguiente: 68.1.1. El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la autoridad requirente; 68.1.2. El objeto y asunto de la comparecencia; 68.1.3. Los nombres y apellidos del citado; 68.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede ser antes del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de comparecencia; 68.1.5. La disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 68.1.6. El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 68.2. La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 68.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los administrados. 19 Cabe precisar que, los textos únicos ordenados no modifican el valor y fuerza de las normas ordenadas, por ende, no crean nuevas normas. Por lo tanto, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, tiene como única finalidad reunir y sistematizar en un solo texto integral las normas del referido dispositivo legal a efectos de darle la

constituyen exigencias legales que la Administración Pública debe de cumplir para poder hacer comparecer a un administrado, siendo estas medidas de seguridad para el mismo. En consecuencia, si la Autoridad correspondiente no cumple escrupulosamente con los requisitos del citatorio, el administrado no se encuentra obligado a su asistencia; no pudiendo extraer ninguna consecuencia negativa en contra del administrado ni hacerle perder derechos.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

coherencia sistemática que pudiera haber sido afectada como producto de las modificaciones, incorporaciones y derogaciones normativas.

20 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse. (…)”.

numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, consistente en no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral21. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

“6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

Así como a la luz de los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023- SUNAFIL/TFL, el cual dispone que:

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”22, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

21 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 14410-2017-SUNAFIL/ILM. 22 Artículo 2° del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

FIGURA N° 02

23 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

el personal inspectivo debe ponderar las circunstancias particulares de cada caso, de modo que el plazo otorgado guarde una relación proporcional con la complejidad y etapas de los procedimientos administrativos y presupuestarios involucrados. En el presente caso, dicha proporcionalidad no se verificó, configurándose una vulneración al Principio de Razonabilidad.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No cumplir con el pago de la remuneración convencional. Numeral 24.4 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS, en contra de la Resolución de Intendencia N° 318- 2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de febrero de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 261-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 425-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2, confirmada a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 701- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE2 y la Resolución de Intendencia N° 318-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 10 de febrero de 2022, en los extremos referentes a las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.7 y 46.10 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20250820MABJ – HR: 43462-2017