Municipalidad Distrital de Kimbiri — Res. 632-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Verificación de regímenes especiales y grupos específicos (Subgrupo materia: Construcción civil); Remuneraciones (Subgrupo materia: pago de la remuneración (sueldos y salarios) y pago de bonificaciones).

DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de julio de 2022, en perjuicio de ciento cincuenta y tres (153) trabajadores, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 65,228.00.

i. La procuraduría pública no ha sido válidamente notificada con la imputación de cargos y con el acta de infracción, es más con ninguna resolución emanada del presente procedimiento administrativo sancionador, ya que formalmente no se ha cumplido con notificar al domicilio oficial de ésta procuraduría para los fines de que ésta pueda efectuar la defensa y los descargos correspondientes; por lo que, se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 018- 2019-JUS. En consecuencia, corresponde se declare la nulidad total de la resolución de primera instancia, por contravenir el numeral 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, que se ha vulnerado el derecho a la defensa. ii. Mediante el Oficio N ° 825-2022-MDK/A de fecha 17 de noviembre de 2022, se puso en conocimiento a la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, toda vez que, el plazo de los tres (03) días hábiles no es suficiente y razonable para el cumplimiento de lo requerido, puesto que para el cumplimiento de los pagos se tenía que hacer una serie de trámites administrativos; por lo que, en consideración y valoración a ello, mediante el informe final de instrucción, la Sub Intendencia de Fiscalización e Instrucción determinó la subsanación voluntaria de los actos que constituyen infracción y consecuentemente el archivo del procedimiento sancionador. En consecuencia, el no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento ya no es razonable sancionar, debido a que la

2 Notificado a la impugnante vía casilla electrónica. Con relación a la notificación a la procuraduría correspondiente, tan solo consta un correo electrónico en el expediente sancionador. 3 Notificado a la impugnante vía casilla electrónica. Con relación a la notificación a la procuraduría correspondiente, tan solo consta un correo electrónico en el expediente sancionador.

obligación ha sido subsanada, realizando la regularización de pagos de forma voluntaria antes de iniciarse el procedimiento sancionador.

i. El Acta de Infracción es el documento con el cual se finaliza la etapa de investigación, documento que fue notificado oportunamente a la procuraduría pública con la imputación de cargos; por tanto, no resulta cierto que se haya vulnerado el derecho de defensa, debido a que sí se notificó válidamente en la etapa procedimental correspondiente a la imputación de cargos, las resultantes de la investigación y el inicio del procedimiento sancionador, conforme lo previsto en el numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 018-2019-JUS. En ese sentido, la validez de las notificaciones se evidencia en que cada acto procedimental notificado, la procuraduría pública presentó de manera oportuna sus descargos, lo cual demuestra el ejercicio irrestricto de su derecho de defensa, donde sus argumentos fueron objeto de valoración y pronunciamiento por parte de cada autoridad competente en la etapa procedimental respectiva; por tanto, no resulta cierto lo afirmado por el recurrente. ii. Precisa que, habiéndose verificado el incumplimiento a la normativa en materia de relaciones laborales, se notificó la medida inspectiva de requerimiento en fecha 21 de julio de 2022, apercibiendo al sujeto inspeccionado cumpla con las obligaciones señaladas en dicho documento; por tanto, queda claro que el propósito de dicha actuación inspectiva fue el cumplimiento por parte del sujeto inspeccionado con sus obligaciones en materia sociolaboral; sin embargo, pese a lo dispuesto, en la fecha programada para la verificación de dicho mandato, el sujeto inspeccionado no cumplió con lo solicitado. iii. Ahora, si bien presentó el Oficio N° 014-2022-MDK/OGA-ORH-LACQ-J, mediante el cual manifestó que para el incremento de conceptos remunerativos se necesitaría de un procedimiento administrativo presupuestal y, por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento era desproporcional y no razonable; sin embargo, no evidenció la existencia de alguna conducta diligente, tendiente a generar el inicio de la gestión administrativa para dar cumplimiento a lo requerido, pues al 27 de julio de 2022 se limita a señalar el procedimiento administrativo interno en su institución, para poder recién así cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, pero no adjunta el inicio de alguna gestión diligente que suponga un aspecto a valorar, para entender el cumplimiento de la referida medida; por consiguiente, confirma la sanción

4 Notificada a la impugnante el 24 de mayo de 2023 vía casilla electrónica y a la procuraduría correspondiente con fecha 05 de junio 2023 por correo electrónico.

impuesta; además, bajo el principio de razonabilidad se justifica la imposición de la sanción por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno.

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 10 Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Kimbiri

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 08 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 115-2023-SUNAFIL/IRE CUS, señalando los siguientes argumentos:

i. El personal inspectivo otorgó el plazo máximo de tres (03) días hábiles, para que cumpla con acreditar de ciento cincuenta y tres (153) trabajadores lo siguiente de la obra inspeccionada: a) pago de las remuneraciones conforme el régimen laboral de construcción civil y, b) acreditar el pago de las bonificaciones (BUC y Bonificación por Movilidad), ambos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2022, según su categoría (obrero, operario y oficial); además, dispuso que la verificación del cumplimiento se efectuaría el 25 de julio de 2022. ii. La medida inspectiva de requerimiento fue notificada el día 21 de julio de 2022, mediante casilla electrónica, conforme la resolución impugnada y los demás actuados del expediente administrativo sancionador. Se debe tener en cuenta que, el inicio del cómputo del plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación, conforme el numeral 144.1 del artículo 144 del TUO de la LPAG, es decir, el plazo de los tres (03) días inicia el 22 de julio de 2022, siendo su vencimiento el día 26 de julio de 2022; sin embargo, el personal inspectivo realizó la verificación del cumplimiento el 25 de julio de 2023; por lo que, se configuró la desproporcionalidad en el plazo razonable, derecho de defensa y derecho al debido procedimiento. iii. Durante la extensión de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 20 de julio de 2022, el personal inspectivo ejercieron sus facultades sin tener en consideración a los presupuestos establecidos en el artículo 14 de la LGIT y el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, por las siguientes razones:

− Se dispuso que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles con acreditar el pago de las remuneraciones de ciento cincuenta y tres (153) trabajadores de acuerdo al régimen de construcción civil, así como acreditar el pago de las bonificaciones (BUC y Bonificación por movilidad) de ciento cincuenta y siete (157) trabajadores (ambos mandatos de los meses de marzo, abril y mayo de 2022). También, se dispone que la acreditación se hará con las respectivas boletas de pago, constancia de depósito u otro medio de pago, pero no indica que se pueda acreditar con algún otro documento que evidencie el inicio de alguna gestión destinada al cumplimiento de la medida requerida, como lo pretende justificar la resolución impugnada al momento de confirmar la multa impuesta a su representada (fundamento del segundo párrafo de la página 5). − No se han tenido en consideración más de uno de los factores legales al momento de extender la medida inspectiva de requerimiento, como es el principio de razonabilidad en el sentido del plazo de tres (03) días hábiles otorgados; toda vez que, para realizar el pago de reintegro se requiere realizar una serie de trámites administrativos dentro de la institución, trámites como la habilitación y aprobación de ampliación presupuestal, efectuar cálculos aritméticos sobre el reintegro de cada trabajador de acuerdo a la categoría y efectuar el girado del reintegros a sus respectivas cuentas bancarias de los ciento cincuenta y tres (153) trabajadores del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Movilidad urbana a Travéz de Pistas y Veredas en los sectores de Buenos Aires, Sacsay Huamán Y margarita de la Capital de Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento de Cusco”; además, en el expediente técnico del proyecto no se tenía contemplado o previsto presupuesto económico para el pago de la remuneración de los trabajadores conforme a la “Convención Colectiva de Trabajo Acta final de Negociación Civil 2021-2022”; por lo que, para el cumplimiento de las normas laborales han realizado una serie de gestiones y trámites burocráticos, para lo cual se requiere de más días y no es posible efectuarlos dentro del plazo de tres (03) días en una entidad estatal. En ese sentido, no se tomó en cuenta el principio de razonabilidad al momento de otorgar el plazo, apartándose de los criterios prescritos en el punto 7.15.5 de la Directiva N| 001-2020-SUNAFIL/INII. Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, la que se encontraba vigente al momento de la inspección laboral. − No se aplicó correctamente el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, en la medida que, regularizar el pago de las remuneraciones y bonificaciones no podía ser

efectuada en un plazo de tres (03) días hábiles, pues su cumplimiento implica una serie de trámites administrativos propias de las entidades públicas; por lo que, se estaría desnaturalizando la finalidad de la medida inspectiva de requerimiento, al imponer un plazo difícil de cumplir por parte de la entidad, pues se requería de mayor tiempo pata la ampliación presupuestal del referido proyecto para su cumplimiento. Precisa que, fuera del plazo otorgado, han cumplido con realizar el pago del reintegro de los derechos laborales requeridos, habiendo comunicado sobre ello a la Intendencia Regional de Cusco mediante el Oficio N° 825-2022- MDK/A de fecha 17 de noviembre de 2022, precisando que se ha cumplido antes de la notificación de la imputación de cargos; por lo que, han cumplido con regularizar los pagos de las remuneraciones y bonificaciones, demostrando su voluntad de dar cumplimiento a los derechos sociolaborales de los trabajadores y que la medida inspectiva de requerimiento habría sido desproporcional e irrazonable. − Se hace referencia al fundamento 6.22 y 6.23 de la Resolución N° 377-2022- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sobre la vulneración del principio de razonabilidad al imponerse un plazo en la que era difícil de cumplir el requerimiento.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el debido proceso y el derecho de defensa en las modalidades de notificación

“(...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

11 Oficio N° 035-2020-SUNAFIL/INII 12 Decreto Legislativo N° 1326, “Artículo 24.- Las Procuradurías Públicas Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano especializado, responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado.(*) (*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 31778, publicada el 07 junio 2023, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 24. Las procuradurías públicas

Las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una procuraduría pública, conforme a su ley de creación, ubicada en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado, a excepción de las procuradurías públicas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como las de los organismos constitucionales autónomos, que mantienen autonomía administrativa y funcional para dirigir sus respectivos procesos de selección respecto de la Procuraduría General del Estado.".”

establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú13, que estipula que la defensa de los intereses del Estado recae en los Procuradores Públicos, conforme a ley.

“Artículo 20. Modalidades de notificación

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24-1 del artículo 24.

13 Constitución Política del Perú de 1993, “Defensa Judicial del Estado Artículo 47.- La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.”

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. (…)” (énfasis añadido).

“Un correo electrónico personal proporcionado libre y espontáneamente por el administrado (por ejemplo, una cuenta Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.). Es decir que el propio administrado haya consignado su dirección electrónica en un escrito que obre en el expediente objeto de la notificación, de modo que no podría ser empleado este medio si, por ejemplo, la entidad hubiere obtenido la data de la cuenta de correo de cualquier otra forma (escrito de otro administrado o la consignada por el propio administrado en otro expediente anterior) o si no constara en el mismo expediente en que se produce la resolución”15 (énfasis añadido).

14 MORON URBINA, Juan Carlos (2023). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 17 Edición. Tomo I. Página 309. 15 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 Edición. Tomo I. Página 298.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

16 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.”

regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 257-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA de fecha 05 de abril de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Cusco y, la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 554-2022-SUNAFIL/IRE-CUSCO, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 257-2023- SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA de fecha 05 de abril de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Cusco, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y conforme a lo señalado en el fundamento 6.23 de la presente resolución. CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI y a la Intendencia Regional de Cusco, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente

20250611SPDC- HR: 111478-2023