Municipalidad Distrital de Ilabaya — Res. 148-2023

Mediante Orden de Inspección N° 0723-2021-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 369-2021-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por su inasistencia a la diligencia de comparecencia citada para el día 15 de setiembre de 2021, en perjuicio de veintiséis trabajadores2.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 451-2021-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI-IC, de fecha 22 de octubre de 2021, notificada el 25 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 0494-2021-SUNAFIL/IRE-TAC/SIAI- IFI, de fecha 23 de noviembre de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Tacna, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 003- 2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, de fecha 12 de enero de 2022, notificada el 17 de enero de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 3,467.20, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 04 de febrero de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 003-2022-SUNAFIL/IRE.TAC/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 048-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 18 de marzo de 20223, la Intendencia Regional de Tacna declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 13 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 048-2022- SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-000218-2022- SUNAFIL/IRE-TAC, recibido el 20 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias9.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 048- 2022-SUNAFIL/IRE-TAC, emitida por la Intendencia Regional de Tacna, que confirmó la sanción impuesta de S/ 3,467.20, por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 24 de marzo de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.

La impugnante alega que su jefe de recursos humanos asistió a la diligencia de comparecencia, presentando su DNI y resolución que la acredita como representante, así como la documentación requerida.

Sobre el particular, conforme al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales.

En ese sentido, en el numeral 3.2 del artículo 5 de la LGIT se establece que: “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: (…) Exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, de los trabajadores y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector actuante” (énfasis añadido).

Por su lado, de acuerdo con el artículo 11 de la LGIT y el literal b) del numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, las comparecencias son actuaciones inspectivas de investigación mediante las cuales se exige la presencia del sujeto inspeccionado ante la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes.

De acuerdo a las disposiciones normativas expuestas en los considerandos precedentes, se encuentra debidamente acreditado que la impugnante se encontraba en la obligación legal, en virtud a su deber de colaboración con los inspectores de trabajo, de cumplir con asistir a la diligencia de comparecencia programada por el inspector de trabajo como parte del desarrollo de sus actuaciones inspectivas.

En el caso en particular, a folio 71-vuelta del expediente inspectivo, obra el Requerimiento de Comparecencia Virtual de fecha 10 de setiembre de 2021, emitido por el inspector comisionado, programado para el día 15 de setiembre de 2021, a las 09:00 horas; por medio del cual se le solicitó a la impugnante, la exhibición y/o presentación de documentos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativo sociolaboral; así como se contempló el recojo de manifestación y/o

De la revisión del Requerimiento de Comparecencia notificado a la impugnante, se evidencia que éste ha cumplido con todas las formalidades del citatorio para la comparecencia estipulada en el artículo 70 del TUO de la LPAG11. Por lo tanto, ante la citación a dicha comparecencia, la impugnante debió acudir en el día y hora establecidos, por ser una exigencia prevista por ley que formuló la Autoridad Inspectiva. Sin embargo, conforme a lo precisado por el inspector comisionado en el numeral 4.4 del Acta de Infracción, se tiene que, asistió a la diligencia de comparecencia, la señora Luzmy Nency Casilla Medina, adjuntando Resolución de Gerencia Municipal N° 123- 2021-MDI/GM, que la acredita como Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la impugnante, documento que no le da poder suficiente para comparecer a la diligencia, conforme a la “Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación” de fecha 15 de setiembre de 2021, que obra a fojas 100-vuelta del expediente inspectivo.

Cabe señalar que, estando a lo alegado por la impugnante, referente a la interpretación del artículo 64 del TUO de la LPAG12, debemos señalar que, “las personas jurídicas para acudir a un procedimiento administrativo deben seguir las reglas propias de su régimen jurídico y el de sus estatutos para ser representados. Así, es necesario en el escrito de acreditación hacer mención y acompañar copia de los respectivos poderes con la habilitación específica para representar en procedimientos administrativos”13. En tal sentido, contrario a lo alegado por la impugnante, constituye obligación de los administrados concurrir a las diligencias, que para efectos de la inspección se realizan, acreditando su representación, esto es, ya sea como titulares de la representación legal o como representantes por delegación14.

Por lo tanto, se encuentra determinada la inasistencia de la impugnante a la comparecencia debidamente notificada para el día 15 de setiembre de 2021; conducta

Respecto al extremo alegado, sobre el cumplimiento de las materias objeto de inspección y la no afectación a los trabajadores, es pertinente precisar que, si bien presentó la documentación, el inspector comisionado no pudo cumplir con los fines de la diligencia, en este caso, con la toma de manifestación y/o declaración del representante legal, válidamente apersonado a la diligencia. Asimismo, atendiendo a la documentación presentada, la instancia sancionadora, en aplicación de la LGIT y su reglamento, consideró reducir la multa inicialmente propuesta al 90% de su monto. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso.

Respecto al extremo alegado, referente a que no existió negativa injustificada o impedimento alguno, debemos señalar que, la infracción imputada es por la inasistencia del representante de la impugnante, válidamente acreditado, a la diligencia de comparecencia programada, por lo que la conducta se configura con el hecho de su inasistencia a la comparecencia. Asimismo, no se advierte que la impugnante haya señalado y acreditado fehacientemente, alguna causa justificante de su inasistencia. Por lo que, no corresponde acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.