Municipalidad Distrital de Humay — Res. 331-2021

1. ANTECEDENTES

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempos de Servicios (CTS), Remuneraciones (Pago de la remuneración, gratificaciones), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Vacaciones), Certificado de Trabajo (todas), Planillas o registros que la sustituyan (Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft 20555195444 soft

del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir al requerimiento de comparecencia programado para el día 15 de noviembre de 2019, a las 11:30am, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 9,450.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir al requerimiento de comparecencia programado para el día 03 de diciembre de 2019, a las 11:00am, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 9,450.00

i. Las sanciones administrativas en materia de labor inspectiva contravienen el ordenamiento jurídico, tal y como lo prescribe el inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contraviniendo el Principio de Non bis in ídem.

ii. El referido principio consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento.

iii. Asimismo, se contraviene el Principio de Legalidad, al imponerse dos (2) sanciones por los mismos hechos.

iv. La denuncia de la ex trabajadora que dio inicio a las actuaciones inspectivas, por falta de pago de beneficios fue debidamente atendida en su oportunidad por la Municipalidad, obrando en autos las boletas de pago y el certificado de trabajo.

v. La Municipalidad Distrital de Humay tiene personería jurídica, cuya actividad es la administración pública, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, no son una empresa privada.

2 Notificada a la inspeccionada el 26 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021 al procurador.

i. Los actos emitidos por los inspectores comisionados en el desarrollo de su labor inspectiva no son considerados actos administrativos, pues su objetivo no es decidir sino proponer al órgano competente una determinada acción a seguir, por lo que no puede hablarse de una doble sanción impuesta ya que estas propuestas de multa por determinados incumplimientos a las normas sociolaborales o a la labor inspectiva.

ii. Si bien las dos infracciones a la labor inspectiva vulneran los mismos bienes jurídicos, corresponden a diferentes fechas, lesionando el bien jurídico de la Administración Pública sobre el deber de colaboración respecto a la labor inspectiva en tiempos distintos.

iii. En ese sentido, si bien se trata del mismo sujeto, no se evidencia que exista identidad de hechos y fundamentos como señala el sujeto responsable, no habiendo una transgresión al Principio de Non bis in ídem en este caso, al no existir una doble sanción por un mismo hecho.

iv. Tampoco se advierte vicio de nulidad e inobservancia del Principio de Legalidad; por el contrario, tanto la autoridad inspectiva como sancionadora han respetado al mismo, atribuyendo sanción de multa al sujeto responsable, conforme a la LGIT y su reglamento.

2. ADMISIBILIDAD Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos; esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

“La adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal8.

El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley

8 El subrayado no es del original.

General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias”.

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando:

a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado.

9 Iniciándose el plazo el 1 de julio de 2021.

d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

3. DE LOS FUNDAMENTOS Y EL ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN

3.1.1.1 Las sanciones administrativas en materia de labor inspectiva contravienen el ordenamiento jurídico, tal y como lo prescribe el inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contraviniendo el Principio de Non bis in ídem.

3.1.1.2 El referido principio consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento.

3.1.1.3 Asimismo, se contraviene el Principio de Legalidad, al imponerse dos (2) sanciones por un mismo hecho, interpretando erróneamente el numeral 11 del artículo 11 del TUO

de la LPAG y el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, al precisar que se puede sancionar dos (2) veces en la vía administrativa.

3.1.1.4 La denuncia de la ex trabajadora que dio inicio a las actuaciones inspectivas, por falta de pago de beneficios fue debidamente atendida en su oportunidad por la Municipalidad, obrando en autos las boletas de pago y el certificado de trabajo.

3.1.1.5 La Municipalidad Distrital de Humay tiene personería jurídica, cuya actividad es la administración pública, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, no son una empresa privada.

3.2.1.1 De la revisión del recurso de revisión planteado, se evidencia que los fundamentos de este han sido analizados de manera previa por la Intendencia Regional de Ica, aludiendo que ésta incurre en un supuesto de falta de motivación por no amparar los alegatos planteados a través del recurso.

3.2.1.2 En ese sentido, este Tribunal debe realizar un análisis respecto de cada uno de estos argumentos a fin de identificar si durante el presente procedimiento se ha producido alguna omisión o apartamiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y en general a la Constitución, a las leyes y al derecho a la luz de los alegatos esgrimidos en el recurso de revisión.

3.2.2.1 Tal y como lo refiere la impugnante, el inciso 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG define como un principio de la potestad sancionadora al Non bis in ídem, entendido éste como la imposición “…sucesiva o simultánea de una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho…”, cuando se aprecie la identidad “…del sujeto, hecho y fundamento…”:

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

3.2.2.2 Por ello, en palabras del profesor Morón Urbina10, se señala respecto del Non bis in ídem lo siguiente:

“El principio non bis in ídem constituye la garantía en favor del administrado que por un mismo hecho no podrá ser sancionado dos veces (dimensión material), ni podrá ser objeto de dos procesos distintos (dimensión procesal), operando como

10 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 14 Edición. Tomo II. Página 462.

un límite a la acción persecutoria y sancionadora propia del Estado de modo que tenga una sola oportunidad para ejercer su ius puniendi. Proscribe la duplicidad sucesiva o simultánea de imputaciones, procesamientos y sanciones para todo el Estado integralmente considerado, comprendido tres escenarios posibles:

− Acumulación de procesos en la entidad estatal que ya procesó al infractor. Por ejemplo, si una entidad pública pretendiera reabrir un proceso y aplicar una segunda sanción por considerar que la primera —ya firme— fue muy benigna. En este caso, no se incluye el caso en que el primer procedimiento o sanción haya sido anulado legítimamente por algún vicio grave que afecte su resolución. − Acumulación de procesos en cualquiera de las entidades de la Administración Pública en general. Por ejemplo, si frente a un caso de contaminación ambiental pretendieran sancionar al administrado una entidad de nivel nacional y otra local. − Acumulación de procesos entre la Administración Pública y la jurisdicción penal. Por ejemplo, si un mismo ilícito pretendiera ser objeto de un procedimiento sancionador administrativo y de un proceso penal. −

Como se evidencia, este principio se conecta directamente con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que la búsqueda de seguridad lograda por medio de la exigencia de una ley previa y cierta para sancionar, devendría inútil si esa conducta pudiese ser objeto de una nueva sanción”.

3.2.2.3 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Peruano ha establecido en distintas resoluciones11 el contenido del principio, señalando en la resolución recaída en el expediente N° 02704-2012-PHC/TC, fundamento 3.3:

“El ne bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

3.2.2.4 Siendo un requisito para la aplicación de este principio que exista ya un pronunciamiento previo de la autoridad (sea en la vía penal o administrativa) ante lo cual, se invocará dicho principio siempre que exista la triple identidad antes señalada

11 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012-PHC/TC

(sujeto, hecho y fundamentos). Morón Urbina12 señala, respecto de la triple identidad de presupuestos (sujeto, hecho y fundamento) lo siguiente:

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de ‘sujeto, hecho y fundamento’, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, sí sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado.

Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

• La identidad subjetiva de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad de agraviado o sujeto pasivo. (…) • La identidad de hecho u objetiva (eadem era) consiste en que el hecho o conducta incurrida por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se le denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. • Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad de ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persigue resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si son iguales, no procederá la doble punición”.

3.2.2.5 De los alegatos de la impugnante, ésta asume que la sanción establecida por la Sub Intendencia de Resolución a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 257-2020- SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA y confirmada por la Intendencia Regional de Ica mediante Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-ICA por la inasistencia a los requerimientos de comparecencia programados para el día 15 de noviembre y 03 de diciembre de 2019 respectivamente constituyen un supuesto contrario al principio de Non bis in ídem.

3.2.2.6 Sobre el particular, el artículo 36 de la LGIT define las infracciones a la labor inspectiva como aquella acción u omisión llevada a cabo por “los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración”, consistente –entre otras– en la “inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector de Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”.

12 MORON URBINA, Juan Carlos (2019). Ob Cit. Página 463

3.2.2.7 En similar sentido, la “Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII – Reglas Generales para el Ejercicio de la Función Inspectiva”13, establecía en el numeral 7.2.18 que “Tratándose de hechos que configuren infracción a la labor inspectiva, por cada hecho verificado se propondrá una multa teniendo en cuenta que al ser conductas independientes deben sancionarse por separado”

3.2.2.8 Por ello, del caso de autos se observa que la impugnante fue debidamente notificada el 06 de noviembre de 2019 (fojas 41 del expediente inspectivo) y el 26 de noviembre (fojas 44 del expediente inspectivo) respectivamente, para las comparecencias del día 15 de noviembre y 03 de diciembre de 2019, por lo que a consideración de esta Sala no se está frente a un supuesto de presunta vulneración al Principio de Non bis in ídem, sino que por el contrario, se evidencia la falta de colaboración con la autoridad inspectiva al no asistir a las citaciones debidamente notificadas por la inspectora comisionada.

3.2.2.9 Esta Sala discrepa de tal postura, toda vez que en el presente caso se está frente a dos conductas sucesivas por parte de la impugnante pero independientes entre sí, pues respondieron a citaciones debidamente notificadas de acuerdo a Ley, frente a la obligación que tenía de colaborar para con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, por lo que no existe una triple identidad sino una serie de comportamientos que acreditan el desacato y poco respeto a lo establecido en la normativa vigente por una autoridad del estado, en clara contravención al Principio de legalidad invocado como supuestamente afectado.

3.2.2.10 En este sentido también se pronuncia la resolución impugnante, al señalar en el considerando 2.8 que “existen hechos disimiles, ya que cada requerimiento a comparecer es independiente, en consecuencia, su incumplimiento también lo es; por lo tanto, no existe igualdad en hechos y fundamentos”.

3.2.2.11 En ese sentido, no corresponde amparar el recurso en estos extremos, al no haberse identificado la vulneración de los principios invocados.

3.2.3.1 Sobre el particular, es importante tener en cuente el precedente vinculante emitido por la Sala Plena del Tribunal de Fiscalización Laboral mediante a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, en cuyo considerando 9, referido a la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva, estableció lo siguiente:

13 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL, vigente a la fecha de realización de las actuaciones inspectivas.

“9. Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo” (énfasis añadido).

3.2.3.2 Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 014-2021-TR14 se modificaron diversos artículos del RLGIT, entre éstos el último párrafo del numeral 17.3 del artículo 17, el cual presenta la siguiente redacción:

“Artículo 17.- Finalización de las actuaciones inspectivas (…) 17.3 Cuando el sujeto inspeccionado subsane las infracciones en el plazo otorgado por el inspector del trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe correspondiente dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de las recomendaciones o advertencias que correspondan, dando fin a la etapa de fiscalización. Cuando la subsanación se produzca después del vencimiento del plazo de la medida de requerimiento y antes de la notificación de imputación de cargos, aquélla será calificada por la autoridad instructora del procedimiento sancionador. Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, tendrán una reducción del 90%, siempre que el sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las infracciones advertidas antes de la expedición del acta de infracción o cuando no se adviertan infracciones” (énfasis añadido).

3.2.3.3 Por ello, y de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 24815 del TUO de la LPAG, corresponde aplicar la reducción prevista del noventa por ciento (90%) a cada una de las multas impuestas a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY mediante Resolución de Sub Intendencia N° 257-2020-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA del 09 de diciembre de 2020 y confirmada mediante Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE- ICA del 23 de abril de 2021, en los siguientes términos:

N ° Materia Conducta Infractora Normativ a Vulnerad a Tipificació n legal y calificació n Nro Trabajadore s Afectados Multa impuesta Labor Inspectiv a No asistió al requerimient o Artículo 9 y 36 de la LGIT Numeral 46.10 del 2.25 UIT (*)

14 Publicado el 04 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano 15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

programado para el día 15 de noviembre de 2019, a horas 11:30 en perjuicio de su trabajador afectado.

Artículo 15 del DS N° 019- 2006-TR. artículo 46 del RLGIT S/ 9,450,00

S/ 945.00 con el descuent o del 90% según el artículo 17, numeral 17.3 del RLGIT Labor Inspectiv a No asistió al requerimient o programado para el día 03 de diciembre de 2019, a horas 11:00 en perjuicio de su trabajador afectado. Artículo 9 y 36 de la LGIT

Artículo 15 del DS N° 019- 2006-TR. Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT 2.25 UIT (*) S/ 9,450,00

S/ 945.00 con el descuent o del 90% según el artículo 17, numeral 17.3 del RLGIT MONTO TOTAL: s/ 1,890.00 (*) UIT del año 2019: S/ 4,200.00 aprobado mediante Decreto Supremo N° 298-2018- EF.

4. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, y los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar, por mayoría, INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY en contra de la Resolución de Intendencia N° 039-2021- SUNAFIL/IRE-ICA, de 23 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Ica dentro del procedimiento sancionador recaído en el expediente N° 208-2019-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 039-2021-SUNAFIL/IRE-ICA en el extremo referente a la comisión de las infracciones tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, reduciendo el monto de la multa impuesta en la suma de S/ 1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES), por el fundamento 3.2.3.3 de la presente resolución.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Ica.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas vocales, discrepo jurídicamente de la posición mayoritaria con la que se ha resuelto el recurso de revisión interpuesto por la impugnante en el extremo referido a la institución de la caducidad administrativa.

Considero que, con el mayor aprecio, la mayoría del Tribunal no ha convenido en la necesidad de analizar jurídicamente la institución de la caducidad administrativa en el marco de las normas propias del derecho administrativo. Esta situación previa al análisis de fondo del expediente supone -a mi parecer- no solo la vulneración de normas legales expresas sino además, sienta un precedente que definitivamente genera espacios de arbitrariedad en la actuación de las instancias del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sintetizo el sustento de mi posición en las siguientes consideraciones:

Del Análisis Sobre La Existencia De Causales De Improcedencia Del Recurso De Revisión Establecidos Por El Reglamento Del Tribunal

Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.

Respecto A La Caducidad Del Procedimiento Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

“8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legamente impuesta, deberá además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos” (énfasis añadido).

“23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva” (énfasis añadido).

“10.6 De las notas condicionantes de la competencia del acto estatal La competencia para realizar actos estatales tiene como notas condicionantes las cuatro siguientes: la indelegabilidad, la taxatividad, la razonabilidad y la proporcionalidad.

Al respecto, veamos lo siguiente:

b) La taxatividad El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva.

En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido” (énfasis añadido).

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve {9} meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la

misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

“Disposiciones complementarias transitorias (…) Décima. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 259 del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1272, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite. (Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 1272)” (énfasis añadido).

1. El plazo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses, computados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. 2. El plazo de 9 meses puede ser ampliado excepcionalmente, antes de su vencimiento, por un máximo de 3 meses, encontrándose debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. 3. El ejercicio de esta facultad discrecional requiere que el órgano competente emita una resolución.

4. La autoridad administrativa podrá declarar de oficio la caducidad del procedimiento o podrá ser solicitado por el administrado. 5. La declaración de caducidad mantiene subsistente las actuaciones de fiscalización y determinados medios probatorios, bajo ciertas condiciones.

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Como ya se mencionó, este plazo es ininterrumpido y no se admite su suspensión. El cómputo del plazo de caducidad de un procedimiento sancionador comienza en la fecha de iniciación del procedimiento y no en la de su notificación al administrado. Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún”.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular” 16.

16 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539. 17 Juan Carlos Morón diferencia entre caducidad de la acción, caducidad carga, caducidad sanción y caducidad perención. Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 527.

“Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia” (énfasis añadido).

18 El 08 de marzo de 2021 se notificó al Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Humay.

“17. Señala Fernando Vidal Ramírez en su obra “Prescripción extintiva y caducidad” que “El tiempo y su transcurso es un hecho jurídico natural que en sí mismo o en ocurrencia con otros hechos, genera efectos de transcendental importancia. Para Messineo, el tiempo es hecho jurídico en su transcurrir, o sea, el sucederse en sus diversos momentos, enfatizando que desde el punto de vista jurídico es un hecho de orden natural que se contrapone a los hechos humanos”.

“1. Que, el transcurso del tiempo crea y extingue derechos, verbigracia: la institución jurídica de “usucapión” ó adquisición de propiedad por devenir del tiempo, la caducidad, el abandono en el derecho material y procesal etc.”.

19 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.”

20 TUO de la LPAG, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…)” 21 Morón, Comentarios a la Ley del Procedimiento…, 528 22 TUO de la LPAG, “Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: 1. Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.” 23 Jaime Orlando Santofimio, Compendio de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017,

3. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO

Documento firmado digitalmente Luis Gabriel Paredes Morales