Municipalidad Distrital de Huanchaco — Res. 951-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el trabajo; Equipos de protección personal (Submateria: Incluye todas); Formación e información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Submateria: Incluye todas); Identificación de peligros y Evaluación de riesgos (IPER) (Submateria: Incluye todas); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Submateria: Cobertura en salud; Cobertura en invalidez – sepelio); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo). PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

(01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no haber dado cumplimiento a la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 15 de enero de 2020.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el Libro de Actas del Comité de SST; tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,805.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos; tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el reglamento interno de SST; tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplimiento en la entrega de Equipos de Protección Personal; tipificada en el

2 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 05 de enero de 2021. 3 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 14 de julio de 2021.

numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/29,025.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/29,025.00. 1.4 Con fecha 22 de julio de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 338-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE. Mediante Resolución de Intendencia N°006-2022-SUNAFIL/IRE-LIB de fecha 10 de enero de 2022, notificada a la impugnante el 12 de enero de 20224, la Intendencia Regional de La Libertad declara la nulidad de oficio de la Resolución de Sub Intendencia N°338-2021-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, así dispone que la Sub Intendencia de Resolución emita un nuevo acto administrativo.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el Libro de Actas del Comité de SST; tipificada en el numeral 27.12 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/5,805.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con la identificación de peligros y evaluación de riesgos; tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo; tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el reglamento interno de SST; tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/19,350.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por incumplimiento en la entrega de Equipos de Protección Personal; tipificada en el

4 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 12 de enero de 2022. 5 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 09 de marzo de 2022.

numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/29,025.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/29,025.00. 1.6 Con fecha 18 de marzo de 2022, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 202-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, argumentando lo siguiente:

i. Tres infracciones han sido subsanadas, por lo que, no amerita la propuesta de sanción o imposición, y reconocemos la responsabilidad de las otras tres infracciones y asumimos el compromiso de subsanar estas infracciones en un plazo no mayor de un año, y por ello solicito se reduzca al 80% de estas tres infracciones, de la originalmente impuesta. Estas documentales no han sido valoradas, contraviniendo el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Estas tres infracciones se han subsanado y lo hemos probado con los siguientes documentos: Resolución de Alcaldía Nº 152-2020-MDH, Acta Nº 001-2020-CSST-MDH, Informe Nº 010-2021- GSGA/MDH y el Informe Nº 010- 2021-GSyDC/MDH. ii. Respecto a las otras tres infracciones siguientes: Por no cumplir con la identificación de peligro y evaluación de riesgos (IPER), infracción por no cumplir con el reglamento interno de SST y medida inspectiva de requerimiento, solicitamos se considere el beneficio de reducción al haber reconocido la responsabilidad de ellas y haber asumido el compromiso de subsanar estas infracciones en un plazo no mayor de un año. Asimismo, mi representada en cumplimiento del compromiso de subsanar las infracciones detectadas ofrece como medio probatorio e Informe Nº 696-2021- URRHH-OAF/MDH, en la que menciona que se siguen realizando las coordinaciones y levantamiento de información.

i. Respecto a la obligación de formar un comité de seguridad y salud en el trabajo, la autoridad sancionadora ha aplicado la reducción de la multa al 30% en aplicación del artículo 40 de la Ley Nº 28806; además no ha sido objeto de cuestionamiento. ii. El impugnante no cumplió con las capacitaciones que establece la normativa vigente. Asimismo, de las capacitaciones que presenta el apelante, se verifica que no se ha

6 Notificada a la Procuraduría Pública con fecha 04 de julio de 2023.

consignado el nombre de los trabajadores beneficiados con estas capacitaciones, tampoco se registran los temas brindados. iii. A la fecha de presentación del recurso de apelación, esto es, a más de un año de la solicitud de reconocimiento de responsabilidad, presentado en el escrito de descargo de fecha 11 de enero de 2021; el apelante no acreditó contar con un IPER; motivo por el cual, no es posible aplicar el descuento que requiere. Más aún si no cumplió con evidenciar la intención de dar cumplimiento a este requerimiento, pues de la documentación remitida, no se visualiza información que indique el cabal cumplimiento en el plazo de un año. Máxime, si como se ha señalado, a la interposición del recurso de apelación ha transcurrido más de un año, sin embargo, el sujeto responsable no ha cumplido con sus deberes respecto de la seguridad y salud en el trabajo. iv. Respecto a la entrega del equipo de protección personal se verifica que, no se ha cumplido con entregar a los trabajadores afectados. Tampoco se evidencia la entrega de bloqueadores de protección solar a los trabajadores mencionados en el acta de infracción. v. Las infracciones mencionadas no han sido desvirtuadas por parte de la inspeccionada; por lo tanto, esta Intendencia Regional concuerda con lo señalado por el personal inspectivo en el Acta de Infracción N° 031-2020-SUNAFIL/IRE-LIB y en la resolución de primera instancia. vi. Además, corrige el error material respecto al cuadro de materias, conductas infractoras, tipificación legal y calificación, y cuantía de la multa respecto a la Resolución de Sub Intendencia N°202-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

8 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 9 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 10 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 11 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

12 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Huanchaco

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 12 de julio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 212-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que mediante escrito ingresado con fecha 11 de enero del 2021, presenta descargo en el sentido de que tres infracciones han sido subsanadas por lo que no amerita la propuesta de sanción o imposición; y reconocen la responsabilidad de las otras tres infracciones y asumen el compromiso de subsanar estas infracciones en un plazo no

mayor de un (01) año, y por ello solicitan se reduzca la multa al 80% de estas tres infracciones. ii. Sostienen que no se han valorado los documentos como: i) Resolución de Alcaldía N° 152- 2020-MDH de fecha 27.02.2020, Acta N° 001-2020-CSST-MDH de fecha 05.03.2020, y, Oficio N° 004-2020-SITROMDH de fecha 11.02.2020, que acreditan que hemos subsanado la primera infracción sobre de no cumplir con constituir el comité de seguridad y salud en el trabajo, contenidos en el INFORME N° 007-2021-SGRHH-GAF/MDH de fecha de recepción 08 de Enero del 2021, ii) Informe N° 010-2021-GSGA/MDH de fecha 11.01.2021 y todos sus anexos en 69 folios expedidos por la gerencia de salud y gestión ambiental, iii) Informe N° 010-2021-GSyDC/MDH de fecha 11.01.2021 y todos sus anexos en 114 folios expedidos por la gerencia de seguridad y defensa civil. iii. Refieren que se considere el beneficio de reducción de las otras tres infracciones al haber reconocido la responsabilidad de ellas y haber asumido el compromiso de subsanar estas infracciones en un plazo no mayor de un (01) año, y por ello solicitamos se reduzca la multa al 80% de estas tres infracciones (s/. 61,920.00 soles), de la originalmente propuesta o impuesta (s/. 77,400.00 soles), resultando un monto a pagar de s/. 15,480.00 soles como multa. iv. Manifiestan que al no valorarse los medios probatorios ofrecidos, ocasiona que la impugnada carezca de uno de los requisitos de validez de los actos administrativos previstos por el inciso 4 del artículo 3° del D.S. N° 004-2019 JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; consecuentemente se incurre en causal de nulidad previsto por el inciso 1º del artículo 10º del aludido TUO, el cual establece que son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. v. Alegan que en el compromiso de subsanar las infracciones detectadas ofrece como medio probatorio el informe N° 696-2021-URRHH-OAF/MDH y anexos de fecha 22 de julio del 2021 (ANEXO 4-B) emitido por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, quien informa que con fecha 23 de junio del 2021 se informó las acciones correspondientes que se habían realizado en referencia a las infracciones materia de sanción y que a la fecha se siguen realizando las coordinaciones y levantamiento de información con la orientación del Ing. Valverde, ya que como se indicó en el Informe N° 573-2021-URRHH-OAF/MDH la Entidad Municipal asumió el compromiso de cumplir con las recomendaciones dadas por SUNAFIL.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

“(…) 2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“6. Debe recordarse, correlativamente, que las garantías constitucionales consagradas en el artículo 139° de la Constitución y en el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, son de aplicación, en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier estado o situación de indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento administrativo sancionador; el derecho a no declarar contra sí mismo; el derecho a la asistencia de letrado o a la autodefensa; el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa; el derecho a la última palabra, entre otros” (énfasis añadido).

“(…). 4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

13 Sentencia STC 00748-2012-PA/TC, fundamento jurídico 3.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (énfasis añadido).

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona

14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…)”. (énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los Principios de Debido Procedimiento y Motivación.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISRITAL DE HUANCHACO, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 202-2022-SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 03 de marzo de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 65-2020-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 202-2022- SUNAFIL/IR-LL/SIRE, de fecha 03 de marzo de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de La Libertad, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.26 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20250730LGN – HR: 163480-2019