Municipalidad Distrital de Huanchaco — Res. 758-2026

Antecedentes

1 Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, la notificación defectuosa surte efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido o realiza actuaciones procedimentales que permitan suponer razonablemente el conocimiento oportuno del acto administrativo. En ese sentido, se advierte que la Procuraduría Pública presentó sus descargos con fecha 04 de junio de 2021, señalando haber recibido la referida notificación el 03 de junio de 2021, configurándose el

y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR y modificatorias (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de contratar la póliza seguro de vida ley; tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

saneamiento de la notificación desde dicha fecha. Asimismo, con fecha 31 de mayo de 2021, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente. 2 Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, la notificación defectuosa surte efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido o realiza actuaciones procedimentales que permitan suponer razonablemente el conocimiento oportuno del acto administrativo. En ese sentido, se advierte que la Procuraduría Pública presentó sus descargos con fecha 09 de setiembre de 2021, señalando haber recibido la referida notificación el 08 de setiembre de 2021, configurándose el saneamiento de la notificación desde dicha fecha, lo que además resulta concordante con la alerta al correo electrónico remitida a la casilla electrónica de la impugnante en la misma fecha. Asimismo, con fecha 09 de setiembre de 2021, se efectuó la notificación del Informe Final de Instrucción a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el expediente. 3 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000042275-2021, expedida en fecha 22 de setiembre de 2021 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 24 de setiembre de 2021, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente. 4 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 5 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten.

220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS6, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia7. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de La Libertad para el trámite correspondiente.

El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 6 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. (Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS). 7 Cabe precisar que las referencias efectuadas en diversos dispositivos normativos al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Ello, toda vez que el referido Texto Único Ordenado constituye un instrumento de técnica normativa destinado a compilar, sistematizar y armonizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones legales preexistentes y sus modificatorias, careciendo de carácter innovador o interpretativo, así como de aptitud para modificar el contenido, alcance, valor o fuerza normativa de las disposiciones objeto de ordenación. En tal sentido, las adecuaciones efectuadas en el presente pronunciamiento respecto de las referencias al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS responden únicamente a la actualización de la normativa vigente, sin que ello implique alteración alguna del contenido normativo originalmente aplicable al caso concreto. Asimismo, en aquellos supuestos en los que determinados dispositivos normativos mantengan remisiones expresas al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dichas referencias deben entenderse efectuadas al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, actualmente aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conservándose plenamente su eficacia jurídica. 8 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000051511-2021, expedida en fecha 17 de noviembre de 2021 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 19 de noviembre de 2021, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

argumentos y documentación presentada por la administrada. En ese sentido, concluyó que tales omisiones vulneraron los Principios de Verdad Material y Debido Procedimiento previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS9, razón por la cual dispuso retrotraer el procedimiento administrativo sancionador hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de contratar la póliza seguro de vida ley; tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

9 Dispositivo normativo vigente al momento de la emisión del documento referido. Actualmente, dicha disposición corresponde al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. 10 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000003197-2022, expedida en fecha 21 de enero de 2022 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 24 de enero de 2022, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente. 11 Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. 12 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000004390-2023, expedida en fecha 03 de febrero de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 03 de febrero de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

del número de trabajadores afectados, así como respecto de la identificación del régimen laboral aplicable a determinados trabajadores comprendidos en los hechos materia de imputación, aspectos indispensables para establecer la competencia del Sistema de Inspección del Trabajo y la procedencia de las infracciones atribuidas. En ese sentido, concluyó que tales deficiencias vulneraban el derecho de defensa y el debido procedimiento previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- JUS13, razón por la cual dispuso nuevamente retrotraer el procedimiento administrativo sancionador hasta antes de la emisión de la resolución de primera instancia.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por el incumplimiento de contratar la póliza seguro de vida ley; tipificada en el numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por el no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

13 Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. 14 Cabe precisar que, de conformidad con el artículo 27° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, la notificación defectuosa surte efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido o realiza actuaciones procedimentales que permitan suponer razonablemente el conocimiento oportuno del acto administrativo. En ese sentido, se advierte que la Procuraduría Pública presentó sus descargos con fecha 20 de marzo de 2023, señalando haber recibido la referida notificación el 02 de marzo de 2023, configurándose el saneamiento de la notificación desde dicha fecha. Asimismo, con fecha 02 de marzo de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

infracciones imputadas. Dicho recurso fue interpuesto observando los requisitos previstos en el artículo 49° de la LGIT, concordante con el artículo 55° del RLGIT y el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS15, siendo posteriormente elevado a la Intendencia Regional de La Libertad para la emisión del pronunciamiento correspondiente en segunda instancia administrativa.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

15 Dispositivo normativo vigente al momento de la interposición del recurso impugnatorio en cuestión. Actualmente, dicha disposición corresponde al artículo 209° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. 16 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000007108-2024, expedida en fecha 20 de marzo de 2024 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 22 de marzo de 2024, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente. 17 Cabe precisar que, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que con fecha 21 de marzo de 2024 fueron remitidas las alertas electrónicas vinculadas a la Resolución de Intendencia N° 112-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, circunstancia que evidencia el conocimiento efectivo de su contenido por parte de la impugnante, quien interpuso recurso de revisión en dicha fecha; sin perjuicio de que la notificación formal mediante casilla electrónica haya sido registrada posteriormente, el 25 de marzo de 2024. 18 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

19 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…). 20 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa. 21 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 22 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

23 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. 24 Ver, por ejemplo, las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 3741-2004-PA, 615-2009-PA/TC, 6136-2009-PA/TC, 6785-2006-PA/TC, 2608-2009-PA/TC, 6132-2008-PA/TC, 3792-2009-PA/TC y 2597-2009-PA/TC.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Huanchaco

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de marzo de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 112-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, señalando los siguientes alegatos:

i. Dentro del plazo previsto en el artículo 13° del Reglamento del Tribunal, se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, en el extremo que confirmó la resolución de primera instancia, mediante la cual se sancionó por la comisión de infracciones a las normas sociolaborales y a la labor inspectiva; solicitándose que los actuados sean elevados al superior jerárquico a efectos de que se revoque la resolución impugnada y, reformándola, se deje sin efecto la sanción impuesta o, de manera

25 Al respecto, se advierte que el Procurador Público de la impugnante interpuso recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 112-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, evidenciando conocimiento de su contenido y alcances. En ese sentido, atendiendo al Principio de Informalismo previsto en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, conforme al cual las normas procedimentales deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, evitando que aspectos formales susceptibles de subsanación afecten sus derechos e intereses, corresponde tener por cumplido el requisito de interposición del referido recurso, garantizando el derecho de defensa y el acceso a la impugnación administrativa.

subsidiaria, se disponga la reducción de la multa conforme a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. ii. Cabe precisar que, la resolución impugnada confirmó la resolución de primera instancia, mediante la cual se sancionó por la comisión de infracciones a las normas sociolaborales y a la labor inspectiva. No obstante, corresponde señalar que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, constituye requisito de validez del acto administrativo la debida motivación, estableciéndose expresamente que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente motivado en proporción a su contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Asimismo, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la citada norma, al desarrollar el Principio de Debido Procedimiento, reconoce que los administrados gozan de derechos y garantías inherentes al procedimiento administrativo, entre ellos, el derecho a obtener una decisión debidamente motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y dentro de un plazo razonable, así como a impugnar las decisiones que les afecten. iii. En el presente caso, la resolución impugnada no efectuó una valoración adecuada del Certificado de Vida Ley de fecha 16 de julio de 2021, adjuntado como Anexo 2-A al escrito presentado por la Procuraduría Pública Municipal, mediante el cual se comunicó la subsanación de las infracciones imputadas y se solicitó la conclusión del procedimiento sancionador. Dicho documento acredita la contratación del seguro de vida a favor de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, constituyendo un medio probatorio relevante para determinar la inexistencia de incumplimiento en materia sociolaboral. Sin embargo, la omisión de su valoración evidencia una vulneración del Principio de Debido Procedimiento, toda vez que no se efectuó un análisis integral de los medios probatorios incorporados al expediente, afectándose con ello el deber de motivación que constituye requisito de validez del acto administrativo conforme al TUO de la LPAG. iv. Asimismo, aun cuando en la resolución impugnada se señala que se procedió a reducir la sanción impuesta, no se advierte una evaluación suficiente respecto de la eficacia probatoria del Certificado de Vida Ley y de la Constancia de Aseguramiento, documentos que acreditarían que los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada contaban con la respectiva cobertura de seguro. En tal sentido, si se encontraba acreditada la contratación del seguro correspondiente, no resultaba jurídicamente razonable mantener la imposición de sanción alguna, más aún cuando la finalidad de la actuación inspectiva habría sido cumplida mediante la regularización acreditada documentalmente dentro del procedimiento. v. Del mismo modo, tampoco se valoró adecuadamente la información contenida en el Informe N° 909-2021-URRHH-OAF/MDH, emitido por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, mediante el cual se precisó que uno de los trabajadores observados había sido dado de baja del T-Registro por motivo de fallecimiento, mientras que respecto de los demás trabajadores señalados, estos se encontraban sujetos al régimen CAS, razón por la cual no les resultaba aplicable la obligación de contratación de la póliza de seguro de vida ley prevista para trabajadores comprendidos en el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, conforme al artículo 2° del Decreto Supremo N° 009-2020-TR. En consecuencia, al haberse acreditado que los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la norma contaban con la cobertura correspondiente, correspondía tener por subsanada la conducta observada y dejar sin efecto la sanción impuesta. vi. Asimismo, en los considerandos 17 al 25 de la resolución impugnada se concluye que no se habría cumplido con la medida inspectiva de requerimiento, configurándose una infracción muy grave a la labor inspectiva. No obstante, dicha conclusión carece de sustento suficiente, toda vez que durante el procedimiento se presentó el Certificado de Vida Ley y la Constancia de Aseguramiento, documentos que acreditaban la contratación

del seguro correspondiente respecto de los trabajadores sujetos al régimen laboral aplicable, evidenciándose así la subsanación de la conducta observada por la inspección. En consecuencia, al encontrarse acreditado el cumplimiento de la obligación requerida, no correspondía mantener la imputación por incumplimiento de la medida inspectiva ni la imposición de la sanción derivada de dicha conducta. vii. Por otro lado, la resolución impugnada presenta deficiencias en su motivación, toda vez que en el considerando 3 del apartado de antecedentes se consigna un monto de sanción distinto al desarrollado posteriormente en el considerando 40 respecto de la infracción vinculada al incumplimiento de contratación de la póliza de seguro de vida ley, advirtiéndose una contradicción interna en la determinación de la sanción. Asimismo, se pretende justificar dicha inconsistencia en el considerando 38 señalando que uno de los montos correspondería a determinado número de trabajadores; sin embargo, en el considerando 23 ya se había establecido que el pronunciamiento únicamente comprendería a una cantidad menor de trabajadores, evidenciándose falta de coherencia e ilación lógica en la motivación expuesta en la resolución impugnada. viii. Asimismo, no se ha tenido en consideración ni se ha valorado el escrito de descargos, particularmente lo expuesto en el apartado correspondiente a los fundamentos de defensa, mediante el cual se puso en conocimiento el Informe N° 844-2021-URRHH- OAF/MDH emitido por la Unidad de Recursos Humanos, documento que precisaba que se habían efectuado las acciones necesarias para la contratación de las pólizas de seguro de vida ley a favor de los trabajadores comprendidos en el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728, indicándose además que dichas pólizas fueron adquiridas con vigencia desde el 01 de julio de 2021, encontrándose todos los trabajadores cubiertos con el referido seguro, conforme a la documentación sustentadora adjunta. No obstante, al emitirse la resolución impugnada, no se advierte evaluación alguna respecto de los medios probatorios aportados mediante los escritos presentados durante el procedimiento, ni un análisis concreto de los documentos incorporados al expediente, omisión que evidencia una motivación insuficiente respecto de los argumentos de defensa formulados. ix. En el presente caso, la resolución impugnada no se encuentra debidamente sustentada en el mérito de lo actuado ni en una valoración integral de los medios probatorios incorporados al expediente, toda vez que no se advierte un análisis concreto de los escritos y documentos presentados durante el procedimiento. Dicha omisión genera que la resolución impugnada carezca de uno de los requisitos de validez previstos en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, referido al deber de motivación de los actos administrativos. En consecuencia, se configuraría la causal de nulidad prevista en el inciso 1 del artículo 10° del citado cuerpo normativo, al emitirse un acto administrativo contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. x. En atención a lo expuesto, corresponde que el superior jerárquico efectúe una adecuada valoración de los medios probatorios y argumentos de defensa presentados durante el procedimiento, a efectos de emitir un pronunciamiento debidamente motivado y conforme a derecho. Por ello, corresponde admitir el presente recurso y, previa

evaluación integral de los actuados, declarar fundado el recurso de revisión interpuesto contra la resolución impugnada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o

interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

con posterioridad a las nulidades declaradas, se aprecia que , desde una perspectiva formal vinculada al deber de motivación y a las garantías propias del debido procedimiento, los cuatro elementos exigidos para el cumplimiento del deber de motivación se encuentran debidamente presentes. Debe considerarse, además, que las observaciones advertidas durante la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador fueron objeto de pronunciamiento por parte de las instancias competentes, disponiéndose la retroacción correspondiente a efectos de efectuar una nueva valoración de los argumentos de defensa y de los medios probatorios incorporados al expediente, así como precisar los aspectos vinculados al régimen laboral y al número de trabajadores comprendidos en los hechos materia de imputación, advirtiéndose que tales aspectos fueron posteriormente objeto de evaluación y desarrollo en las resoluciones emitidas con posterioridad a las nulidades declaradas. En tal sentido, se concluye que, tanto desde una perspectiva formal como material, el debido procedimiento ha sido respetado en el desarrollo del presente procedimiento sancionador.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”. (Énfasis añadido).

26 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento administrativo general aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo

27 Normativa vigente al momento de la realización de las actuaciones inspectivas efectuadas en mérito a la Orden de Inspección N° 468-2021-SUNAFIL/IRE-LIB.

estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica. a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado; b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

28 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento de fecha 12 de marzo de 2021

29 Corresponde precisar que el dispositivo normativo citado se encontraba vigente al momento de las actuaciones inspectivas.

una infracción subsanable. La Directiva no introduce exigencias autónomas, sino que desarrolla el mandato legal de asegurar que toda medida de requerimiento detalle los hechos constitutivos del incumplimiento, las normas vulneradas y el tipo infractor por el cual el RLGIT tipifica dicha conducta infractora. En tal virtud, la observancia de la Directiva constituye una manifestación concreta del Principio de Legalidad y no un requisito meramente formal o accesorio.

exigidos para su validez, conforme al marco normativo vigente y los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales Incumplimiento de contratar la Póliza Seguro de Vida Ley. Numeral 24.12 del artículo 24° del RLGIT GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, en contra de la Resolución de Intendencia N° 112- 2024-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 25 de marzo de 2024, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 239-2021-SUNAFIL/IRE-LIB, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución de Subintendencia N° 238-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 02 de marzo de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 112-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46º del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, y a la Intendencia Regional de La Libertad, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260520MABJ – HR: 16642-2021